20 de noviembre de 2017

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PERU : “CHAVIN DE HUANTAR” Y LA CORRUPCION DEL PODER JUDICIAL

Por : Gabriel Adrián.

22 de agosto de 2013

No pasa mes alguno sin que un gran caso de corrupción remezca al gobierno de Humala y al Estado peruano. Hace unas semanas se trató de la repartija entre partidos en el Congreso de altos puestos públicos como las designaciones al Banco Central, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Garantías Constitucionales de personas con un historial controvertido y hasta delicuencial. Esta semana se ha tratado de la confabulación entre instituciones del Estado para cubrir violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado peruano. La semana pasada fueron difundidos audios que revelan que el ex-Presidente del Poder Judicial, César San Martin, el entonces Ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor y Pedro Cateriano, entonces agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Chavín de Huantar se reunieron con lajueza Rojjasi, quien entonces veía la causa de Chavín de Huantar para coordinar una sentencia absolutoria por el asesinato de Eduardo Cruz Sánchez, más conocido como „Tito , miembro del MRTA que participó en el asalto de la residencia del Embajador japonés en Lima en 1997. Aquí cabe recordar que el Estado peruano enfrenta una denuncia ante la CIDH por el asesinato del mencionado miembro del MRTA.
En los audios revelados se escucha a San Martín y al Ministro discutiendo una estrategia para exculpar al Estado peruano del asesinato de “Tito” . San Martín, actuando cual integrante de la banda de Al Capone, dirige la reunión y ofrece las pautas de la discusión: “Cómo lo observa la jueza que está dirimiendo el caso, y poder tener información cierta, unificar criterios, y ver qué se puede hacer en términos de que el Estado mejore su estrategia o la reordene, si fuera necesario”.
De manera descarada le dan indicaciones a la jueza a Rojjasi, a cargo del caso para que emita una sentencia que exculpe a los Comandos Chavín de Huantar pero tambißenma Vlademiro Montesinos y a los ex-generlaes Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Esquerra. Se trataba de negar que existía una cadena paralela de mando dirigido por estos.

San Martín remarca “con mucha sutileza” lo que espera de la sentencia: “... A mí lo que me interesa, como Estado, es que, porque así hayan matado Juan o Pedro, alguien lo haya matado, alguien lo mató y el Estado es responsable porque no cuidó la vida, no siguió los patrones jurídicos que corresponden en una intervención. Que al intervenido no se le debe de matar y eso (ininteligible). Obviamente el peor escenario es que se diga que todo fue planificado y que hubo una orden, en consecuencia se mancha Chavín de Huántar...”

Y prosigue: “Es evidente que lo que uno quiere, como Estado, con la independencia del caso, es que se diga “no hay muerto extrajudicial, murieron en combate”. Y la remata de esta manera: “Desde luego, en clave internacional basta que se diga que hubo crimen internacional, que hubo ejecución para que el Estado se hunda. Eso lo tenemos claro...”

Durante todo el diálogo, San Martín no hace más que darle indicaciones a la jueza Rojjasi, discutiendo posible escenarios y viendo el mejor posible para el Estado peruano y de paso exculpar a los criminales Montesinos, Hermoza Ríos y Huamán Esquerra. En un escándalo sin precedentes, que en cualquier país que se repute de democrático rodarían cabezas, se revela una vez más que lo “democrático” de nuestras instituciones son tan sólo un membrete de a sol. Lo que hicieron San Martín, Jimenez, Cateriano y la jeuza Rojjasi fue ponerse de acuerdo sobre el contenido de la sentencia. ¿Si no es influenciar la justicia, entonces que es?

Todos sabemos que el Poder Judicial en el Perú es quizás la institución más corrupta del Estado. Todo el mundo sabe que en la gran mayoría de los casos los ricos y poderosos siempre son beneficiados. Es el Poder Judicial que envia a la cárcel a alguien que robó por necesidad, quizás un par de sacos de papas o arroz y que nunca juzga a criminales como el ex-presidente García Pérez con un pronturio de corrupción y enriquicimiento ilícito que podría empapelar las murallas de Sacsayhuamán o que dejan libre al Capitán Carlos, conocido como Ollanta Humala, por asesinatos y otras violaciones de derechos humanos en el marco de la guerra contra-subversiva.

No es la primera vez que San Martín hace de las suyas. Este juez se ha pavoneado por ya décadas de ser un juez probo y correcto. En los años 80 y principios de los 90 era conocido por sus aportes intelectuales a la jurisprudencia. Se ganó, por poco tiempo por cierto, el aprecio de no pocos abogados y estudiantes de derecho. Este aprecio lo iría perdiendo conforme se fue mostrando de un juez corrupto y servil de los poderes fácticos. En el 2007, por ejemplo, César San Martín sustentó ante el Consejo de Ministros que presidía Alan García un proyecto de ley pro Fujimori –ya en Lima, extraditado desde Chile-, que permitía al acusado no asistir a las audiencias de su juicio oral, luego que se acogiese al silencio. Esta ley estaba hecha para favorecer a Fujimori, Montesinos y otros sátrapas de la dictadura oriental con sabor a rocoto relleno.

Tiempo despúes San Martín condenó a Fujimori a 25 años de prisión. Esta contradicción no sorprende porque muestra a un juez que actúa como sople el viento, es decir, el viento que le conviene para su carrera y a los que sirve. San Martín pareciera actuar bajo el lema “apoyo a Fujimori porque me caerá alguito, si no puedo le clavo una condena y así quedo yo limpio”. Y es que esta frase podría leerse en la frente de este vivazo juez San Martín. Otro caso que muestra la conducta indigna e ilegal de San Martín se dió cuando siendo Presidente del Poder Judicial dió una ley para que el alcalde Espinar, Cuzco, perseguido por su oposición al proyecto minero de la empresa Xstrata Coopera, no sea juzgado en Cuzco, ciudad que le correspondía, sino en Ica. De esta manera, se buscaba asegurar la condena del perseguido alcalde.

El pronturio de corrupción del ex-Presidente del Poder Judicial San Martín es innumerable y no termina aquí. San Martín no ha sido cualquier hijo de vecina, cualquier juez tinterillo, tiene escritos varios libros sobre Derecho Penal y ha influenciado la doctrina penalista dentro y fuera del Perú. Sin embargo, no le importa manchar su nombre pisoteando normas fundamentales de un estado de derecho, poniéndose al servicio del terrorismo de Estado y de la gran minería y protegiendo a criminales, Montesinos incluido. Esto demuestra lo putrefacto del Estado peruano que hace del asesinato institucionalizado, de la corrupción y del pisoteo de las leyes sus principales columnas. Aquí cabe enfatizar que se trata del Estado peruano, todos los gobiernos de turno, desde el de Fujimori hasta el de García Pérez y el actual de Humala han hecho todo posible para ocultar los asesinatos de la operación Chavín de Huántar y dejar limpios a los culpables. El Estado peruano está infestado por la política de la impunidad y la corrupción que puede ser fujimorista, alanista y ahora humalista.

Representantes del Estado y su prensa servil se rasgan las vestiduras tratando de negar los asesinatos de la operación Chavín de Huántar. Porque no se trata solamente de un asesinato a manos de los agentes del Estado. Hubo por lo menos uno más. Un ciudadano japonés que fue rescatado manifestó que vió como un miembro del MRTA fue capturado cuando trataba de escapar mezclándose entre los rehenes liberados. Este miembro del MRTA fue encontrado posteriormente muerto. Este caso es negado por la justicia peruana. Políticos y la hedionda prensa de derecha esgrime dos versiones para exculpar a los comandos Chavín de Huántar. Una es que hubo una cadena paralela de mando dirigida por Montesinos quien envió a sus agentes del SIN para que maten a cualquier superviviente. Con esta versión los comandos de Chavín de Huántar quedarían libres de polvo y paja. La otra versión es afirmar que no hubo ningún asesinato. El objetivo es exculpar de toda responsabilidad a los comandos de la operación; se les pretende presentar como “soldado ejemplares”, “como héroes de la nación”. Nada más falso porque estos comandos tenían experiencia en la lucha antiguerrillera; estos comandos habían ganado experiencia como los hacían todos los militares y policías en zonas de emergencia en aquellas épocas: asesinando, torturando, despareciendo a hombres, mujeres, ancianos y niños. Sea quien fuere quien asesinó a los miembros del MRTA, ya sea los comandos o los del SIN correspondía a la estrategia y práctica de la lucha contrasubversiva del Estado peruano, de asesinar y otorgar impunidad a los asesinos.

Pronto han salido San Martín y representantes del gobierno ha tratar de tapar el escándalo. Han dicho que se trató solamente de una “reunión de coordinación” para definir la estrategia de defensa del Estado peruano ante la CIDH de Costa Rica. San Martín como jurista sabe perfectamente que existen mecanismos para que los representantes del Estado se informen sobre la causa. No tienen porque citar a la jueza y menos plantearle lo que al Estado le conviene y no le conviene., diciéndole a la jueza Rojjasi “nosotros, el Estado, queremos esto y no esto...”. En el colmo del cinismo el Estado ha determinado que se investigue la procedencia de los audios difundidos amenazando a quien hizo tal difusión. Esta es la cultura en voga de las clases dominantes, cometer delitos, crímenes y perseguir a quienes los descubre. Por más que esfuercen por ocultar este escándalo, ha quedado una vez de manifiesto que las clases dominantes pueden hacer lo que sea y la impunidad va a ser garantizada. Los San Martín, por lástima, abundan en el Perú.

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