16 de marzo de 2018

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HUMALA PERSIGUE A SOBREVIVIENTES DE LA MASACRE DE EL FRONTON

Por: Grabiel Adrián.

19 de diciembre de 2012

El Estado peruano continúa su persecución contra activistas políticos, incluso en el extranjero. El último lunes 10 de diciembre fue detenido en Argentina el ciudadano peruano Rolando Echarri Pareja contra quien pesa una requisitoria de la justicia peruana. El detenido es uno de los 34 sobrevivientes de la masacre del penal El Frontón de 1986 cuando fuerzas combinadas de la Marina del Perú y la ya desaparecida fuerza policial Guardia Republicana asesinaron a más de 300 presos políticos. Al detenido se le ha vinculado con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) en Argentina. Esto demuestra que el Estado peruano, esta vez con el cachaco Humala a la cabeza, no cesa en su histérica persecución contra todo aquel que se ponga en cuestionamiento su poder.

En los últimos años el Estado peruano ha hecho el ridículo con sus pedidos de extradición de personas acusadas del delito de terrorismo. Y ha hecho el ridículo porque ha fracasado en casi todos los casos. Casi todos los pedidos de extradición han sido denegados por la justicia de los respectivos países que recibieron tal solicitud. El único caso en que una persona fue extraditada fue el de Adolfo Olaechea Cahuas quien aceptó ser extraditado. Es más, Olaechea Cahuas le ganó un juicio al Estado español ante la Corte Europea de Derechos Humanos porque su extradición no se había llevado a cabo respetando principios y normas de la Convención Europea sobre los Derechos Humanos. Olaechea Cahuas fue absuelto en el Perú de los cargos que se le imputaban y hoy se encuentra en libertad. La justicia peruana quedó en ridículo.

Otro caso emblemático en torno a la extradición es el de Mónica FeriaTinta. Esta abogada que vive como refugiada en el Reino Unido desde años fue detenida en Alemania en el 2008 por una orden de captura de la policía peruana por terrorismo. A Feria Tinta se le acusa de haber pertenecido al Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso, por haber acompañado a un equipo del canal británico “Chanel 4” para hacer un reportaje sobre la guerrilla maoísta. Ella fue capturada en el 1992, torturada y encarcelada; sobrevivió a la masacre de Canto Grande en 1992 en la cual fueron asesinados selectivamente 100 presos y presas de los cuales los servicios de inteligencia peruanos presumían tenían puestos de importancia en la organización. Feria Tinta fue puesta en libertad en el 1995, salió del Perú y se refugió en Gran Bretaña donde ha hecho carrera como jurista e investigadora. La orden de extradición del Estado peruano contra Feria Tinta fue un acto de venganza porque ella había recibido un premio de la Fundación Grubber de los Estado Unidos. Feria Tinta había, además, ganado un jucio al Estado peruano por tortura e injusta prisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. El pedido de extradición de Feria Tinta fue denegado por la justicia alemana. Otro ridículo más.

Como en el caso de Feria Tinta todos los pedidos de extradición del Estado peruano han sido rechazados. Y es que los jueces de los países receptores de estas solicitudes de extradición no pueden acceder a pedidos de extradición violando preceptos jurídicos internacionales. En la mayoría de los casos, los delitos por los cuales se persigue a las víctimas ya han prescrito en los países receptores de las solicitudes. Esta es una de las principales razones por las cuales las solicitudes de extradición son rechazadas. En la mayoría de países el delito de terrorismo prescribe entre los 15 y 20 años. Esto demuestra lo fachistoide de la legislación antiterrorista peruana. En el Perú prescribe a los 30 años. La otra principal razón por la que los pedidos de extradición ha sido rechazados es porque no ha existido proporción entre la pena que le espera al perseguido y los delitos que se le imputan. En la mayoría de los casos, es grotesco que a una persona se le pretenda meter 20 años o más a la cárcel por hechos que no corresponden a la magnitud de tal pena, como acompañar a un equipo periodístico como fue en el caso de la acusación que pende contra Feria Tinta.

Imagínense un juez que se oriente mínimamente a principios de un estado de derecho democrático-liberal. Este juez tiene que ver un pedido de extradición del Estado peruano contra una persona acusada por el delito de terrorismo . Esta persona ya estuvo, en muchos casos, en una cárcel donde purgó una condena. Para colmo esta persona fue sobreviviente de torturas y masacres en las cárceles. Esta persona es víctima, en muchos casos, de daños sicológicos y físicos por la tortura, carcelería y exilio. Este juez sabe lo difícil que es vivir en el exilio, sin poder regresar al país de origen y con todas las limitaciones de orden socio-económico y sicológico que ello implica. Este juez se informa y se entera que el Perú tiene una legislacion antiterrorista de excepción, draconiana, que viola principios fundamentales de un Derecho Penal de un ordenamiento jurídico democrático y que es constantemente reforzada aunque ya prácticamente no exista actividad guerrillera. Se entera que el Estado peruano ha sido condenado reiteradas veces por faltar al debido proceso en casos de acusados por terrorismo. Este juez se entera que en el Perú el Poder Judicial es una máquina de venganza para aplastar cualquier protesta, aun cuando se trate del pasado y tenga algo que ver con el pasado de las guerrillas. Este juez se entera que hay un proyecto de ley que le dicen del “negacionismo” que es un atentado flagrante contra la libertad de pensamiento y expresión. Y este juez se entera que en lo que va del gobierno del cachaco Humala ya son casi 20 las personas asesinadas en el marco de protestas sociales. Obviamente que este juez, si posee un mínimo de conocimientos de derecho internacional y ética profesional va a rechazar el pedido de extradición. Y así ha sido en todos los casos.

En el caso de Echarri Pareja estamos ante un caso similar. El agraviado fue detenido en el Cuzco en 1981 bajo el cargo de terrorismo. En 1986 sobrevivió a la masacre del Frontón. Después continuó su carcelería en una prisión del Cuzco. Al cumplir su condena salió de prisión y se refugió en Bolivia. En este país, los refugiados peruanos han recibido una serie de malos tratos y persecuciones lo que ha motivado que muchos de ellos soliciten refugio en otros países. Años después, buscaría reasentamiento como refugiado en Argentina. Producto del ataque militar de la masacre de El Frontón tiene serios problemas de salud. Esta biografía no le basta al Estado peruano sino que busca eliminar a quienes pretendan enfrentársele. En el caso de Echarri Pareja, es evidente que es un acto de venganza por las supuestas vinculaciones que tendría el perseguido con el MOVADEF en Argentina. Nada más necio para el Estado peruano ni para el cachaco Humala porque el MOVADEF hace esfuerzos denodados por ser aceptados en la podrida clase política peruana; hasta apoyaron la candidatura del cachaco Humala. Pero el Estado tiene una razón superior, la que es criminalizar la protesta ensañándose con personas como Echarri Pareja que ya han sufrido cárcel, tortura, persecución y exilio.

Desde el punto de vista jurídico es evidente que Echarri Pareja, al igual que todos los casos anteriores, no podrá ser extraditado. El Estado peruano se esmera en hacer el ridículo a nivel interncional. Por más que se esfuercen los abogados del Poder Judicial en presentar cuadernillos de extradición decentes, estos son rechazados porque hacen aguas por todos lados. Los jueces de tribunales alemanes, italianos y españoles se rien ante el mamotreto de cuadernillos que reciben del Perú. Deberían sentir vergüenza los letrados peruanos por dejar tan mal paradas a sus instituciones. En países más desarrollados como los de la Europa rica esto sería un escándalo. La prensa y organizaciones de la sociedad civil preguntarían, ¿qué hacen empleados públicos desperdiciando su tiempo de esta manera sabiendo que esos pedidos de extradición serán rechazados? Es decir, ¿qué hacen desperdiciando sus sueldos que son pagados por los impuestos de los contribuyentes que somos nosotros? Esto llamaría a una fiscalización profunda de los actos de estos empleados públicos. En vez de hacer del Poder Judicial y el Estado peruanos el hazmerreír internacional, los empleados del Poder Judicial deberían dedicarse a resolver tanto caso que empolva durante años alicaídos estantes del Palacio de Justicia. ¿Cuántas personas están en prisión sin sentencia durante años? Esto sería más productivo en vez de dejar en ridículo al Estado peruano y sus jueces ante la comunidad jurídica internacional. Pero esto poco le interesa al Poder Judicial que prefiere declarar la excarcelación de los asesinos Martín Rivas y José Alarcón del Grupo Colina como lo ha hecho esta semana. Esto termina de pintar de cuerpo entero al fachistoide Estado peruano y su hediondo Poder Judicial.

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