24 de mayo de 2019

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ELCAPITALISMO NORMAL EN BOLIVIA.

5 de octubre de 2006

Por: James Petras. (La Haine).

[Traducido para La Haine por R. Delgado y S. Seguí]. El momento en que los partidarios indígenas y campesinos de Morales aperciban los costes socioeconómicos del capitalismo normal y las vacías promesas del Gobierno populista conservador podría sellar el temprano y trágico fin de otro líder popular, cegado por las ambiciones presidenciales y el dulce encanto de los poderes oligárquicos.

La ceguera ideológica y una completa ignorancia de hechos elementales es lo que a menudo impide a los políticos, periodistas y activistas entender la cambiante situación en América Latina. Estos defectos no se reducen a un punto concreto del espectro político, aunque las preferencias y perspectivas políticas visibles se puedan encontrar en polos opuestos.

Una lectura de los pronunciamientos y escritos sobre el Gobierno boliviano liderado por Evo Morales y su mentor ideológico, el vicepresidente García Linera, es uno de los casos a tener en cuenta. La administración Bush, tomando la retórica nacionalista de Morales en su sentido literal, describe a Bolivia como parte de un nuevo eje radical que se extiende desde Cuba y Venezuela hasta Bolivia. En la izquierda, la mayoría de autores y periodistas, enamorados de la misma retórica nacionalista y de los lazos del Gobierno boliviano con los países mencionados, alaban al Presidente Morales como parte de una nueva ola de presidentes izquierdistas en la zona.

Si se ignora la ampliamente publicada retórica y las maliciosas represalias comerciales contra Bolivia, y se va a las políticas especificas del gobierno de Morales, la noción de un Gobierno radical, incorruptible y nacionalista que ha dado poder a las comunidades indígenas, es cuestionable.

El presente ensayo examina las evidencias con respecto al carácter del gobierno de Morales en aspectos fundamentales de su política, principalmente en las áreas del precio del gas, propiedad y explotación extranjera de materias primas, petróleo y gas (la autodenominada nacionalización), política agraria (revolución agraria) y la Asamblea Constituyente (Refundación de la República).

Basándonos en esta discusión empírica, queda claro que la visión política del gobierno de Morales-Linera es más cercana a un gobierno conservador populista que a algo que se parezca a un gobierno radical nacionalista. El objetivo real del Gobierno es la transformación de Bolivia en una economía capitalista normal, mas que en algo que se parezca a una sociedad progresista e igualitaria.

Balance de los seis primeros meses

El presidente Morales, al hacer balance de sus primeros seis meses en el cargo, hizo hincapié exactamente en los mismos puntos de los que estaría orgulloso cualquier neoliberal ortodoxo.

Me refiero al superávit presupuestario, ante un sistema de salud, educación y servicios de urgencia en quiebra, en el que los maestros de áreas rurales continúan ganando menos de tres dólares al día.

También me refiero al incremento en las reservas de divisas extranjeras, cuando su plan de industrializar el país todavía no ha comenzado siquiera. Acumular dólares o euros en cámaras de bancos -cuando no se otorgan créditos a los artesanos, los campesinos y las pequeñas empresas- puede que haga felices a los acreedores extranjeros, pero no hace nada por promover el empleo.

También me refiero a equilibrar el presupuesto, cuando lo que falta es inversión publica en infraestructuras, nuevas escuelas rurales y clínicas que atiendan las necesidades de los más pobres, y reduzca el sector sumergido que ahora alcanza el 80%. Los presupuestos equilibrados, excedentes comerciales y crecimiento de las reservas de divisas satisfacen a los inversores extranjeros y a los grandes empresarios locales ya que les proporcionan moneda fuerte para enviar a sus sedes centrales, facilita transacciones financieras muy lucrativas y les proveen de prestamos a bajo interés desde los ministerios de desarrollo del Gobierno.

La afinidad del presidente Morales con la ortodoxia neoliberal coincidió con vagas referencias a las "mejoras sociales". Por ejemplo, citó el aumento del salario mínimo. La realidad es que lo incrementó en menos de cinco dólares al mes, llevándolo a 55 dólares, y olvidando mencionar que durante su campaña electoral prometió doblar el salario mínimo, aunque luego optó por un presupuesto de austeridad parecido al de sus predecesores neoliberales.

Este ejemplo de presupuestos austeros esta siendo seguido por los alcaldes del MAS, quienes en muchos casos ni siquiera han gastado su creciente participación en las ganancias derivadas del petróleo y el gas en proyectos locales, creación de puestos de trabajo o en la mejora de los servicios sociales. Morales, en su balance de los seis primeros meses, regañó a los altos cargos y alcaldes por no utilizar el dinero en proyectos locales y culpó a sus líderes locales por lo que en realidad es una carencia de programas sociales concretos por parte del Gobierno.

Hasta diciembre de 2005, Bolivia vendía su gas a Brasil y Argentina a una cuarta parte del precio mundial, a 3,8 dólares por mBTU (millón de unidades térmicas británicas) en lugar del precio real de 15,38 dólares. Lo cual produjo la pérdida de más de 500 millones de dólares al año. Con Morales de presidente, Bolivia intentó renegociar el precio del gas con Brasil y Argentina para terminar con la situación de pillaje, robo y corrupción. El presidente brasileño Lula Da Silva y la compañía público-privada Petrobras, se negaron a negociar un cambio en el precio y continuaron recibiendo gas al bajo precio del petróleo. Funcionarios de los gobiernos argentino y boliviano negociaron un nuevo precio de cinco dólares por mBTU, lo cual incrementó los ingresos de Bolivia en unos 70 millones de dólares al año, con lo que el presidente Morales proclamó “una victoria importante para el pueblo boliviano”.

Nada más lejos de la realidad. En el momento de firmarse el nuevo contrato, el precio internacional pasó de 5.90 dólares a 7.30 dólares por mBTU. El 1 de agosto 2006, los precios habían subido a entre 6,80 dólares y 8,40 dólares (Financial Times, 1.8.2006). En otras palabras, el 1 de agosto del 2006, por cada mBTU Bolivia estaba perdiendo entre 1,80 y 3,40 dólares. Dicho de otra manera, el "nuevo y revolucionario" contrato con Argentina está costando a Bolivia más de 100 millones de dólares al año en ingresos por gas.

Aunque tomemos el más bajo precio mundial del gas cuando se firmó en mayo, (5,90 dólares por mBTU), Bolivia todavía recibía un 20% menos del precio del mercado internacional; y lo que es peor, Brasil siguió aplazando las negociaciones ya que recibe gas al 40% del precio de mercado, ahorrándose mas de 125 millones de dólares al año.

Si bien el doble discurso interior de Evo sigue encandilando a la gran mayoría de organizaciones indígenas y campesinas, no ha tenido el más mínimo impacto en las corporaciones transnacionales. La súplica de Morales a Lula de, al menos, ir subiendo moderadamente los precios del gas ha encontrado oídos sordos. Petrobras, la enorme y privatizada corporación petrolera estatal ha convencido a Lula de que no entre en negociaciones y éste ha obedecido, dejando al equipo negociador de Evo sin una política que contrarreste la intransigencia de Petrobras. Para presionar a Bolivia a que acepte el actual precio de 3,6 dólares por mBTU (de la mitad a un cuarto del precio mundial), Petrobras ha negociado una proyecto conjunto con PDVSA de Venezuela, los supuestos compañeros de ruta de Bolivia, y anunciado grandes inversiones en proyectos exploratorios en Brasil.

En respuesta a la intransigencia brasileña, el incompetente ministro de hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada (1), mencionó posibles ventas a México y Chile al precio de mercado (hasta 12 dólares por mBTU). Pero todavía no han comenzado las negociaciones concretas con estos países, y eso que hay numerosos indicios de que Brasil insistirá en no cambiar su contrato. Además, el pronunciamiento de Soliz Rada contradice la firme posición de Evo de no vender gas o energía hidroeléctrica a Chile hasta que se acepte la demanda histórica de Bolivia de tener salida al mar. En la vehemencia de Evo al atacar a sus antecesores neoliberales como el ex presidente Sánchez de Losada, se olvida convenientemente de los acuerdos energéticos con Chile, dado el completo desastre de sus políticas de comercio y energía.

Similares contradicciones han salido a la luz en relación con las políticas de inversión extranjera promovidas por Evo. A finales de mayo, Bolivia acepto permitir a Jindal Steel and Power Ltd. que explotara las 40.000 millones de toneladas de hierro y magnesio existentes en las reservas de la montaña El Mutún, con unas condiciones de reparto de beneficios que hubieran hecho enrojecer a Sánchez de Losada y la oligarquía tradicional. Desde junio hasta finales de agosto, el Gobierno de Morales mantuvo un absoluto hermetismo sobre los términos del acuerdo. El ministro de Minas y Metalurgia Walter Villarroel, en principio el responsable de los términos tan desfavorables del acuerdo, no asistió al encuentro donde se negoció el contrato de El Mutún, argumentando que tenía otros compromisos de menor importancia.

De hecho, Jindal se trajo funcionarios del mas alto rango del Gobierno de la India, para presionar a Morales a que acepte lo que sería el modelo neoliberal de pillaje del siglo XXI. Enfrentado con la traición del ministro Villarroel y sus vergonzantes consecuencias, el gabinete económico de Morales decidió continuar con evasivas, posponiendo la publicidad de los términos reales que se estaban negociando (HoyBolivia.com, 9.8.2006).

La confusión es también evidente en las negociaciones con Brasil. El ministro Soliz Rada convocó una conferencia de prensa para anunciar que era inminente un acuerdo sobre el precio del gas y que mandaba una delegación para firmarlo, mientras en Brasil, el mismo día, el director de Asuntos Exteriores de Petrobras, Néstor Cuñat Cervero, declaraba que todas las negociaciones estaban suspendidas, que no había trato y que Brasil continuaba pagando el precio de siempre.

Las transnacionales, sean Repsol de España, Jindal Steel de la India o Petrobras de Brasil parece que saben que están tratando con ministros incompetentes, con una retórica oportunista, radical y nacionalista, pero a los que en la práctica se les pueden sacar concesiones importantes, compatibles con las peores condiciones de cualquier gobierno neoliberal.

La clave para entender las políticas del Gobierno de Morales, sus ministros, vicepresidente y su propia actitud política es identificar el carácter de clase y las referencias sociales de los personajes claves.

Conclusión

Las nuevas élites gobernantes comparten con sus predecesores neoliberales la misma defensa de los grandes terratenientes, la inversión extranjera en energía, gas, banca y minerales. Defienden a los militares, la policía y la jerarquía judicial. Como sus homólogos neoliberales, el gabinete propone incentivos fiscales y de otros tipos para atraer a los inversores extranjeros y promete proteger los altos márgenes de ganancias. Más que sus predecesores neoliberales, el Gobierno de Morales ha implementado políticas fiscales estrictas, maniatando los sueldos y el salario mínimo, reducidos a incrementos nominales, cuadrando el presupuesto y acumulando reservas extranjeras como un alumno modelo del FMI.

El Gobierno rechaza cualquier cambio estructural. La distribución de la tierra se lleva a cabo en parajes inhóspitos, que además son propiedad pública, bosques muy alejados de carreteras y de mercados; las desigualdades de ingresos no van a ser modificadas por un sistema de impuestos progresivos; y no se está realizando ningún proyecto significativo en infraestructura, vivienda, salud o educación. La mayor parte de los ingresos adicionales obtenidos del gas, petróleo y minerales van a parar a las reservas bancarias, los pagos de la deuda interna y externa, a equilibrar los presupuestos, a financiar un 13% de aumento para los militares (el doble que a los maestros y policías en huelga) y al gasto en subvenciones patronales.

La principal diferencia entre el gobierno de Morales y sus antecesores neoliberales radica en su composición de clase, su ideología y su política exterior. La mayoría de los ministros y consejeros pertenecen a la clase media, y reemplazan a los tecnócratas oligarcas, de la clase media alta, y a la elite empresarial. Están por encima de los trabajadores con salarios bajos y de los campesinos pobres. Como un apunta un autor, ”la nueva elite del Gobierno está formada en su origen principalmente por campesinos, mineros, artesanos y personas de otros orígenes humildes, pero su actual patrimonio sobrepasa los 50.000 dólares, una condición que los aproxima a la clase media y sus estilos de vida. Si añadimos a eso la abundancia de intelectuales de clase media, tenemos un gobierno que es mayoritariamente de clase media urbana”. (Lorgio Orellana Aillon, Hacia una caracterización del gobierno de Evo Morales, Osal no.19, p. 45-54).

Lo que está claro es que este origen y esta base social popular se reflejan en la ideología: demagógica, populista y nacionalista, en la que sus políticas neoliberales reflejan la movilidad ascendente y sus nuevos referentes sociales se encuentran entre la clase tradicionalmente dominante. La nueva elite política, sin base económica propia, busca a través del control sobre el aparato del estado y lazos con el capital nacional y extranjero crear una ruta ascendente de riqueza, status social y, posiblemente, acceso a la elite económica.

El perfil político confirma la base social de clase de la nueva elite gobernante. El Presidente Morales nombró a dieciséis ministros del gabinete, de los cuales siete están cuestionados por los movimientos de masas que llevaron a Evo a la Presidencia. Mientras los comentaristas y panegiristas extranjeros alaban la presencia de varios indígenas y de cuatro mujeres en el gabinete, el movimiento popular en Bolivia ha asistido atónito a las políticas y trayectorias de casi todos los ministros clave.

Salvador Ric Riera, un hombre de negocios conservador de Santa Cruz, conocido multimillonario acusado por los líderes sindicales locales de blanqueo de dinero y otras actividades delictivas, fue nombrado ministro de Obras Públicas y Servicios. En todos los gobiernos anteriores, Obras Públicas fue uno de los ministerios más notorios debido a la corrupción, especialmente por la concesión de contratos de construcción de vías públicas. Dada la importancia que Evo ha dado a la lucha contra la corrupción, la mayoría de activistas se mostraron horrorizados por el nombramiento de Ric Riera, que fue un contribuyente económico de última hora a la campaña de Evo. Su nombramiento se interpretó como una concesión a una parte de la oligarquía de Santa Cruz.

El fundamental Ministerio de Minas fue concedido a Walter Villarroel, quien abandonó el partido derechista UCS para subirse al carro de Morales. Su nombramiento fue denunciado por el líder minero Cesar Lugo, porque en la anterior presencia de Villarroel en el Gobierno ayudó a desmantelar la Corporación Minera Boliviana (COMOBOL) y a privatizar una de las mayores minas de hierro del mundo. También fue atacado por apoyar al anterior Presidente, Carlos Mesa, y utilizar cooperativas privadas para debilitar a las empresas estatales situadas bajo control obrero.

El estratégico ministerio de Defensa fue asignado a Walker San Miguel Rodríguez, abogado y ex director del Lloyd Aereo Boliviano (LAB), acusado de encubrir la privatización ilegal de las antiguas líneas aéreas estatales. Ahora la Asociación de Pilotos ha pedido al Estado que intervenga la compañía para investigar delitos e irregularidades. El nuevo ministro es un veterano miembro del partido derechista MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) y antiguo seguidor del ex presidente Sánchez de Losada, que masacró a decenas de manifestantes en el 2003 antes de huir al exilio en EE UU Difícilmente se puede considerar una elección "incorruptible" y apropiada para dirigir a los militares.

La Confederación de Maestros ha rechazado el nombramiento de Félix Patzi Paco como ministro de Educación ya que no tiene experiencia en la profesión, no tiene conocimientos de su problemática y no está cualificado para afrontar la crisis actual de la educación.

La Central Obrera Boliviana (COB) ha criticado con fuerza el nombramiento de Luís Alberto Arce como ministro de Finanzas. Arce ha estado durante mucho tiempo relacionado con las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) y es un antiguo defensor de sus regresivas políticas estructurales de ajuste, que aplicará al resto de ministerios, incluyendo inversiones, ingresos y gastos sociales.

David Choquehaunca, antiguo concejal de El Alto, lleva la cartera de Asuntos Exteriores. Ha sido colaborador cercano del corrupto ex presidente neoliberal Jaime Paz Zamora. Tiene la capacidad de defender las políticas de libre mercado en castellano y en aymará.

El nombramiento de Abel Mamani como ministro del Agua fue criticado enérgicamente por los líderes de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, la organización clave en la insurrección que hizo caer a dos presidentes neoliberales y que dio a Evo una resonante mayoría del 70% en El Alto. Evo y Mamani actuaron sin consultar a las asambleas populares del FEJUVE a pesar de que el tema del Agua en El Alto es fundamental. Más aún, Mamani, antiguo líder de la FEJUVE, fue criticado por malversación de fondos y por no implementar la principal demanda popular: la nacionalización de los derechos de distribución del agua en El Alto, actualmente en manos extranjeras. A las asociaciones de vecinos no les impresiona la facilidad de Mamani al hablar en quechua, pero sí su falta de militancia y su oportunismo político.

Los movimientos sociales apoyaron el nombramiento del ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, quien prometió promover la nacionalización del gas y el petróleo; del ministro de Justicia (Casimira Rodríguez Romero, antigua líder en el Sindicato de Trabajadores Domésticos) y del ministro de Trabajo (Alex Gálvez Mamani, ex líder en la Confederación Obrera Boliviana). Sobre el resto de ministros, no hubo ni oposición ni apoyo dignos de mención.

Cabe destacar que el ministro de Hidrocarburos, Soliz Rada, es un antiguo líder del partido de centro-derecha CONDEPA, que convivió con ex presidentes neoliberales, aunque criticó la venta ilegal de los recursos estatales del petróleo. El ministro de la Reforma Agraria y del Campesinado es un intelectual de Santa Cruz sin vínculos con los grandes movimientos campesinos de Cochabamba o los Andes.

Los puestos clave de la economía están principalmente en manos de tecnócratas y liberales, mientras que los ministerios sociales están en manos de izquierdistas. Si bien esta situación da la impresión de diversidad de representación, el hecho es que fue el ministerio de Economía el que estableció los parámetros económicos para la asignación de presupuestos, lo que afecta radicalmente la posibilidad de mejoras sociales.

Los lideres de los movimientos sociales de la clase media, escaladores sociales y otros oportunistas políticos que predominan en el Gobierno de Morales, han estado tradicionalmente fuera del sistema económico pero quieren incorporarse a él. Están golpeando la puerta de la Casa Grande, negociando con su demagogia pseudonacionalista y su multicultural masa de seguidores, para asegurarse la entrada, ofreciendo a cambio proteger la estabilidad macroeconómica y la austeridad fiscal, e importantes reservas de divisas. Sin embargo, dado que ya han desmovilizado a los movimientos sociales y han dado garantías a los grandes propietarios y altos beneficios a los inversores extranjeros, la elite económica no ve motivos para hacer concesiones sociales o compartir ganancias con estos pequeño-burgueses con pretensiones de ascensión en la escala social.

Tanto las élites inversoras extranjeras como los oligarcas locales perciben lo que hay detrás del estatismo del Gobierno de Morales: no ven una tendencia hacia el socialismo, si no más bien el uso oportunista de asociaciones público-privadas como vehículo de ascenso social y de compartir lucrativos beneficios, manteniendo al mismo tiempo los salarios por los suelos. La actitud contradictoria de estos políticos de clase media ascendentes, alternando entre la retórica radical hacia las masas y las concesiones a las élites, refleja su constante necesidad de presionar a éstas para que los acepte como legítimo socio negociador y su necesidad de colaboración con ellas para neutralizar el descontento de las masas.

En política exterior, el intento de Evo de cabalgar dos caballos que van en direcciones opuestas ha resultado desastroso. Sus esfuerzos para combinar los acuerdos comerciales con EE UU y sus cipayos neoliberales en el Pacto Andino, con sus lazos económico-ideológicos con Venezuela, han llevado a un doble fracaso. La política polarizadora de Washington, “Bush o Chávez”, ha desequilibrado el ecléctico papel de equilibrista de Morales.

Lentamente está emergiendo un proceso de similar de polarización interna. Las clases altas, tras asegurar sus propiedades, ganancias y poder institucional, lejos de aquietarse están exigiendo más concesiones económicas y más control social. Los trabajadores peor pagados (los mineros de Huanami, los maestros de La Paz, los trabajadores sin tierra de Santa Cruz y los indígenas del Altiplano) están empezando a resistir; huelgas y manifestaciones, ocupaciones de terrenos y bloqueos de carreteras van en aumento.

Atrapado entre su pasado social y las demandas de las masas que lo apoyaron, y su aspiración de unirse al orden económico establecido, el Gobierno de Evo Morales no va a poder contentar a ninguno de los polos y es muy posible que se enfrente a una crisis profunda cuando la polarización aumente.

¿Por qué un gobierno que se autodenomina revolucionario, o al menos reformista, y tiene el apoyo de más del 60% del electorado, negocia unos contratos para el gas tan desfavorables, cuando hay una mayor demanda y los precios están subiendo?. Dicho de otra forma: ¿cómo se relaciona la política del gas con la estrategia económica y social general del Gobierno de Morales?

Hay varias explicaciones posibles para entender el fracaso del Gobierno de Evo en asegurar los precios de mercado en la venta de gas:

1. Inexperiencia e incompetencia,
2. Conservadurismo gubernamental y decisiones basadas en criterios políticos en lugar de criterios de mercado,
3. Corrupción.

No hay duda de que el Gobierno carece de negociadores especializados que sean capaces de obtener precios mayores de los conseguidos hasta ahora. Sin embargo, se han contratado expertos para auditar los contratos antiguos y detectar acuerdos ilegales, los que han identificado cláusulas que permiten la renegociación de contratos. Además los precios de mercado son fáciles de encontrar en muchas páginas de Internet. Aunque no haya muchos expertos, la información sobre los precios internacionales está disponible. Por lo tanto el problema no es la carencia de información técnica. Lo que sí es un problema grave es la habilidad negociadora: el uso de la información y la capacidad de desplazar a los competidores y desarrollar mercados alternativos con precios más elevados.

Mucho mas serias son las restricciones políticas e ideológicas derivadas del intento de Evo y Linera de perseguir la normalización del capitalismo a través de alianzas de centro-izquierda. Evo ha firmado contratos de comercio, ayuda e inversión con el Gobierno venezolano, lo que ha reforzado a los exportadores agrícolas y la explotación del gas y del petróleo en sociedades mixtas, y ha incrementado la capacidad de explorar y explotar nuevos pozos petroleros. Cuba proporciona asistencia social en las áreas de la medicina y la educación.

Argentina, Brasil y España (otros mal llamados regímenes de centro-izquierda) han seguido el liderazgo de sus transnacionales, y sus propias prioridades neoliberales, y se han negado a apoyar a Morales en su intento de normalizar el desarrollo capitalista de Bolivia. Insistieron en obtener precios privilegiados -equivalentes a pillaje-, impuestos extremadamente bajos (bastante inferiores a los estándares mundiales), pagos reducidos de regalías, y una normativa laxista en materia de auditorías de contabilidad, producción, beneficios y ventas.

El Gobierno de Morales se preocupa principalmente de que las inversiones de capitalistas extranjeros se lleven a cabo bajo normas burguesas aceptables: pago adecuado de impuestos; aceptación de empresas mixtas en los sectores de energía y de minerales; inversión creciente, especialmente en los sectores mas lucrativos como petróleo, hierro y otros minerales; todo ello cumpliendo con las normas habituales de regulación y auditorías. A cambio, Morales abrió la puerta de par en par a inversores multinacionales incluyendo la explotación de materias primas estratégicas, dando garantías judiciales estables a largo plazo para los inversores, niveles relativamente bajos de impuestos, una moneda estable, un presupuesto austero, y controles estrictos del gasto social, salarios y pensiones, en la línea que marca el FMI.

Esta estructura económica esta basada en una alianza estratégica con los capitalistas (nacionales y extranjeros), los grandes exportadores agrícolas y los tecnócratas de negocios en el sector público.

Para avanzar en esta estrategia de desarrollo hay que evitar cualquier confrontación con los regímenes neoliberales de Brasil y Argentina y sus transnacionales en Bolivia. En otras palabras, la estrategia capitalista normalizadora del binomio de centro-izquierda Morales-Linera funciona como una camisa de fuerza que limita las opciones de inversión, comercio y negociación de Bolivia. Exigir a Argentina los precios del mercado mundial del gas, por ejemplo, llevaría a un enfrentamiento con Kirchner. El gobierno argentino debería entonces enfrentarse al problema del incremento de precios a los consumidores o aumentar el dinero destinado a las subvenciones. La primera opción tendría un precio político interior; la segunda disminuiría los fondos para subvencionar la gran industria y el pago de la deuda externa. El precio de cinco dólares por mBTU, que Kirchner aseguró con Bolivia, es manejable políticamente y proporciona unas ganancias considerables para sus transnacionales, dado que Argentina vende gas a Chile por 7,50 dólares por mBTU. (2)

El Gobierno de Lula adoptó una línea intransigente, acostumbrados como están a precios bajos, contrabando, funcionarios bolivianos corruptos y la invasión de amplias áreas de Bolivia por colonos brasileños. El ministro de Asuntos Exteriores, Amorin, y el jefe del gigante del petróleo Petrobras (estatal pero casi completamente privatizada), se beneficiaron de la incompetencia de los negociadores bolivianos. Nunca se planteó la posibilidad de vender gas a otros países o de reducir su flujo a Brasil. Los brasileños simplemente ignoraron las llamadas a la negociación y rechazaron siquiera estudiar incrementos moderados en el precio. Amenazaron con la mediación internacional para evitar incluso que se reabrieran cláusulas de los contratos, a pesar de que existen numerosos precedentes judiciales en el mundo.

Morales consideró, erróneamente, a Lula como un aliado, lo que debilitó la postura de Bolivia en las negociaciones, atribuyendo la línea dura brasileña a la proximidad de las elecciones presidenciales. Según Morales, Bolivia debe sacrificar hasta 100 millones de dólares en ingresos para evitar que se ponga en peligro la reelección de Lula, quien una vez gane las elecciones, presumiblemente aceptaría pagar precios más altos. Contrarrestando esta presunción, Lula respondió financiando un programa de multimillonarias inversiones en gas en Brasil y Venezuela, que comenzará su producción en 2008 y que sustituirá la mayor parte de las importaciones de gas boliviano.

Queda claro que las servidumbres ideológicas y de clase de Morales, que están minando sus esfuerzos por crear un capitalismo normal en Bolivia, conllevan un coste político y social extremadamente alto, no sólo en relación con las duras restricciones en gastos sociales, si no, aún peor, por las grandes perdidas de ingresos como resultado de las ventas de gas por debajo de su precio.

Una vez que quedó nítidamente claro para la mayoría de las transnacionales y sus gobiernos que no había vuelta atrás a los tiempos del pillaje sin regulaciones, con impuestos casi inexistentes y altos funcionarios corruptos, y cuando se dieron cuenta que Morales era un propulsor de la inversión extranjera fiable y convincente, el capital extranjero dejó de amenazar y comenzaron a utilizar las grandes oportunidades de explotación de materias primas en una época de precios altos. El 2 de julio del 2006 las más importantes compañías españolas, entre otras REPSOL-YPF (la gran compañía petrolera de dudosa reputación) e Iberdrola (gran empresa eléctrica y energética), anunciaron fuertes inversiones (Hoy Bolivia.com 2.8.2006)

Para facilitar las operaciones de las transnacionales y evitar cualquier problema, Morales nombró un agente especial del Gobierno para que se encargara de solucionar los inconvenientes que las compañías pudieran encontrar. Morales afirmó: “Mientras tenga en cuenta las normas internas del país, el capital privado extranjero está garantizado”. Evo recalcó la necesidad de que el capital extranjero se amplíe y profundice sus inversiones en la explotación de materias primas, con la esperanza realizar localmente algún tipo de procesamiento, a lo que él se refiere vagamente como industrialización.

La corrupción sigue existiendo, incluso en los seis primeros meses de gobierno, pero se sitúa en segundo plano con respecto a los tratos con los inversores extranjeros. La propuesta de Morales a los inversores extranjeros se basa en que paguen un incremento moderado de impuestos, en lugar de pagar sobornos a funcionarios corruptos. Además, desde que ha dejado de lado las reformas sociales estructurales, la legitimidad del Gobierno descansa cada vez más en una imagen moralizadora, de honestidad y contra la corrupción. De aquí viene la reducción, espectacular, de su salario y el de los altos funcionarios, como pretexto para justificar las subidas mínimas en los salarios de los trabajadores públicos y de los que ganan el salario mínimo.

En muchos aspectos Morales está más cerca de ser un conservador multicultural que un liberal social, mucho menos que un reformador social y aun menos un revolucionario social. Contrariamente a la retórica de aliados y admiradores extranjeros, Morales reiteró su decisión de “no expropiar ni expulsar” a una sola empresa petrolera (Hoy Bolivia.com, 2.8.2006). También dejó claro, a los receptivos oídos de los inversores extranjeros, que “con la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos del pasado mayo nada ha sido expropiado y no hemos echado a nadie”.

Bolivia tan solo transfirió las acciones de los fondos estatales de pensiones al Gobierno, compró otro 4% y se convirtió en "socio" de las transnacionales del petróleo. El efecto económico neto para las transnacionales en términos de ganancias y control es muy pequeño, pero las ventajas políticas y sociales son enormes: ahora tienen el apoyo directo del gobierno en contra de los trabajadores y los nacionalistas, quienes buscan salarios más altos y expropiaciones.

El carácter conservador del Gobierno de Morales es evidente en su relación con la multimillonaria privatización de la mina de hierro de El Mutún, su visión positiva hacia los acuerdos de libre comercio y en su defensa de los grandes negocios agrícolas.

El acuerdo sobre El Mutún con la corporación india Jindal Steel parece ser un caso de incompetencia, concesiones políticas e ideológicas (a Santa Cruz) y puede que de simple corrupción. En primer lugar, consistente con la promoción por parte de Evo de inversiones extranjeras a gran escala en recursos naturales, el extraordinario proyecto valorado en 40.000 millones de dólares, la "montaña de hierro y manganeso" se abrió a subasta publica, siguiendo los pasos de anteriores presidentes neoliberales. Siguiendo su línea política de transparencia y capitalismo moralizador, Morales amplió el proceso de subasta e incluyó cláusulas que requerían el procesamiento o la industrialización de una parte del mineral del hierro y un reparto de las ganancias extremadamente limitado. La subasta no tuvo nada de competitiva, solo la oferta de Jindal Steel fue estudiada, a pesar de que los términos eran muy favorables para esta empresa.

Son tantos los beneficios ocultos que el gobierno de Morales, después de varios meses, aún no ha facilitado los términos de dicha operación. Sin embargo, el director ejecutivo de Jindal reveló en una entrevista en la India que el reparto de beneficios será del 90% a favor de la transnacional y el 10% para el Gobierno. La industrialización sólo llegará bastante más adelante, y se reducirá a una simple transformación del metal. Dada la extraordinaria demanda de mineral de hierro y los precios históricamente altos por la gran demanda china (China es el país líder en producción de acero), los términos del acuerdo Morales-Jindal son, incluso teniendo en cuenta los estándares anteriores bolivianos, un desastre de primera magnitud tanto para las finanzas estatales como para la estrategia de desarrollo económico de un capitalismo normal.

Mientras que Morales garantiza a los banqueros e inversores extranjeros una ortodoxia neoliberal, al hacer hincapié en la austeridad presupuestaria, el crecimiento de las reservas de divisas y el superávit comercial, el presidente de la empresa estatal de petróleos (YPFB) se lamenta que “no dispone de recursos económicos” que le permitan llevar a cabo sus nuevas funciones de protagonista principal de la nueva política energética. La falta de fondos de inversión que le permitan desarrollar la explotación del gas y el petróleo, hace que YPFB ande en búsqueda de nuevos inversores extranjeros, con lo que socava efectivamente las pretensiones de Morales de nacionalizar la industria del gas y el petróleo (HoyBolivia.com, 8.8.2006).

En relación con el proceso de nacionalización, el ministro de Minería e Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, ha admitido que el Estado boliviano, y más concretamente YPFB, dispone de sólo una minoría de representantes en la junta directiva de la empresa nacionalizada del gas y el petróleo. Las transnacionales del petróleo siguen controlando la mayoría y por consiguiente tienen capacidad de decisión (HoyBolivia.com, 8.8.2006). Mientras que el decreto de Morales hablaba de posesión y control total de los hidrocarburos, el ministro Soliz Rada ha confesado que YPFB solamente controla una pequeña parte del proceso de producción. Es la mayoría de la junta directiva, controlada por los inversores extranjeros, quien tiene el poder estratégico de toma de decisiones en la aprobación o rechazo de los contratos con compañías petroleras extranjeras antes de su presentación al Congreso. La mayoría accionarial de las principales compañías petroleras sigue estando en manos de inversores extranjeros, entre otras Chaco S.A., Andina S.A. y Transredes S.A., así como de las principales refinerías (propiedad del gigante brasileño Petrobras, CLHB y Transredes S.A.) (HoyBolivia.com, 8.8.2006).

En otras palabras, Morales sacrifica su propio sector petrolero nacionalizado a cambio de un certificado de buena conducta expedido por el FMI, quien solo tiene buenas palabras sobre su rigurosa política fiscal y monetaria.

Entretanto, la compañía petrolera brasileña Petrobras, antes de propiedad estatal y hoy privatizada, sigue explotando el gas boliviano por el que paga un tercio del precio mundial (3 a 4 dólares por mBTU), con o sin decretos presidenciales que se opongan. De hecho, dada la debilidad o la incompetencia del gobierno boliviano, Petrobras ha anunciado que incrementaría su producción de 24 millones de metros cúbicos por día a 30 millones.

El presupuesto de Morales es un claro indicador de sus prioridades neoliberales: subvenciones a la agroindustria; bajos precios del gas destinado a Argentina y en particular a Brasil; e incrementos graduales de salarios y del salario mínimo. El 7 de agosto pasado, el gobierno de Morales anunció un incremento del 16% de los salarios de las fuerzas armadas, tres veces el aumento concedido a los maestros rurales y dos veces el del salario mínimo. Cuando el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes, pidió aumentos similares para los trabajadores asalariados, el portavoz presidencial Juan Ramón Quintana rechazó lisa y llanamente un aumento de cualquier tipo en cualquier sector de la economía: “No hay ninguna posibilidad de aumento... Tenemos un plan socioeconómico general y un presupuesto aprobado.” A continuación, añadió, con total fidelidad al dogma neoliberal de que “hay que llenar primero la copa, para que luego se derrame”, que “una mejor redistribución del ingreso está en función del crecimiento económico” (HoyBolivia.com, 7.8.2006).

Las condiciones tan poco favorables de las minas de hierro de El Mutún, que los negociadores de Evo Morales acordaron en un primer momento con Jindal Steel and Power (90% y 10%) han tenido como resultado los intentos por parte del Gobierno de retrasar la firma definitiva y una serie de reuniones a puerta cerrada. Es revelador de las escandalosas condiciones del contrato que éste no ha sido hecho público en su totalidad, lo que ha provocado la ira y movilización de los “grupos cívicos” de ultraderecha que, en una acción en favor de Jindal, exigen la inmediata firma del contrato. Una vez más, el apresuramiento y la imprudencia de Morales a la hora de establecer acuerdos con inversores extranjeros, aunque proclamando unas credenciales nacionalistas, ha llevado a su gobierno a recurrir a la demagogia y a unas condiciones contractuales peores de las que hubiera podido conseguir con una expropiación directa o con la creación de una empresa mixta.

En parte, Morales decidió establecer el contrato de El Mutún con el fin de dar satisfacción al clamor de la oligarquía de Santa Cruz y a sus acólitos políticos en favor de una rápida venta, cuando Morales amplió el plazo de licitación. Dadas las condiciones tan favorables que consiguió Jindal, es de suponer que hubo la exigencia política de pacificar a la elite regional local que espera conseguir beneficios marginales de la explotación, además de una rápida fuente de beneficios a expensas de los ingresos a largo plazo y el control estratégico. No obstante, en el pasado algunas investigaciones permitieron verificar que en contratos parecidos al de El Mutún, en los que las desventajas superaban tanto a las ventajas locales, la corrupción y la incompetencia habían sido factores importantes que habían engrasado la aprobación del contrato por parte del Gobierno.

El acuerdo de El Mutún es emblemático de la identificación de Morales con la gran empresa como vehículo de desarrollo del capitalismo normal. El acuerdo con Jindal resultó especialmente provocativo teniendo en cuenta los alzamientos revolucionarios antiimperialistas de los tres años anteriores, y hay quien concede una credibilidad aún menor a sus pretensiones de nacionalizar la economía. Su reiterada defensa y promoción de las compañías petroleras extranjeras confirma la impresión de que su retórica nacionalista es sólo una cobertura de una práctica conservadora-liberal.

Sobre la reforma agraria

A pesar del desafiante discurso sobre la próxima revolución agraria realizado el Día del Indio (2.8.2006) en el histórico Ucureña, los expertos agrícolas bolivianos abrigan serias dudas de que haya cambios significativos a la vista.

En primer lugar, a la vez que promete para el futuro la supresión de los latifundios no cultivados y respetar las fincas productivas, con independencia de su tamaño, ha aceptado, con algunas modificaciones de detalle, la actual ley agraria neoliberal que orienta los trabajos del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) y que proporciona numerosas vías de escapatoria, lo que permite a los grandes terratenientes evitar la expropiación.

Entre las modificaciones introducidas a la legislación del INRA, el Gobierno de Morales promete respetar todas las fincas, con independencia de su tamaño, “que cumplan una función social y económica”. Entre éstas figuran “los barbechos, las tierras destinadas a una producción futura y las reservas ecológicas”. Hasta los más impresentables especuladores en bienes raíces poseedores de las tierras menos productivas pueden justificar su tenencia improductiva de la tierra ajustándose a una de las tres categorías precedentes.

En estas condiciones, el Gobierno excluye en la práctica cualquier fundamento que permita incluir la tierra no productiva en la reforma agraria. El proceso de designación de tierras no cultivadas para su expropiación estará ahora sujeto a costosos litigios jurídicos y administrativos sobre qué puede considerarse “barbecho” y qué es “improductivo”, qué es “ecológico” y qué “especulativo”, y cuándo una tierra puede calificarse de “improductiva” y cuándo de “no utilizada”. El mismo término de “productiva” es también fuente de controversia: ¿pueden considerarse productivas dos cabezas de vacuno para cuatrocientas hectáreas de tierra?, ¿sigue siendo una “explotación productiva” la que cultiva 8 hectáreas de maíz de un total de 2.000 hectáreas?

Teniendo en cuenta los obstáculos que se ha autoimpuesto el gobierno de Morales a la expropiación de grandes propiedades fértiles, la única tierra disponible para ser distribuida a las masas de campesinos empobrecidos y desnutridos son extensas zonas de tierras forestales de propiedad estatal, inadecuadas para la agricultura o la ganadería. Además, estas tierras públicas están alejadas de los mercados urbanos, no disponen de carreteras y otras infraestructuras, y, según agrónomos bolivianos, son inaccesibles. Hasta uno de los vicepresidentes del Gobierno, Alejandro Almaraz, del Ministerio de la Tierra, lo admitió: “Tenemos 2,5 millones de hectáreas de tierras públicas a la disposición de campesinos e indígenas. La mayor parte de ellas están cubiertas de bosque y no son de utilidad para cultivos o ganadería.” Almaraz admitió que redistribuir estas tierras no resolvería el problema, especialmente cuando hay un “clan de las cien familias” que controla las tierras más fértiles y productivas, a la vez que dos millones de familias campesinas viven en y de miserables parcelas (“minifundio empobrecedor”).

Morales, y su equipo de intelectuales, tiene aún la capacidad de hipnotizar a las masas campesinas e indígenas. El Día del Indio miles de ellos llenaron la plaza de Ucureña e interrumpieron con frecuencia su discurso con aplausos y vítores, espacialmente cuando hizo referencia al “final de los latifundios improductivos”. No es preciso decir que Morales no mencionó las excepciones a las explotaciones improductivas.

De hecho, la nueva política agraria va dirigida a estimular el desarrollo de los latifundios. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) “la revolución agraria del partido en el Gobierno -el Movimiento al Socialismo (MAS)- se basa en el respeto a la legislación pro empresarial del INRA aprobada durante el primer gobierno del ex presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (derrocado en octubre de 2003 por una insurrección popular), que en la práctica legaliza la concentración de las mejores tierras en manos de los mayores terratenientes. Las modificaciones que ha propuesto el Gobierno a la ley INRA van orientadas a la profundización del desarrollo capitalista, ratificando así el espíritu original de esta norma promulgada en 1996 bajo la citada presidencia neoliberal” (Insurgente, 5.8.2006).

La revolución agraria de Morales es un intento de crear una base social entre campesinos pobres destinada a apoyar su propuesta de asociación con las compañías transnacionales explotadoras de los recursos. El gobierno de Morales ha defendido con empeño la propiedad por parte de la poderosa elite agroindustrial de grandes plantaciones y salarios mínimos bajos para los trabajadores agrarios, a la vez que ha buscado activamente nuevos mercados para la exportación. Morales nunca ha propuesto la expropiación de ninguna empresa rural, grande o pequeña. Su política de reforma agraria gira en torno a la expropiación de propiedades improductivas o propiedades rurales no explotadas, que existen en considerable número. No obstante, teniendo en cuenta el hecho de que las mismas élites agroindustriales, que Morales defiende y promueve, poseen grandes extensiones de tierras no cultivadas y en barbecho, se ha encontrado con una resistencia política importante entre sus socios en el citado desarrollo capitalista.

Como resultado de los retrasos en el Congreso a la aprobación de la moderada revolución agraria, que en nada amenaza a la oligarquía, Morales ha recurrido a veladas amenazas de movilización social extraparlamentaria, que han sido rápidamente desmentidas por sus asesores. En última instancia, la política agraria de Morales se basa en la expropiación de las tierras menos fértiles y de las tierras estatales no cultivadas más remotas. Su política va dirigida a crear una base social de pequeños beneficiarios de la reforma, de carácter conservador, que apoyen su estrategia más amplia de desarrollo capitalista normal, dando con ello al Gobierno su coloración populista conservadora. El vicepresidente García Linera se ha reunido en varias ocasiones con las élites agrarias y de negocios para asegurarles que sólo se expropiarían las tierras “ilegalmente ocupadas”, y ello tras un extenso proceso judicial y administrativo.

Las políticas comerciales de Morales pretenden ampliar la ayuda de Venezuela y Cuba, a la vez que preserva sus preferencias comerciales con Estados Unidos y la Comunidad Andina. En contraste con la política interior del Gobierno, que ha conseguido desmovilizar a las masas a la vez que firmaba nuevos acuerdos de inversión con las transnacionales, su política de comercio exterior de apoyo tanto a Cuba y Venezuela, como al libre comercio defendido por Washington, Bogotá y Lima, ha fracasado. Estados Unidos ha negado a Bolivia preferencias arancelarias, y Colombia y Perú han firmado acuerdos bilaterales con EE UU, que supondrán la pérdida para Bolivia de sus mercados de soja, entre otros productos agropecuarios.

A diferencia del presidente Chávez, que retiró a su país de la Comunidad Andina tras la firma por Perú y Colombia de los citados acuerdos bilaterales de libre comercio, Morales mantuvo en ella a su país, en un intento de equilibrar su alianza por la izquierda con Cuba y Venezuela, con su lealtad a las élites agroexportadoras bolivianas vinculadas a la CAN y a EE UU. El fracaso de este intento de alcanzar el equilibrio significa que Bolivia debe conseguir nuevos mercados, nuevos socios comerciales, o de lo contrario hacer frente al problema de cientos de empresas en quiebra y la pérdida de 100.000 empleos, según la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ((HoyBolivia.com, 8.8.2006). La estrategia de Morales y su vicepresidente García Linera de obtener concesiones de países de izquierda mediante una retórica antiimperialista y a la vez desarrollar políticas comerciales librecambistas con EE UU no ha conseguido convencer ni a Washington ni a sus satélites Colombia y Perú.

En vistas de la rebaja en la agenda programática de Morales y de las escasas expectativas de que la Asamblea Constituyente consiga avances significativos en la “refundación” del país, todos los presidentes latinoamericanos que en un primer momento acordaron asistir, han hallado razones para quedarse en casa.

La versión de Morales de la Asamblea Constituyente, su elección, composición y orden del día es exactamente lo contrario de lo que pensaron originalmente los movimientos sociales de masas durante los últimos cinco años. Las demandas originales pedían elecciones convocadas por los movimientos sociales con representación basada en los constituyentes sociales del movimiento de masas: agricultores, trabajadores, vendedores ambulantes y desempleados. Morales rechazó totalmente esta iniciativa popular y, de acuerdo con los partidos oligárquicos tradicionales, convocó unas elecciones basadas en las mismas unidades geográficas que en el pasado, en las que los mismos desacreditados partidos competirían por los escaños. El programa de refundación de la República se basa en las actuales instituciones -elite judicial, política, económica, administrativa y militar- corruptas y decrépitas. Mediante la mayoría del MAS en la Asamblea, Morales intentó legitimar su pseudonacionalización de la industria del gas y petróleo y su reforma agraria, que no afecta a las 20.000 familias propietarias del 80% de las tierras fértiles de Bolivia. Lo único que va a conseguir son vacuas declaraciones retóricas sobre el carácter de Bolivia como estado multiétnico.

Entretanto, algunas de las principales organizaciones indígenas y campesinas que apoyan a Morales han analizado el reaccionario contenido de su Asamblea Constituyente y plan de desarrollo socioeconómico, y han exigido la creación de un “Cuarto poder” de carácter electivo. Este organismo sería elegido por los principales movimientos sociales y supervisaría las ramas judicial, legislativa y ejecutiva del Estado a fin de verificar si las leyes y políticas administrativas se ajustan a los intereses populares y no perjudican el acceso del pueblo a la tierra, el empleo, la subsistencia y los servicios sociales ((HoyBolivia.com, 5.8.2006).

El hecho de que una parte importante de la base electoral de Evo Morales exija la supervisión de su Gobierno y sus legisladores destaca el creciente escepticismo popular ante los gestos teatrales en materia de cultura, la cooptación de los líderes de los movimientos sociales y la demagogia socioeconómica vacía de sentido, en una situación de desnutrición permanente del 50% de la población rural, que vive en situación de extrema pobreza con menos de un dólar por día.

Un buen ejemplo del modo cómo Evo Morales ha socavado los movimientos de masas sin cumplir sus exigencias más elementales es el tratamiento del tema de la Guerra del agua, en El Alto. De 2003 a 2005 hubo protestas masivas, huelgas de hambre y ataques a la transnacional francesa Suez-Aguas del Illimani, que cobraba cantidades abusivas (siete veces el salario mínimo) para ampliar el sistema de alcantarillado al 50% de la población que no disponía de saneamiento. El 29 de julio de 2005 fue la fecha fijada para la expulsión de la compañía transnacional. Tras su elección en diciembre de 2005, Morales nombró al líder del movimiento social de El Alto Abel Mamani ministro de Aguas, con la promesa de atender las quejas de El Alto relacionadas con el agua.

Nueve meses más tarde, nada ha cambiado: Suez-Aguas sigue imponiendo tarifas exorbitantes, el 50% de los residentes siguen sin conexión al alcantarillado, y Mamani, con su salario y beneficios de ministro, ha echado a la basura el acuerdo de julio de 2005 (“De qué sirvió la Guerra del agua Alteña?”, Argenpress, 8.12.2005). Su nuevo empleo consiste en defender un presupuesto de austeridad neoliberal, y no atender a las necesidades de los movimientos sociales que eligieron a Morales y lo condujeron a él a su puesto ministerial. La experiencia cooptativa de Mamani se ha repetido con los restantes movimientos sociales, entre otros con los líderes de los movimientos indígenas, de maestros rurales y de cooperativas mineras.

Hasta la tan pregonada campaña de moralización, contra la corrupción, del Gobierno se ha visto desprestigiada en el ámbito tan delicado de la falsa nacionalización del gas y el petróleo. Según el decreto de nacionalización de 1 de mayo de 2006, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, bajo la dirección del Ministerio de Hidrocarburos, se haría con el control directo de todas las ventas y todo el comercio de petróleo y gas. Menos de 3 meses más tarde, el organismo de supervisión -la Superintendencia de Hidrocarburos- bloqueó un acuerdo firmado por YPFB para vender petróleo a Brasil a través de una empresa intermediaria, Iberoamérica Trading SRL, que hubiera perjudicado a Bolivia por un monto de 38,5 millones de dólares. Y lo que es peor, el Ministerio aprobó públicamente el acuerdo original con YPFB. Un comunicado conjunto, de 26 de julio de 2006, aseguraba que el acuerdo era beneficioso para el país. El ministro de Hidrocarburos, Soliz Rada, presionó a la Superintendencia a fin de que aprobaran la ilegal transacción -a lo que aquélla se negó- y más tarde, cuando los medios de comunicación hicieron público el escándalo, intentó distanciarse del acuerdo, culpando a YPFB.

Lo que aumenta las sospechas de que tanto el Ministerio como YPFB estaban implicados en la corruptela es el hecho de que el intermediario de ambos, Iberoamérica Trading, ha sido llevado a los tribunales por manejos de corrupción, evasión de impuestos y contrabando. Morales se negó a culpar a los ministros y a los directivos de YPFB o a apoyar a la Superintendencia, aun cuando estén en posiciones contradictorias.

El proceso de nacionalización iniciado por Morales, basado en un absoluto control por parte del ejecutivo en colaboración con ejecutivos de empresas transnacionales, excluye a los trabajadores de todo seguimiento, lo que favorece las prácticas corruptas, especialmente cuando muchos de los principales responsables provienen de anteriores gobiernos neoliberales. La persecución por parte del presidente Morales de un desarrollo capitalista normal se basa en una alianza entre grupos de la elite boliviana, capitalistas transnacionales y beneficiarios indígenas de la reforma agraria. Esta contradictoria alianza, gestionada por líderes cooptados de los movimientos sociales y la maquinaria política del MAS es muy precaria. Su dependencia del capital privado -extranjero y nacional-, su confianza en los mercados de la CAN y de EE UU, y su incapacidad de llevar adelante su programa de reformas está socavando lentamente este intento de consolidar su Gobierno populista conservador.

La tan cacareada Asamblea Constituyente, basada en los viejos partidos y sin un programa de reformas claro, no ha conseguido impresionar a los movimientos urbanos y sociales, ni siquiera los más simpatizantes del Gobierno. La ausencia de cambios socioeconómicos concretos ha conducido a los seguidores de Morales en los movimientos indígenas y campesinos de masas a invocar un organismo alternativo -un Cuarto Poder- a la fallida Asamblea Constituyente.

De una manera lenta e inexorable se está desmembrando la visión de Morales y Linera de convertir a Bolivia en un país de capitalismo normal basado en un presupuesto equilibrado, inversión extranjera, crecimiento de las exportaciones minerales y agrarias, y unos sindicatos y movimientos sociales domesticados y dispuestos a aceptar cambios paulatinos. Las élites piden nuevas y mayores concesiones, e insisten en un acuerdo bilateral de libre comercio con EE UU, mayores obstáculos para la expropiación de tierras, y, en el caso de Brasil, una negativa directa a negociar siquiera un mínimo incremento del precio del gas. Morales ha visto como desaparecía su original novedad y celebridad mundial de ser el primer presidente indígena. Hoy, se halla ante empresas transnacionales intransigentes respaldadas por gobiernos neoliberales de centro-izquierda que se niegan a pagar siquiera la mitad del precio mundial del gas y que corrompen a los nuevos funcionarios a fin de obtener contratos de explotación de minerales.

El momento en que los partidarios indígenas y campesinos de Morales aperciban los costes socioeconómicos del capitalismo normal y las vacías promesas del Gobierno populista conservador podría sellar el temprano y trágico fin de otro líder popular, cegado por las ambiciones presidenciales y el dulce encanto de los poderes oligárquicos.

Notas

(1) N de la R: El artículo fue escrito antes de la renuncia de Soliz Rada.

(2) N de la R: Ese es el truco que se utiliza para "cumplir" con la promesa de Evo de no vender hidrocarburos a Chile mientras no devuelva la salida al mar a Bolivia: Repsol Bolivia vende el gas a Repsol Argentina, quien a su vez lo reexporta a Chile. En este país una parte se utiliza localmente y otra mayoritaria se exporta por vía marítima a California, incumpliendo así con otra de las consignas de Octubre: no vender gas a EE.UU.