25 de octubre de 2018

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Perú 2015: Larga marcha por nuevo pais y nuevo mundo

Por: Santiago La Chira. (el diario internacional).

3 de enero de 2015

Nada como cerrar el año y abrir uno nuevo que manifestando con los jóvenes que expresan abiertamente, en plazas y calles del Perú, su desacuerdo radical contra el régimen de la ley 30288 para los jóvenes de 18 a 24 años, promulgada este 15 de diciembre por el gobierno de Ollanta Humala.

En efecto, en la segunda convocatoria del día 22 de diciembre (la primera, y con hechos de mayor violencia, fue el 18 de diciembre),se caminó masivamente desde el Centro de Lima(Plaza San Martín)hasta el corazón del comercial y turístico barrio de Miraflores, seguidos en todo momento por policías en moto, furgonetas y autos.

Se marchó contra dicha ley laboral de marras, entre un conglomerado de agrupaciones donde resalta la presencia activa de jóvenes entre 18 y 25 años, quienes, aunque aún algo dispersos (quizás, inclusive, muchos de ellos inexpertos en asunto de manifestaciones), expresaban no solo su rechazo a esta ley sino también al oportunismo de viejos políticos como Alan García, a los lideres de la envejecida “izquierda”, y otros que, apoltronados en el vergonzoso Parlamento peruano que aprobó dicha ley, se han querido subir al coche de la juventud motorizada (por dentro). Se coreaban consignas tan antioficialistas como antiapristas, al grito de: “Humala y García la misma porquería”.

Cabe resaltar que este tipo de medidas, que atentan contra el régimen laboral de la mayoría de peruanos, no es un invento del gobierno de Humala, sino que sigue la línea explotadora que buscaron imponer los anteriores gobiernos de Fujimori, Toledo y Alan García.

De ahí que es de desear que, con el paso de los días y los hechos, no solo manifiesten jóvenes universitarios de extracción mesocrática, como sucede hasta ahora, sino que a dichas protestas se sumen pronto la juventud y la población trabajadora de los sectores sociales más pauperizados del país, tan o más perjudicados a futuro que los demás.

Esta ley crea un régimen laboral especial para las personas de 18 a 24 años. Como derechos sociales, les reconoce solo la remuneración mínima, 15 días de vacaciones anuales, las prestaciones de ESSALUD y la afiliación al SNP o a una AFP. Amputa, a los jóvenes de 18 a 25 años que ingresen al campo laboral, la compensación por tiempo de servicios (CTS), las dos gratificaciones anuales, la bonificación de familia, el seguro de vida y la participación en las utilidades. Como esta ley no se halla circunscrita a las empresas informales, es fácil pensar no solo que estas no atenderán el llamado a formalizarse, sino que serán las grandes empresas las que se beneficiarán contratando en condiciones ventajosas a trabajadores jóvenes, y reciclándolos cada vez que pasen la barrera de los 25 años.

Esto contribuirá no solo al desempleo de quienes pasen dicha barrera cronológica, sino a la precarización del trabajo formal de los más jóvenes en el país, que recibirán un salario mucho menor de quienes tienen mayor calificación profesional. Lo cual, en lenguaje callejero, se denomina la política del “cholo barato” (o, parafraseando al “filósofo” aprista Alan García: la mano de obra barata llega sola).

Ante esto, muy en espíritu de cuartel, Humala Tasso ha respondido que “Los jóvenes deben pagar derecho de piso”. Es decir, los jóvenes trabajadores deben asumir ser tratados como perros, como ocurre con los cadetes de primer año en los cuarteles militares donde se formó el otrora “capitán Carlos”.

En un análisis bastante documentado, de Jorge Rendón Vásquez, “Siguen los “audaces” asaltos a los trabajadores: ahora con el régimen de la ley 30288 para los jóvenes de 18 a 24 años” (blog GRAN COMBO CLUB - 22-12-2014: http://grancomboclub.com/2014/12/siguen-los-audaces-asaltos-a-los-trabajadores-ahora-con-el-regimen-de-la-ley-30288-para-los jovenes-de-18-a-24-anos.html), se denuncia, con razón, que “La inconstitucionalidad de la Ley 30288 es írrita. Viola la igualdad ante la ley (Const. art. 2º-2, 26º), el derecho al progreso social (Const., arts. 22º, 23º, 24º) y el derecho a participar en las utilidades de la empresa (Const., art. 29º)”.

Es decir, una vez más el Estado peruano y sus autoridades acomodan la constitucionalidad vigente a la medida e intereses del poder imperante. Al respecto, es importante atender la contrademostración que se hace, en el punto 2 de dicho artículo, acerca de que esta ley humanista creará más empleo, ya que los empleos no se crean, en general, por el menor costo de los derechos sociales, sino por los requerimientos del mercado y por intervención estatal: invirtiendo, haciendo obras públicas, creando fábricas.

Además, el argumento de que se crearán más puestos es un sinsentido, porque si los costos salariales de trabajo no calificado, actualmente, ya son bajos, bajarlos más no creará más trabajo. En Europa, se usa este argumento aduciendo que así se atrae la inversión; pero qué inversión se va a atraer, en Perú, si hay países con costos salariales mucho más bajos como Bolivia u Honduras.

En realidad, esta es una ley a la medida del gran empresariado y su histórico parasitismo respecto de las masas trabajadoras peruanas.

Por otro lado, en la referida manifestación del 22 de diciembre, hubo diversas pancartas con consignas de diferente calibre y objetivos. Una, a tono con estos tiempos del neoliberalismo que busca aplanar el pensamiento crítico, principalmente de la juventud, empujándola al consumismo e individualismo desenfrenados, decía: “JOVEN, DEFIENDE TUS DERECHOS. DEJA EL FACEBOOK”.

A lo largo de las 50 cuadras de la céntrica avenida Arequipa y la Vía Expresa, se logró bloquear el tránsito de vehículos así como elevar gritos contra la prensa servil al poder; a la altura del canal 5, por ejemplo, los jóvenes manifestantes gritaron repetidas veces: "¡Prensa Basura!": todo un reconocimiento del nivel excrementicio que predomina en la prensa nativa.

Por eso, más allá de las críticas que puedan hacerse a la organización de las dos grandes manifestaciones que, hasta el momento, se han realizado contra esta abusiva ley laboral, es el momento de sumar fuerzas y argumentos constructivos con quienes tienen el valor de enfrentarse a este autoritario Estado corrupto, fundado para el beneficio de la élite dominante.

Considerando, además, el nivel de desmovilización social que, desde el régimen represivo del fujimorato en adelante, se viene alentando, entre prácticas represivas y un trabajo mediático y educacional contrario a la capacidad crítica de la población peruana, es otra coyuntura para que las personas y fuerzas verdaderamente democráticas se sumen a las movilizaciones contra las directivas del Estado peruano, pero desde dentro y nunca por fuera ni por encima o debajo. Que las críticas aporten apotenciar cada vez más el movimiento, y no a desviarlo de su rumbo ni a menguarlo.

Indudablemente, al participar de manifestaciones masivas como estas, se sale fortalecido, ya que nuestras creencias y afirmaciones sobre un mundo más justo no se limitan a un escritorio o al aire de las palabras, sino que se integran con batallas vivas y cotidianas como las que ahora libran los jóvenes más conscientes del Perú. De ahí que sea hora de acompañarlos y contribuir, de muchas maneras, a fortalecer este camino que se confronta contra el poder elitista imperante.

Es lo que, respecto a la ley 30288 y sus actuales repercusiones, teme la derecha más retrógrada en el Perú contemporáneo, como se hace visible por uno de sus voceros menos embozados, nada menos que un renegado de la herencia política del Amauta, Aldo Mariátegui (Peru21: 25 diciembre: http://peru21.pe/opinion/vale-pena-2207533): “¿No terminará esto provocando una izquierdización del electorado para las elecciones del 2016? Esta firmeza que Ollanta está mostrando para una norma tan menor la debió más bien tener para Conga. ¡Eso sí valía ir hasta el final! No esta nimiedad. Si los jóvenes no quieren esta ley, pues que se jodan por necios. Problema de ellos si les gusta patear latas por las calles, mientras se imaginan sus supuestos derechos”.

Este tipo de medidas oficiales, atentatorias contra la dignidad y la calidad de vida de las mayorías trabajadoras, ha generado también diversas protestas en el territorio donde germinó la democracia burguesa occidental: en Europa. En efecto, las violentas manifestaciones en Paris-Francia, del 2006, o las masivas de España en el 2011, que derivó en el heterogéneo movimiento “Indignados” y que tuvo otro antecedente en las revueltas de Atenas-Grecia, en el 2008, son solo síntomas de que leyes laborales antipopulares, como las que se pretende imponer hoy en el Perú, están en sintonía política con el modelo capitalista y con sus necesidades actuales de acortar los servicios sociales.

Esa misma política social que fue necesaria mientras existía el contrapeso y fantasma socialista (así sea en relación con unos países que, cada vez más, de socialistas tenían muchas cuestiones discutibles, como fue el caso de la Unión Soviética, por ejemplo), hoy, en la era de la llamada globalización, el neoliberalismo cada vez la necesita menos, así como requiere menos que antes simular que es una alternativa mejor, porque en la otra orilla (si aún se ve) parece que no se yergue nada como opción real, viable y válida. De tal manera que el garrote y los recortes laborales y sociales se irán poniendo cada vez más como requisitos de la supuesta viabilidad del modelo imperante, y las poblaciones que están en la base de la pirámide tendrán que manifestarse y batallar de manera conjunta, una y otra vez, si no quieren morir en el camino de la prosperidad de unos cuantos.

El Pasado lunes 29 de diciembre, como despedida de un año maldito para los pobres, se realiza la tercera manifestación en el Centro de Lima, la misma que llegó a la sede de la CONFIEP, la agrupación oficial de los empresarios locales. Al mismo tiempo, los manifestantes acordaron, al margen de las cúpulas conciliadoras y traidoras, seguir la lucha y hacer de este movimiento, una acción de protesta en todo el Perú. Que el pueblo más alejado se levante, y con dignidad luche contra la pandilla de militares y civiles que gobiernan el país.

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