9 de diciembre de 2018

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LULA CRIMINALIZA LAS PROTESTAS SINDICALES

Por: Juan Luis Berterretche.

1ro de julio de 2007

Por el momento, los movimientos no han retrocedido frente a las amenazas judiciales. Pero, no obstante ser prematuro para aseverar que ha comenzado a superarse el desaliento y a reanimarse la capacidad de resistencia de los trabajadores, esta oleada de conflictos contra el gobierno es un indicio prometedor de esa tendencia.

Los empleados públicos federales deflagraron a mediados de junio una huelga general por tiempo indeterminado. Según la Confederación Nacional de los Trabajadores en el Servicio Público Federal (Condsef), la paralización abarca diversas categorías: servidores de los ministerios da Agricultura, Cultura, Salud y Economía, del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), de la Fundación Nacional del Indio (Funai) de la Fundación Nacional de Salud (Funasa), del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Intra), del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y de las Delegaciones Regionales de Trabajo (DRTs).

La Policía Federal realizó esta semana el segundo paro de 72 horas de su plan de lucha y los trabajadores petroleros estatales anunciaron el inicio de una huelga para los primeros días de julio. En varios estados y municipios los funcionarios están en conflicto.

La renuencia a dar aumentos a los funcionarios del ejecutivo y empleados de servicios públicos (algunos, como los empleados administrativos de las Universidades Federales, con los ingresos congelados por un decenio) y el incumplimiento de acuerdos y convenios en varios ministerios, ha desatado una fuerte conflictividad que abarca a más de cien mil funcionarios estatales.

Al tiempo que el gobierno anunciaba la intención de otorgar este año un aumento-burla del 0,01% a los empleados federales, aprobó vía medida provisoria /1 un beneficio que va desde 30% a 140% para los 20.000 “funcionarios de confianza”. Se trata de cargos distribuidos entre el PT y los partidos de la base aliada, como premio consuelo para políticos no elegidos, “cabos electorales” o familiares desempleados.

Frente a la oleada de huelgas y alegando su experiencia gremial, Lula hizo declaraciones como ex sindicalista respecto a las medidas a tomar por el ejecutivo. La intención del Presidente es aprobar una reglamentación sindical que limite el derecho de huelga.

“Huelga sin descuento de días parados, son vacaciones” afirmó Lula, promoviendo el descuento y procurando desvalorizar a los actuales dirigentes y huelguistas del funcionariado. El ministro de Planeamiento, Pablo Bernardo, anunció esta semana que en agosto va a presentar al Congreso un proyecto de reglamentación del derecho de huelga, aún con la oposición de las centrales de trabajadores.

Pocas semanas antes, Lula había manifestado la intención de limitar el derecho de huelga a aquellos servicios considerados “esenciales” (electricidad, salud, telefonía, seguridad, aeropuertos, bancos, etc. y todo aquello que el gobierno considere y decida que se trata de un servicio esencial) /2 De acuerdo a las afirmaciones de voceros del ejecutivo se pretende obligar a los funcionarios públicos –y en similares funciones a los trabajadores privados- a seguir prestando un porcentaje del 70% de los servicios en caso de declarar huelga.

La resistencia que enfrenta el gobierno para instaurar una reglamentación sindical, lo ha llevado a aplicar contra los trabajadores un inconstitucional decreto /3 de Fernando Henrique Cardoso aprobado para poder descontar los días de paro. Decreto rechazado por el PT cuando era oposición porque contradice la Constitución de 1988 vigente, que no pone ninguna limitación al derecho de huelga de los funcionarios públicos.

El Presidente-gremialista ha intervenido explícitamente para que se haga el descuento de los días de huelga a los trabajadores del Ministerio de Cultura, de Ibama, del Incra y del INSS. Los funcionarios de Ibama, en huelga desde mayo, recibirán el sueldo de junio con un descuento de 15 días de salario.

A pesar de la expresa determinación anti-gremial del Ejecutivo, el Ministro de Cultura, Gilberto Gil, cuyos 2000 funcionarios están en huelga desde abril, ha postergado el descuento, a espera de una resolución de la Justicia que declare la huelga ilegal.

En el municipio de Florianópolis, durante la primera semana de paro de los funcionarios, el prefeito –alcalde- entró con una medida cautelar en la justicia contra el Sindicato de los Trabajadores en el Servicio Público Municipal (SINTRASEM) que determinó el fin de la huelga, el retorno de los afiliados del sindicato al trabajo, bajo pena de desobediencia judicial y multa diaria de 10.000 reales (más de 3.700 euros). Al mismo tiempo amenazó con hacer un llamado abierto para la contratación de rompehuelgas. /4 Bajo todas estas amenazas los funcionarios votaron –el 19 de junio- la continuación del paro por tiempo indeterminado.

Esta ofensiva anti-sindical del gobierno no se realiza en el marco de confusión y desmoralización que primó en los primeros años de la presidencia Lula por su traición a las expectativas populares.

El 23 de mayo pasado, la primera movilización de una amplia coordinación de luchas (MST, Conlutas, Intersindical, Pastorales Sociales, Movimiento de Trabajadores sin Techo –MTST-y sindicatos en proceso de ruptura con la CUT) fue un alerta para el inmovilismo de las centrales subordinadas al gobierno (CUT y Fuerza Sindical). En muchos estados, sindicatos afiliados a la CUT se plegaron a esta primera movilización nacional. En la segunda semana de junio, el 5to. Congreso del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) emitió una declaración repudiando la política gubernamental y comprometiéndose a “defender nuestros derechos contra cualquier política que intente desconocer los ya conquistados” /5 En esta nueva situación social, la CUT se vio obligada a emitir una declaración contraria al intento de reglamentación del derecho de huelga.

El escenario tampoco es favorable para que el gobierno apruebe medidas anti-gremiales en un Congreso deslegitimado por las innumerables acusaciones de corrupción. Y ahora, por un affaire que envuelve a Renán Calheiros -presidente del Senado y por tanto del Congreso- con “lobistas” de constructoras que lucran con licitaciones públicas. /6 La semana anterior –20 de junio-, luego de una tenaz insistencia de sus pares para soterrar el escándalo, las evidencias obligaron al Consejo de Ética del Senado a iniciar un proceso de casación de mandato por quiebra del “decoro parlamentario”. A estas circunstancias se agrega que el PT continúa con la herida abierta del desgaste social y político sufrido con la aprobación de la contra-reforma de la Previdencia a principio del primer ejercicio.

Por el momento la táctica parece ser la de continuar criminalizando los movimientos sociales con la complicidad de la Justicia que ha asumido el papel con entusiasmo: declaración de ilegal para algunas huelgas, descuentos salariales a los huelguistas en base a decretos anticonstitucionales, multas a los sindicatos que lanzan paro de actividades, amenaza en la administración pública de contratar rompehuelgas, etc. etc.

Como vemos, nada nuevo. El manual operativo del paquete neoliberal incluye como complemento a sus artimañas económicas de saqueo y explotación: “medidas compensatorias” para contener la rebelión de los empobrecidos y excluidos del sistema (bolsa familia, etc.); coimas, comisiones y privilegios para los que ayuden a instaurar y aplicar la política de pillaje de los bienes públicos y, ante la reacción de los movimientos sociales en defensa de sus derechos, una ofensiva de la Justicia criminalizando las protestas.

Por el momento, los movimientos no han retrocedido frente a las amenazas judiciales. Pero, no obstante ser prematuro para aseverar que ha comenzado a superarse el desaliento y a reanimarse la capacidad de resistencia de los trabajadores, esta oleada de conflictos contra el gobierno es un indicio prometedor de esa tendencia.

Isla de Santa Catarina, junio de 2007
* Escritor y periodista. Militante del Frente Social y Político.

Notas

1/ Medida Provisoria es una resolución adoptada por el Presidente con fuerza de ley. Debe ser sometida posteriormente al legislativo que, al aprobarla, le da vigencia definitiva. Tiene prioridad en el orden del día del parlamento y traba la pauta hasta no ser aprobada.

2/ Berterretche, J. L. Gobierno Lula hacia una reglamentación sindical: La restricción del derecho de huelga. Correspondencia de Prensa, marzo 2007.

3/ Decreto 1.480/95 9, emitido por FHC, del 03 05 95.

4/ Portal da Ilha, www.portaldailha.com.br Santa Catarina, 17 06 2007.

5/ Carta del 5to. Congreso del MST, punto 2, Brasilia, 16 de junio 2007.

6/ Berterretche, J. L. Operación Navaja: “La vida te da sorpresas...” Alerta Euscalherría, www.eutsi.org País Vasco, junio 2007.

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