25 de octubre de 2018

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Sin limite ni leyes en la producción de caoba de la amazonia.

EXPORTADORES DE MADERA CAUSAN ESTRAGOS ECOLOGICOS EN LA SELVA.

Por: Fernando Reyes Espinoza*.

23 de junio de 2006

El alto precio en el mercado nacional de esta valiosa especie, ha generado que cientos o miles de extractores ilegales, promovidos por la voracidad de los exportadores; han violentado los Dispositivos Legales vigentes como la Ley Forestal y Fauna Silvestre Nº 27308, que en su Sétima Disposición Complementaria Transitoria VEDA POR 10 AÑOS la caoba y el cedro, en las cuencas del Yavarí, Putumayo, Tamaya y el Purus por ser especies en peligro, así como la Octava Disposición Complementaria, que determina que la caoba de otras cuencas podrá ser exportada, sólo si tiene valor agregado y/o en partes y piezas; es así que el INRENA se pone al servicio de la voracidad de los exportadores incumpliendo sus funciones de control estatal poniéndola en inminente peligro de extinción de caoba.

Las normas señaladas en el párrafo anterior, no han sido derogadas y se han buscado una serie de artimañas para legalizar dicha extracción, llegando a emitirse el Decreto Supremo Nº 019-2002-AG que dice: los concesionarios forestales que tengan planes de manejo aprobados podrán beneficiarse de la caoba y el cedro; dispositivo inconstitucional, ya que una norma de menor jerarquía no puede modificar la Ley.

Pero el caso de la caoba, no lo podemos ver como un problema aislado, muy por el contrario, es la causa y único fundamento para aplicar un proceso como el de las concesiones forestales, sin medir sus consecuencias y que al momento han generado gravísimos daños ecológicos, económicos y sociales a la Amazonia y sin ninguna posibilidad de reparación, ya que quienes intentar corregir tamaño despropósito son aquellos que implementaron el proceso, sabiéndose de antemano que era inviable económicamente y por ende sus consecuencias, en gran medida irreparables.

Si bien el proceso teóricamente sería lo ideal, nadie está contra el manejo y sostenibilidad del recurso; pero en bosques de gran diversidad (heterogéneos) como los nuestros, los rendimientos de madera aprovechable por hectárea que permitan cubrir los costos del proceso es bajísimo de 3 a 4m3 por ha., algunos expertos señalan que se requieren mínimo 10, 12 o más m3 por ha y llevándolo a la cantidad de especies por ha, deberían extraerse no menos de 18 especies por ha., pero en la práctica, sólo se extraen 5 o 6 especies, que son las que demanda el mercado; parámetro determinado por iluminados de la capital de la República.

Muchos cuestionamientos, aún están sobre el tapete referente al proceso y el concurso público que fue la modalidad para participar en el mismo, dándose muchas irregularidades, como modificación de la Ley con otros D. S. que permitió ampliar de 10 mil a 50 mil has., sin fianzas bancarias, sólo con Declaraciones Juradas que eran promesas y que han permitido que individuos que no tienen una motosierra, sean concesionarios con 50,000 has y que cuya producción se basa sólo en la venta de guías forestales, que se han convertido en el gran festín del negocio forestal, actividad que legaliza toda la tala ilegal de la región y con el visto bueno del Inrena, que si es concesionario, esta oleado y sacramentado de movilizar madera, no importando el origen y sobre todo, que los planes de manejo no han sido constatados en el terreno, se llenan en la computadora inclusive sin visitar su concesión.

Pese a todas las ’facilidades’ otorgadas por el Inrena que modifico las Bases Administrativas del Concurso Público, como que el 1er. Año no habrían Planes de Manejo sólo Informes, el pago anual por Derechos de Aprovisionamiento, los dos primeros años se convirtieron en uno, denominándolo zafra excepcional, fraccionamiento y facilidades en los compromisos con el Estado y por último, se les cobrará el 10% de toda la madera que extraen, pero mantienen la posesión de grandes áreas de bosques, especulativamente y sin garantías para el Estado; es decir, las reglas de juego del Concurso Público, han sido modificadas reiterativamente por el Inrena en complicidad con los concesionarios.

Esta ilícita actividad ha sido corroborada, con el mayor productor de los concesionarios del país, ejemplo para otros productores, inclusive llevándolo a Chile por FONDEBOSQUE para codearse con productores del vecino país; sucede que el mayor productor de maderas, es el mayor negociante de guías forestales del país, corroborado por técnicos del Inrena en diciembre último pasado, situación encubierto por el Inrena, que sólo por el destape de madereros de Pucallpa, se han visto obligados de aperturarle Proceso Administrativo y caducar su concesión; este sólo concesionario a LAVADO 700 camionadas de madera en 1 (año), no es exageración, más de 16,000 m3 de madera; ganador de un concurso de FONDEBOSQUE y beneficiario de miles de dólares no reembolsables; esto es una prueba fehaciente del dispendio y mal uso del dinero encomendado a Fondebosque para ’desarrollar’ la actividad forestal, actualmente no se ve casos concretos ni avances en establecer las denuncias penales que requiere estos hechos delictivos por no pasa nada y sigue con la venta de guías forestales ¿ se podría saber por que tanto amparo y protección a los malos concesionarios ?

El contubernio o colusión del Inrena, Fondebosque, WWF, la Mesa de Concertación Forestal y otras ONGs afines, sólo a servido para destruir el bosque; aceptándoles a los concesionarios que no reforesten sino que manejen la regeneración natural, lo cual es una barbaridad en extracciones masivas y sin el mínimo control y/o supervisión por parte del Estado, muy por el contrario carta libre para el saqueo.

El accionar de la WWF-Perú nos deja mucho que desear por que sus beneficiarios brindaron informaciones falsas en sus planes de manejos y falsificaron facturas y que lo ilógico es que el procurador del INRENA solo denuncio a los que quedaron fuera del proceso y no se les hace un real seguimiento a los beneficiarios del proceso de concesiones.

Este drama y desgracia ambiental, legal, social tiene que ser esclarecido y se debe sancionar ejemplarmente a quienes han permitido este daño a la amazonia.

Nuestra posición institucional es de velar por los recursos naturales de nuestra región ya que según esta ley forestal y la implementación de las concesiones dejaron sin actividad al 90% de trabajadores forestales y que actualmente no encuentran otra alternativa de ingresar a la formalidad, consecuente con nuestra labor institucional no amparamos la extracción ilegal de los informales al contrario lo venimos denunciando ante el mismo INRENA pero al existir quien les vende las guías forestales se seguirá con esta cadena de ilegalidad forestal.

Nosotros mismos expulsamos a 2 concesionarios de nuestra asociación por que fomentaban la venta de guías forestales y pusimos de conocimiento del INRENA esta ilícita actividad pero nunca paso nada ni siquiera una inspección de campo a fin de corroborar nuestra denuncia al contrario la misma protegió y blindo esta nueva modalidad de corrupción.

Asimismo en el evento que se realizo en Pucallpa sobre la CITES denunciamos ante el mismo JEFE DE INRENA sr Leoncio Alvarez y que se comprometió a subsanar estos vicios que degeneraron mas el proceso forestal.

Hasta el momento en múltiples ocasiones venimos solicitando información al INRENA de los record de producción y pagos de los derechos de aprovechamiento anual de los concesionarios y nos niegan o brindan información distorsionada ya que es injusto que con solo el pago 5 % sean propietarios de extensas áreas de terreno y que no vienen haciendo actividad de campo solo se dedicaron a la venta de guías forestales en las mismas puertas del INRENA que incluso recomiendan a quien puedan comprarle con el fin de blanquear la madera ilegal que incluso procede de territorio brasileño y reservas protegidas.

También ponemos de su conocimiento que ya se esta gestando una lluvia de denuncias al estado por no seguir dándole mas facilidades y estos inversionistas ya piensan devolverle las concesiones por que económicamente no le es rentable el trabajo de campo y ahora quien se ocupara de velar los intereses del estado

Ante semejante violación y amparo creemos lo mas conveniente es aplicar la ley y tomar las acciones preventivas a fin de cautelar los derechos estatales.

Asumimos esta tarea con responsabilidad cívica y social la vigilancia ciudadana forestal y es aquí que solicitamos su cooperación y apoyo a fin de crear y mejorar las condiciones forestales de nuestro país.

* Fernando Reyes Espinoza es coordinador institucional de AEMRU.

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