16 de marzo de 2018

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Peru: La “estatización“ de Repsol

Por: Gabriel Adrián.

8 de mayo de 2013

Ollanta Humala anunció que estatizaría una parte de los activos de Repsol. La noticia hizo saltar hasta el techo a una fracción de la gran burguesía. Estos hablaron de “estatismo”, “retorno a las épocas oscuras del Velasquismo”, “hacer crecer un estado ineficiente” y “que se violaría la Constitución”. La prensa con el diario El Comercio a la cabeza advertía sobre el “resurgimiento” del izquierdista Humala. Nada más estúpido en vista que Humala es un fiel servidor el gran capital transnacional y de la gran burguesía peruana. Lo que se expresó en este debate fue el enfrentamiento entre dos fracciones de la gran burguesía que se encuentran en competencia por obtener mayores beneficios y por defender la hegemonía ideológica neoliberal.

Finalmente, el gobierno de Humala dió marchá atrás y el Estado no adquirió ningún activo de la petrolera española. Sin embargo, este enfrentamiento entre diferentes fracciones de la gran burguesía y su procesamiento mediático abre un debate sobre estatizaciones que tiene varios ejes a discutir.

En primer lugar, estamos ante un ordenamiento jurídico en su génesis y contenido altamente autoritario, que ha acentuado el carácter autoritario del Estado peruano. La Constitución de 1993 fue aprobada después del autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. La Constitución de 1993 fue aprobada en un referéndum en medio de una serie de irregularidades y tras una campaña electoral en la cual Fujimori uso todos los medio lícitos e ilícitos, especialmente los fondos del Estado, para favorecer su agrupación política. Esta Constitución sentó las bases jurídicas del orden económico neoliberal en el cual el Estado no tiene un papel preponderante en la economía, relegado a fomentar la inversión privada y en el cual la inversión privada tiene prioridad sobre la inversión pública.

Pero aún bajo este ordenamiento jurídico el Estado peruano no infringiría la Constitución autoritaria si comprara parte de los activos de Repsol en el Perú porque esta sanciona que el Estado tiene una participación subsidaria en la economía. El comprar parte de los activos de una trasnacional no significa que el Estado asumirá un rol dirigente de la economía.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que las privatizaciones que llevó a cabo el gobierno de Fujimori a principios de los noventa fueron en contra de los intereses del Estado y del país. Las empresas fueron subvaluadas. La compañía eléctrica EDELNOR fue privatizada por 176 millons de dólares. Esta empresa ya privatizada generó entre 1995 y 1997 ganancias por 120 millones de dólares. Es decir, 68% del valor de compra retornó a los bolsillos de los inversores en tan sólo dos años. La compañía petrolera PETROPERU generó beneficios por 1,3 billones de dólares entre 1992 y 1998. Esta suma corresponde al doble de lo que recibió el Estado peruano en esa época por la privatización de parte de los activos de PETROPERU y trabajando con capacidades reducidas por las partes perdidas a través de las privatizaciones. Esto quiere decir que PETROPERU hubiera generado mayores ganancias si no hubiera sido privatizada.

La derecha cavernaria “anti-estatista” se pone a la cola de la actual tendencia mundial. En momentos en que es archiconocido que la crisis económica es resultado de una falta de regulación de la economía que hizo y sigue haciendo de la especulación bancaria el primado de una economía mundial en crisis. Alemania estatizó bancos para evitar una agudización de la crisis. Se discutió la estatizacion de toda la banca incluso. Debates que aterrorizarían a nuestra derecha bruta, chupasangre hasta más no poder se han estado dando en los centros de la economía mundial. Pero no es necesario ir muy lejos, veamos al gigante Brazil. El Estado vecino sostiene su economía en base a sus empresas estatales que actúan en Sudamérica de manera casi imperial. Petrobras genera ingentes ganancias anuales y es el sostén de todo gobierno brasileño. Sería alguien tan estúpido para proponer la privatización de Petrobras. Aquí hay que señalar, sin embargo, que Petrobras actúa con capital transnacional europeo.

Pero, apartémonos un poco de la “política real”. Si el Estado peruano hubiese comprado parte de los activos de Repsol esto no hubiera significado una estatización. Compra no es estatización. Una estatización supone un acto de fuerza por el cual una empresa pasa a manos del Estado debido a intereses colectivos. Al respecto, a su vez, hay que distinguir entre dos tipos de estatización: por indemnización y confiscación. Las estatizaciones por indemnización no benefician necesariamente a la mayoría de la población. Por ejemplo hay estatizaciones por indemnización a través de las cuales las empresas son sobrevaluadas. Esto se dió durante la dictadura militar de Velasco Alvarado (1968-1975) cuyo régimen pagó sobreprecios a transnacionales estadounidenses del petróleo.

Una estatización por confiscación implica que el Estado no paga ni un centavo por la empresa estatizada. El no pagar significa que el Estado y el pueblo en general reciben una indemnización por las ganancias que la empresa privada obutvo a costas de la plusvalía apropiada de los trabajadores y del pueblo en general.

De igual manera, es necesario tener en cuenta el carácter de clase de un Estado, es decir, a qué clases y grupos de la población favorece este Estado. Un Estado puede aumentar su capital sin que esto signifique que este capital vaya a ser distribuido entre la población o vaya a revertir en su beneficio. Este capital estatal no se utilizará necesariamente para que se multipliquen las empresas estatales que creen puestos de trabajo o que se desarrolle la agricultura de tal manera que se erradique la pobreza del campo. El hecho que un Estado aumente su capital no implica necesariamente que se vayan a erradicar las desigualdades ni que se redistribuya la riqueza.

Tomemos otro ejemplo del régimen de Velasco Alvarado. Durante el gobierno de este general “estatista”, entre 1968 y 1973 las ganancias del sector privado aumentaron en 100 %, la recaudación tributaria del Estado aumentó tan sólo 20% en el mismo periodo. Las empresas privadas fueron las grandes ganadoras de la política estatista de Velasco.

O veamos el ejemplo en Bolivia del gobierno de Evo Morales que ha creado puestos de trabajo en la administración pública. Estos son, sin embargo, trabajos precarios, con bajos sueldos y contratos basura, muy característicos de un régimen neoliberal.

Un Estado puede crecer para favorecer al sector privado, para asumir segmentos menos rentables de una rama, para enfrentar con mayor efectividad problemas con los trabajadores o para apoyar a la empresa privada en caso que afronten problemas de inversión. El caso más claro es la estatización por indemnización de activos de bancos en España y Alemania para darle aire al sector financiero privado. El anuncio de la compra de activos de Repsol por el gobierno de Humala no estaba orientada a debilitar sino a fortalecer el gran capital, principalmente transnacional en la rama de explotación petrolera.

En suma, la política neoliberal entreguista sigue siendo hegemónica en el Perú. Ya sea de una fracción u otra, con un Estado más o menos amplio. El capital transnacional y el gran empresariado chupasangre se seguiran beneficiando de las arcas del Estado y a costa de la del dinero de los peruanos trabajadores. Y Ollanta Humala seguirá buscando la mejor manera de servir más efectivamente los intereses del gran capital.

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