20 de octubre de 2017

INICIO > LATINOAMERICA > Perú

PERU: NAZISMO AL ESTILO DE PABLO KUCZYNSKI

Por: Gabriel Adrián.

4 de junio de 2017

Garrotazos antilaborales para criminalizar la protesta.
El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aprobó el 19 de mayo pasado el decreto supremo N° 004-2017-MINEDU, según el cual personas que han sido condenadas o procesadas por el “delito de terrorismo” no podrán trabajar en instituciones educativas (colegios, academias, universidades, centros tecnológicos, institutos, etcétera).

Francisco Soberon, funge de "defensor de los derechos humanos", pero su principal rol es defender a todos los gobiernos criminales del Peru. Ahora abiertamente se pone del lado de las acciones reaccionarias y fuera de la ley del gobierno.

Esta medida, en realidad, busca silenciar a ciudadanos y ciudadanas que se oponen a la política neoliberal y corrupta del Estado peruano dirigido por Kucynzki. Las llamadas organizaciones de derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), no han criticado esta medida volviéndose cómplices, una vez más, con su silencio.

De este modo, se atenta contra principios fundamentales de un Estado de derecho demoliberal, en tanto se está sancionando a personas que ya han purgado condenadas por un delito. Al mismo tiempo, se atenta contra el principio jurídico que una persona no puede ser condenada dos veces por el mismo cargo. En otras palabras, el Estado peruano no está sancionando que un ex-condenado o ex-condenada expresen ideas que constituyan “apología del terrorismo”, sino que persigue la existencia misma de la persona. Es así como el Estado peruano aplica el principio jurídico de “prevención general” que fue aplicado por el Estado alemán nazi.
Kuczynski y el aparato de poder peruanos persiguen a quienes ya han sido condenados o procesados por acciones subversivas. Las mismas organizaciones peruanas de derechos humanos que ahora callan, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o la propia Comisión de la Verdad, han criticado la legislación antiterrorista, así como los procedimientos policiales y fiscales para acusar a una persona por este tipo de actos.

Así, por ejemplo, la sola pertenencia a una organización calificada como terrorista se pena con una privación de libertad por 15 años. Es decir, en la historia peruana más reciente, ha bastado que una persona milite en dicha organización sin que haya cometido acto lesivo algunos contra la ley. La mera posesión de un volante fue considerada como prueba para condenar por delito de terrorismo. Declaraciones de autoinculpamiento fueron arrancadas con torturas, así como muchas personas fueron condenadas por la sola acusación de un supuesto “arrepentido” sin prueba adicional alguna. De esta manera, las cárceles peruanas se llenaron de quienes nunca habían pertenecido a las guerrillas peruanas (es decir, al Partido Comunista del Perú-“Sendero Luminoso” o al MRTA).

A estas mismas personas que estuvieron en la cárcel, probablemente sin haber cometido acto penal alguno, o por haber poseído tan solo un volante, o por hacer un grafiti político, se les quiere enterrar en vida prohibiéndoles, en esta ocasión, que ejerzan una profesión académica.
De tal manera que, en el Perú del siglo XXI, se ha institucionalizado la oscura época de Joseph McCarthy en los Estados Unidos de Norteamérica. Es conocido que este senador emprendió una cruenta represión contra todos aquellos que fuesen sospechosos de ser comunistas entre 1947 y 1956. Celebridades como Charles Chaplin, Bertolt Brecht, John Huston o Humphrey Bogart estuvieron sentados en el banquillo de los acusados.

Por otra parte, en la Alemania nazi, el gobierno hitleriano prohibió a los judíos ejercer profesiones de carácter público (abogacía, artes, medicina, farmacéutica) antes de enviarlos a las cámaras de gas. Y en la Alemania de postguerra, el gobierno del socialdemócrata Willy Brandt aprobó, en 1972, el famoso "decreto de los radicales" según el cual se prohibía trabajar para el Estado a personas que tuvieran una posición contraria a la Ley Fundamental (Constitución) alemana; la misma que afectó casi exclusivamente a miembros del Partido Comunista Alemán (KPD): cientos de maestros y médicos no podían trabajar porque eran perseguidos a causa de su convicción política. Tomemos nota de este tipo de nefastas coincidencias y paralelos históricos con la actual situación en el Perú.

Si, como reza el refranero popular, en todas partes se cuecen habas, cabe aplicar el fraseo del poeta vanguardista César Moro al poder dominante de este país: “pero, en el Perú, solo habas”.
En un sancochado jurídico propio del aparato burocrático peruano, el citado decreto supremo prohíbe el ejercicio laboral en instituciones educativas a condenados por delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas.

Sin embargo, no incluye a condenados por actos de corrupción: uno de los grandes males de aquel Estado. Es decir, el poblador de cualquier paupérrimo asentamiento humano que fue condenado, bajo torturas, por poseer un volante, no podrá ejercer la docencia. Pero Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Nadine Heredia, Pedro Kuczynski y tanto funcionario hundido hasta el cuello en escándalos de corrupción, como hizo evidente el reciente caso Odebrecht, podrán lucrar dando conferencias magistrales en universidades.

Asesinos y corruptos como Hollanta Humala llegaron a la presidencia del Peru

Asesinos paramilitares como Martín Rivas o el “Capitán Carlos” también podrían ser docentes. Como siempre, los legisladores y autoridades de turno se han cuidado muy bien las espaldas. Esta ley tiene nombre propio, y su principal objetivo es continuar persiguiendo a quienes se alzan contra la corrupción, pobreza, desigualdades endémicas y la venta del Perú al capitalismo multinacional.
A pesar de todo su tinglado de jueces, tinterillos, fuerzas represivas y titiriteros mediáticos, y como demuestra la historia contemporánea, el fascismo ha de ser vencido, una y mil veces más, mediante la organización, resistencia y luchas democrático-internacionalistas de los mejores hijos del pueblo.

ENLACES SUGERIDOS:

• “Una ley que dará lugar a muchos abusos e injusticias” (blog Grancomboclub.com: 25 mayo 2017)
https://www.facebook.com/grancomboclub/posts/1423283324398774

• “Profesores implicados en delitos de terrorismo no volverán a colegios” (El Comercio: 22 marzo 2012)
http://archivo.elcomercio.pe/politica/gobierno/profesores-implicados-delitos-terrorismo-no-volveran-colegios-noticia-1391176

• Reportaje televisión peruana: “Condenados por terrorismo enseñan en colegios públicos” (Latina.pe: 25 septiembre 2016)
http://www.latina.pe/noticias/punto-final/condenados-por-terrorismo-ensenan-en-colegios-publicos-39363.


Esta práctica oficial de dar muerte civil a diversos ciudadanos peruanos y peruanas, acusados por sucesos vinculados a la guerra interna vivida en aquel país durante los años 80 y 90, representa un caso obsceno de una biopolítica que se mueve hacia una tanatopolítica, asumiendo a los involucrados en ese tipo de casos como una especie de Homo Sacer —persona sin derechos, según el análisis crítico de Giorgio Agamben—. Al respecto de esta y otras problemáticas afines, también abordadas en este artículo, léase y divúlguese la siguiente denuncia internacional sobre la campaña mediática contra familiares y allegados de 7 asesinados en la matanza de El Frontón (Perú, 1986): “Darle mil muertes al cadáver del enemigo” http://letras.mysite.com/cang171016.html.

El principio de prevención general se aplica para amedrentar a un gran número de personas o a toda la sociedad para que no se cometa delito. Leyes altamente represivas son características de este principio.

En 1993, la dictadura fujimorista aprobó la infame "Ley de arrepentimiento" que garantizaba la reducción, exención o remisión completa de la pena, a los miembros de los grupos armados si proporcionaban informaciones a las autoridades para ubicar a los subversivos que se encontraban en actividad. Como la condición del beneficio era dar información al gobierno, y esa información no era verificada adecuadamente, cientos de inocentes fueron a dar a la cárcel.

Apelativo bajo el que se sindica al ex presidente Ollanta Humala Tasso (quien fue oficial del Ejército peruano) de haber practicado delitos de lesa humanidad durante la guerra sucia perpetrada por el Estado en los años del conflicto armado interno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado que envíe información sobre las denuncias de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas en la base contrasubversiva de Madre Mía (región San Martín), en 1992, donde Humala prestó servicios.

DIEZ DÍAS QUE ESTREMECIERON AL MUNDO
John Reed.
PREFACIO DEL AUTOR Este libro es un trozo de historia, de historia tal como yo la he visto. (...)
TORTURADORES & CIA.
Autor: Xabier Makazaga.
MEMORIA DE UNA GUERRA Perú 1980-2000
FICHA TÉCNICA Análisis histórico-político Páginas: 321 Año: Abril 2009. Precio para (...)