24 de agosto de 2019

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PERU: CRECE LA VIOLENCIA FAMILIAR.

22 de septiembre de 2006

La violencia familiar sacude a la población peruana y se ha transformado, casi silenciosamente, en un grave problema social y de salud cuyas víctimas son en su mayoría mujeres y menores de edad.

Este tipo de violencia no es un hecho aislado ni privado, forma parte de un sistema que establece un conjunto de relaciones sociales y valores culturales que ubican a la mujer en situación de subordinación y dependencia respecto del hombre.

La violencia doméstica atraviesa todas las fronteras raciales, religiosas, educativas y socioeconómicas de Perú.

Las cifras son alarmantes, por ejemplo en 2005 se registraron 79.176 reconocimientos en el Instituto de Medicina Legal (IML) en la capital peruana relacionados con violencia familiar y en ese mismo período hubo 25.490 casos vinculados a la integridad sexual.

Asimismo, de las 63.344 denuncias por violencia familiar, atendidas por fiscalías de familia, solo 27.747 concluyeron en demandas judiciales.

La Policía Nacional de Perú (PNP) atendió 58.050 denuncias de mujeres, de las cuales 35.190 correspondieron a la agresión física y 22.860 a maltrato psicológico.

En el transcurso de este año, en el tema de la violencia familiar las fiscalías han atendido 17.826 casos y ante la PNP se han presentado 21.966 denuncias.

Según el Informe Mundial sobre Salud y Violencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia es un problema de salud pública pues genera graves daños psíquicos, físicos, privaciones y deficiencias en el desarrollo de las personas.

En Perú, señala el informe, el 51 % de las mujeres en Lima y el 69 % en el departamento sur andino del Cuzco reportan haber sido violentadas sexual y físicamente por sus parejas.

Sin embargo, dado que muchas víctimas se muestran reticentes a denunciar la violencia familiar, es seguro que el número real de mujeres afectadas sea mayor.

Las autoridades estatales peruanas han emprendido una serie de iniciativas para tratar esta problemática. Perú es uno de los primeros países de América Latina que han adoptado leyes especiales sobre violencia familiar.

La Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, establecida en diciembre de 1993, y reforzada posteriormente en 1997 y 2000, intenta establecer un procedimiento diferente y rápido para tratar estos casos.

En Perú se han creado 12 comisarías (delegaciones policiales) de la mujer para atender específicamente la violencia familiar y secciones especializadas dentro de las demás comisarías con el mismo objetivo.

No obstante, la Ley de Violencia Familiar no ha cumplido con los propósitos de prevención y solución a los problemas intrafamiliares, donde no solamente las mujeres son las más afectadas, sino también sus hijos.

El Poder Judicial tampoco ha tenido resultados positivos. Los jueces siempre buscan la conciliación sin tener en cuenta y entender las razones por las que una víctima acude a su despacho; en otros casos, sea por el factor económico o por la demora en los procesos, muchas mujeres se ven obligadas a abandonar la causa.

Las pocas facilidades, la falta de auxilio judicial, la lentitud de los procesos, hacen que cada vez más mujeres vean lejana la posibilidad de tener acceso a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectivos.

Según el Movimiento Femenino Manuela Ramos, en el transcurso de un año, en un juzgado penal de Lima se admitieron solamente 25 procesos judiciales por violencia familiar y sexual, con un resultado insuficiente: cuatro sentenciados (dos condenados y dos absueltos), un caso archivado y el resto sigue en trámite.

Pero el problema no sólo radica en la lentitud del proceso, sino en que tampoco las agraviadas obtienen medidas cautelares a sus pedidos de cese de violencia, por lo que continúa el ciclo hasta convertirse en un problema social.

El desconocimiento de la ley, la falta de sensibilidad de las graves consecuencias de salud mental que trae consigo la violencia familiar, además de la demora de los procesos y la carencia de facilidades y recursos de las víctimas, son circunstancias que vulneran doblemente los derechos de las mujeres y sus hijos.