10 de noviembre de 2019

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COLOMBIA: PRESIDENTE Y CONGRESO ILEGÍTIMOS

Por: ELN

28 de abril de 2008

El nombre de la política de seguridad democrática es la máscara con que se cubre la estrategia guerrerista y el enraizamiento del régimen autoritario de derecha, intolerante y represivo que lidera el Presidente Alvaro Uribe Vélez; además de servir de burladero para esquivar la solución de los problemas estructurales que afectan a las mayorías nacionales.

Régimen impuesto al pueblo colombiano mediante la confluencia de la corrupción del sistema electoral, la manipulación mediática, los dineros de las mafias de la droga, la guerra sucia del Estado y su brazo el paramilitarismo.

Las pruebas son numerosas e incuestionables, entre ellas el escándalo de la parapolítica, que destapó la corrupción del régimen y provocó el desbordamiento de la impunidad, por la incapacidad de seguir cubriendo los delitos de la clase en el poder.

En todas las instituciones del Estado están empotrados representantes del narcoparamilitarismo. Salvatore Mancuso reconoció a la prensa en 2.006, que más del 35 por ciento de los integrantes del Congreso era cuota suya.

Hasta la fecha, 18 Senadores y 12 Representantes a la Cámara están en la cárcel, procesados por sus vínculos con autores de crímenes de lesa humanidad y por asociación para delinquir; otros 21 son investigados, además de varios que están en lista de la Corte Suprema de Justicia, para ser interrogados.

A esto hay que sumarle la penalización de varios gobernadores, altos oficiales de las Fuerzas Armadas gubernamentales, alcaldes, diputados, concejales y encumbrados funcionarios públicos entre ellos el jefe de la inteligencia del Estado (DAS). A pesar de que hay serios indicios y relaciones que involucran al Presidente, aún no lo investigan porque el manto de la impunidad todavía alcanza a cubrirlo.

Los implicados en el escándalo de la narco política son militantes del partido del Presidente, en su inmensa mayoría. En el proceso electoral en que salió elegido el actual Congreso, cerca del 50 por ciento de los votos procede de la maquinaria electoral del narco paramilitarismo, lo cual lo hace ilegítimo. Los mismos votos eligieron al Presidente de la República, no obstante a éste no lo han investigado, como se haría en otro país donde rija el estado de derecho y la democracia real.

Es evidente la ilegitimidad del Presidente Uribe, por la abrumadora crisis moral y política que contiene los medios que usa para imponer su seguridad democrática.

Si están en ruina los medios que usan, también debe cuestionarse la filosofía de la seguridad democrática: es una estrategia guerrerista en defensa de la oligarquía y los intereses de las trasnacionales, que busca la eliminación y el arrinconamiento de la oposición política y de las organizaciones populares.

Las fuerzas terroristas del Estado no han cesado y continúan en su actividad macabra: en los primeros tres meses de este año han asesinado a 17 sindicalistas. Los escuadrones de la muerte continúan activos con la tolerancia del gobierno. Las Aguilas Negras, como se hacen llamar los paramilitares hoy en día, tienen amenazados a los organizadores de la Marcha del 6 de marzo y han asesinado a seis líderes de ésta hasta la fecha, además de tener amenazados de muerte a integrantes de varias organizaciones sociales.

Esto explica por qué los muertos son campesinos, sindicalistas y sencillos hombres y mujeres del pueblo; y por qué la solución política al conflicto social y armado no avanza.

Uribe Vélez confunde a la opinión pública nacional e internacional mediante una reiterada matriz comunicacional, que agiganta la responsabilidad de la guerrilla colombiana, a la vez que oculta los crímenes de las fuerzas del Estado terrorista, para aparecer entonces como adalid de la seguridad de los colombianos.

Pero además de estrategia de guerra y perversa mentira, ese es el mecanismo de distracción que utiliza el gobierno para evitar que salgan a flote los grandes problemas sociales, económicos y políticos que padece el pueblo colombiano y que requieren de soluciones con las que se abran caminos hacia la paz y la construcción de la nueva Colombia.

Una tarea que nos compete a las fuerzas políticas y sociales que confluimos en la lucha por los cambios en el país, es desenmascarar y enfrentar la política de seguridad democrática por lo que es: la guerra de la oligarquía contra el pueblo. Ninguna fuerza por sí sola puede derrotar el proyecto político que lidera Uribe Vélez y el régimen que ha logrado implantar, con las fuerzas del narcoparamilitarismo y la ultraderecha.

Trabajar con toda sinceridad y responsabilidad por la unidad de las fuerzas del cambio, en torno a un programa mínimo y respetando las diferencias sobre las distintas tácticas de lucha, por un nuevo gobierno comprometido en encontrarle salida al conflicto armado, al conflicto social y en la construcción de la nueva nación en que impere la justicia social, la dignidad nacional y la democracia real, donde el pueblo hable y mande.

Movilizar a las masas para que salgan a la calle a defender sus intereses inmediatos, promoviendo que eleven su nivel de conciencia, se apropien del derecho que como ciudadanos tienen de soñar y participar en la construcción de un país, donde quepamos todos y disfrutemos del bienestar y la riqueza colectiva. Así piensa y en esta dirección actúa el ELN.

ELN: Ejército de Liberación Nacional de Colombia.