9 de diciembre de 2018

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¡LULA Y DILMA DEBEN SER INVESTIGADOS Y CASTIGADOS!

Por: Corriente Socialista de los Trabajadores (CST) Brasil

12 de marzo de 2016

¡Fuera Todos!
¡Fuera Dilma, Cunha, Renan y Aécio!

¡Lula y Dilma deben ser investigados y castigados!

La clase trabajadora y la juventud abandonaron definitivamente a Lula y al PT. El mayor símbolo de la caída final de estas viejas conducciones se vio en la raquítica “manifestación”, de un puñado de petistas, frente a la casa de Lula en San Bernardo, en el corazón obrero paulista, en momentos en que la Policía Federa se llevaba al ex presidente y sus familiares y aliados para declarar.

Si finalmente hoy Lula es investigado por crímenes de corrupción, la clase trabajadora ya lo había condenado por su traición. No es por casualidad que los índices de rechazo a Lula baten récords, su casa fue el blanco de manifestantes en junio de 2013, y su candidata obtuvo pésimos resultados en los mayores centros urbanos del país en 2014.

Lo que está ocurriendo ahora con Lula, Dilma y el PT es fruto de la política de traición de clase que este partido y estos dirigentes protagonizaron a lo largo de los últimos 13 años. El PT se transformó en un instrumento de los capitalistas al atacar al pueblo, gobernar para las empresas, los banqueros y el agronegocio. Por eso, Lula, Dilma y el PT utilizan los mismos métodos corruptos que siempre caracterizaron a los partidos capitalistas y a la falsa democracia en la que vivimos. Transforman al congreso en un mostrador para sus negocios, rematan los cargos públicos e utilizan su influencia para enriquecerse personalmente. Nada distinto de lo que hicieron Sarney, Collor y FHC o sus actuales gobernadores tucanos como Alckmin. Mientras tanto, los trabajadores sufren un fuerte deterioro de su nivel de vida, resultado de una brutal crisis económica, superior a la de la década del 90, de un ataque despiadado por parte del gobierno Dilma (PT/PMDB), del PSDB y de los grandes empresarios, que quitan conquistas históricas del pueblo trabajador, así como también los billones desviados de las arcas públicas, billones que deberían ir a salud, educación, limpieza básica, etc.

La premiada delación de Delcidio do Amaral pone al descubierto los esquemas mafiosos por medio de los cuales Dilma y Lula ejercen la jefatura de una auténtica organización delictiva que está en el poder. Por eso, defendemos, además de una profunda investigación, el riguroso castigo de todos los crímenes cometidos desde el “mensalón”, cuya fundamental reponsabilidad es de Lula. Lo mismo defendemos para el PSDB de Aecio y sus escándalos en Minas Gerais, San Pablo y otros estados y para el PMDB de Renan y de Cunha en el congreso nacional.

Defendemos la necesidad de fortalecer las luchas en curso, en defensa del salario, el empleo, la salud y la educación, junto con otras movilizaciones. Es urgente fortalecer y unificar las luchas rumbo a la huelga general para, con la movilización obrera y popular, derrotar los ataques y reformas neoliberales que esos mismos corruptos intentan aplicar contra el pueblo, y en ese camino dejar afuera a Dilma, Temer, Cunha y Aecio.

En ese proceso es necesario forjar una alternativa de clase de una auténtica izquierda y del pueblo trabajador, contra el PT y el PSDB. Una alternativa de izquierda para los luchadores del país, como la heroica huelga de los profesores y estudiantes secundarios de Río de Janeiro lo está demostrando.

En este sentido, la responsabilidad del PSOL, junto al PSTU y la CSP/Conlutas, Intersindical, PCBm etcetera, es enorme. No se pueden confundir con la nefasta dirección de la CUT que llama a una “vigilia” en defensa de Lula y contra el golpe. Por eso, ni el 13 con los tucanos, ni el 31 con el PT, hay que construir un tercer acto alternativo contra el ajuste fiscal del gobierno de Dilma y los tucanos, e imponer el Fuera Todos y el castigo a todos los involucrados en la corrupción.

De esta forma podemos conquistar un gobierno de izquierda, de los trabajadores y el pueblo para aplicar un plan económico alternativo que garantice el fin de los despidos, aumento de salarios, reducción de la jornada y un plan de obras públicas en la educación y la salud financiado por la suspensión del pago de la deuda externa e interna, junto con la defensa de una Petrobrás 100% estatal bajo el control de los trabajadores.

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