10 de noviembre de 2019

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ECUADOR: GOBIERNO EN CORRUPCION DE CONTRATOS CELULARES

Por: Fernando Villavicencio V.

2 de septiembre de 2008

La renovación de los contratos con las transnacionales América Móvil (Porta) del magnate Carlos Slim y Telefónica (Movistar) de España, por 15 años más, es un proceso antiético, ilegal.

Económicamente perjudicial para el Estado ecuatoriano, reproduce el dominio oligopólico del mercado de telefonía móvil en manos extranjeras, dejando en condiciones de inferioridad e inminente quiebra a las empresas estatales: Alegro, Andinatel, Pacifictel y Etapa.

En lo ético, la adjudicación a Porta generó un cuadro de indecentes presiones y un evidente sometimiento del gobierno ecuatoriano a los intereses de la transnacional, protegida por el régimen mexicano. A la escandalosa intervención del Presidente Felipe Calderón a favor de la empresa de Slim, quien según el Instituto Mexicano de Elecciones, aportó 2.3 millones a la campaña del Partido Acción Nacional PAN; se suma la de Carlos Mandujano de la empresa Cuarto de Guerra (www.cuartodeguerra.com.mx), quien fuera el asesor de campaña de Correa y creador de las sentidas consignas “Pasión por la Patria, Socio País”. Mandujano y sus socios son funcionarios del PAN y empleados de Slim. www.eluniverso.com/2008/05/19.

En el plano jurídico, se trató de otra adjudicación a “dedo” como ya es norma del régimen correista. No hubo renegociación, sino adjudicación de una nueva frecuencia de espectro de 10 MHz, en la Banda de 1900 MHz para el Servicio Móvil Avanzado SMA (tercera generación) que de acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones y al Reglamento para el SMA, debía ser sujeto de licitación pública internacional, como se le obligó a la propia empresa estatal TELECSA-Alegro el año 2003, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 3 de la Ley de Telecomunicaciones y el Reglamento del SMA Lo único que legalmente podía renegociar el Gobierno es el contrato para el Servicio de Telefonía Móvil Celular STMC, para la banda de 850MHz. Incluso el informe de renegociación de las concesiones, hecho por la OEA el año 2006, dice: “… la renovación de los contratos bajo el SMA, en vez de STMC / 96 no es adecuado. Por tanto, en caso que el Estado requiera que las concesiones sean regidas por otro régimen, deberían convocar una licitación pública de acuerdo con el Reglamento de Concesiones, no una “renegociación”.

Las condiciones económicas son altamente perjudiciales para el país. De los US$ 686 millones acordados con las compañías por derechos de concesión, el Estado apenas recibió en valor presente: en el caso de Porta US$ 289 millones de los US$ 480 millones pactados; y de Movistar, apenas US$ 60 millones a valor presente, 30 millones a 12 meses, de un total de US$ 206 millones pactados. En ambos casos el país recibió US$ 349 millones, los US$ 337 millones faltantes serán cubiertos durante los 15 años de vigencia del contrato. Según la SENATEL, durante ese período la cifra ascenderá a USD 1.800 millones, incluyendo un 3,93% de la facturación liquidada trimestral al regulador durante los 15 años. Estas cantidades son irrisorias comparadas con la enorme facturación que reportan las transnacionales.

Según información oficial de América Móvil, publicada por Diario El Tiempo de Bogotá, Porta, “reportó por sus operaciones en Ecuador ingresos por 238 millones de dólares en el primer trimestre del año, un 13.2% más que el mismo período del 2007”, lo cual representaría US$ 952 millones para el año 2008. Es decir que con apenas 6 meses de facturación, Porta cubrirá el costo total de la concesión. En los 15 años del contrato, solo por telefonía celular, la transnacional facturará US$ 14.280 millones, sin contar con los nuevos servicios “3G”: radio, televisión, Internet, transmisión de datos, cuya cifra según expertos, podría duplicarse. Incluso las conservadoras cifras de la propia Senatel, revelan que “el gigante mexicano de las telecomunicaciones ganará entre 15.000 millones y 20.000 millones de dólares en los próximos 15 años en Ecuador.”

El acuerdo con Porta, lo que revela adicionalmente, es un doble discurso gubernamental. En mayo del 2007, el Presidente Correa denunció que ’la privatización ha sido un desastre en este país’, y advirtió del grave peligro de la expansión del imperio “Slim” en América Latina, por ello adelantó que su gobierno prepara una ley para evitar los monopolios en áreas estratégicas como las telecomunicaciones. ’Estamos elaborando una ley antimonopolio’, declaró el Primer Mandatario, frente al interés de Telmex, propiedad de Carlos Slim, por adquirir acciones de las estatales ecuatorianas de telecomunicaciones y de otras empresas privadas del sector. Citando, directamente al hombre más rico del mundo, Correa manifestó que si Slim ’…monopoliza las comunicaciones en Ecuador, qué es lo que va a pasar, van a subir las tarifas no es que van a bajar’. ’Es un peligro que el señor Slim esté monopolizando telecomunicaciones a nivel de América Latina y en Ecuador, pero aquí hay un gobierno altivo y soberano que no permitiremos monopolios privados en servicios fundamentales para la población’.

Varios días después de esta altiva y soberana advertencia, la mexicana Telmex, de Slim, compró Ecuador Telecom (Ecutel), empresa vinculada a Juan José Vivas, que tiene una concesión por 15 años otorgada en el 2002 para prestar telefonía inalámbrica fija, incluido los servicios locales, de larga distancia nacional, telefonía pública y también transmisión de datos. Simultáneamente a la firma del nuevo contrato con América Móvil, la compañía Telmex (ECUTEL), acaba de incursionar con “bombos y platillos” en el mercado de telefonía fija inalámbrica y otros servicios que hoy ofertan las empresas estatales: Andinatel, Pacifictel y Etapa, quienes, según todos los pronósoticos, no podrán competir con la transnacional y más temprano que tarde, irán a la quiebra.

Así, irónicamente, gracias a un gobierno como el de Rafael Correa, que se autoproclama socialista, el magnate Carlos Slim tiene el control del 70% del mercado de telefonía móvil, servicios de tercera generación y un importante nicho del mercado de telefonía fija. El “Rey Midas”, como se lo conoce, edificó su imperio, a raíz de la privatización de la telefonía estatal mexicana, rematada al 20% de su valor real, por su “amigo”, el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, prófugo de la justicia. Salinas y Slim son considerados los más corruptos de México.

En el tema de tarifas, el régimen dice haber bajado el techo de US$ 0.50, a US$ 0,22, para el Servicio de Telefonía Móvil Celular, pero no dice nada sobre los otros servicios agregados. Si bien se experimenta una reducción del techo tarifario, no se expresa criterio alguno sobre el discrimen que significa el PRE y POST PAGO. Además, el acuerdo alcanzado con el duopolio, perdona 15 años de ilegalidades y abusos, como haber mantenido las tarifas más altas de la región durante 14 años, atropellos, pésimo servicio, redondeo, más de 3 mil multas irrisorias de US$ 200 y lo más grave, el delito penal de evasión tributaria, que fuera denunciado con la conocida vehemencia del Presidente Correa: “No me vengan con que cinco años han perdido plata y pagan cero de impuesto a la renta”, dijo, acusando a Porta de haber presentado pérdidas ficticias entre 1999 y 2003, por lo cual no pagó el impuesto a la renta durante esos cinco años. Ahora, luego del magistral golpe mediático, casi todos estamos con amnesia.

La Suptel acusó a Porta de fijación arbitraria de tarifas, señalando que hacía publicidad engañosa, el perjuicio calculado era de 700 millones de dólares al año. Así mismo el redondeo denunciado por la Defensoría del Pueblo, por US$ 27 millones y las acciones legales por graves fallas denunciadas por la SUPTEL, que podían incluso determinar la caducidad del contrato, quedaron en vanas y rimbombantes amenazas. Revista Vistazo reveló una verdad conocida por todos, el delito penal de evasión tributaria: “En los últimos cinco años, Porta pagó algo menos de cuatro millones de dólares como impuesto a la Renta. En el mismo período, Movistar pagó 25 millones, casi siete veces más.”. Finalmente, con la renegociación todo fue perdonado.

Lo mínimo que el país esperaba de un gobierno que se dice de izquierda, era una sintonía programática en uno de los aspectos estratégicos, como son las telecomunicaciones. Correa debía haber aplicado la Ley a las dos compañías y una gotita soberana de “La Patria y es de todos”, revirtiendo las frecuencias, entregándolas, aunque sea una de ellas, a la estatal ALEGRO, con lo cual se hubiese, democratizado el mercado, reducido sustancialmente las tarifas y fundamentalmente transformando la telefonía celular y los nuevos servicios en un derecho social y solidario, no en el puro negocio que acaba ratificado hoy. Además las enormes ganancias que se llevarán las compañías por 15 años, hubiesen quedado en el país para su desarrollo.

Una decisión en este sentido era económica y técnicamente viable y beneficiosa, como lo demuestra Costa Rica, a través de la empresa estatal ICE, que oferta la telefonía móvil, incluyendo radio, televisión e internet por celular, con la más amplia cobertura y las más bajas tarifas del mundo, donde la básica mensual es de 7 dólares, equivalente a 286 minutos, que representa US$ 0,02 el minuto. El 100% de los usuarios son de POSTPAGO, tienen contrato por tiempo indefinido, mientras en América del Sur el 80.9% y en Centro América el 89.8% de los servicios son PREPAGO, las diferencias de costos de tarifas de Centro y Sur América son del 400% frente a Costa Rica, un país que no funge de socialista. Ecuador ha perdido un momento histórico para el cambio, ahora tendremos que esperar 15 años más.

El desarrollo de las llamadas nuevas tecnologías o TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, ha permitido que en una década, servicios aislados, como la telefonía fija, móvil, transmisión de datos, televisión y radio, se hayan complementado e integrado en lo que se conoce hoy en día como servicios convergentes. ¿Qué significa esto? que con el concurso de estas tecnologías es posible que por la misma red, pueda recibir servicio de voz, internet, radio y televisión. Aunque ahora que los cables están pasando de moda y estéticamente molestan al ojo, se puede optar por la última maravilla, los servicios móviles. Todos estos avances se están convirtiendo en puentes virtuales para acceder en forma rápida y masiva al conocimiento universal, y para mejorar la calidad de vida.

Pese a los discursos de los profetas de las sociedad del conocimiento, Bill Gates y Slim, de “integrarnos para combatir la pobreza’, a través de ofertar el ingreso de los postergados a la modernidad tecnológica, como aspirina para todos los males, las viejas desigualdades políticas, económicas y sociales se intensifican, e incluso ahora tenemos que lidiar con las taras digitales que va dejando de herencia en la memoria de la humanidad, la carrera por llegar aunque sea en calidad de parias, a la galería de la sociedad del conocimiento.

Mientras por un lado, los dueños del espectro radioeléctrico y sus gendarmes estatales, no se cansan de decir que la panacea del desarrollo de los países menos desarrollados se encuentra en la investigación y la educación, por otro, con la anuencia y servilismo de gobiernitos lacayos, implementan mecanismos de privatización, incluso cuando creíamos que la historia ya los había rebasado.

El control privado, monopólico y oligopólico de los medios de información, de las telecomunicaciones, de las tecnologías de la información y comunicación TIC, configurada en la privatización del espectro radioeléctrico, es la base para la privatización del conocimiento, una de las causas de las profundas desigualdades que han madurado en nuestra sociedad. Cualquier política orientada a reducir o eliminar, la dependencia, el atraso y empobrecimiento de nuestros pueblos, atraviesa por la nacionalización de las telecomunicaciones y la socialización del conocimiento.

Polo Democrático Ecuador