ACCOMARCA UN GENOCIDIO DE TELMO HURTADO Y GARCIA PEREZ

Era el 14 de agosto de 1985, una patrulla del ejército comandada por el subteniente Termo Hurtado llegó al distrito de Accomarca, en Ayacucho. La patrulla militar obligó a un numeroso grupo de habitante a concentrarse en un solo lugar. Una vez efectuada la concentración de pobladores los soldados comenzaron a disparar ráfagas de metralleta y a lanzar grandas de guerra. El objetivo era asesinar a mansalva para crear terror en la población y escarmentar a las poblaciones que apoyaban la subversión. Al final de la masacre quedaron 69 personas despedazadas, entre ellos 30 niños menores de 10 años, 27 mujeres, y un sin número de hombres jóvenes y ancianos. La matanza se aplicó en cumplimiento del “Plan Operativo Huanyoc”, que tenia el propósito de barrer a sangre y fuego las “bases de apoyo” de la guerrilla maoísta. Hay que anotar que desde 1983 al 1985 (sólo dos años de la intervención de los militares), las fuerzas armadas habían cometido más de 4 mil asesinatos de campesinos, principalmente en el departamento de Ayacucho, Huancavelica y Junín. En Ayacucho, la matanza de Accomarca no seria la excepción ni el único caso. Mas adelante sucedería el crimen masivo de otras comunidades. En ese tiempo el Cuartel Los Cabitos en Ayacucho ya se había convertido en un campo de torturas y extermino de pobladores.

En 1985, después del crimen de Accomarca, el parlamento formo una “comisión investigadora”, que como lo ha demostrado los hechos concretos sirvió, no para castigar a los responsables, sino mas bien para proteger a los criminales de Accomarca. Esta comisión estaba integrada por apristas, belaundistas y por miembros de Izquierda Unida (IU) que en ese tiempo hacia su reino en el antro parlamentario. La entrevista Telmo Hurtado-Comisión Investigadora, se realizùo en Ayacucho, y es famosa por la respuesta que dio el militar a la interrogante, ¿por qué matar a 69 campesinos?. La respuesta fue contundente y el militar respondió, que mataba para que ellos, los parlamentarios, pudieran seguir confortablemente en sus sillones de disputados y senados. Los “investigadores” de Hurtado se quedaron mudos, y cerraron para siempre bocas y ojos. El militar les había refregado en la cara una verdad irrefutable. El crimen masivo era la única salida que tenia el Estado y los grupos de poder para proteger su sistema y su llamado “Estado de derecho”, que incluía su parlamento basura, su corrupto poder judicial, y sus criminales fuerzas armadas. Es por esta razón que Telmo Hurtado jamás fue sancionado, y al contrario fue beneficiosamente recompensado.

El cabecilla de esta matanza, Telmo Hurtado, fue premiado varias veces por este hecho sangriento. Durante todo el primer gobierno de Alan García (1985-1990) fue protegido por el régimen e incluso fue ascendido y alcanzó el grado de capital del ejército. Posteriormente le dieron el grado de mayor del ejército. En el mismo periodo fue promovido a una agregaduría militar en los Estados Unidos, desde donde se burlo de sus acusadores. En 1994, durante el régimen de Fujimori, el general del ejército Nicolás Hermoza, acusado actualmente de crímenes y corrupción, lo premio con un reconocimiento especial de las Fuerzas Armadas.

Ahora, hace una semana (30 de marzo), Telmo Hurtado ha vuelto hacer noticia. A pedido de un tribunal peruano que reabrió el caso de Accomarca, ha sido detenido en los Estados Unidos donde residía desde hace algunos años. Ahí en los EE.UU. el carnicero de Accomarca pasaba sus días en toda tranquilidad protegido la filial del Estado peruano en ese país. Seguía recibiendo su jugoso sueldo de oficial del ejército peruano, y gozaba de todas las comodidades que le otorgaba su calidad de “héroe” de la guerra contrainsurgente en Perú. Pero, Telmo Hurtado, asesino nato claro, no es el único responsable de esta matanza de campesinos. Para hablar claro el solo fue el ejecutor, diríamos el sicario. Pero el mayor responsable, el que ordenó y planificó esta matanza fue Alan García Pérez, que como presidente de la Republica era en hechos, el “jefe supremo de las Fuerzas Armadas”. Entonces, el primero que debe dar cuenta de este crimen es el aprista y actual presidente del Perú Alan García Pérez. Y esto es lo que no dice ahora la prensa peruana, acostumbrada a proteger criminales y delincuentes en el poder del Estado.

Para refrescar la memoria de este hecho criminal ocurrido durante el primer gobierno de García Pérez, reproducimos un texto de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (Aprodeh), publicado en 2005, donde se entrega importante información respecto al genocidio de Accomarca. Ahí se exige que Alan García, sea acusado y juzgado en tanto principal responsable de esta abominable masacre de campesinos.

JUSTICIA PARA VÍCTIMAS DE ACCOMARCA: ALAN GARCÍA DEBE SER JUZGADO
(3 de febrero de 2005)

Gloria Cano, representante legal de APRODEH, confirmó la presentación de la denuncia hecha por la fiscal Cristina Olazábal contra Alan García Pérez y otros altos mandos militares por el asesinato y genocidio de 69 pobladores de la comunidad de Accomarca, perpetrada el 14 de agosto de 1985.

Según la abogada, la denuncia comprende a García, así como a otros altos mandos en tanto “las operaciones realizadas en Ayacucho obedecían a una estrategia contrasubversiva planificada y diseñada por los altos mandos militares, entre ellos, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el ministro de Guerra y el propio Presidente –Alan García Pérez– quien era responsable de aprobarla en su calidad de Jefe de las Fuerzas Armadas y director del Sistema de Defensa Nacional”.

“García conocía la política antisubversiva que se venía implementando desde diciembre de 1982 y de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en las zonas de emergencia. Pese a ello aceptó continuar con esa estrategia e incluso ratificó al jefe político militar de Ayacucho, Wilfredo Mori Orzo, a pesar de las numerosas denuncias que tenía en su contra por los crímenes cometidos en el cuartel Los Cabitos y, además, responsable de las masacres de Umaru y Bellavista”, acotó.

“Al recibir información de presencia terrorista en la zona de Accomarca, Mori Orzo ordenó la elaboración de un plan para enfrentar tal situación: el Plan Huancayocc, cuyo objetivo era capturar y/o destruir a los terroristas que se encontraban en las alturas de dicho poblado. El propio Mori Orzo confirmó esta versión ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación al señalar que destruir es eliminar”, afirmó la abogada

“Por ello, la investigación realizada señala que esta masacre no obedece a un hecho aislado o a la convicción de una persona. Por el contrario, se trata de una concepción imperante en las Fuerzas Armadas durante esos años en donde la eliminación física de los presuntos subversivos era parte de su trabajo ordinario. Con ello se confirma que durante los años de conflicto armado se implementó –en las zonas declaradas en emergencia– una política sistemática violatoria de los derechos humanos, implantada desde el Estado”, puntualizó.

La denuncia también incluye a César Enrico Praeli, ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Jorge Flores Torres, ex ministro de Guerra; Sinesio Jarama Dávila, jefe de la Segunda Región Militar; Wilfredo Mori Orzo, jefe político militar de Ayacucho; Nelson Gonzáles Feria, ex jefe del Estado Mayor; César Martínez Uribe, ex comandante del Estado Mayor; José Williams Zapata, ex jefe de la compañía Lince; Juan Rivera Rondón, ex jefe de la Patrulla Lince 6; Telmo Hurtado Hurtado, ex jefe de la Patrulla Lince 7; entre otros.

CASO ACCOMARCA: LAS PRUEBAS DE LA RESPONSABILIDAD DE ALAN GARCÍA.
(4 de febrero de 2005).

El pasado miércoles, la fiscal Cristina Olazábal presentó una denuncia contra Alan García Pérez –por delito de omisión impropia–y otros altos mandos militares por el asesinato y genocidio de 69 pobladores de la comunidad de Accomarca, perpetrada el 14 de agosto de 1985.

Según declaró Gloria Cano, representante legal de APRODEH, las ejecuciones extrajudiciales en la zona de Accomarca movieron a todo el aparato militar para hacer frente al acuerdo común: eliminar a la subversión en base a una guerra sucia o no convencional. “Esta misión fue acordada con los más altos mandos y bajo la responsabilidad del ex presidente Alan García, quien tenía pleno conocimiento de la forma en la que se venía haciendo frente a la lucha subversiva, y quien sin embargo, toleró y/o permitió –en el caso concreto de Accomarca– que los hechos se realizaran de acuerdo al plan general aprobado”, señaló.

“Si bien Alan García asumió el mando constitucional el 28 de julio de 1985, y los hechos se produjeron entre el 8 de agosto y septiembre del mismo año, ello no lo exime de responsabilidad por los hechos ilícitos acontecidos durante ese período, ya que estos no se presentaron en contextos aislados, ni mucho menos eran desconocidos por las autoridades políticas, eclesiásticas y militares. Se trataba más bien de violaciones masivas a los derechos humanos dadas a conocer por los familiares de las víctimas, por las organizaciones de derechos humanos, por los medios de comunicación, etc. Por ello sostenemos que al asumir García la presidencia no desconocía la situación, ni las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas en las zonas declaradas en emergencia”, afirmó.

La abogada hizo mención a las versiones señaladas por diversos integrantes de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de García quienes confirmaron el conocimiento que García tenía sobre la situación. Entre ellas figuran las declaraciones de Julio Velásquez Giaccarini, general de Brigada y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, quien despachaba todas las mañanas con el Presidente y le informaba sobre lo que acontecía en las zonas de emergencia.

También se encuentran las declaraciones de César Enrico Praeli, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas quien en una entrevista a la revista OIGA (23 de setiembre de 1985) señala: “Tuvimos una reunión con el nuevo gobierno, dos reuniones del Consejo de Defensa Nacional, para que el Presidente tomara un conocimiento cabal de cuál era la situación. En la primera participó el General Mori, participamos todos los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y se hizo una exposición muy detallada para poner en conocimiento del Presidente de la República de la situación de las Fuerzas Armadas en la sub-zona de emergencia Nº 5 –zona correspondiente a Ayacucho– (…) no se consideró en ningún momento una nueva política antisubversiva (…) el Consejo de Defensa Nacional estaba enterado de la situación, de los enfrentamientos que se había producido, de los muertos que se habían presentado (…). Asimismo, le dijo al Premier “A mí, ni a ninguno de los miembros del Comando Conjunto ni del gabinete puede quitarnos la confianza porque dependemos única y exclusivamente del Presidente”.

Por su parte, Sinesio Jarama, jefe de la Segunda Región Militar conocía y compartía los lineamientos y doctrina de Defensa Nacional antisubversivas violatorias de los derechos humanos impartidas desde los más altos mandos militares. Ello se corrobora con sus expresiones vertidas ante el Senado de la República, el 17 de septiembre de 1985, en donde señaló: “Cuando el poder público ha sido rebasado, cuando las leyes ya no pueden ser aplicadas y su aplicación no da el resultado que se pretende, cuando sus fuerzas policiales y su empleo también ha sido rebasado y ya no pueden restituir la normalidad a las zonas convulsionadas, en esa circunstancia es que el Estado determina el empleo de la Fuerza Armada. Consecuentemente, cuando esa Fuerza Armada interviene ya no lo hace bajo las mismas condiciones del Estado Normal de Derecho, porque en esa zona ya no rige, justamente, la constitucionalidad, ya no rige (…) el imperio absoluto de la ley (…) ya no se dan las condiciones para que la fuerza pública pueda utilizar instrumentos para restablecer el orden, para garantizar la seguridad, ¿por qué?, porque se ha producido una alteración en el poder político, en el ejercicio del poder comunal, porque en esa zona ya no se respeta la vida humana, ni la propiedad pública, ni la propiedad privada, por eso es que el Estado declara el Estado de excepción. Por eso el Estado determina la intervención de las Fuerzas Armadas”.

“García no hizo nada para cambiar la estrategia violatoria a los derechos humanos que se venía ejecutando en Ayacucho desde diciembre de 1982 por parte de las Fuerzas Armadas. Prueba de ellos son las diversas masacres como Pucayacu, Accomarca, Cayara, Chumbivilcas, entre otras, cometidas desde el inicio de su gestión”, puntualizó la abogada.

APRODEH SOSTIENE: NO HAY QUE TEMERLE A LA VERDAD.
(8 de febrero de 2005).

“No hay que temerle a la verdad. Solo la verdad permitirá establecer la justicia, por eso Alan García debe hacer frente a la justicia y no presionar a través de sus influencias políticas con otros fiscales superiores para que destituyan a la fiscal Cristina Olazábal o la remuevan de su cargo”, señaló Gloria Cano, representante legal de APRODEH, ante las críticas vertidas por voceros apristas sobre la denuncia por el caso Accomarca.

Sobre las versiones que señalan una maniobra del gobierno con respecto a este caso, la abogada sostuvo: “Creo que hay que dejar de lado eso tipo de argumentación. Cada vez que hay una investigación seria tratan de desacreditarla señalando que hay componenda política o algo por estilo. Aquí no hay nada de eso. Lo que ocurrió fue que la fiscal Olazábal terminó su investigación sobre el caso y ahí lo que queda es o denunciar o archivar el caso. La fiscal evaluó las pruebas y optó por denunciar. Por el contrario, si ella a pesar de haber recolectado las pruebas, no formulaba denuncia cometía prevaricato, es decir, delito de omisión de denuncia”.

Por otro lado agregó: “Es muy fácil tildar a las personas de prosenderistas o senderistas pero es muy difícil que eso se pruebe. Esos argumentos son absurdos. Debemos aprender a respetar el trabajo de los fiscales y jueces, así como respetar sus decisiones. La fiscal Olazábal es una profesional independiente de cualquier maniobra política”.

Cano señaló que existen diversos elementos que respaldan la denuncia hecha por la fiscal Olazábal y que determinan la responsabilidad del ex presidente Alan García, entre ellos el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación –que describe la matanza de Accomarca ocurrida el 14 de agosto de 1985–, el informe de la Comisión Investigadora del Senado, presidida por Javier Valle Riestra, así como declaraciones de los integrantes de dicha comisión.

“La denuncia contra Alan García ha sido presentada por delito de omisión impropia –dentro del delito de asesinato–, dado que él conocía la política contrasubversiva que se venía desarrollando desde los años anteriores a su mandato. Incluso, siendo diputado, se pronunció en contra, criticó y denunció el ingreso de militares y los operativos que causaban numerosas muertes. Por ello no es posible que tras haber conocido y censurado esta situación, haya actuado de manera contraria, mucho menos en su calidad de mandatario y garante de los derechos humanos”, afirmó.

En cuanto a las amenazas recibidas por la fiscal Olazábal, Cano sostuvo que se ha solicitado protección para ella dado los diversos casos tiene. “Las amenazas pueden venir de distintos frentes. La fiscal tiene también el caso Cabitos 83 donde recientemente se denunció a Clemente Noel y a otros militares que conformaban su Estado Mayor, así como la denuncia contra Abimael Guzmán por el caso Lucanamarca, tras concluir que existió una directiva del más alto mando de Sendero Luminoso para efectuar dicha matanza, aún cuando Guzmán no participara en la ejecución de este crimen”.