16 de marzo de 2018

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Neoliberalismo indígena: Evo ejecuta la política minera de “Goni”.

Por: Econoticiasbolivia.com

13 de octubre de 2006

El gobierno del presidente Evo Morales dijo una gran verdad cuando acusó al neoliberalismo de ser el causante de la masacre de Huanuni, que dejó a principios de octubre casi una veintena de muertos a bala y dinamita y más de una cincuentena de heridos. Lo que no dijo, sin embargo, es que el actual gobierno de izquierda indigenista continúa aplicando, con todo su rigor, esa misma política minera neoliberal, diseñada y ejecutada por el millonario ex presidente y dueño de minas Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada, derrocado en octubre del 2003 por una insurrección popular
La política minera de Goni, que desmanteló y destruyó en la década de los años 90 la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), entregando en concesiones todos los yacimientos a las grandes transnacionales y a las empresas privadas chicas y cooperativizadas, se mantiene en pie y continúa desarrollándose sin pausa.

En sus primeros ocho meses de gobierno, la política neoliberal indigenista continuó con la privatización del yacimiento de hierro más grande del mundo, entregando el Mutún a la transnacional india de Jindal, con una serie de concesiones onerosas como una millonaria subvención en el precio del gas natural (100 millones de dólares transferidos anualmente a Jindal) y permitiendo la explotación masiva de materias primas con un bajo nivel de industrialización (sólo el 5% del hierro explotado y comercializado se convertirá en acero).

En el resto de la minería, donde las transnacionales controlan dos terceras partes de la producción, la minera chica y cooperativizada privada casi un tercio y el Estado no más del 5%, el gobierno de Evo Morales mantuvo y profundizó el saqueo privado de los yacimientos y reservas con escaso o nulo beneficio para el país. Desde los años 90, bajo el poder de la oligarquía minera y petrolatifundista encarnada en Sánchez de Lozada, la explotación minera generó millonarias utilidades para las transnacionales y para todo el sector privado, dejando migajas para el Estado boliviano.

Hasta el 2004, cada año la minería boliviana exportaba anualmente cerca de 500 millones de dólares y aportaba apenas 11 millones de dólares en impuestos y regalías al Estado. Esta política, impuesta por Goni y el poder minero, se mantiene con todo su rigor durante el gobierno de Morales, estimándose que en el 2006, por el aumento del precio de los minerales, las empresas mineras exportarán más de 1.000 millones de dólares, dejando al Estado no más de 25 millones de dólares en tributos. Las normas, leyes y políticas sectoriales neoliberales son las mismas.

Hasta ahora, los tímidos intentos por aumentar los impuestos y regalías han tropezado con la negativa del Ministerio de Minería, controlado directamente por los cooperativistas privados, que han impuesto el congelamiento de los tributos y la paulatina entrega de más áreas de trabajo de propiedad de la estatal Comibol en beneficio de la inversión privada.

En vez de potenciar a la empresa estatal, que resurge con mucha dificultad desde abajo por la lucha de los sindicatos mineros y la proletaria Federación de Mineros, el gobierno de Morales se puso del lado de las empresas privadas y cooperativistas, que asaltaron Huanuni para intentar ahogar en sangre la lucha por la nacionalización de minas, sin indemnización y bajo control obrero colectivo.

El sueño dorado de los cooperativistas y de las transnacionales es preservar la actual realidad minera, manteniendo al Estado como dueño formal de todos los yacimientos y riquezas mineralógicas, dejando a los privados la explotación y aprovechamiento real de estos recursos no renovables, a cambio de un miserable impuesto.

El gobierno de Morales dio amplias garantías a las transnacionales que operan en la minería. Avaló, asimismo, la irregular y dolosa transferencia de valiosas minas y recursos que hizo el prófugo ex presidente Sanchez de Lozada, que hizo su fortuna explotando los yacimientos de Oruro y Potosí, en beneficio de la transnacional Glencore. Por ley y justicia, esos yacimientos debían pasar a manos del Estado, para compensar en algo el daño económico que ocasionó el genocida. Hay igual garantía jurídica para todos y cada uno de los grandes y pequeños emprendimientos mineros privados.

La entrega del Ministerio de Minería a los cooperativistas, donde hay un fuerte proceso de diferenciación económica y social, con la aparición de socios capitalistas y miles de asalariados en negro, contribuyó además a la mayor privatización de la minería y a liquidar los últimos resabios de la minería estatizada.

”Desde el Ministerio de Minería se viene impulsando la firma de contratos de riesgo compartido con empresas extranjeras, con la particularidad de que las cooperativas mineras se están convirtiendo en la punta de lanza del ingreso de las transnacionales en el sector minero”, señala un informe del Cedla, un organismo no gubernamental especializado.

”Los principales propulsores de esa política son los estratos más privilegiados de las cooperativas mineras, una suerte de pequeña burguesía minera que se halla representada en la actual estructura de gobierno con un Ministerio y que busca beneficiarse con el ingreso de las compañías multinacionales en el sector. Estos grupos económico-sociales se hallan gestionando el ingreso de nuevas compañías extranjeras para la explotación de los yacimientos ya existentes, garantizando una "licencia social" que brinde "seguridad jurídica de largo plazo que precisan las inversiones mineras". En esta dirección, se han realizado importantes avances con una empresa china, interesada en invertir 23 millones de dólares en varios proyectos de reactivación”, agrega.

La estrategia del sector cooperativista incluye la toma de yacimientos que aún se hallan en manos de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), como Huanuni, Caracollo, Barrosquira, Telamayu, Colquiri, con el objetivo de subastarlos al capital transnacional. La imposición de la orientación política de esta pequeña burguesía minera, es uno de los intereses de clase que permite explicar la actual orientación del gobierno en el sector minero, que desarrolla una política antiestatista. Un ejemplo claro de esta orientación es el caso de la mina Huanuni que, en vez de ser la base para refundar COMIBOL, está amenazada de convertirse en una empresa cooperativizada y un puente para el ingreso de nuevos inversores extranjeros, agrega.

En Huanuni, los trabajadores asalariados impusieron en una lucha de tres años la nacionalización de este yacimiento, entregado a la transnacional Allied Deals en los años 90, y estaban avanzando en el fortalecimiento de la empresa estatal con la contratación de 1.500 nuevos trabajadores y la exigencia de mayores inversiones (43 millones de dólares), según establece un convenio arrancado al gobierno con un bloqueo de carreteras hace dos semanas. Los cooperativistas, en tanto, aduciendo que compraron en un millón de dólares los derechos de esa transnacional, echada del país por evidente fraude, incumplimiento de contratos y daño económico, intentaron apoderarse de Huanuni el pasado jueves, armados de dinamita y bala, y con la abierta complicidad y cobertura del Ministerio de Minería.

Tras velar a los muertos y curar a los heridos, hay en Huanuni una tensa tregua, una pausa apenas, en la lucha por definir si Bolivia avanza hacia la nacionalización de las minas o si, por el contrario, se mantiene la política privatista de Goni bajo el ropaje de la izquierda indigenista.

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