16 de marzo de 2018

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MONICA FERIA ENTRE LA RABIA DEL APRA Y LAS ONG POLICIACAS

Por: Gabriel Adrián.

28 de febrero de 2008

Como en ningún otro país las Organizaciones No-gubernamentales (ONGs) que aducen defender los derechos humanos (DDHH) sirven tan claramente a los intereses de las élites de poder como en el Perú. Esto ha quedado plasmado una vez en las desaforadas declaraciones de llamados defensores de DDHH en torno a la detención de Mónica Feria Tinta en Alemania por una petición de extradición del Estado peruano por el supuesto delito de terrorismo. Feria Tinta es sobreviviente de la masacre del penal de Canto Grande en mayo de 1992 en que fuerzas militares y policiales asesinaron a más de 100 presos polítcos acusados de pertenecer a Sendero Luminoso. Feria Tinta fue puesta en libertad, abandonó el país y desde entonces reside en Europa. Se ha convertido en una abogada especialista en temas de derechos humanos que resalta porque le ganó una demanda al Estado peruano por la masacre del penal de Canto Grande ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica.

Tras ser detenida, mal llamados defensores de DDHH peruanos expresaron públicamente su satisfacción. Francisco Soberón, director de la Asociación Pro-Derechos Humanos del Perú (APRODEH), ha demandado que la extradición de Feria Tinta se realice con celeridad. Otros como David Lovatón, Director de Proyectos del Instituto de Defensa Legal (IDL), han demandado del Poder Judicial peruano que tome todas las previsiones del caso para que la extradición proceda y la acusada sea juzgada en el Perú. Estos mismos personajes ya habían puesto el grito en cielo cuando, unos meses atrás, Feria Tinta fue premiada por la Fundación Gruber sobre su labor como defensora de DDHH.

Con esta reacción los activistas peruanos se pintan de cuerpo entero. Soberón y Co. no le reconocen a Feria Tinta que le haya ganado un juicio al Estado peruano por una masacre contra 100 presos políticos asesinados a sangre fría. No soportan que Feria Tinta tenga prestigio internacional y que este se haya traducido en un reconocimiento pecuniario. Les encantaría ser ellos los merecedores de tal premio para poder seguir aumentando sus cuentas de por si cargadas con dólares de fundaciones de partidos poíticos conservadores de Occidente. Observadores internacionales podrían pensar que están ante una escena surrealista viendo como llamados defensores de DDHH se alegran porque una colega sea perseguida por un Estado que no satisface estándares internacionales de un estado de derecho y bajo el gobierno de un partido que es reponsable por las mayores violaciones de DDHH en el país en el marco del conflicto armado entre 1985 y 1990.

Esta posición no es accidental y tiene que ver con la relación de las ONGs con el Estado peruano. La mayoría de ONGs que trabajan en el área de DDHH en el Perú han sido creadas y dirigidas por personas ligadas a partidos de la izquierda parlamentaria. Esta izquierda legal ha estado, a su vez, íntimamente ligada al Estado peruano: apoyaron la dictadura militar de Velasco Alvarado (1968-1975), apoyaron las candidaturas del genocida Fujimori y del beodo neoliberal Toledo, se hundieron en corrupción en gobiernos municipales y desde el Parlmento aprobaron leyes anti-populares como el “paquetazo económico” al inicio del fujimorismo en 1990. En los ochenta esta izquierda parlamentaria tomó posición por el Estado peruano en contra de los movimientos alzados en armas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Al tomar partido por el Estado peruano la izquierda parlamentaria apoyó una estrategia contra-subversiva que se sustentaba en masacres, tortura y desapariciones. Muchos militantes de partidos de la izquierda legal participaron activamente en la organización de fuerzas paramilitares, llamadas eufemísticamente « Rondas Campesinas », y colaboraron con los gobiernos « Cívico-Militares » en zonas convulsionadas por la guerra siendo cómplices por omisión, y en algunos casos por acción, de masacres a la población civil. Líderes más prominentes de esta izquierda de salón han sido asiduos ponentes en conferencias del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM). Para cumplir a cabalidad su nefasto papel, la izquierda legal han contribuido a cimentar una imagen demoniaca de Sendero Luminoso en la prensa nacional e internacional. Al respecto cabe enfatizar que tal satanización de Sendero resulta absurda cuando se observa el accionar de otros movimientos de liberación en el mundo que con prácticas similares no han sido tan desprestigiados como Sendero.

Todas las ONGs que han dicho defender los DDHH han sido orgánicas a este movimiento de izquierda legal. Estas ONGs no se comprometieron a cabalidad en la denuncia y el esclarecimiento de las masacres contra presos políticos de Sendero Luminoso en 1985, 1986 y 1992; dejaron de defender a acusados de pertenecer a Sendero Luminoso aún cuando estas personas no habían tenido ninguna militancia en este grupo o se habían alejado del mismo; y callaron impunemente ante decenas de masacres, desparaciones y torturas. Cuando uno echa o echaba un vistazo a los canales de prensa de estas ONGs no encontraba casi nada sobre la situación de los presos políticos, aun en los años noventa cuando miles de ellos se pudrían en mazmorras medioevales, en cárceles en las alturas de las serranías peruanas a más de 4,000 msnm. Más recientemente, han legitimado la versión de la llamada Comisión de la Verdad según la cual Sendero Luminoso es el mayor responsable de violaciones de DDHH en el marco de la guerra interna de los ochenta y noventa. Cabe enfatizar que ninguna de las mejoras experimentadas en materia de respeto de los DDHH de los presos y perseguidos polítcos ha sido por el accionar de los mendigos de las fundaciones internacionales como Soberón y Co.

No es de extrañar pues que estos “humanistas” exigan a gritos que Feria Tinta sea exraditada. Su posición los desenmascara como comparsas de un Estado como el peruano que se regodea en la corrupción y en la explotación de los sumidos en la miseria. Cabe preguntarle a estos señores y señoras si es reconciliable con su pretendida labor que no hayan hecho nada por llevar al Estado peruano a tribunales internacionales por las masacres cometidas contra presos políticos como si lo ha hecho Feria Tinta de manera exitosa. Una posición principista de las ONGs de DDHH en el Perú hubiera sido, más de allá de las diferencias ideológicas con Sendero Luminoso, luchar por todos los medios contra los crímenes de lesa humanidad en el Perú. Esto hubiera implicado llevar a tribunales internacionales casos de violación de DDHH y asesorar en todo momento a acusados de terrorismo. La mayoría de los presos políticos provenían de estratos populares y no contaban con los medios para asumir su defensa. Recién hacia fines de los años noventa las ONGs peruanas volvieron a defender a algunos presos previa selección. Sin embargo, hubo un vacío escandaloso en la defensa de presos políticos entre fines de los años ochenta y fines de los años noventa. ¿Cómo quieren nuestros paladines de la justicia justificar esta deleznable política del desamparo ?

Soberón y Co. afirman que Feria Tinta nada tiene que temer de los tribunales peruanos, que su imparcialidad esta garantizada. Estos personajes acusan realmente de un cinismo hilarante. Estos mismos tribunales « imparciales » son los que han enviado sistemáticamente a las mazmorras del Estado a decenas de miles de peruanos en las últmas dos décadas y que han absuelto a militares y policías por violaciones de DDHH así como a otros genocidas como García Perez por la masacre de los penales de 1986 en la que más de 300 presos políticos fueron asesinados. Más allá de esto, para nadie es un secreto que la justicia, sobretodo en países como el Perú, es todo menos que imparcial. Las cárceles están llenas de los más pobres entre los pobres del Perú. La justicia peruana es una de las más politizadas del mundo. Las relaciones entre la política y la justicia son evidentes. Si se quiere hacer carrera en el Poder Judicial del Perú hay que bailar al ritmo del poder político. Por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional, la más alta esfera judicial del país, son nombrados por el Congreso. En el caso del Perú hablamos de un Congreso fétido de podredumbre. ¿Qué juez va a preferir hacerse de pocos amigos entre las altas esferas del poder absolviendo a una persona que atenta contra la imagen del Estado peruano, contra sus intereses? Y es que está más claro que el agua que el pedido de extradición de Feria Tinta es una venganza rastrera. ¿Qué hubiera sucedido si Mónica Feria hubiera llevado una vida anónima y plácida como abogada en Londres? Respuesta: Nada. No hubiera habido solicitud de extradición alguna. Las élites peruanas no le perdonan el juicio iniciado y ganado por Feria Tinta ante la Corte Interamericana en Costa Rica y sobretodo no le perdonan, especialmente Soberón y Co., que haya obtenido reconocimiento internacional.

Un aspecto fundamental no es tocado por Soberón y Co.: la legislación anterrorista. ¿Qué dicen de una legislación draconiana que atenta contra una serie de principios jurídicos como el de la proporcionalidad de la pena? Por ejemplo, la sola posesión de material considerado subversivo ha valido para que cientos de personas hayan sido condenados por pertenencia a una organización terrorista y hayan sido condenadas a 15 años de prisión. Ejemplos como estos abundan si uno se pone a analizar la legislación anterrorista. Soberón y Co. están más que contentos que Feria Tinta sea juzgada bajo leyes altamente punitivas que atentan contra principios fundamentales de un estado de derecho. Aquí cabe, a su vez, preguntarse, ¿qué han hecho estos paladines de los DDHH por impulsar la derogación de esta legislación? Siguiendo esta premisa, Soberón y Co. apoyan enconadamente la violación de principios fundamentales del estado de derecho como el que prescribe que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Feria Tinta ya fue absuelta por el delito que se le imputa.

Los mal llamados defensores de los derechos humanos en el Perú demuestran en toda plenitud su bajeza ética y profesional. Apoyan la extradición de una persona comprometida a hacerle pagar al Estado peruano los crímenes que ha cometido y sigue cometiendo. Apoyan la violación de derechos fundamentales de la persona al coludirse con el Estado peruano, particularmente con el genocida García, en hacer del caso Mónica Feria un hito a la venganza del Leviatán. De esta manera prueban que son gendarmes del Estado peruano y las élites de poder.

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