16 de marzo de 2018

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¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO EN COSTA RICA?

Por: Jenaro A. Díaz-Ducca.

3 de marzo de 2007

Las organizaciones sociales del país planean una gran manifestación Por Costa Rica y contra el TLC este 26 de febrero, a pesar de las amenazas veladas y directas del gobierno con mantener el “orden público, la paz, y el derecho al libre tránsito de los ciudadanos”, como manera de criminalizar las legítimas marchas y manifestaciones populares
En la por lo demás tranquila y bucólica “Suiza de América”, como se le conoce a este pequeño país centroamericano, actualmente se arremolinan las fuerzas más conservadoras (y por ende, retrógradas) para aprobar al borde de la legalidad y sin ningún respaldo popular, el mal llamado Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los EEUU de W. Bush (CAFTA, por sus siglas en inglés).

Desde la inconstitucional y cuestionable reelección presidencial de Oscar Arias (calificada por notables personalidades nacionales como un golpe de Estado), los grupos de presión más reaccionarios de nuestra folklórica oligarquía post cafetalera y actualmente especulativa y financiera, no escatiman esfuerzos en sacar adelante sus contrarreformas económicas y sociales, iniciadas por imposición de sus patrones de Washington hace 25 años con los llamados ajustes estructurales que fueron “sugeridos” por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para “equilibrar” y “sanear” la economía costarricense, como parte de la campaña neoliberal de Reagan para todo el patrio trasero de los EEUU., y que tanto dolor les causara a millones de latinoamericanos en guerra civil, pobreza, enfermedad y hambre.

Desde la toma de poder de Arias en mayo del 2006, quien durante campaña electoral esgrimiera el TLC como su proyecto estrella (¿?) para “poner a caminar a Costa Rica”, y que por cierto, no aceptara debatir públicamente, la situación en nuestra democracia (si no “centenaria” como reza la propaganda oficial, al menos una de las más antiguas y consolidadas de América Latina) viene perfilándose peligrosamente hacia una confrontación social de consecuencias insospechables al corto y mediano plazo.

Aprovechándose de su Premio Nóbel de la Paz, Arias, que durante su campaña sí se atreviera a afirmar que creía en la “dictadura en democracia” ha venido obteniendo el apoyo casi incondicional de los grandes medios de comunicación, cámaras patronales, compañías transnacionales, la Embajada del Imperio, organismos financieros internacionales y otras entidades similares para dar la estocada final al Estado Social de Derecho que se creara en Costa Rica durante el siglo XX y que permitiera que nuestra nación gozara de índices de educación, salud y desarrollo humano comparables con los de las naciones desarrolladas.

Instituciones claves para la paz social costarricense como son el Instituto Costarricense de Electricidad - ICE (ente nacional que administra con exclusividad y responsabilidad social la electricidad y las telecomunicaciones y que ofrece las tarifas más bajas del continente), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros - INS (monopolio estatal que permite pagar miles de millones al año en accidentes laborales y de tránsito, y que costea uno de los mejores cuerpos de bomberos de la región), así como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados - AyA, el Consejo Nacional de Producción, la Fábrica Nacional de Licores, y las universidades estatales (Universidad de Costa Rica, Nacional, Instituto Tecnológico y Estatal a Distancia) se encuentran en la mira de las grandes compañías transnacionales y sus testaferros locales. A estas instituciones debemos sumarles las Garantías Sociales, el Código de Trabajo, la biodiversidad (que equivale al 5% de la biodiversidad mundial en apenas 51 mil kilómetros cuadrados de territorio nacional), los recursos marinos, terrestres, minerales, etc. que quedarán a merced del régimen del “libre comercio” que impone como dogma y ley de facto el TLC-CAFTA.

El TLC-CAFTA se ha convertido en la (¿única?) prioridad del gobierno de Arias, y que como demostró durante finales del año pasado en la Comisión de Asuntos Internacionales y actualmente en las reformas urgentes que buscan aprobarlo por ”la vía rápida” mediante la reforma discutible del reglamento de la Asamblea Legislativa (parlamento). Esta ofensiva que pretende estirar las leyes al máximo para evitar el debate y la discusión legislativa viene acompañada de una ofensiva mediática sin precedentes de prensa, radio, televisión, vallas publicitarias y un desplante desinformante y archimillonario de propaganda pro TLC cuyas fuentes de financiamiento siguen en las sombras más impenetrables...

Sobra decir que se ha desatado también una cacería de brujas contra todas las organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas, religiosas, artísticas, intelectuales y los círculos empresariales patrióticos entre muchos otros que conforman la gran mayoría de la población costarricense, y que todos los días deben sufrir el hostigamiento, satanización, escarnio, intimidación y amordazamiento por parte de quienes sí pueden pagar espacios publicitarios y reciben la santificadora cobertura mediática.

Según Arias, el TLC-CAFTA estará aprobado para mediados de este año, haciendo realidad el sueño ya añejo (pues en su gobierno entregó ilegal y fugazmente la telefonía celular a un consorcio estadunidense) al que debe añadirse más recientemente el caso del “Combo ICE”, paquete de medidas privatizadoras que tal como ahora, se encuentran en discusión en la Asamblea Legislativa como parte de las “Leyes paralelas” que son correquisito para la implementación del TLC-CAFTA. Valga aclarar que estas leyes (como la UPOV o el protocolo de Budapest sobre las patentes de seres vivos) fueron discutidas en su momento y rechazadas por el Asamblea o bien por el pueblo. El mejor ejemplo se dio en el año 2000, cuando el país se paralizó en bloqueos y manifestaciones que hicieron retroceder al gobierno de Miguel Ángel Rodríguez con su infame Combo “aperturista” (leáse privatizador) del jugoso mercado de las telecomunicaciones y la electricidad.

Por lo pronto, las organizaciones sociales del país planean una gran manifestación Por Costa Rica y contra el TLC este 26 de febrero, a pesar de las amenazas veladas y directas del gobierno con mantener el “orden público, la paz, y el derecho al libre tránsito de los ciudadanos”, como manera de criminalizar las legítimas marchas y manifestaciones populares. Para tal efecto, se han solicitado observadores internacionales de la OIT y la OEA, pues se teme que la violencia se produzca por extremistas infiltrados en las marchas, dándole la razón a Arias, sus amos y sus acólitos.

La calle, aun a pesar de juicios políticos como el entablado recientemente contra el dirigente comunal Orlando Barrantes, seguirá siendo el espacio de legítima expresión popular democrática cuando los otros espacios se han cerrado. La calle, que le pertenece a tod@s los costarricenses, decidirá el destino del TLC y con él el de las futuras generaciones de costarricenses. ¿Será este un porvenir de solidaridad y paz social, o será uno de privatizaciones, desigualdad y violencia? En los tiempos que vivimos de globalizaciones neoliberales de rumbo ecológica y socialmente suicida, es más necesario que nunca gritar a los cuatro vientos que la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo... aunque nuestros gobernantes quieran olvidarlo a su conveniencia...

* Jenaro A. Díaz-Ducca es músico y editor de la Revista Lospobresdelatierra.org

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