10 de noviembre de 2019

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BRASIL: "INSTRUCCIONES" PARA LIDIAR CON MOVIMIENTOS SOCIALES

Por: Brasil de Fato.

30 de septiembre de 2008

Documento interno de la polícía militar del estado de Rio Grande do Sul
La prueba es un documento de Instrucción Operacional nº6 de la Brigada Militar (polícia militar gaúcha) divulgado por el abogado Leandro Scalabrin durante la visita de la comisión especial del Consejo de Defensa de la Persona Humana (CDPH). El documento, entregado a todos los comandos del interior gaúcho y de la capital, normatiza los procedimientos de la corporación en relación a los movimientos sociales. Los policias deben hacer a identificación de integrantes de los movimientos, el monitoreo de sus sedes, evitar protestas e ocupaciones, cuando fuera preciso, usar la fuerza.

Para Scalabrin, el documento es una prueba oficial de que la criminalización de los movimientos sociales es una política del gobierno de Yeda Crusius (PSDB). “La normativa de mantener un registro actualizado de los movimientos sociales ya se uso en el caso del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y entre las mujeres campesinas en una lista de mas de 500 personas fichadas, con sus supuestos lideres identificados, con fotos, tal como hacia el DOPS (Departamento de Orden Política y Social) en la dictadura militar”, contó.

El documento es bastante claro. La instrucción se justifica bajo el Título 2 - “Base Legal”, mostrando en cuales leyes y constituciones las medidas encontrarían apoyo legal. En este ítem, aparecen las constituciones Federal, el Código Penal Brasileiro, el Código de Transito Brasileiro (para los casos de acampamentos a la vera de las calles y manifestaciones en ruta) y leyes como el Estatuto de la Tierra y el Derecho Agrário.

En tanto, es el Título 3 - “Ejecución” es destacado como inconstitucional por la comisión especial de derechos humanos, que trata de la postura que los comandos regionales de la Brigada Militar deben tener. En situación considerada de normalidad, los comandos deben confeccionar un registro de áreas rurales (para el caso de los movimientos sociales del campo) y predios públicos (engloba las organizaciones urbanas) que puedan ser ocupados. También apunta a identificación y registro de los líderes. Además determina acciones para casos de “ocupaciones inminentes” y para casos de “ocupaciones ya concretadas”.

Documento “robado”

El auditor de la Seguridad Pública Adão Paiani que participó de las reuniones con la comision negó que exista una política de Estado para coibir protestas, pero afirmó que existen posiciones aisladas en el gobierno que defienden el uso de la fuerza durante las manifestaciones. “Ya sugerí incansablemente al gobierno del Estado y a Brigada Militar que tenemos alternativas a eso [violencia]. La semana pasada, me reuní con el secretario de Seguridad Pública y le sugerí la creación de la polícia agrária. Infelizmente, esa voz no ha encontrado eco en el gobierno”, dijo.

En tanto, en entrevistas a la prensa local, el comandante general de la Brigada Militar, coronel Paulo Mendes, criticó el basamento del documento, pero afirmo ser sigiloso al respecto. Durante un programa de TV, el militar llegó a acusar a una deputada estadual de “haber robado” el documento impreso que ella mostraba en tal ocasión.

El Estado de Rio Grande do Sul no adhiere al Manual de Directrices Nacionales para Ejecución de Mandatos Judiciales y Reintegración de Propiedad Colectiva, producido por la Auditoría Agrária Nacional y pactado por las secretarias de seguridad estaduales. El manual direcciona el trabajo de la policía en casos de ocupaciones por reivindicación de la Reforma Agraria.

Traducido por Prensa de Frente