9 de diciembre de 2018

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ANDAHUAYLAS HIZO RETROCEDER GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA

Por Carolina Zangoni.

6 de abril de 2015

Tras un reclamo de seis días, los ciudadanos y ciudadanas de Andahuaylas, en la región de Apurímac, acordaron con el gobierno un compromiso de “alto a la huelga” a cambio de que la empresa Electro Sur Este (ELSE) regularice el cobro del servicio, se suspenda el importe por el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) y se evalúe una tarifa social, entre otros puntos.

La huelga contra ELSE -a la que luego se unieron las provincias Chincheros, Grau, Aymaraes y Abancay- comenzó el 12 de marzo, luego de que la empresa estatal duplicara y, en algunos casos, hasta triplicara la facturación por el servicio de energía eléctrica.

“Había un malestar de los usuarios por la forma como se les prestaba este servicio, es decir, se han presentado interrupciones en la prestación del servicio, cambios en la energía que han afectado sus artefactos eléctricos, falta de atención oportuna de los reclamos y se sumó el incremento desproporcionado del costo del servicio en enero de este año”, comentó Rolando Luque Mogrovejo, adjunto para la Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo.

Las causas que hicieron estallar el reclamo fueron varias. Por un lado, el conflicto se dio en una de las regiones más vulnerables de Perú, donde siete de cada diez personas viven en la pobreza y el 38% de niños menores de 5 años presenta desnutrición crónica.

En Andahuaylas la mayoría de los servicios básicos son deficitarios, incluyendo la cuestión habitacional y el acceso limitado al agua potable y saneamiento, a la salud y a la educación. En este contexto, las prestaciones brindadas por ELSE no eran la excepción: en el 2014 tuvo 46 cortes y 65 horas sin luz.

Por otro lado, el incremento desmedido de las tarifas, que afectó a 5.547 personas, se debió a un equívoco de la empresa, la cual contrató a Consorcio Andahuaylas para leer los medidores de electricidad mensualmente. No solo estaban cobrando un monto superior por una irregularidad, sino que también se incluía un pago por Fonavi (Fondo Nacional de Vivienda) sin una previa explicación.

Por ello, los pobladores y pobladoras realizaron movilizaciones, bloqueos y una huelga indefinida para exigir la revisión y la reducción de tarifas, la mejora en la calidad del servicio en las zonas rurales, la devolución de cobros indebidos por parte de la empresa Electro Sur Este y hasta la posibilidad de evaluar el contrato de concesión. “Demandas que consideramos justas y reflejan la desatención por parte del Estado de derechos fundamentales como lo es el servicio básico de luz para el pueblo, más aún en zonas de pobreza extrema, cuyas tarifas elevadas recrudecen la calamitosa economía de las familias de nuestro pueblo”, declaró el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF).

La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, se acercó a la zona y el 16 de marzo, tras cumplirse el sexto día consecutivo de huelga, se acordó un alto momentáneo a la medida de fuerza.

Luego de cuatro horas de deliberaciones, se decidieron los siguientes puntos:

1-La revisión de la tarifa del servicio de energía eléctrica, para lo cual se conformará una Comisión Técnica integrada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Electro Sur Este, el Comité de Lucha de Andahuaylas, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), y la Defensoría del Pueblo.

2-La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el MEM y el Comité de Lucha intercederán ante el Congreso para priorizar el proyecto de Ley N° 2770, orientado a la creación de una tarifa social, con subsidio, para pobres.

3-La eliminación del cobro indebido por concepto del Fonavi. Por ello, se suspenderá dicho importe, para lo cual el Osinergmin presentará un informe técnico a la PCM, en coordinación con el MEM.

4-La reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los usuarios y usuarias, y la sanción a los responsables.

5-Se reorganizará y descentralizará el Osinergmin Apurímac.

6-Se establece la no privatización de la empresa de energía eléctrica, rescisión del contrato de concesión y modificación de la Ley de Concesiones Eléctricas.

El problema de las “soluciones”

En Perú, la generación y transmisión de energía eléctrica se mantiene mayoritariamente en manos privadas, pero no sucede lo mismo en lo que respecta a la distribución. Sin embargo, con el argumento de solucionar la deficiencia en los servicios y promover el crecimiento económico a fines del año pasado el Congreso aprobó un proyecto que buscaba privatizar hasta el 40% de las acciones de 16 empresas eléctricas estatales, entre ellas, ELSE.

El secretario general del sindicato Luz y Fuerza de Electrocentro, Luis Orihuela, advirtió que “ya hubo un intento de privatización en el 2001 y fue un fracaso, porque la distribución no termina siendo un negocio rentable, por lo que las empresas privadas no van a invertir en extender redes de conexión eléctrica en provincias”.

La huelga en Apurímac no significó simplemente la atención de demandas puntuales, sino un golpe al intento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de avanzar hacia la privatización total de los servicios.

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