9 de diciembre de 2018

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GARCIA PEREZ, GIAPIETRI, GONZALO Y LA IZQUIERDA

20 de marzo de 2008

El artículo que a continuación reproducimos viene de la revista Mariátegui enviado por nuestros lectores del Perú. La nota es buena, pero seria mucho mas buena sino hubieran “olvidado” nombrar que en las masacres de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra en el primer gobierno de Alan García Pérez, tuvo cómplices en la izquierda, en la derecha por supuesto y en la iglesia católica del Perú. En efecto, nadie puede negar que Alfonso Barrantes Lingan líder de Izquierda Unida (IU) fue uno de los políticos peruanos que dio su “consentimiento” para que el gobierno ejecute la matanza de las prisiones en junio de 1986. Garcia antes de pasar a la accion consultó su plan sangriento con todos los responsables de los partidos legales. En esos momentos Barrantes Lingan era alcalde de Lima y tenia como brazo derecho también en la alcaldía a nada menos que a Henry Pease, que mas adelante seria el líder y candidato presidencial de IU. Tampoco se puede olvidar, salvo que se sufra de amnesia histórica, que fue con el voto de la izquierda unida que García Pérez llegó al poder. Y menos se puede olvidar que Alberto Fujimori se sentó en el sillón presidencial con el apoyo de la CIA americana y los votos de Izquierda Unida, organización que llamó a sostener el “candidato de las clases populares”, como lo llamaron oportunistamente en ese tiempo.

Aquí el articulo de la revista Mariátegui, cuyo titulo original es “García Pérez y Giampietri a la Cárcel”

Amplios sectores de la opinión pública empiezan a despertar de la resaca post electoral y se dan cuenta de la verdadera naturaleza del gobierno aprista. Ni la misma derecha tradicional, ni el mismo Juan Luis Cipriani, osan defender al presidente Alan García y a su vicepresidente Luis Giampietri. Saben que la gritería contra la CIDH es sólo una cortina de humo y a la vez un pretexto para entablar batalla contra todos los organismos de Derechos Humanos que pueden y quieren acusar a la dupla García-Giampietri por la masacre de los penales de 1986 y por los crímenes del paramilitar Comando Rodrigo Franco. Tienen rabo de paja y está a punto de arder la pradera.

Tal como lo demuestran los mismos diarios conservadores, la masacre carcelaria de 1992, perpetrada por la dictadura cívico-militar de Fujimori-Montesinos, estuvo dirigida a eliminar físicamente a los supuestos cabecillas de la subversión. Asesinar presos políticos rendidos, heridos y/o vencidos fue su consigna. Para eso tensaron todos los mecanismos de las FFAA y FFPP y todos los enlaces de los servicios de inteligencia. Si el segundo gobierno del genocida Alan García pretende desconocer hoy el fallo de la CIDH a favor de los familiares de las víctimas de 1992, no es porque le duela el bolsillo ni porque se le declare perdedor políticamente, sino porque lo mismo puede suceder con respecto a otra masacre anterior perpetrada en 1986 en los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara bajo el primer gobierno del APRA.

Como los delitos de lesa humanidad no prescriben, al encontrarse responsabilidad en el entonces Presidente de la República y jefe supremo de las fuerzas armadas, Alan García Pérez, la presidencia puede declararse vacante. Igual pasaría con la vicepresidencia, ocupada por el contralmirante Luis Giampietri, el encargado de reprimir en 1986 la rebelión de los presos políticos en la isla penal de El Frontón. Presidente y vicepresidente quedarían fuera de combate, por ser reos de cárcel y sujetos a tribunales internacionales que los ponen en el mismo nivel que a Videla y a Pinochet. Esto significaría una grave crisis de gobierno, lo cual puede sugerirles a los almirantes y generales la tentación del autogolpe: una nueva dictadura cívico-militar.

Ahora podemos explicarnos con mayor claridad todas las maniobras encaminadas a crear supuestos rebrotes de la subversión y a cazar muchachos de ideas radicales. La torpeza de los servicios de inteligencia en esta maniobra se explica porque entre ellos mismos compiten por congraciarse con el primer mandatario, a ver a cual oficina o equipo se le dota con la principal partida presupuestal para "acabar con la subversión". Hay una carrera alocada por inventar culpables y sembrar pruebas. Eso es explicable en una policía tercermundista y pesetera como la de aquí.

Lo que no podemos explicarnos es la degeneración del fundamentalismo gonzalista. Del vergonzante "acuerdo de paz" a la estúpida consigna "solución política de los problemas derivados de la guerra" podemos encontrar el común denominador: traición a sus propios militantes, claudicación total a cambio de un imposible. Piden absolver a los genocidas, masacradores y torturadores de las fuerzas armadas burguesas, al mismo tiempo que piden la liberación total de los presos políticos. Verdaderamente ridículo. Patético. La pregunta es la siguiente: ¿Creen estos desclasados que la burguesía va a otorgarles algo?... ¿Alguien puede imaginar a este gobierno o al siguiente firmando la liberación de Abimael Guzmán, de Osmán Morote, de Elena Iparraguirre, etc.?... Por supuesto, al individuo que está preso en la Base Naval del Callao, no le interesan los combatientes asesinados en las cárceles, tanto como su propia libertad. En el colmo de su desesperación ha creído ver un espejismo en el horizonte: la reconciliación que nadie quiere con él. La pacificación según la burguesía ya está hecha y ésta depende de la destrucción física, sicológica o prisión de por vida de sus enemigos subversivos. Por este motivo denunciamos la política claudicante del camarada Gonzalo, quien hoy se ubica a la derecha de la prensa burguesa y coincide con Alan García y Giampietri. Guzmán no quiere que se judicialicen los informes de la CVR. Guzmán no quiere que se investigue más. Guzmán no quiere que se lleve al banquillo de los acusados a quienes mataron con alevosía a sus propios militantes. Guzmán quiere una sola cosa en su vida: su libertad a costa de lo que sea.

A toda organización de izquierda, tanto como al pueblo en general, les interesa que se haga justicia. Que se lleve a los tribunales nacionales e internacionales al presidente más genocida que ha tenido la historia republicana. Que se dicte orden de extradición contra el criminal Alberto Fujimori y que responda por el asesinato de los estudiantes de La Cantuta o por las víctimas de Barrios Altos. Nos interesa a todos que estos asesinos respondan por sus delitos de cara al público. Porque los muertos que ellos causaron en los penales no sólo son de interés para el claudicante Gonzalo y su cúpula de incondicionales, a quienes en realidad no les interesa la sangre derramada, sino que eso significa que también lo pueden hacer los gobernantes de turno con cuanta oposición encuentren en el camino, contra cualquier partido o fuerza política. Y así fue como lo hizo Alan García en 1985-1990. Y así es como lo hizo Fujimori de 1990 hasta el 2000. Licencia absoluta para matar a todos los que quieran matar.

En el Frontón no sólo murieron presos senderistas, eso debe tenerlo muy en cuenta el lector. Eso lo saben muy bien los gonzalistas. Eso lo sabe requetebien el asesino Agustín Mantilla. ¿Y su grupo paramilitar Comando Rodrigo Franco? (CRF). Los miembros del CRF asesinaron a mansalva a dirigentes obreros, campesinos, magisteriales, estudiantiles y mineros. El caso más emblemático es el del dirigente minero Saúl Cantoral, asesinado porque el gobierno aprista no podía resolver la huelga minera. ¿También con sus asesinos quiere que nos reconciliemos, señor Gonzalo?

Como se viene el proceso por el caso del Comando Rodrigo Franco, Alan García está desesperado sumando las causas que se abren contra su persona y sus militantes (paramilitares). Giampietri debe estar a punta de calmantes para conciliar el sueño. Por otro lado, los familiares de los presos políticos asesinados tanto en la masacre de Castro Castro (Canto Grande) en 1992, como los de los presos asesinados en los tres penales en 1986, están activando para que se haga justicia.

Ni siquiera su propuesta de hacer un referéndum para establecer la pena de muerte, le ha funcionado a García. Bestia: el referéndum no es para eso. Pero ni negar que son fanáticos de la pena capital. Recuérdese que el APRA pidió lo mismo en 1965 para acabar con las guerrillas del MIR y del ELN. La bancada aprista de ese entonces exigió a grito pelado y aliándose con la UNIÓN NACIONAL ODRIÍSTA que el primer gobierno de Belaúnde estableciera pena de muerte para guerrilleros. O sea que mantiene coherentemente su trayectoria genocida y anticomunista.

Ya no están aliados con el dictador Odría ni en convivencia con Prado. Tendrían que hacer espiritismo para dialogar con su jefe y sus aliados. Ahora han restaurado su anterior alianza con Fujimori, aquella alianza que hizo coludirse a la bancada aprista con la bancada fujimorista entre 1990 y 1992. ¿Cuál fue el objetivo de esa alianza? Pues nada menos que bloquear todo intento de investigación sobre los crímenes de lesa humanidad, latrocinios y corrupción que se cometieron bajo el primer gobierno de Alan García de 1985 -1990. En este caso la historia se repite como su tragedia.

Reforcemos la campaña contra la impunidad. Ni olvido ni perdón. Abajo la pena de muerte. Alan y Giampietri a la Cárcel.

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