20 de noviembre de 2017

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A diez meses no se sabe aún si será extradictado.

GOBIERNO APRISTA ES EL MEJOR ALIADO DE FUJIMORI

Por: Ronald Gamarra.

28 de noviembre de 2006

Un año después de la sorpresiva aparición del prófugo Alberto Fujimori en Santiago, y diez meses después de presentada la solicitud de extradición por el Estado peruano, el Ministro Álvarez declaró cerrada la etapa de investigación. Para nosotros, esa es una decisión esperada desde agosto; para Fujimori, una mala noticia, tanto que su defensa la ha impugnado.

En verdad, tal etapa debió cerrarse hace algunos meses. Pero el prófugo logró mantenerla abierta, pensando en utilizar el espacio para ensayar algunos lances jurídicos, pero sobre todo para aprovechar el tiempo de la política. Así, en los últimos cuatro meses, en Santiago, Fujimori ’inundó’ la extradición con el ofrecimiento de testigos y la entrega de documentación diversa (mucha de ella, impertinente), así como con peticiones que implicaban un requerimiento al Estado peruano a entregar información de distinto género (alguna de ella, como el Informe Kroll, también impropiamente). El Ministro Alvarez -con una excesiva amplitud- accedió a cada una de las peticiones de Fujimori. Y cuando la parte peruana cumplió con presentar las correspondientes oposiciones y apelaciones, ellas fueron rechazadas por la Corte Suprema.

En perspectiva, y en términos estrictamente jurídicos, tal estrategia le ha dado unos puntos al prófugo, pero nada más, toda vez que la valoración de los inconsistentes testimonios y la débil documentación ofrecida no alcanza a desvirtuar el mérito de la solicitud de extradición. Cómo tampoco alcanza, por cierto, el recurso al ’no sé nada’ y al ’se me olvidó’, ensayada por el extraditable al dar respuesta a los cuestionarios del Ministro Alvarez.

El hecho es que, en Lima (pero también en Santiago: recuérdese la visita oficial del congresista Souza a la presidenta Bachelet), los últimos cuatro meses fueron aprovechados por Fujimori para su posicionamiento político, lo que obviamente -aunque no se reconozca de manera oficial- será considerado por los tribunales mapochos al momento de resolver la solicitud de extradición: su movimiento, Alianza por el Futuro, alcanzó inusitado protagonismo en el Parlamento (representante en Junta Directiva, presidencia de dos comisiones, presidencia de la Liga de Amistad Parlamentaria Peruano-Chilena) y logró ’armonizar’ sus intereses políticos con las necesidades e intereses del partido aprista.

En suma, en los últimos cuatro meses Fujimori avanzó políticamente, libre y sin oposición, en el tema de la extradición. El Perú abandonó todo protagonismo político, limitándose a mantener la ventaja jurídica sobre el prófugo.

Esta constatación nos lleva a señalar que la extradición de Alberto Fujimori, posible en el terreno del Derecho, se ve amenazada desde el campo de la política, por la falta de voluntad y compromiso del Estado peruano con la entrega del prófugo para su juzgamiento. Infortunadamente, en estos días, el premier Del Castillo ha ratificado el falso argumento de la ’neutralidad’ y la ’no politización’ de la extradición. Como si la exigencia de la entrega del ex presidente, por parte de quien planteó la solicitud (el Estado peruano, no el gobierno de Alejandro Toledo), fuera concebida como una intromisión indebida; como si la exigencia de su entrega por parte de quien es la víctima de los delitos que se le imputan (el Estado peruano, tratándose de los delitos de corrupción) pudiera ser vista como una absurda injerencia; como si la exigencia de su entrega, por parte de quien tiene el deber internacional -conforme a tratados y declaraciones internacionales- de juzgar y sancionar los actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos (el Estado peruano), pudiera ser descalificada; cómo si se pudiera cuestionar la exigencia de su entrega, vista la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos; etc.

Por lo demás, el acompañamiento político a la extradición de Fujimori no tendría por qué escandalizar a nadie en Chile, donde el Estado y la sociedad son particularmente activos cuando se trata de sostener políticamente la cooperación penal internacional. Recuérdese la posición asumida por el Ejecutivo mapocho en los casos del líder de la tenebrosa Colonia Dignidad, Paul Schaeffer, ante Argentina; el del agente de la DINA, Osvaldo Romo, ante Brasil, y el del propio Pinochet, ante Inglaterra.

Mientras el Perú, el 28 de julio, abandonó sin miramiento el frente de la política, Fujimori pretende seguir usufructuándola. Por eso, su oposición al cierre de la etapa de la investigación. Su objetivo, otra vez excede largamente el campo del Derecho. Sabe que el tiempo de la política juega a su favor y que, en ese terreno, juega sólo.

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