16 de marzo de 2018

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Bolivia: Empresas se llevan más de 4.000 millones de dólares.

Por: ECONOTICIAS.

20 de octubre de 2006

Por cada 100 dólares que genera la minería, 98 se quedan en manos de las transnacionales y de las empresas chicas y cooperativistas, mientras que el Estado sólo recibe 2 en impuestos y regalías

No hay pausa en el saqueo de Bolivia. En la última década, un puñado de transnacionales y de empresarios locales de la minería se apoderaron en beneficio propio de más de cuatro mil millones de dólares, dejando socavones vacíos, mucha miseria en los pueblos del altiplano y sólo 90 millones de dólares en impuestos y regalías para el Estado.

Los datos oficiales a los que tuvo acceso en exclusiva Econoticiasbolivia son elocuentes. Entre 1996 y 2005, las compañías mineras privadas recibieron 4.289,5 millones de dólares por la exportación de minerales extraídos del territorio boliviano, monto que equivale a casi la mitad de toda la riqueza generada por el país durante un año y a casi toda la deuda externa.

La obtención de estos millonarios recursos fue producto de una onerosa legislación neoliberal, que aún se mantiene en todo su rigor, y que entregó en concesión a los privados todos los yacimientos mineros de propiedad del Estado y destruyó a la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

A cambio de estos millonarios ingresos, las compañías privadas pagaron en la última década al Estado 76,3 millones de dólares como regalías mineras y otros 14,5 millones de dólares como impuestos a las utilidades mineras.

En términos promedio, esto significa que por cada 100 dólares que generó la minería boliviana, 98 dólares fueron a las arcas de las compañías mineras, nacionales y extranjeras, y apenas dos dólares quedaron en manos del Estado. Razón más que suficiente para comprender que en los territorios que albergan a los ricos yacimientos mineralógicos de Bolivia (como Oruro y Potosí) se localicen las poblaciones más empobrecidas del país y que, simultáneamente, emerjan de allá los hombres más ricos y poderosos.

Dueños y señores de las minas

Los datos oficiales permiten establecer que en los últimos 10 años casi un 80 por ciento de los millonarios ingresos que generó la minería fueron a manos de la Compañía Minera del Sur (COMSUR), consorcio de propiedad del millonario ex presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy en manos de la gigante transnacional Glencore Internacional, y de la Empresa Minera Inti Raymi de propiedad de la multinacional Newmont Mining Corporation en alianza con los herederos de la familia Mercado y la Empresa Minera Unificada (EMUSA).

El resto de los ingresos benefició, en su mayor parte, a cientos de pequeñas empresas mineras (minería chica) y a un pequeño segmento de casi medio centenar de cooperativas mineras. El aporte de la estatal Comibol ha ido en aumento al finalizar el decenio, de la mano de la ’nacionalización’ de facto que se ha dado parcialmente en los centros de Huanuni, Colquiri y Porco por la tenaz lucha de los proletarios del subsuelo.

Tiempos del estatismo

Antes de la desnacionalización de la minería boliviana (1985), la estatal Comibol obtenía dos terceras partes de todos los ingresos de exportación, mientras que la minería mediana (con el apoyo de las transnacionales) recibía el 15 por ciento y la minería chica y cooperativizada apenas el 10 por ciento.

En el periodo de 1952-1884, tras la nacionalización de las minas, la estatal Comibol concentró la explotación y exportación de minerales, por lo que sus millonarios ingresos permitieron al Estado impulsar el crecimiento y desarrollo del oriente, especialmente de Santa Cruz, convirtiéndola en el paradigma actual del progreso.

Muy diferente a la actual política de despojo y saqueo de la minería, que han empujada miles de trabajadores cooperativistas a producir en condiciones muy precarias e infrahumanas.

Nacionalización y expropiación

Para poner fin al saqueo, los trabajadores mineros de Huanuni han levantado en alto la bandera de la nacionalización sin indemnización de todas las minas de Bolivia, expropiando a las transnacionales y empresarios nacionales, a fin de que todos los yacimientos que son del Estado sean explotados por la estatal Comibol, eliminándose todas las concesiones y contratos de operación que favorecen a los privados. El objetivo es que todos los ingresos por la explotación de recursos no renovables beneficien a los bolivianos y ya no a las trasnacionales.

Los mineros de Huanuni plantean, además, que todos los trabajadores cooperativistas se conviertan en mineros asalariados y que la administración de las minas se haga bajo el denominado ’control obrero colectivo’, para que la asamblea de los trabajadores controle las inversiones y el funcionamiento de la empresa en toda la cadena productiva, ejerciendo un control social para evitar la corrupción y la ineficiencia.

Las sangrientas jornadas por el control de Huanuni han contribuido para que muchos, incluido el presidente Evo Morales, hablen de la ’nacionalización’ de las minas, aunque muy lejos de lo que plantean los mineros.

’Hemos empezado con hidrocarburos, el próximo paso son los minerales, habrá sorpresas con el estaño, la plata y el oro, esos minerales tienen que pasar al Estado boliviano bajo el control social del pueblo boliviano. Ese es el próximo paso urgente que hay que dar’, dijo el fin de semana Morales.

Pero su vicepresidente, Alvaro García Linera, se encargó de aclarar el significado de esta política: ’El inversionista privado no tiene de qué preocuparse. Se va a reactivar Comibol, el presidente (Morales) está trabajando en eso. La inversión privada, extranjera y local que invierte que genera empleo, no se toca’.

Según García Linera, la propuesta de reactivación de la minería se sustentará en el respeto a las inversiones privadas nacionales y extranjeras y que la transformación de cooperativistas en asalariados de la Comibol sólo alcanza a Huanuni y a nada más.

Hasta ahora, el presidente Morales ejecuta la misma política minera del saqueo, diseñada e implementada por el ex presidente y dueño de minas, Gonzalo Sánchez de Lozada. Durante la primera mitad del 2006, las transnacionales y los empresarios mineros locales tuvieron un ingreso de casi 400 millones de dólares, pagando menos de 20 millones al Estado.

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