9 de diciembre de 2018

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Amnistia Internacional Chile.

AMENAZAS CONTRA LAS VICTIMAS DEL CAPITAN “CARLOS”.

6 de octubre de 2006

El 23 de agosto, María Sullca Ávila y su esposo, Narciso Quispe Landeo, recibieron en su casa, según los informes, la visita de un hombre a quien su familia conocía. Los informes indican que el hombre ofreció a María Magdalena 10.000 dólares estadounidenses si retiraba la denuncia penal presentada ante la Fiscalía de la Nación por la tortura y "desaparición" de sus padres, Natividad Ávila Rivera y Benigno Sullca Castro, vistos por última vez bajo custodia en la Base Militar Madre Mía, en el departamento de San Martín, en junio de 1992. María Sullca Ávila dijo al hombre que su dinero no pagaba todo el dolor causado por la "desaparición" de sus padres, y el hombre le respondió que sus padres estaban muertos y que con su denuncia no conseguiría nada.

María Sullca Ávila se quedó horrorizada de que el hombre hubiera podido averiguar su dirección. Ella y su esposo se habían mudado de casa dos meses antes, y habían pedido a la Fiscalía que no desvelara su dirección ni sus datos personales a nadie. Cuando María Sullca preguntó al hombre cómo la había encontrado, él le respondió amenazador: "Yo llego a cualquier parte".

Según los informes, el día antes de su visita al domicilio de María Sullca se había visto a ese mismo hombre ante la casa de Teresa Ávila Rivera. Al parecer, este hombre guarda una estrecha relación con Ollanta Humala Tasso, dirigente del Partido Nacionalista Peruano, que estaba al mando de la Base Militar Madre Mía en la época de la presunta tortura y "desaparición" de los padres de María Magdalena Sullca Ávila. El 9 de febrero de 2006, según los informes, María Magdalena Sullca Ávila y Teresa Ávila Rivera presentaron una denuncia contra Ollanta Humala Tasso y otros militares por la tortura y "desaparición" de Natividad Ávila Rivera y Benigno Sullca Castro. El 1 de septiembre de 2006, un juez abrió una investigación penal sobre la desaparición forzada, el homicidio y las lesiones graves a Natividad Ávila Rivera y Benigno Sullca Castro, y en ella se implicaba a Ollanta Humala Tasso.

María Magdalena Sullca Ávila y Teresa Ávila Rivera denunciaron ante la Fiscalía el 25 de agosto las actividades del hombre que se había presentado en su casa, y pidieron protección policial. Desde el 13 de septiembre, María Magdalena Sullca Ávila y Teresa Ávila Rivera reciben, según los informes, dicha protección, pero sólo durante el día, lo que las hace temer por su seguridad durante la noche. Amnistía Internacional no conoce el resultado de las investigaciones realizadas en torno a cualquiera de estas amenazas.

Estos últimos sucesos son los más recientes de una serie de actos de intimidación contra María Magdalena Sullca Ávila, Teresa Ávila Rivera y sus familiares. En febrero de 2006, poco después de presentar su denuncia judicial, parece ser que unos desconocidos se presentaron en el antiguo domicilio de María Magdalena Sullca Ávila diciendo que eran agentes de policía y que estaban allí para proporcionar la protección requerida. Sin embargo, ni María Magdalena Sullca Ávila ni Teresa Ávila Rivera habían pedido protección policial por aquel entonces. Más recientemente, en junio de 2006, unos desconocidos se acercaron a familiares de ambas mujeres y preguntaron por el paradero de las dos.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El gobierno peruano estableció en el año 2000 una Comisión de la Verdad y Reconciliación para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-2000). La Comisión presentó en 2003 su informe final, en el que documentaba casi 24.000 casos de personas muertas o "desaparecidas" durante el conflicto armado interno y miles de casos más de graves abusos y violaciones de derechos humanos, tales como tortura, violencia sexual, juicios injustos, secuestros, tomas de rehenes y violaciones de los derechos de los menores y los pueblos indígenas. Desde la publicación del informe de la Comisión, las víctimas, sus familiares, los testigos y las personas que trabajan para ayudar a todos ellos durante las investigaciones y los juicios han sufrido amenazas e intimidación.

La ausencia de protección de estas personas es de tal magnitud que la Defensoría del Pueblo, en su informe de septiembre de 2005 titulado "A dos años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación", expresó honda preocupación e instó a las autoridades a garantizar que se protegería de forma efectiva a todas las personas en situación de riesgo. La agrupación de organizaciones de derechos humanos Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó en octubre de 2005 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe en el que se detallaban 46 casos de personas en riesgo que durante 2005 habían sufrido acoso, intimidación y amenazas. En marzo de 2006 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos envió un informe de seguimiento a la Comisión Interamericana documentando 21 nuevos casos de amenazas, tanto de muerte como de otro tipo, en el contexto de los procesos judiciales por violaciones de derechos humanos.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma.

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