20 de noviembre de 2017

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En el caso de la matanza de Canto Grande en 1992.

SANCHO PANZA DICE NO A SENTENCIA DE CORTE INTERAMERICANA

30 de diciembre de 2006

Si habría que clasificar a los apristas, se les tendría que agrupar en tres estamentos: 1) los lumpenes, entre los que se encuentran, los matones, criminales como Agustín Matilla, los coimeros y ladrones, y hasta el mismo Alan García Pérez entra en esta selección: 2) los militantes de base, que fanatizados y embrutecidos con la ideología de este rancio partido de la derecha peruana, creen entupidamente que el APRA es un “partido del pueblo”: 3), los pillos que vienen a ser una mezcla de lumpen y delincuente con corbata, y en esta categoría se alinea Jorge del Castillo, actual presidente del Consejo de ministros, quien es famoso por adoptar las posiciones mas extremas para defender a García y su nefasto gobierno.

A propósito de Castillo, acaba de declarar que el gobierno “democrático” del Perú, no hará caso de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de Costa Rica que ha determinado que el gobierno peruano indemnice a los familiares del asesinato masivo en la prisión de Canto grande en mayo de 1992. Según la sentencia, el responsable de esta matanza, fue Alberto Fujimori, cuyo gobierno planificó fríamente este exterminio de prisioneros. Al respecto de esta sentencia Castillo dijo: “El pago de indemnizaciones no será para los asesinos, sino para las víctimas, afirmó tajantemente el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, quien señaló que el Gobierno estudiará, en cuanto lo reciba, el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que beneficia con una reparación civil a terroristas”. (el párrafo entre comillas fue sacado del diario La Razón, un cotidiano de la mafia fujimorista, y que se publica en la “legalidad” del Perú.

“Las reparaciones no son para los asesinos, son para las víctimas, y el asesino que murió en una refriega, no deja de ser asesino", aclaró al comentar la mencionada resolución.
Un reciente fallo de la CIDH, por la matanza de 41 subversivos en el penal de Castro Castro en 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori, dispone el pago de indemnizaciones para algunos terroristas como Osmán Morote que fluctúan entre los 4 y 20 mil dólares. Estamos estudiando y no puedo decir a priori si vamos a pagar o no", puntualizó Castillo, para luego indicar que es mucho dinero el planteado y que se podrían usar en servicio del país”. (La Razon).

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