16 de marzo de 2018

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MATANZA DE LOS PENALES 1986, DEMOCRACIA Y REVOLUCION EN EL PERU

Mauricio Quiroz.

25 de junio de 2011

Al Dr. Cecilio Glandel y al Prof. Osvaldo Arévalo, asesinados en los Penales en 1986, cuyas enseñanzas en las aulas y los gremios de Paramonga y el Norte Chico siguen dejando huellas imperecederas.

Hoy se cumple 25 años de una cruel matanza que enlutó al Perú y al mundo que ocurrió el 18-19 de Junio de 1986 durante el gobierno aprista de Alan García y que según todas las evidencias lo sindican como autor del ingreso de las Fuerzas Armadas (1). Fue este quien ordenó que a sangre y fuego se debele un motín de los presos políticos y prisioneros de guerra del Partido Comunista del Perú en los Penales de San Pedro (Lurigancho), San Juan Bautista (El Frontón) y Santa Bárbara -cárcel de mujeres- del Callao.

Valga la oportunidad, entonces, para recordar los aspectos coyunturales y estructurales de este hecho que- al igual que el ocurrido en las últimas elecciones presidenciales- desnudó la esencia fascista de los medios de comunicación, partidos políticos y un presunto régimen democrático que por esos días recibía a los partidos miembros de la Internacional Socialista en un Congreso que se celebraba en Lima.

Al cierre del año 1985 el Estado peruano catalogaba a 974 detenidos en las cárceles peruanas como presos por delito de terrorismo (2) de los cuales 696 se hallaban en cárceles limeñas. Delito tipificado por el Decreto Legislativo Nº 046 del 10 de marzo de 1981 dictado ante la creciente actividad guerrillera del PCP en el campo peruano, particularmente en su sierra central, con epicentro en Ayacucho.

Antes de 1986, la Comisión de Paz formada por el Presidente Alan García a través del prestigioso Dr. Fernando Cabieses señalaba que el Perú estaba en estado de guerra civil, lo que ocasionó las iras del ultraderechista diario Expreso en su edición del 11 de noviembre de 1985.

Dichos presos acusados de terrorismo se amotinaron demandando el cumplimiento de actas firmadas con Autoridades del Gobierno de turno y porque descubrieron un plan macabro para asesinarlos masivamente aprovechando de un pretendido traslado al Penal de Canto Grande, en la creencia de que allí estaba el cuartel general del PCP-Sendero Luminoso, uno de cuyos promotores fue el presuntamente liberal Manuel D’Ornellas (3):

[…] adoptar medidas inmediatas y eficaces para contener el avance de la violencia subversiva. Consisten en lo siguiente:1) Sacar al estado mayor terrorista de El Frontón. 2) Someter a los sospechosos de terrorismo al fuero militar. 3) Aumentar la penalidad a que son acreedores”.
[…]

Y fue el Poder Judicial el que confirmó este plan el mismo 18 de Junio de 1986 cuando un Juez del Callao admitió un recurso de amparo promovido por los presos políticos del Penal de El Frontón (4) que alertaba de un genocidio del gobierno contra los presos políticos y prisioneros de guerra. No era casualidad inclusive que el 16 de Junio de dicho año en una entrevista publicada en la Revista OIGA Nº 284 el General EP Luis Cisneros Visquerra auspiciara la muerte de los presos políticos. La entrevista fue patética:

[…]
- [OIGA] “En una suerte de show televisivo desde El Frontón, protagonizado por el ex director del INPE, los delegados senderistas presos dijeron que preferían estar muertos antes de ser trasladados a Canto Grande. Qué opina de eso?

- [General Cisneros] Que hay que darles gusto… Es uno de los pocos gustos que les podemos dar a los subversivos. Si ellos así lo prefieren, que firmen un acta y que se proceda. El Estado satisfará sus deseos personales”.
[…]

El 16 de Junio, señala el historiador Alberto Flores Galindo (5), inclusive el antropólogo Antonio Díaz Martínez (6) alertó de este genocidio promovido por Alan García. Y no le faltaba razón pues desde que el Presidente García asumiera el mando presidencial en 1985 como en las postrimerías del gobierno del Presidente Fernando Belaúnde Terry, las fuerzas policiales fueron utilizadas para asesinar en los penales peruanos a los presos políticos y prisioneros de guerra conforme tuvo que detallar la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación (7):

[…]
- “El 3 de abril de 1985 se produjo un motín en el penal San Juan Bautista (El Frontón) durante el cual los internos por terrorismo tomaron como rehenes a ocho funcionarios penitenciarios. Luego de un diálogo con una comisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), los rehenes fueron liberados. El Director General del INPE Germán Small declaró que en ningún momento corrieron peligro ni sufrieron maltrato.

- “El 13 julio de 1985 se produjo un motín simultáneo en los penales de Santa Bárbara, San Juan Bautista (El Frontón) y San Pedro (Lurigancho), durante el cual los internos tomaron seis rehenes y se apoderaron de sus armas de fuego. El conflicto fue resulto el 17 de ese mes mediante la firma de un acta de acuerdo de 24 puntos suscrita entre los internos y autoridades judiciales, del Ministerio Público, funcionarios del INPE, el Director del Penal San Juan Bautista, abogados, familiares de los internos y el Jefe del destacamento de la Guardia Republicana del mencionado penal. Los reclusos liberaron a los rehenes y entregaron el armamento capturado.

- “El 04 de octubre de 1985 se produjo un motín en el penal de Lurigancho. El Ministro de Justicia Luis Gonzáles Posada informó que el motín fue provocado por reclusos acusados de terrorismo con el propósito de evitar una requisa de armas en el penal. Este motín provocó la muerte de alrededor de 30 internos del denominado “Pabellón Británico”. El 31 de octubre de 1985, los internos por terrorismo y las autoridades firmaron una segunda acta en la cual acordaban respetar la primera suscrita en el mes de julio.

“Los internos iniciaron acciones legales en las que denunciaban el incumplimiento de las actas suscritas por parte de las autoridades, así como un “plan genocida” destinado a su eliminación física. El 29 de noviembre, los internos del Penal San Pedro denunciaron ante el 15º Juzgado de Instrucción de Lima la existencia de un plan de aniquilamiento.

El 21 de mayo de 1986, los internos de penales de Santa Bárbara, San Juan Bautista y San Pedro interpusieron una acción de amparo contra el Ministro de Marina Vicealmirante AP Julio Pacheco Concha; el Ministro de Justicia Luis Gonzáles Posada, el Ministro del Interior Abel Salinas y el Presidente del INPE Manuel Aquézolo, que fue declarada fundada por el 15º Juzgado Civil de Lima respecto al Ministro de Marina.

El 27 de mayo de 1986, los internos del Penal San Juan Bautista denunciaron ante el Juez de Ejecución Penal el incumplimiento de las actas y la pretensión de trasladarlos al penal de Canto Grande.

Antonio Díaz Martínez, dirigente de Sendero Luminoso, denunció un “plan genocida”.
[…]

La demanda de los detenidos políticos, inclusive, era atendible conforme puede verse en el Anexo 1 que listamos líneas abajo y lo que sigue siendo condenable, también, es el tratamiento de la desaparición de los cuerpos de los asesinados. Así lo hizo con el cuerpo del Comandante Luis De la Puente Uceda, jefe del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que dirigió las primeras guerrillas marxistas en el país.

El Estado peruano siguiendo la vieja práctica del colonialismo español de quemar y borrar toda huella lo ha realizado con los asesinados en los penales en 1986. En primera instancia los muertos fueron llevados a distintos cementerios y enterrados clandestinamente y recién gracias a intervenciones internacionales se van hallando los cuerpos en algunos cementerios pero la gran mayoría se encuentran todavía como no identificados.

Conforme anuncia uno de los jueces que verá el caso del genocidio del Penal El Frontón, caso ya judicializado en el país, el Dr. Ricardo Brousset, será en Agosto del 2011 que se inicie el proceso contra los militares que cumpliendo órdenes impropias del poder político asesinaron en los referidos Penales y estamos seguros que luego continuará con los mandos políticos del Estado peruano que ordenaron este genocidio desde el Consejo de Ministros del 18 de Junio de 1986.

No se crea que la judicialización de este caso- como el que ya culminó: la Matanza de los Penales de 1992, contra el japonés ex-Presidente peruano Alberto Fujimori donde asesinaron selectivamente a decenas de presos políticos, entre otros, Janet Talavera, la valiente Directora del periódico “El Diario”- ha sido tarea fácil para los familiares de los presos políticos y la verdad histórica.

Para el caso de la matanza de El Frontón que directamente involucra a la Marina de Guerra peruana- y que estuvo dirigida por el hoy congresista Almirante AP Luis Giampietri- conforme refiere el diario El Comercio en su edición del 17 de Junio del presente (8)- fue recién en agosto del 2000 cuando deudos de los internos Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera –declarados inocentes en 1987 de los cargos por terrorismo– obtuvieron un fallo favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que El Frontón pasó de ser un caso cerrado para la justicia militar a debatirse en el fuero civil.

Pero no fue sola la orden directa del Presidente García, la intervención de Agustín Mantilla, secretario personal de entonces del Presidente García, o de los efectivos de la Marina y otras fuerzas militares y policiales, la que ocasionó esta terrible tragedia. Hubo otros actores que para baldón de la historia política peruana también fueron coautores mediatos, en el estilo del derecho penal burgués inaugurado en las calificaciones del megaproceso seguido al Dr. Abimael Guzmán, Jefe del PCP; o al propio Alberto Fujoimori, cabecilla del Estado peruano 1990-2001, condenado por genocida, secuestrador y corrupto. Y es que ocurrió como valientemente lo denunció Flores Galindo, que la decisión de intervenir a sangre y fuego en los Penales fue informado el entonces Alcalde de Lima, Alfonso Barrantes, el ex Presidente Fernando Belaúnde y el Presidente de la Corte Suprema (9).

La matanza de los penales en 1986 contra los presos políticos y prisioneros de guerra del PCP colocó al Perú en la cresta de las mayores matanzas de presos políticos en el mundo. No existe precedente ni antaño ni posteriormente. No es comparable a la matanza por los militares argentinos del 22 de agosto de 1972 de los 19 presos del penal de Trelew pertenecientes al Ejército Revolucionario del Pueblo-ERP que dirigió Santucho, los Montoneros y la FAR.Fuerzas Armadas Revolucionarias ni el de los 22 presos políticos asesinados en Margarita Belén por militares argentinos el 13 de diciembre de 1976, todos ellos pertenecientes a la Juventud Peronista, el Partido Auténtico y la Liga Agraria. Ni al ocurrido entre Agosto y setiembre de 1988 en Irán contra militantes comunistas.

Sin embargo, la responsabilidad delictiva y política de quienes ordenaron el asesinato desde el Estado peruano no debe llevar a los peruanos a recordar sólo a quienes se inmolaron sino, sobre todo, a recordar que la construcción del nuevo orden en el Perú y el mundo es una tarea pendiente; y, para ello es indispensable, la revolución social.

Y no hay revolución social sin la captura del Poder Político por el pueblo, por el proletariado, por las clases populares.

En honor a los peruanos que cayeron en los penales (Ver Anexo 2) y a los miles de asesinados por haberse rebelado contra el viejo orden terrateniente burocratico, presentamos las adjuntas dos notas.

Una, proviene de Alberto Flores Galindo que constituye una reflexión sobre los hechos que acontecieron en el Perú de 1986 y la perspectiva frente a la latente crisis orgánica del stablishment. Allí puede observarse que de las muertes ocasionadas en el enfrentamiento entre las huestes del PCP y del Estado Peruano hacen recaer la mayor responsabilidad en el Estado peruano, pese a que con la CVR y otros apologistas se pretende hacerla descansar en el PCP.

Otra, de nuestra autoría- sobre la necesidad de una Amnistía Política para los presos políticos y prisioneros de guerra- donde reiteramos también que fue el Estado peruano el mayor responsable de los peruanos asesinados durante dicho enfrentamiento armado.

Artículos que consideramos siguen vigentes en el Perú hirviente de estos días donde el triunfo del humalismo abre las compuertas de un nuevo escenario para la lucha de clases.

MATANZA DE LOS PENALES, DEMOCRACIA Y REVOLUCION EN EL PERU

Alberto Flores Galindo (10)

El papel de los militares y la precaria democracia peruana terminaron reencontrándose ante el problema planteado por el surgimiento de una alternativa violenta.

Antes de que fueran conocidos los resultados del proceso electoral de 1980, en una lejana localidad ayacuchana, el pueblo de Chuschi, una columna guerrillera del llamado Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso) destruyó las ánforas en una verdadera declaratoria de guerra a la República. Sí se hubiera tratado de un grupo de –alucinados, a esta altura el problema habría sido solucionado.

En 1965, con la ayuda de helicópteros y del napalm, las fuerzas armadas destruyeron en seis meses a los focos guerrilleros. Esta vez, el fenómeno se prolonga por más de seis años y no tiene visos de terminar en el corto plazo.

Para el ejército, enfrentar a la subversión significa únicamente la búsqueda en el más breve plazo y por los medios que sean, de su derrota militar. Pero, queriendo los senderistas realizar la metáfora de Mao de estar como peces en el agua, no queda otra alternativa para la estrategia militar, que enturbiar esas aguas, separando a quienes apoyan a los militares de quienes están del otro lado. No importa el costo social. Un general en retiro, constituido en vocero de los sectores más conservadores de las fuerzas armadas, ha dicho que si para eliminar tres senderistas es preciso matar sesenta personas, no hay que tener ningún reparo (11).

Aquí sí han confluido palabras y hechos. Cuando en 1983, el gobierno democrático del arquitecto Belaúnde encomienda al ejército el orden interno en las provincias ayacuchanas, la guerra iniciada por Sendero Luminoso cambiará de manera cualitativa. Para demostrarlo, limitémonos a una lectura casi aséptica de la información oficial: un recuento de los comunicados que han venido saliendo en los periódicos y revistas. Son cifras oficiales. Deben ser leídas con precaución, porque en ocasiones los requerimientos de la táctica militar, pueden exagerar las bajas y, en otras, disminuirlas.

Hasta 1983, los muertos a causa de la violencia política en el país llegaron a la cifra de 165 y los heridos a 199.

Sólo durante los doce meses del año siguiente los muertos ascendieron a 2,282 mientras los heridos apenas a 372. Una guerra casi sin prisioneros y sin heridos. Sólo muertos: 20, 30, 50, como se iba sumando en los lacónicos comunicados militares.

El cambio guardó relación directa con la intervención de las Fuerzas Armadas. Al terminar 1984 las bajas superaban a 4 mil 500 muertos, la gran mayoría clasificados como senderistas y civiles, entre los cuales sólo menos de un centenar eran soldados y policías.

Durante la actual administración política, aunque el número de víctimas ha decrecido, la violencia prosigue siempre con una cantidad superior de muertos en relación a los heridos y de civiles en comparación con las fuerzas del orden.

Entre agosto de 1985 y setiembre de 1986, las cifras oficiales indicaban mil 737 muertos, de los cuales 979 eran presuntos terroristas y 676 eran civiles (12). Al terminar este año la cifra acumulativa de muertos bordea los 7 mil. Están allí incluidos muchos jóvenes, pero también menores de edad, hasta niños, sin olvidar a los ancianos (13). Una guerra que ha arrasado con poblaciones enteras en Ayacucho.

Muchos se han visto obligados a abandonar sus comunidades y huir a Ica o a Lima. Pero esta masacre tiene una dimensión cualitativa. El ingreso del ejército en 1983 significó iniciar la práctica de las “desapariciones” y el empleo de fosas comunes o “botaderos” de cadáveres.

Al terminar 1984, aunque el epicentro de este sismo social seguía estando en Ayacucho, el área directamente afectada por los enfrentamientos comprendía casi 89 mil kilómetros cuadrados y a una población de casi un millón y medio de habitantes.

En los dos últimos años, el fenómeno ha seguido propalándose. Lima es ahora parte de la geografía de la violencia política: toque de queda, estado de emergencia, patrullas militares por las calles.

El hecho más impactante tuvo como escenario a tres prisiones donde con algunos rehenes y escaso armamento, el 18 de junio de 1986 se amotinaron 375 presos acusados de “terrorismo”.

Al término del día siguiente, en el penal San Pedro (Lurigancho) todos estaban muertos; en San Juan Bautista (El Frontón) sólo sobrevivieron quince presos y dieciocho heridos; en Santa Bárbara -cárcel de mujeres del Callao-, en cambio, sólo se produjeron dos muertas.

El balance final arrojaba 272 muertos, de los cuales sólo 100 fueron enterrados. ¿El resto? En El Frontón no se tiene información sobre 146 cadáveres. Probablemente fueron pulverizados con la demolición y arrasamiento final de las cárceles. En esa prisión no quedaría una piedra en pie.

La lógica normal de una guerra -derrotar al enemigo- era sustituida por otra: aniquilarlo, no dejar el menor rastro.

[…]

Aunque es algo obvio decir que los senderistas son peruanos, no siempre se acepta este hecho. Tal vez sea útil, por eso, dar algunas referencias sobre los presos senderistas muertos el 18 de junio de 1986. La mayoría, 250, tenían entre 30 y 50 años. No extraña, dada la predominancia de jóvenes, que 38 por ciento hayan sido universitarios y estudiantes. Vienen después los obreros (17%), los campesinos (10%) y los ambulantes (9%).

[…]

Entre quienes optan por el cambio, la cuestión en debate es la capacidad del proyecto socialista para repensar la democracia y construir una sociedad nueva, en la que la abolición de las formas de explotación económica, sea una manera de controlar al poder central, garantizar a las organizaciones y doblegar al autoritarismo. Un verdadero desafío si se piensa en que se trata de combatir a los dominadores pero, sobre todo, a esos mecanismos impositivos y excluyentes que, como el racismo o el caudillismo, son parte consustancial al hecho de “hacer política” en el Perú y componentes en la cultura de sus clases populares. Tienen hondas y diversificadas raíces en nuestra tradición.

Por eso mismo, ninguna de las alternativas anteriores anula la persistente amenaza de una solución represiva de la crisis: restablecer el principio de autoridad, cuya ausencia lamentaban los empresarios desde tiempo atrás, recurriendo a imposiciones y sanciones a escala de todo el país, haciendo de cada ciudad un cuartel. Es la concepción de “paz” que aparece en un discurso oficial. En julio de 1986, el Presidente Alan García dijo en una conmemoración castrense que “... nuestras Fuerzas Armadas tienen que ser fuerzas de paz, paz como se ha mencionado hace algunos momentos, que reside en el poder, que reside en la fuerza”. La combinación entre militarismo y caudillismo no sería novedad en nuestra historia.

[…]

Hay que repensar la democracia en el Perú.

A su vez, la democracia exige repensar a la sociedad y a cualquier proyecto alternativo en su conjunto.

Sólo en la concepción liberal más ortodoxa, democracia es sinónimo de votos y elecciones y sólo en ella, la acepción del término queda confinada a la escena oficial y al mundo de los aparatos estatales.

Macpherson ha recordado cómo para algunos teóricos de la democracia –por ejemplo el ginebrino Rousseau- ésta no podía existir sin igualdad social y, entre las formas posibles de regímenes democráticos, ha incluido al modelo que entiende a la democracia como “participación”: en el taller, la fábrica y, desde luego, a escala de toda la sociedad.

Moses Finley –un pacífico profesor de Historia Griega-, señaló en unas conferencias dictadas en 1972, que la más penetrante definición de democracia probablemente sería una de las más antiguas, formulada por Aristóteles en la Política:

Parece mostrar la argumentación que el número de los gobernantes, sea reducido como en una oligarquía o amplio como en una democracia, constituye un accidente debido al hecho de que doquiera los ricos son pocos y los pobres muchos. Por esta razón (...) la diferencia real entre democracia y oligarquía es pobreza y riqueza. Siempre que los hombres gobiernen en virtud de su riqueza, sean muchos o pocos, estaremos ante una oligarquía; y cuando los pobres gobiernan, estaremos ante una democracia.

En un país de extrema miseria es una cita subversiva.

Democratizar el Perú significaría construir otro tipo de relaciones sociales y otra forma de organizar el poder. La democracia exige la revolución social.

Esto es así no sólo porque existe pobreza y miseria, sino sobre todo porque cada vez se admite menos la desigualdad.

Las crisis, como la que estamos padeciendo, no son únicamente ocasiones para el desaliento; también permiten ampliar las perspectivas y buscar nuevos caminos.
[…]

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