9 de diciembre de 2018

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EL APRA, LA POLICIA Y LA PRENSA CORRUPTA EN CONTUBERNIO CRIMINAL

PRONUNCIAMIENTO

27 de abril de 2009

Dirigido al:
Presidente de la República
Corte Superior de Justicia de La Libertad
Ministerio Público
Fiscalía de la Nación
Defensoría del Pueblo
Colegio de Abogados de La Libertad

Los familiares de las víctimas Ejecutadas Extrajudicialmente en La Libertad por efectivos de la Policía Nacional del Perú nos dirigimos a la opinión pública, al pueblo liberteño e instituciones del País con el fin de DENUNCIAR los crímenes, torturas, extorsiones y atropellos que vienen realizando los agentes de la policía en Trujillo desde el año 2007 y que en la actualidad (2009) continúan el mismo accionar en contra de la Asociación de Deudos y Víctimas Ejecutadas Extrajudicialmente por Efectivos PNP (ADVEE - pnp) y pueblo en general. Del mismo modo, MANIFESTAMOS NUESTRO RECHAZO a las versiones vertidas por algunos diarios y medios de desinformación coludidos con la policía y con los decretos legislativos 982, 983, 988 y 989; dispositivos autoritarios e inhumanos promulgados mediante Ley 29009 por el gobierno actual, el 28 de Julio del 2007.

Estos Decretos permiten que las Fuerzas Armadas y Policiales usen sus armas en contra de la población indefensa y sin prueba alguna de delito contra sus víctimas ajusticiadas, permitiéndoles de esta manera asesinar y torturar sin que estos puedan ser investigados, procesados y sancionados. Hasta ahora no han presentado las tan divulgadas “órdenes de captura” de nuestros familiares, mucho menos el fiscal que las hace, no se han presentado ante la justicia para dar sus manifestaciones, entorpeciendo de esta manera las investigaciones, no se presentan a la reconstrucción de los crímenes y en algunos casos frustran las diligencias fiscales.

La prensa cómplice y parcializada ha publicado la muerte de nuestros familiares como producto de enfrentamientos entre delincuentes y policías. El seudo diario Satélite y otros medios de prensa pre-digitados por la policía y cómplices se han prestado a esta campaña de patrañas y difamaciones en demasía y ensañamiento en contra del honor y dignidad de nuestras familias. Esto vulnera y contradice el principio de presunción de inocencia de toda persona, tipificado en nuestra Constitución y Códigos Jurídicos. No se ha realizado una investigación exhaustiva ni han cruzado información entre las partes involucradas, ésta seudo prensa no ha conversado con ninguna de las familias afectadas para dar su versión de los hechos, no han leído los informes forenses, mucho menos las versiones de los testigos, publicando sólo la versión policial y oficial. En ese sentido, creemos oportuno romper con ésta campaña de terror psicosocial y de encubrimiento, exigiendo que se publique la versión real y no la versión oficial, ya que ésta última favorece a la impunidad y a los violadores de los derechos humanos.

A nivel nacional el pueblo peruano ya va tomando conocimiento que en nuestra ciudad se ha desatado la más cruel y sanguinaria matanza selectiva de más de 46 personas por parte de efectivos policiales so pretexto de combatir la delincuencia como parte del plan integral implementado por el Gobierno mediante sus dispositivos, dirigido por el Ministerio del Interior y ejecutado por los “escuadrones de la muerte” en La Libertad. Estos decretos legislativos que criminalizan la protesta social y eximen de responsabilidad a la Policía al momento de reprimir a los ciudadanos, dejan ver el rostro abusivo, retrogrado y homicida del actual régimen. Hablamos de mecanismos que aprueban la aplicación de formas clandestinas de represión y que atentan contra el primordial derecho humano en el mundo; el DERECHO A LA VIDA. Del mismo modo, el derecho a la legítima defensa, a la libre expresión y al debido proceso si se señala de actuar en contra de la ley.

En el caso específico de La Libertad se ha dado una situación de excepción, produciéndose una serie de hechos que nos generan MUCHO DOLOR y nos muestra la verdadera condición de desigualdad e inseguridad que vivimos.

Desde el año 2007 en la ciudad Trujillo el Ministerio del Interior presidido, en aquel entonces, por Alva Castro conjuntamente con el general de la policía y el Sr. Octavio Salazar Miranda a través de sus Escuadrones de Emergencia en nuestra localidad pusieron en marcha un “plan integral contra la delincuencia en Trujillo” el cual tenía por objetivo acabar con la delincuencia. El mismo aprista ex Ministro del Interior daría declaraciones en un medio de información escrita local sobre este plan: “Hemos venido a combatir con firmeza a la delincuencia, pero necesitamos para eso el apoyo del Ministerio Público y del Poder Judicial”. Así mismo, con total descaro y sin reparo alguno, en otro medio periodístico se público una “lista negra o roja” de los supuestos delincuentes que debían ser “erradicados y combatidos”. Esto sucedió a vista y paciencia de autoridades judiciales, instituciones gubernamentales, colegio de abogados, defensoría del pueblo, fiscalía y organismos que deberían salvaguardar la vida, el debido proceso e integridad de los ciudadanos. De esta forma se continuó con el plan anunciado, y se efectuaron las más de 46 ejecuciones selectivas, las cuales después se presentaron ante el público liberteño y al país entero como “enfrentamientos”.

Creemos que este “Plan Piloto de Aniquilamiento Selectivo”, es un modelo policial reactivo – represivo y tiene correspondencia con los dispositivos promulgados por el gobierno; dispositivos que permiten a las FF. AA. y Policiales usar sus armas, secuestrar, torturar y luego ejecutar a personas y vivir bajo el amparo de leyes y tratos de impunidad. Somos los familiares, testigos y vecinos que presenciamos el modus operandi de los “escuadrones de emergencia” y vehículos particulares de la policía. En su mayoría, fue ir a las casas o en donde se encontraran sus víctimas (en algunos casos amenazarles previamente a su ejecución), detenerlos sin ningún argumento o documento que les permita hacerlo, subirlos a sus vehículos policiales empleando la tortura, amedrentamiento y abuso como medio disuasivo para luego hacerlos aparecer muertos en los hospitales, morgues u otro lugar, de ésta forma, no sólo, van contra todo derecho humanitario, constitucional, sino contra el nuevo código procesal penal en materia de Derechos Humanos implementado en nuestra ciudad. Estos Dispositivos de la Muerte permiten que los casos denunciados se archiven por medio de la Fiscalía Distrital encargada de hacer las investigaciones preparatorias (revisar los casos archivados en la fiscalía provincial penal corporativa de Trujillo donde hacen uso efectivo del dispositivo 982), demostrando una clara y abierta parcialidad con los responsables de la creación de estos dispositivos y los ejecutores de los crímenes; en consecuencia, acudiendo de esta manera al llamado que hiciera el Sr. Alva Castro en el 2007 al Poder Judicial y Ministerio Público.

Por otro lado, si queremos examinar estos terribles flagelos como son la corrupción, la delincuencia, abuso de poder, así mismo, sabemos bien que la pobreza, exclusión y miseria son temas no considerados o poco tocados a la hora de analizar nuestra real problemática social. Por citar un ejemplo mencionaremos el siguiente:

En el último informe sobre el mapa de pobreza, el instituto nacional de estadística, las naciones unidas y el banco mundial nos revelan que hay más de 10 millones de pobres en el Perú. Y esta La Libertad y Huancavelica, como los Departamentos más pobres del país, y existen cifras aún más alarmantes para La Libertad. En ese sentido, no están cierto lo que publicó la revista caretas en su informe del 6 de noviembre del 2008 sobre la justificación de la crecida de la delincuencia y violencia en Trujillo, donde menciona que: “el despertar económico de Trujillo dio pie al aumento de la delincuencia en la ciudad y la llegada de gavillas de diversas partes del país”. No obstante, nos preguntamos: ¿Cómo se concilian estos puntos de vista de entender la realidad? Nosotros creemos que el aumento económico no es para los más pobres y excluidos, como tampoco lo es el desarrollo, la seguridad ni el acceso a la justicia.

A manera de resumen concebimos que la creación de estos Decretos Legislativos 982, 983, 988 y 989 permitieron la ejecución del plan integral de lucha contra la delincuencia y el llamado “efecto sociológico” sobre la población de La Libertad, como diría en una entrevista el general de la policía (Becerra) de Trujillo en el pasquín satélite. La aplicación de los dispositivos se evidenció mediante las ejecuciones extrajudiciales y el archivamiento de las investigaciones de los crímenes por parte de la Fiscalía apoyados en estos decretos, encubriendo de esta manera los supuestos enfrentamientos y las condiciones reales de muerte de las víctimas, logrando así, que los miembros de la policía y los responsables políticos queden libres de denuncia penal, y por ende, de sanción efectiva.

Sin embargo, el gobierno actual ha invertido en la compra de 19 hectáreas y ha entregado la suma de casi Dos Millones de Nuevos Soles para la construcción la nueva y mejor Escuela de Sub Oficiales en alto Moche en la Provincia de Trujillo. En un discurso que Alva Castro, como ministro diera a la policía, reconoció que dentro de la misma institución policial existen lacras como la “corrupción, clientelismo, abuso e ineficiencia”. Por otro lado, si vemos el otro lado de la moneda, el gobierno actual, en Ciencia y Tecnología invierte el 0.0 %, en otras palabras, NADA!!!. No contamos con una central de sistemas e informática en Trujillo, tampoco con una biblioteca moderna y actualizada, en salud tampoco se cuenta con la tecnología y medicina necesaria para la población, el analfabetismo funcional, cultural y moral es un tema plenamente ignorado por el ministerio de educación y por el Gobierno Regional de La Libertad. Los escándalos de corrupción y violación de Derechos Humanos son contenidos que no están en la agenda anticrisis, ni en ninguna otra agenda, mucho menos el tema de la pobreza extrema, el desempleo, despidos masivos, la desigualdad, la injusticia e ignorancia generacional y la desesperación de un pueblo que lucha por salir del atraso que muchos no entienden y otros no quieren ver. ¿No será este el caldo de cultivo que genera el aumento de la delincuencia? ¿Por qué el gobierno invierte en corrupción, clientelismo, abuso e ineficiencia en vez de invertir en Ciencia, Tecnología, Educación y Cultura?

Cabe mencionar, también, que la delincuencia es un problema permanente que no tan sólo la realizan los sectores más pobres y poco instruidos, sino también, es practicada en los sectores pudientes y gubernamentales, tal es el caso de funcionarios del Gobierno, congresistas, autoridades, empresarios, etc. Sin embargo, el trato que se le da a una persona que ha cometido un acto delictivo que radica en zonas urbano marginales, está en relación a la condición económica y sociocultural que pertenece. Esto es incompatible en comparación a un funcionario público, político o agente del gobierno que delinque y es responsable de violar los derechos humanos y esta ligado a actos de corrupción, malversación de fondos, apropiación de bienes del estado, ejecuciones extrajudiciales o genocidio. Por poner sólo un ejemplo: el caso del Sr. Agustín Mantilla, que después de haberse unido a la mafia y corrupción recibiendo el dinero de todos los peruanos para su partido por parte de Vladimiro Montesinos, y luego haber estado preso, ahora se va reintegrar a la vida sociopolítica de nuestra localidad.

Para estos casos nos preguntamos ¿merecen ser torturados, ejecutados, desaparecidos o ser investigados, procesados y sancionados por sus delitos?

Ante todo lo expuesto:

Hacemos un llamado a unir más nuestras fuerzas, a batallar incansable e indesmayablemente por el derecho a la vida y a la Justicia. Convocamos a las diversas organizaciones de Derechos Humanos, centrales sindicales, colegios profesionales, trabajadores, estudiantes y demás sectores democráticos y comprometidos de nuestro país a que nos ayuden a continuar nuestra lucha, la cual no se detendrá hasta dar sanción ejemplar a los responsables, cómplices y difamadores.

¡Basta de Ejecuciones Extrajudiciales en La Libertad!
¡Viva la Vida y el Derecho al Debido Proceso!
¡Exigimos la derogación de los Decretos Legislativos 982, 983, 988 y 989!
¡Exigimos la Exhumación de los Restos de nuestros familiares para que se sepa la Verdad y se haga Justicia!
¡Exigimos Denuncia Penal contra los responsables políticos y policiales y su sanción efectiva!
¡Abajo los Decretos y el Escuadrón de la Muerte!

Atentamente.-
Secretaria de Prensa y Propaganda

Asociación de Deudos y Víctimas Ejecutadas Extrajudicialmente por Efectivos - PNP
“ADVEE-PERU”-

2009

“ADVEE-pnp”
Inscrita en Registros Públicos con N° 009732-08
Trujillo - Perú

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