15 de agosto de 2020

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PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE EN ESTADO CRÍTICO

60 días en huelga de hambre.

9 de diciembre de 2007

(IPS / La Haine). En grave estado de salud se encuentran los seis activistas mapuche que llevan 60 días en huelga de hambre en una cárcel chilena donde cumplen condena por delitos diz que terroristas. Dos de ellos ya habían protagonizado un ayuno de más de tres meses en 2006.
Se trata de Patricia Troncoso, José Huenchunao, Jaime Marileo, Héctor Llaitul, José Millalén. Los huelguistas, que sólo beben agua y mate, una infusión tradicional, han bajado entre 16 y 22 kilogramos de peso y sufren mareos, problemas visuales y afecciones a los riñones y al sistema circulatorio.

Su estado de salud es crítico. La Gendarmería (guardia de prisiones), en una cínica actitud, recurrió a la justicia para obtener una autorización "por motivos humanitarios" para trasladarlos en cualquier momento y en contra de su voluntad a la cárcel de Temuco, para que sean alimentados con suero. La realidad es que esa prisión es conocida por su trato inhumano, además de alejar a los presos políticos de sus familiares y del activismo que los apoya.

Los presos políticos mapuche (PPM) por su parte han declarado que no saldrán por motivo alguno desde su modulo ya que corren el riesgo de que los engañen, como en la huelga anterior donde fueron capturados a la fuerza y trasladados, para ser alimentados forzosamente.

Otro gobierno socialista

Marileo y Troncoso cumplen desde 2001 una condena de 10 años y un día por el delito de -aunque parezca increíble- "incendio terrorista", por el que deben pagar, junto a los otros inculpados, cerca de 840.000 dólares a "la firma afectada por el fuego".

Huenchunao, fundador de la radicalizada Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y también condenado por este caso, estuvo prófugo de la (in)justicia chilena hasta marzo de este año.

En diciembre de 2001, quedaron reducidas a cenizas 100 hectáreas de una plantación de pinos del predio Poluco Pidenco de la empresa Forestal Mininco, en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía, 670 kilómetros al sur de Santiago. Esta empresa es una de las que recibió autorización del gobierno socialista para invadir tierras mapuche con sus plantaciones de pino foráneo, que alteran el equilibrio ecológico.

Para juzgar éste y otros casos, el gobierno del entonces presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) invocó la severísima ley antiterrorista impuesta por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), que fue modificada para peor en democracia.

Esto ha sido muy criticado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales por considerar desproporcionadas las penas aplicadas y por estimar que las reivindicaciones políticas y territoriales del pueblo mapuche no son actos de terrorismo.

Los condenados por este caso, recluidos en la prisión de Angol, en la misma Araucanía, siempre se han declarado inocentes de los cargos.

Llaitul, quien también integra la CAM, está en prisión preventiva y es juzgado por varios delitos, entre ellos el de acto incendiario, y Millalén está condenado a cuatro años y un día por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Qué piden

A través de varios comunicados públicos, los huelguistas han expresado sus exigencias para deponer la extrema medida.

Las más importantes son la liberación inmediata de todos los "presos políticos mapuche", cifrados en más de 20, y la "desmilitarización y fin a la represión hacia las comunidades movilizadas por sus derechos políticos y territoriales".

Además, reclaman el término de "los montajes políticos judiciales en contra de dirigentes mapuche".

Entre marzo y mayo de 2006, Jaime Marileo y Patricia Troncoso protagonizaron por el mismo motivo, junto a otros dos comuneros, una huelga de hambre de 72 días, 67 de los cuales fueron continuados.

En esa oportunidad, terminaron el ayuno, esperanzados en las promesas de aprobación de un proyecto de ley que abría la posibilidad de que fueran liberados, pues modificaba un decreto de libertad condicional.

Esa alternativa, que luego de levantarse aquella huelga de hambre, fue rechazada por el parlamento de mayoría socialista, surgió luego de una fuerte campaña de sensibilización nacional e internacional.

"Yo le he enviado como tres o cuatro cartas a la presidenta Michelle Bachelet. Me acaba de llegar una respuesta que dice que no me puede recibir porque tiene una agenda muy ocupada", comentó a IPS Roberto Troncoso, padre de Patricia, también conocida como "Chepa".

"Si los hubieran encarcelado correctamente, (la situación) sería normal. Pero los juicios fueron mal hechos, con testigos falsos, encapuchados, pagados", dijo Troncoso.

Ante la indiferencia de las autoridades socialistas, el 21 de noviembre seis familiares y amigos cercanos a los comuneros presos comenzaron otra huelga de hambre.

En un comunicado público, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, con sede en Temuco, llamó este miércoles a las autoridades a responder las demandas de los presos mapuches.

"Mantenemos la convicción de que sus condenas son injustas y que su encarcelamiento es la dramática consecuencia de la política de criminalización de la protesta social indígena, impulsada por los gobiernos de la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia", en el poder desde 1990, dice el texto.

A lo largo de estos meses, se han realizado manifestaciones ciudadanas en Temuco, Santiago y otras ciudades de Chile y Argentina en reclamo de una solución al conflicto, el cual también ha tenido amplio eco en Europa.

El jubilado juez Juan Guzmán, quien procesó al fallecido Pinochet, es una de las pocas figuras que se ha manifestado públicamente a favor de los huelguistas.

Los familiares de los presos se comunicaron con el también abogado de derechos humanos Humberto Lagos, para que gestionara la conformación de una mesa de diálogo con representación, entre otros, del gobierno y la Iglesia Católica, que se han mostrado preocupados por el caso.

Esta instancia se debería centrar en los cuestionados procesos judiciales seguidos hasta ahora contra comuneros mapuches y en las acciones represivas estatales, denunciadas por las comunidades, que a su vez levantan reivindicaciones políticas y territoriales. Lagos comentó a IPS que esperaba prontas novedades.