21 de noviembre de 2014
- edicion 442

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PERU: NO A LA VENTA DE TIERRAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

COMUNICADO

2 de septiembre de 2008

El decreto ley 1015, aprobado el 20 de mayo 2008 por Alan Garcia, Presidente de la República del Perú, establecia que la venta y las inversiones privadas en las tierras de las Comunidades Indígenas y Campesinas de este país pueden ser autorizadas por el voto de una mayoría simple (la mitad de miembros más un voto), de los miembros presentes en las asambleas comunales. A fines de junio el gobierno frente a la viva reacción de las organizaciones campesinas, indígenas y de la opinión pública nacional e internacional, modificó este decreto legislativo, estableciendo que para la venta de las tierras comunales eran necesarios la mitad mas un voto de todos los miembros de las comunidades campesinas (DL 1073). Estos decretos modifican la ley 26 505 que exigía como requisito el voto del 66.6 % de los miembros calificados de cada comunidad para la venta de tierras comunales.

Alan Garcia ha decidido de pasar por la fuerza, sin contar con el acuerdo del parlamento, contra el artículo 89 de la Constitución que declara estas tierras comunales imprescriptibles, inalienables e inembargables. Sin respetar los convenios internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas firmados por el Perú, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Autóctonos, cuyo artículo 8 condena « Todo acto teniendo por objetivo o por efecto de desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos», asi como la Convención 169 de la OIT que impone a los gobiernos, consultar a los pueblos indígenas las medidas legislativas o administrativas que les pueden afectar.

Son más de siete mil comunidades y centenas de miles de familias de los Andes y de la Amazonía que están amenazadas por esta medida. Que como lo señala la AIDESEP (Asociación Inter-étnica por el Desarrollo de la Selva Peruana) pone en peligro la existencia de la propiedad comunal, y hace correr el riesgo de la desaparición de la comunidad o de una población indígena. Las tierras comunales en el Perú son la base material de la vida de las Comunidades Campesinas, institución ancestral, espacio de identidad social, económica y cultural de los pueblos indígenas, donde la vida se organiza en base a criterios democráticos y de justicia social, y la práctica de antiguas formas de trabajo en común de la tierra (minga, ayni).

Este decreto ley responde a una estrategia del gobierno peruano, que critíca el régimen tradicional de administración de las tierras colectivas, las grandes superficies no utilizadas en la Amazonía, asi como las protestas sociales y las reivindicaciones políticas de las ONG, de los movimientos sociales, de los sindicatos, etc. como los obstáculos principales al desarrollo económico y social del Perú. Con este decreto ley pretende acabar con estas «taras» de tiempos pasados para que el Perú entre definitivamente en la modernidad.

El Perú es un país rico en recursos naturales (minas, pesca, tierras agrícolas, selva amazónica), que se sitúan en grand medida en tierras comunales. El pais se ha convertido hoy en «El Dorado» de las empresas multinacionales. La corrupción de los dirigentes comunales por las empresas toma proporciones alarmantes. Los enfrentamientos entre los comuneros y las empresas son frecuentes. Los primeros denuncian los problemas de contaminación y de salud pública y las ambiciones de monopolio sobre los recursos naturales, la tierra, el agua por parte de las empresas. Estos nuevos decretos legislativos crearán una fuerte inestabilidad social, y abrirán la puerta a divisiones internas y conflictos entre los propios campesinos.

Pedimos al gobierno de Alan Garcia de :

Proceder a la anulación del Decreto ley 1015 y el Decreto ley 1073.

Velar por el respeto de los derechos humanos y sociales y las libertades democráticas de las «Comunidades Campesinas» una de las poblaciones más vulnerables y del pueblo peruano.

Modificar profundamente la política económica y el modelo ultra liberal de desarrollo del gobierno, que privilegia las inversiones privadas incapaces de armonizar el crecimiento económico y la justicia social, e incompatibles con la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible del país. Asi mismo pedimos al gobierno asumir su parte de responsabilidad en los graves problemas ambientales del planeta.

Nos solidarizamos con la Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA), con la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva del Peru (AIDESEP), la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por las Industrias Mineras en el Perú (CONACAMI), la Coordinación Andina de organizaciones Indigenas (CAOI), la Central Unica Nacional de Rondas Campesinas y los numerosos movimientos regionales (Loreto, Madre de Dios, Amazonas, Ucayali, San Martin, Puno, Cuzco, Apurimac, Ancash) y otros que están mobilizados para pedir la anulación inmediata de los decretos legislativos 1015 y 1073.

Paris agosto 2008

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