10 de noviembre de 2019

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CASO EL FRONTÓN PERSIGUE A GARCÍA

Por: Salvador Mendoza Maquiavelo.

14 de enero de 2009

El reo contumaz debe hacer un deslinde y aclarar sobre presiones al TC.

SON MÁS

El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, dijo que siempre han sido claras las presiones políticas en el caso El Frontón y que una salida que están evaluando es llevar estos casos a un país como España, Italia y Francia donde se aplique la jurisdicción internacional como lo hicieron Argentina o Chile.

Emplazan al presidente a aclarar presiones gobiernistas al Tribunal. “Llamadas fueron hechas a magistrados que tienen alguna vinculación con la Universidad San Martín y el Partido Aprista”, señala Carlos Rivera.
Premier dice que demuestren acusaciones.

Defensores de derechos humanos exigieron ayer que el presidente Alan García se pronuncie sobre las denuncias de presiones de altos funcionarios de su confianza, sobre los magistrados del Tribunal Constitucional para que se abstengan de reconocer la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en el caso de la matanza de El Frontón, presiones reveladas por el Instituto de Defensa Legal (IDL).

“El presidente debe aclarar públicamente si es verdad o no que esos funcionarios, (el primer vicepresidente, Luis Giampietri; el ministro de Educación, José Antonio Chang, y el secretario de Palacio, Luis Nava) han llamado a los miembros del tribunal a nombre suyo”, indicó el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera.

Rivera precisó que estas presiones de Palacio se produjeron desde que el tribunal admitió la demanda del IDL, en julio, y que se volvieron más insistentes cuando la prensa anunció que el caso El Frontón iba a ser votado en los primeros días de diciembre. “Las llamadas fueron hechas a magistrados que tienen alguna vinculación con la Universidad San Martín y el Partido Aprista, como son Carlos Mesía, Juan Vergara, Ernesto Álvarez y Fernando Calle, quienes votaron por la sentencia cuestionada y esto no es coincidencia”.

El premier Yehude Simon, consultado sobre el caso por este diario, dijo ayer que la acusación del instituto es muy grave y por lo cual pidió que la demuestre de manera fehaciente. Dijo también que el presidente García no debe responder todas las acusaciones que le hacen.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, insistió en que el presidente García tiene que dar su versión de parte para que diga si son positivas o negativas las acusaciones que el IDL ha formulado de su presión política sobre el TC.

Fallo del TC controlado desde Palacio
La gran mayoría de medios de comunicación controlados por el gobierno a través de la autocensura programada por sus propietarios que usufructúan de la propaganda estatal y de la connivencia con los poderes fácticos del neoliberalismo, chillan por el “control” o supuesto control que Hugo Chávez ejerce sobre los medios en Venezuela, en cambio aquí en el Perú esto se ejerce cotidianamente sin que nadie asuma el papel de escandaloso. Esto resulta singularmente inmoral porque tiende a encubrir las trapacerías del gobierno, de los negociados por debajo de la mesa con las corporaciones extranjeras, en contra del patrimonio nacional que mantienen en el atraso al Perú, en comparación con otros países del subcontinente americano y a pesar de los ingentes recursos financieros que ingresan por las exportaciones.

El reciente fallo del TC a favor del Presidente y Vicepresidente de la república en relación con el asunto contencioso por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los penales durante el primer gobierno de Alan García, echó por tierra la esperanzas de justicia de los familiares de las víctimas y de los ciudadanos libres, civilizados, que repudian los crímenes bárbaros y que esperaban una justicia ciega sin considerar la envestidura o poder de quienes son los responsables de semejante afrenta para el Perú. Es que así resultamos, ante la mirada civilizada del mundo, igualmente bárbaros todos los ciudadanos y las instituciones supuestamente independientes del poder central.

Este contubernio se ha venido manejando con anticipación por el gobierno y ha sido tratado en diferentes tonos por los medios de comunicación. La gran mayoría como cómplices, apañadores de la violación de la ley. En tal sentido, con la más grosera sinvergüencería atacaron a la Comisión de la Verdad y la reconciliación (CVR), a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y a los institutos de defensa de la ley. Fue un cargamontón de todo el poder político contra la legalidad, la base jurídica de nuestra institucionalidad. Quisieron encubrir este delito con falsos argumentos orientados a confundir a la opinión pública respecto de la lucha antiterrorista como si ésta diera licencia de bárbaro para cometer todas las atrocidades que el Estado cometió cuando su misión primordial era preservar la legalidad, en contraposición a los crímenes salvajes de Sendero Luminoso. En demasía se ha discutido estos asuntos y ha quedado agotado, pero resulta que el poder político reincide en el uso de argumentos trillados y hasta infantiles para traficar ante la ciudadanía con perversas manipulaciones del poder central.

Hubo medios de comunicación cómplices y algunos formaron parte del contubernio. Estos últimos lanzaron el chantaje abierto, con su acostumbrada cara dura. Propusieron la infeliz idea de que el TC pasara a ser una simple sala en la Corte Suprema para evitar la confrontación interna por el control de la institución, como si esto fuese único en el TC. Lo que ocurre es que el poder judicial tal como está diseñado obedece a los intereses del gobierno. Y, por cierto, ahí también se reproducen las luchas por hacerse del control de ese poder del Estado.

El diario la Primera denuncia que fue el ministro de Educación y el primer vicepresidente, Luis Giampietri, quienes tramaron esta salida vergonzosa. Como siempre, las llamadas telefónica estuvieron de por medio para conspirar contra la legalidad y a favor del encubrimiento de delitos que no prescriben, pero que si pueden ser ocultados ante la ciudadanía desprevenida.

Bajo la amenaza subalterna de convertir al TC en una simple sala, y con los apristas que están en su interior, conspiraron para dar un fallo que avergüenza a la conciencia civilizada de nuestro país. Decidieron, como ya es una tradición pirática, violentar la legalidad, tal como lo hizo Rómulo León Alegría y sus cómplices, o como lo hizo la mafia Fujimori Montesinos. De esto resulta claro para la ciudadanía que la mafia en el Perú no ha hecho otra cosa que cambiar los actores, unos que desempeñan mejor sus roles que otros, los nuevos más toscos que los viejos.