16 de marzo de 2018

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ESPAÑA: REPRESIÓN Y MANIPULACIÓN DE LA NOTICIA

Sobre el juicio de miembros de los GRAPO.

9 de diciembre de 2007

El País de 5 de diciembre, por medio de su cronista judicial José Yoldi, expone la noticia del juicio contra Isabel Llaquet y Manuel Pérez Martínez de una forma que se podría incluir dentro de la antología de los disparates. Cualquier parecido con lo que sucedió en la Audiencia Nacional es pura coincidencia.

El propio título lo dice todo: “La esposa de Publio Cordón se encara con el abogado de los grapos. Pero resulta que el abogado de “los grapos” lo era de dos militantes del PCE(r). Por tanto, ya desde el principio las cosas pintan muy mal para la intoxicación mediática. Pero es que, además, la forma de referirse a los GRAPO como “los grapos”, en minúsculas, forma parte del manual de desinformación y guerra sicológica del Ministerio del Interior. Y eso ya no es cosa del cronista, como cualquier periodista sabe, sino de la misma redacción del periódico.

Como bien dice la noticia, la mujer del financiero secuestrado declaraba en su condición de testigo, es decir, aparentemente imparcial, aunque en realidad era parte (acusadora), como así lo reconoció ella misma. Por tanto, testigo sí y parte también, es decir, que era parcial, como los demás familiares.

Efectivamente también es cierto que, entre otros insultos, impropios de alguien imparcial y mínimamente sereno, dijo que los miembros de los GRAPO eran unos mentirosos cuando afirmaban que habían liberado al secuestrado. Pero cuando le preguntaron para que dijera en qué se basaba para saber que no lo habían liberado, no pudo dar ninguna prueba, como es lógico porque lo único que se sabe es que no ha aparecido, y nada más.

Hay un proverbio que dice que quien tiene afirma algo tiene que probarlo, y no al revés. Y en un juicio, quien tiene que probar no es quien se defiende sino quien acusa. Pero eso sólo existe en los países democráticos; aquí los tribunales fascistas y los periodistas de la misma calaña dicen lo contrario: los acusados tienen que demostrar que son inocentes.
Además suceden otras dos cosas que hay que tener en cuenta:

a) en su momento la sentencia anterior que existe sobre este asunto no dice que el secuestrado no fuera liberado sino simplemente que no ha aparecido, como se leyó literalmente en el juicio por los defensores

b) como también dijeron los defensores, aludiendo al artículo 166 del Código Penal, lo que sanciona la ley no es que no se libere al secuestrado sino que el secuestrador no informe sobre su paradero; por tanto, la liberación o no es totalmente irrelevante a efectos judiciales, como quedó meridianamente claro.

La cosa es muy clara desde el punto de vista judicial, donde la liberación o no del secuestrado es irrelevante. Así que el abogado pasó olímpicamente de ese asunto, que nada tiene que ver. Conocer esa circunstancia podrá tener un interés político o social para saber quién miente y quién ha dicho la verdad, pero nada más. El tiempo –una vez más- pondrá a cada uno en su lugar. Lo que no puede un testigo es afirmar sobre lo que no sabe y sustituir su ignorancia con especulaciones tales como “seguramente”, “es posible”, “parece lógico”, etc.

Hay otro detalle importante a la hora de determinar quién miente y quién dice la verdad. Resulta que, para ocultar a una persona, la familia del financiero afirma que fue una de sus hijas quien acudió a pagar el rescate a los miliotantes de los GRAPO, que ellos consideran maligna y perversa. Por el contrario, éstos dicen que fueron dos hombres y que en ese momento no había ninguna mujer. Lo que, como quedó claro en la medida en que el tribunal dejó hablar al abogado, es que la hija del financiero estaba embarazada en aquel momento y que, en esas condiciones, no era verosímil que acudiera a una cita de esas características después de viajar en coche desde Madrid hasta París. Evidentemente alguien está mintiendo. Por eso la sentencia anterior sobre el caso habla de que quien pagó el rescate fueron “familiares” pero no dice si fueron hombres o mujeres. Así evitó dejarles en evidencia. En consecuencia, las insinuaciones sobre esta falsificación no provenían del abogado, como dice El País, sino del propio tribunal. Casi nada.

El único que leyó aquella sentencia anterior sobre el asunto fue el abogado defensor porque en la misma también quedó clara otra cuestión decisiva: que el secuestro del financiero fue realizado por los GRAPO y en ella no se mencionaba para nada a nuestro Partido. Como dijo el abogado: no solamente no hay nada en los 12 gruesos tomos del sumario sino que no hay absolutamente nada (y repitió la palabra absolutamente dos veces).

Aparte de las mentiras, la intoxicación de “El País” se complementa con las ocultaciones, especialmente, la larga explicación de lo que el abogado defensor calificó como “trampas” del procedimiento, que fue desgranando una por una, hasta tal punto aplastante y contundente que luego fue unánimemente reconocido, incluso por uno de los propios policías que asistieron al juicio.

El juicio tuvo también un parte claramente política. Quedó claro que se estaba aplicando retroactivamente la ilegalización del PCE(r), que era del año 2003, a unos detenidos tres años antes. Quedó claro que no era la primera vez que a Manuel Pérez le acusaban de acciones armadas; que ya en 1977 le acusaron de un asesinato y luego el montaje se derrumbó y sólo le pudieron condenar por “asociación ilícita”, como en el franquismo, cumpliendo siete años de presidio. También quedó claro que las penas van subiendo: que en 1970 le condenaron a un año, en 1977 a siete y ahora ya le piden 27. Así es la “democracia”: mucho peor que antes. Finalmente, también se aclaró cómo y cuándo se produjo el cambio en el estatuto jurídico del PCE(r), pasando de lo a-legal a lo i-legal, la venganza del Estado por el fracaso de las conversaciones que concluyen en la ley de partidos del gobierno de Aznar.

La cosa quedó tan sumamente clara que la Audiencia Nacional tendrá que hacer encaje de bolillos para poderles condenar. Esa fue la impresión general que todos sacamos de este juicio.
Información elaborada por el PCE(r)

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