16 de marzo de 2018

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El Apra protege al ex dictador.

PENA MAXIMA PARA EL CRIMINAL ALBERTO FUJIMORI

COORDINADORA CONTRA LA IMPUNIDAD

19 de febrero de 2009

PRONUNCIAMIENTO

La Coordinadora Contra la Impunidad (CCI) nace por una necesidad natural de la sociedad peruana de recomponer su tejido social desde sus bases. Es por eso que, en este esfuerzo confluyen estudiantes universitarios agrupados en diferentes colectivos, organizaciones políticas, familiares de las víctimas de la guerra interna y activistas de derechos humanos.
En ese sentido, nuestra labor es informativa y de denuncia constante, contra los atropellos cometidos durante el conflicto armado que sacudió al Perú desde la década de los ochenta. Contra las atrocidades perpetradas por los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori. Y de vigilancia en la actualidad pues lamentablemente los métodos heredados de estos (especialmente del último periodo mencionado) siguen vigentes hasta la actualidad y sabemos que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla.

Es por eso que, frente a la inminente sentencia judicial en el caso de Alberto Fujimori Fujimori, el responsable de uno de los más nefastos gobiernos de nuestra historia republicana, no podemos dejar de pronunciarnos y reafirmarnos en nuestro compromiso de exigir una sanción ejemplar para el jefe de una banda que utilizó el Estado para enriquecerse y para el que, consintió la sistemática violación de los derechos humanos, mediante las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares como Colina.

Así mismo, es el responsable del nivel de pobreza en el que hoy se encuentran millones de peruanos, por haber aplicado el modelo neoliberal y las recetas del Consenso de Washington. Además de haber comprado o amenazado a los dueños de los medios de comunicación para convertirlos en su aparato de propaganda estatal y así manejar su línea editorial.

La herencia de sangre, dolor y muerte, que en base a desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y genocidio dejaron los diez años de dictadura fujimorista y una ilegal Constitución Política –la que lamentablemente continúa vigente— que sólo servía para sus intentos de perpetuarse en el poder, no puede quedar impune.

Consideramos que aquello, que César Nakasaki –abogado del genocida Fujimori– denominó "pacificación del país", quiere decir que las violaciones a los derechos humanos contra la población peruana, estaba justificada, si con esta se lograba vencer a la subversión.

Esto demuestra el racismo y desprecio que tienen los que detentan el poder político y económico en el Perú contra nuestro compatriotas del interior del país. No es extraño que las cifras de organismos de derechos humanos nos señalan que alrededor del 70 % de víctimas del terrorismo estatal han sido los siempre invisibilizados indígenas y campesinos de los Andes y la Selva.

La crueldad con que actuaron las Fuerzas Armadas contra la población civil y desarmada es totalmente incompatible con las leyes y las normas de convivencia básica de una sociedad democrática. Esta "estrategia" también sirvió para eliminar cualquier intento de organización popular convirtiendo en terroristas a dirigentes sindicales, estudiantiles, campesinos y activistas de derechos humanos.

Y es esta receta la que sigue el gobierno actual : tener en su nómina mercenarios, rezagos de los mal llamados "servicios de inteligencia" que ahora convertidos en empresarios, han descubierto que la "seguridad nacional" es un negocio redondo. Crean campañas sicosociales que la prensa parametrada reproduce sin siquiera ir a las fuentes o cruzar información.

Esto le da un marco al gobierno para influenciar a la opinión pública contra los que salen a la calle a protestar por sus derechos, contra cualquier agrupación que denuncie su accionar. Es así que siguiendo el estilo de la dictadura fujimontesinista cambian las leyes de manera inconstitucional (con el pretexto de "proteger el sistema democrático") y han llegado a "criminalizar la protesta social".
Al actual gobierno aprista, presidido por Alan García, no le conviene que quede sentado un precedente de condena por responsabilidad política a un ex Jefe de Estado. Porque el siguiente a quien le caería una severa pena por crímenes de lesa humanidad, sería al mismo García.

Por eso estaremos alertas y combativos, exigiendo a las instancias judiciales, que la máxima pena –que es de 30 años— para violadores de derechos humanos sea la sentencia de Fujimori. Porque nadie puede pedirle al pueblo que pierda su memoria. Porque los peruanos exigimos que se acabe la impunidad y que se encarcele a los genocidas.

¡Porque sin justicia, no hay lugar para el olvido, el perdón, ni la reconciliación.!

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