16 de marzo de 2018

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PERU: PARLAMENTO, BURDEL Y PROXENETISMO

El Diario Internacional.

23 de septiembre de 2012

Varias veces hemos dichos desde aquí que el parlamento peruanos es un antro, algo así como el desagüe de la sociedad. Hemos afirmado que en su interior hay todo tipo de delincuente común. Esta poblado de ladrones, violadores, coimeros, criminales, estafadores, narcos, drogadictos, ete,etc.

Ahora la misma prensa peruana ha entregado el nombre, con foto y todo, de un parlamentario y proxeneta. Este proxeneta (en Perú le dicen “legislador”) se llama Néstor Valqui y en 2008 fue sentenciado a dos años de prisión por proxenetismo. Este “legislador” fujimorista, junto con su esposa, es el propietario de un burdel (club "Calusa) ubicado en Cerro de Pasco. Ahí en esa casa de meretricio, el tal Valqui se dedicaba a vender los favores de las mujeres que prestaban sus servicios en dicho antro. Una de las mujeres ha declarado que Valqui recibía mas del 70% de lo que pagaba un “cliente” por los servicios de sexo.

Este “parlamentario” hace parte del grupo político de Fujimori. Este “angelito” que el Estado mantiene como un rey, tiene un grueso expediente en la policía y en el poder judicial por proxenetismo. Lo peor de todo es que este “legislador”, a pesar que había sido condenado por proxenetismo, seguía combinando su “labor” de parlamentario y la del proxeneta en Cerro de Pasco.

Lo mejor de todo es que los parlamentarios en “solidaridad” con su compinche lo han defendido. Y como ha escrito Mónica Castro. “Que siga trabajando en el Congreso ese proxeneta de Valqui, es el lugar idóneo, por que ese lugar es el burdel más grande del Perú”. O como dice otro peruano indignado con este tipo de corrupción: “Que le diferencia a este individuo de cualquier delincuente común y corriente?, solo el hecho de ser congresista de haber engañado a sus electores y al Perú, esta clase de personas deben de ser expulsados del circo que se llama congreso”.

Aquí la noticia publicada por un medio peruano y firmada por Jonathan Castro.

EL CASO DEL PARLAMENTARIO PROXENETA

Por: Jonathan Castro.

El caso de Valqui se vio en sesión reservada sin motivo alguno. Sirvió para que los congresistas lo defiendan de espaldas a la población.

Legislador ocultó a sus electores la sentencia que recibió en el 2008 por este delito. Investigación de la Comisión de Ética estableció que Valqui continuaba estrechamente vinculado a esta ilícita actividad. El Congreso, sin embargo, increíblemente lo salva.

La Comisión de Ética del Congreso hizo un prolijo trabajo de indagación de la relación del legislador fujimorista Néstor Valqui con el night club "Calusa", ubicado en la localidad de Yanacancha, en Cerro de Pasco. Este esfuerzo, sin embargo, fue tirado por la borda por el Pleno del Congreso el lunes último. Como se sabe, en una de las inspecciones de fiscalización de la municipalidad, se encontró a tres mujeres en el local que no portaban ni DNI, ni registro sanitario. Y se presume que eran prostitutas. En su descargo, Valqui ha reiterado en varias ocasiones que la cuestionada propiedad pasó a manos de Arturo Cóndor Araujo en enero del 2009.

En el 2008, Néstor Valqui Matos fue sentenciado a dos años de pena privativa de libertad y al pago de 500 nuevos soles por el delito de proxenetismo. Dos prostitutas testificaron en contra de Valqui. Ellas afirmaron que tenían que pagar cuarenta soles a la administración de la discoteca para salir a mantener relaciones sexuales con los clientes.

La pena fue suspendida por un año bajo reglas estrictas de conducta: que comparezca ante el Juzgado, que no se ausente de su lugar de residencia, que no vuelva a cometer delito, que no concurra a lugares de dudosa reputación y no lleve consigo objetos con los que se podría consumar otro delito. Valqui apeló y la Sala Mixta de Pasco ratificó el fallo de proxenetismo en agravio del Estado e incluyó a su esposa, Edy Marlene Estrada Atencio.

Pero la pareja no aprendió la lección. Así lo constató la Comisión de Ética, cuando personal de dicho grupo de trabajo visitó el distrito de Yanacancha, donde se encuentra la discoteca “Calusa”, el 2 de enero de este año y tras revisar expedientes judiciales y recoger el testimonio del alcalde de la municipalidad distrital, concluyó que el legislador continuaba ligado al mencionado establecimiento nocturno. Al recabar la partida de su matrimonio con Edy Estrada Atencio, constataron que la relación es de régimen de sociedad de ganancias, y no de bienes separados, como Valqui había asegurado públicamente.

También encontraron que existen actas de constatación de cuatro fiscalizaciones realizadas a la discoteca "Calusa" los días 19 de agosto, 1° de setiembre, 16 de noviembre y 1° de diciembre del 2011, después de que Valqui había jurado al cargo de congresista. En dichos documentos, su esposa figura como dueña de la licencia de funcionamiento de la discoteca.

Además, el informe de Ética señala que "se tomó cuenta de las irregularidades halladas en el Libro de Contribuyentes, en el cual la inscripción del ’Night Club Discoteck Calusa’ había sido adulterada, al haberse reemplazado la foto de Edy Marlene Estrada Atencio y cambiado su nombre como titular de la licencia, por la foto y el nombre de Arturo Cóndor Araujo". La comisión sindica a Cóndor Araujo como un presunto testaferro, pues el monto por el que se endeudó para realizar dicha compra no se justifica con su sueldo como maquinista de minas, que bordea los dos mil soles mensuales.

Se trataría de una venta ficticia. Valqui sostuvo que no tenía relación con Cóndor Araujo. Pero en el Certificado de Defensa Civil otorgado a la discoteca el 2 de agosto del 2007, Cóndor figura como administrador del local.

La Comisión de Ética comprobó que la esposa del congresista continuaba relacionada al night club "Calusa". Edy Estrada siguió presentando escritos a la Municipalidad de Yanacancha en los que se presentaba como propietaria o administradora, luego de la supuesta venta del inmueble. Sobre ese punto, Valqui sostuvo que habían falsificado la firma de su esposa en dichos escritos. Aunque la Municipalidad del distrito le envió una carta el 3 de junio del 2011, en la que le manifestaba que había incurrido en una infracción al pretender cambiar de nombre a la discoteca por "Calle 8". Ella respondió que el inmueble aún era de su propiedad. Adjuntó las copias de las licencias de funcionamiento a su nombre y su DNI. Las tasas para hacer los trámites fueron pagadas a su nombre.

El otro punto clave es que Edy Estrada recién solicitó la baja de la licencia "Calusa" el 21 de setiembre del 2011, dos días después de la primera denuncia periodística y dos años y ocho meses después de la supuesta venta. La explicación que encontró la Comisión es que la municipalidad ya no estaba otorgando licencias para el funcionamiento de discotecas en esa zona, y "esto confirmaría el evidente interés de la esposa del congresista por mantener funcionando dicho local, aunque supuestamente ya lo habían vendido”.

El informe del caso Valqui sostiene que el hostal que funciona en los pisos superiores del inmueble en cuestión es utilizado por las prostitutas que laboran en la discoteca. Además, el hostal ha sido conducido por personas allegadas políticamente al congresista. Inicialmente, el hostal "La Joya" fue administrado por Abel Luis Fiol Aliaga, quien el 2006 postuló para Consejero Regional por el Partido Nacionalista.

Posteriormente, el local nocturno fue administrado por Cristina Colca Torres, quien también postuló junto al ahora congresista en las elecciones del 2006. El local ha permanecido en condición de "activo" hasta el 20 de diciembre del 2011.

Lo que resulta extraño es que los congresistas Juan José Díaz Dios y Mauricio Mulder no firmaron el informe final del caso y votaron en contra de la suspensión, pese a que en las anteriores sesiones de la comisión se mostraron conformes con el trabajo del grupo de legisladores.

Con la decisión del Pleno de archivar la denuncia, también se archivaron los pedidos para enviar copias certificadas de todo lo actuado al Ministerio Público y la formulación de una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por existir indicios de la comisión de los delitos de lavado de activos y contra la fe pública y contra la libertad sexual. Durante la sesión del último lunes algunos parlamentarios intentaron pedir la reconsideración de la votación pero no tuvieron éxito.

En tanto, el presidente del Congreso, Víctor Isla, sostuvo que la opinión pública deberá evaluar a los congresistas que mintieron en sus Hojas de Vida, pero que respetará la decisión de la mayoría del Pleno. Mañana jueves el Pleno del Congreso discutirá la reconsideración de las votaciones de los suspendidos Emiliano Apaza y Alejandro Yovera.

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