10 de febrero de 2019

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¡Y NO PODRÁN MATARLOS!

6 de febrero de 2019

Fuente original: Perú.Comuna colectivo de creación & crítica

Suspiro una congoja,
al ver que la penumbra gualda y roja
llora un trágico azul de idilios muertos.
César Vallejo, en Los Heraldos Negros

En la mañana del sábado 29 de diciembre, en el Perú y el mundo nos informamos de que se realizó algo que ni los fascistas alemanes, italianos, españoles o de cualquier otra calaña y nacionalidad se atrevieron a realizar nunca jamás. Nos referimos a la destrucción del llamado “mausoleo senderista”, en el cementerio de Comas (norte de Lima), que albergaba ocho cadáveres entregados a sus familiares después de 30 años del genocidio cometido el 19 de junio de 1986 por el Estado peruano, en El Frontón (además de Lurigancho y Santa Bárbara). En este centro penitenciario (oprobioso como tantas otras cárceles peruanas que no sea la prisión dorada que gozan los hampones del poder, recluidos temporal y privilegiadamente en dicho país), se encontraba más de un centenar de presos políticos acusados de pertenecer al PCP-“Sendero Luminoso”, cuya mayoría estaba imputada sin sentencia alguna que los declare absueltos o condenados. Detalle importante a resaltar, pues la cobertura de los medios de comunicación peruanos, en un acto completamente difamatorio, ha catalogado de “terroristas” a los asesinados extrajudicialmente sin que haya evidencias de esta acusación. La destrucción de las modestas tumbas, mal calificadas de "mausoleo", se produjo ante el repudio y la resistencia de los familiares.


Lo sucedido el pasado sábado, en plena resaca navideña y aun bajo la mascarada legal de una Ley 30868 promulgada por el Poder Ejecutivo (sí, el mismo que es presidido por el paladín demócrata Martín Vizcarra), no legitima en absoluto ante los ojos del mundo la concepción retrógrada donde seres humanos, por el hecho de ser “acusados de terrorismo”, carezcan de cualquier tipo de consideración. De esta manera, se les estaría aplicando una vez más, e incluso después de muertos, el derecho penal del enemigo. Cabe recordar que al menos dos de aquellos ocho cadáveres fueron tardíamente absueltos el 17 de julio de 1987 por el Sexto Tribunal Correccional de Lima: una realidad kafkiana usual en las cavernas judiciales del Perú (cuando se trata de estamentos del pueblo, claro está).

De ahí que tampoco puede catalogarse como “mausoleo terrorista” a aquello que no es ni terrorista ni nada parecido; más aún cuando no existe una definición objetiva, uniforme ni internacionalmente aceptada de lo que significa “terrorismo” o “ser terrorista”. Por lo contrario, denunciamos públicamente que la acción perpetrada por el Estado peruano y sus representantes es una acción cruel, vesánica y de carácter terrorista, contra familiares y deudos de las personas fallecidas y enterradas en el distrito limeño de Comas.

Por supuesto, la prensa nativa, en su conjunto, ha continuado con su miserable práctica de sostener el discurso y acciones oficiales (ver aquí y aquí); con que se suma, cual corifeo en una escenificación de horror mediático, al digno oficio de cebarse en cadáveres y en el duelo de sus familiares. Es lo que, en una anterior ocasión –anticipando cómo podría ser la conducta autoritaria y abusiva del poder con este caso–, nos llevó a denunciar internacionalmente abusos y prácticas periodísticas como las que en esta circunstancia, una vez más, se han manifestado.

Los promotores del odio, la tergiversación y el olvido de la memoria histórica popular, sueñan así con borrar a punta de balas, bombas, martillazos y falsedades mediáticas, los hechos históricos que acontecieron en el Perú durante los álgidos años 80-90. Mas ni proyectos de ley propios del negacionismo, ni las acciones que se realicen ahora o en adelante, lograrán borrar la violencia ejercida por un Estado peruano que históricamente jamás ha representado los intereses populares, sino que más bien se ha reforzado –incluso militarmente– para actuar de espaldas y en contra de los sectores más pobres y excluidos de esa sociedad.

Sin embargo, aquella práctica de ejecutar disposiciones que contravienen criterios de justicia y humanidad no es nueva, para nada, entre las autoridades y funcionarios peruanos. Lo hizo el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando la noche del domingo 24 de diciembre del año pasado concedió –amañó, en realidad, por blindaje recíproco– el indulto humanitario al ladrón y genocida Alberto Fujimori (algo que fue el inicio del fin para este viejo y corrupto lobista al servicio del gran capital, merced a la presión popular en calles y plazas del país); y lo acaba de volver a hacer el discutido titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, al remover en plena celebración de año nuevo a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso especial ’Lava Jato’, donde se investigaba a diversos funcionarios, políticos y ex mandatarios peruanos como Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Alan García Pérez, entre otros (lo que ha cambiado radicalmente la perspectiva de estas fiestas, y da inicio a una serie de manifestaciones populares para el nuevo año como se aprecia aquí).

Como ha sucedido con otras acciones matonescas y criminales desde el poder oficial, el pueblo peruano no las olvidará, porque colisionan y contradicen de manera obscena cualquier avance de una sociedad que se precie de democrática, incluso en el marco de una democracia burguesa-representativa. Y solo servirán de combustible en la próxima oleada popular y revolucionaria que, según anuncia la situación nacional e internacional, se halla en marcha.

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