20 de octubre de 2017

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PERU: LA FARSA DEL JUICIO DE TARATA

Por Gabriel Adrián (1)

1ro de abril de 2017

Hace ya casi dos meses que se ha iniciado el juicio al comité central del Partido Comunista del Perú- “Sendero Luminoso”, por la muerte de 25 personas a causa del atentado con un coche bomba en la calle Tarata en el distrito limeño de Miraflores el ‎16 de julio de 1992. Este juicio revela cómo el Estado peruano utiliza el marco jurídico para pisotear derechos civiles, y perseguir y aniquilar a sus enemigos. Además, se violenta una serie de derechos fundamentales y garantías de un debido proceso. Estos son aspectos que evidencian la persecución política del juicio por el atentado de Tarata.

La máxima dirigencia del PCP ya ha sido juzgada y sentenciada con altas penas condenatorias de prisión, por todos los delitos que el Estado le pueda atribuir a los militantes del PCP en el tiempo que duró la guerra interna. Es decir, han sido condenados por todas las acciones del PCP. De esta manera, el Estado peruano viola el principio jurídico según el cual no se puede condenar a una persona dos veces por el mismo delito.

Es más, la dirigencia del PCP y los militantes que ejecutaron la acción han declarado que la explosión del cochebomba en la calle Tarata del distrito limeño de Miraflores fue un accidente, como la misma Comisión de la Verdad lo ratifica en su informe. El cochebomba estaba destinado para una entidad bancaria ubicada a unas cuadras del lugar en que detonó. La falta de experiencia de los militantes del PCP determinó que cometieran ese craso error y ocurriera la tragedia. Es decir, a la dirigencia del PCP se le podría atribuir, en todo caso, un homicidio culposo. Los acusados ya han purgado una pena que largamente excedería la de un homicidio culposo.

En esta situación, vemos cómo el Estado peruano, sus representantes y aliados, actúan con un doble rasero. Para patanes como el fujimorista ex-presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, o periodistas serviles al poder imperante, como Mónica Delta, los asesinatos, desapariciones y violaciones perpetrados por militares, policías y ronderos campesinos son “excesos”. Sin embargo, el error cometido por los militantes del PCP es un genocidio.

En la acusación, se comete el absurdo de incluir a Osmán Morote Barrionuevo y Edmundo Cox Beuzeville, aunque ellos se encontraban en prisión desde 1988, con mucha anterioridad al hecho investigado. En su calidad de presos, ambos no pudieron haber tenido ninguna responsabilidad en el caso Tarata. Si, además, se toma en cuenta que, desde el 5 de abril de 1992 (es decir tres meses y 11 días antes del hecho mencionado), el establecimiento penal de Castro Castro donde estaban recluidos no permitía ninguna visita, se concluirá que la única alternativa para que Morote y Cox se involucraran endicha acción militar era mediante el uso de poderes telepáticos.

En el proceso, se viola también el principio del juez natural, por el cual una persona debe ser juzgada por el juez que le corresponde al momento en que se cometió el supuesto delito. De esta manera, se busca garantizar la imparcialidad del juez. El tribunal que actualmente lleva el caso Tarata, es la Sala Penal Especial por Terrorismo. Es decir, estos jueces van a condenar a los acusados sin un mínimo criterio de objetividad.

Por otro lado, los acusados han sido retenidos en prisión sin que exista una orden de captura pendiente en su contra. Con ello, se viola un derecho procesal fundamental.
La acusación fiscal recurre a la figura de la autoría mediata para juzgar a la cúpula del PCP. Esta figura fue la que se usó en los procesos de Nuremberg contra la alta jerarquía nazi para poderlos condenar por crímenes que se habían cometido bajo sus órdenes. Siguiendo esta lógica, cabe interrogar por qué no se entabla acusación fiscal contra el expresidente aprista Alan García, y asimismo contra todo ex mando militar y policial por todos los crímenes cometidos bajo su autoridad. Ellos son, entonces, tan responsables como la dirigencia del PCP.

Pero, aun si esto sucediese, habría una diferencia fundamental. El PCP no tenía la política de liquidar a personas no involucradas en la guerra. El Estado peruano, en cambio, tuvo una sistemática política de exterminio y represión indiscriminada contra la población en la guerra antisubversiva. La guerrilla maoísta, en cuyas filas peleaban campesinos, se enfrentó a grupos de campesinos que luchaban del lado de las Fuerzas Armadas. Las fuerzas militares, policiales, rondas paramilitares y escuadrones de la muerte, asesinaban indiscriminadamente a campesinos, estudiantes y pobladores de asentamientos humanos por la sola sospecha de pertenecer a la guerrilla. La diferencia es sustancial (2).

Con el juicio por el caso Tarata, el Estado peruano ejecuta una vil persecución política –una más– contra sus enemigos, y pretende mantener vivo el tema de la subversión política con varios objetivos simultáneos: para deslegitimar la lucha de la guerrilla maoísta, así como toda subversión armada y el propio ideal comunista; y, de paso, mantener encarcelados a presos políticos –como Osmán Morote–que han cumplido largamente sus condenas .

Otra razón más global y coyuntural es que el Estado peruano continúa bajo la influencia y dominio del fujimorato en su versión actual, con el liderazgo de Keiko Fujimori (hija del reo y expresidente Fujimori). Por lo cual, necesita agitar, cada cierto tiempo, el fantasma del senderismo para legitimar su propia existencia, así como sus campañas sicosociales a favor de mayor represión y control sociales, y para criminalizar cualquier potencial rebelión y protesta populares. Asimismo, necesita de aquel fantasma del pasado para seguir tapando las groseras fechorías cometidas por sus representantes desde los años 1980 y 1990 hasta la fecha: el huayco político Odebrecht es buen y reciente ejemplo de lo anterior. Y también, además del caso que aquí se denuncia, caben mencionarse varios otros con dicho propósito, como fue la secuela mediática con los siete cadáveres de la matanza en El Frontón (19 de junio de 1986, Lima) devueltos por la fiscalía a sus familiares en agosto del año pasado, y la ventolera levantada sobre las romerías fúnebres y entierros en un cementerio de Comas al norte de la capital peruana (ver denuncia internacional aquí: http://kaosenlared.net/peru-darle-mil-muertes-al-cadaver-del-enemigo/).

Advertidos estamos en la comunidad internacional –hace buen tiempo, en realidad– sobre cómo funciona la justicia en los oscuros y sinuosos linderos del Perú contemporáneo, donde tantas personas son silenciadas y carecen de voz para sus justas denuncias y reclamos. Este texto busca contribuir a revertir esta situación de lesa humanidad.

(1). Con el apoyo de Santiago La Chira y Wilson Enriquez.

(2). De hecho, así como ‘lo indio’ ‘lo serrano’ y ‘lo marginal periurbano’, la pertenencia a una universidad pública fueron marcas estigmatizadoras que, durante el conflicto armado interno, se asociaban (aún hoy hay resabios de estas maneras traumáticas de rotulación a personas en el Perú) con lo subversivo, con lo “terrorista”, con lo conspirador. Del mismo modo, “lo terrorista”, que desde el Perú oficial fue rotulado con la jerga ‘terruco’, surgió como un neologismo construido de la mezcla del castellano y el quechua, y así pasó a estar recubierto de un halo de indianidad, que se percibe claramente a través del insulto muy difundido “terruco de mierda”, que evoca aquel otro epíteto criollo y racista de “indio de mierda”.

Sobre el PCP y Abimael Guzman.

Desde el Diario Internacional hemos marcado nuestra clara distancia con Abimael Guzmán, Osmán Morote y el resto de la dirigencia del PCP por su traición a la revolución en el Perú llamando a luchar por un acuerdo de paz con el estado peruano y demandando la amnistía también para militares, policías y ronderos asesinos. Con este artículo no pretendemos levantar la figura de Morote Barrionuevo o de la dirigencia traidora del PCP. Sin embargo, queremos denunciar la farsa de este juicio por el estado que pretende perseguir toda oposición radical al sistema y tergirversar la Historia presentando a la guerrila maoista en guerra como una zarta de asesinos. A pesar de la Comisión de la verdad y co. pensamos que la guerra llevada a cabo por el PCP ha la experiencia más rica de un proyecto revolucionario en la era del Perú republicano.

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