22 de febrero de 2017

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ESTADOS UNIDOS SE LEVANTA CONTRA TRUMP

Masivo repudio a veto migratorio.

30 de enero de 2017

Manifestantes protestaron este domingo frente a la Casa Blanca, en contra la orden de Donald Trump de suspender la entrada de viajeros de siete países de mayoría musulmana a EU.

Washington. Manifestaciones, condenas internacionales y políticas: nueve días después de su llegada al poder, Donald Trump se enfrenta este domingo a una avalancha de críticas tras su decisión de cerrar las fronteras a todos los refugiados y a ciudadanos de siete países musulmanes.

Miles de manifestantes se reunieron este domingo ante la Casa Blanca en Washington, en Nueva York en un parque a la vista de la Estatua de la Libertad, en Boston y en otras ciudades y aeropuertos del país.

El presidente no hace sino aplicar sus promesas de campaña, señaló su portavoz, Sean Spicer, aludiendo a la firma durante toda la semana de decretos sobre la salud, la inmigración clandestina, la lucha contra el yihadismo o el petróleo.

Pero la decisión de Trump de cerrar las fronteras de forma selectiva, pese a no ser tan amplia como su promesa de campaña de prohibir la entrada a todos los musulmanes, ha provocado la mayor conmoción desde su investidura.

El decreto, que entró en vigor el viernes, prohíbe el ingreso durante 120 días en Estados Unidos de todos los refugiados, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

Como resultado, 109 personas han sido detenidas desde el viernes a su llegada a Estados Unidos, aunque tuvieran una visa válida. Tras la intervención el sábado de una jueza federal de Nueva York, la mayor parte de ellos fue autorizada a entrar al territorio, pero la constitucionalidad del decreto aún no ha sido cuestionada.

Pero el decreto sigue en vigor en el resto del mundo, y las aerolíneas rehúsan embarcar a los ciudadanos de los siete países alcanzados por la medida, aunque posean una visa en regla.

Críticas políticas

En Estados Unidos, la oposición demócrata pidió que se retire el decreto antinmigración y denunció su carácter contrario a los valores estadounidenses y su ineficacia en la lucha contra la amenaza yihadista.

No hará sino “estimular a quienes pretenden perjudicarnos”, advirtió el jefe de los demócratas del Senado, Chuck Schumer.

En el partido Republicano, mayoritario en el Congreso, pocos legisladores se han expresado espontáneamente para defender al presidente. Un puñado de legisladores de ese partido ha condenado total o parcialmente el decreto de Trump, entre ellos los senadores conservadores John McCain y Lindsey Graham.

“Desgraciadamente, tememos que este decreto nos debilite en la lucha contra el terrorismo”, indicaron ambos conservadores, que advierten además que los aliados de Washington en la lucha contra el grupo Estado Islámico son mayoritariamente musulmanes.

“Los tribunales juzgarán si (Trump) ha ido demasiado lejos”, comentó por su parte con prudencia este domingo Mitch McConnell, jefe de la mayoría del Senado en la cadena ABC.

Será en efecto ante la justicia donde se decidirá la suerte del decreto. El fallo de urgencia dictado por la jueza de Nueva York se añadió a otros tres que bloquean las expulsiones, si bien ninguno hace referencia a la constitucionalidad o no de la decisión presidencial.

“Esto acabará probablemente ante el Tribunal Supremo”, predice Anthony Romero, director de la poderosa Unión estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), en la cadena CNN.

Por su parte la Casa Blanca defiende que se trata de un acto para “no dejar que se infiltre gente que pretenda perjudicarnos”, afirmó el portavoz Spicer.

El ejecutivo tendrá que defenderse también de una acusación de discriminación religiosa. Tras el periodo de 120 días el decreto estipula que se dará prioridad a los refugiados perseguidos a causa de su religión, una frase que apunta implícitamente a proteger a los cristianos de Siria y de Irak.

El presidente no ha dejado ninguna duda respecto a esta preferencia. “Los cristianos de Oriente Medio han sido ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que ese horror se perpetúe!”, escribió este domingo en Twitter.

Irán es hasta ahora uno de los países más afectados por la gran cantidad de iraníes que tienen visas de trabajo o de estudios de Estados Unidos. Teherán, en respuesta, ha instaurado medidas similares contra los estadounidenses, y el cineasta iraní Asghar Farhadi, nominado a los Oscares, anunció que no acudirá a la ceremonia que se celebra en febrero en Los Ángeles y denunció las restricciones impuestas por Trump.

Entretanto, las oleadas de indignación atraviesan el mundo musulmán, y la Liga Árabe denunció este domingo como “restricciones injustificadas” las prohibiciones impuestas por la administración estadounidense.

En Europa, el presidente francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel se sumaron a las críticas. Según un portavoz, Merkel explicó al presidente Trump las obligaciones que marca la Convención de Ginebra sobre la acogida de refugiados, en su conversación telefónica del sábado.

Canadá, por su parte, indicó que había recibido garantías de Washington de que los ciudadanos canadienses que tengan también algunas de las nacionalidades de los países incluidos en el decreto, no quedan afectados por la prohibición, según la oficina del primer ministro Justin Trudeau.

Phoenix. Para construir su ambiciosa fuerza de deportación, el presidente Donald Trump está reviviendo un programa de larga data que busca que los policías locales sirvan también para hacer cumplir la ley federal de inmigración.

El programa recibió escasa atención durante una semana en la que Trump anunció planes para construir un muro fronterizo, contratar miles de agentes federales más e imponer restricciones a los refugiados de países del Medio Oriente.

Sin embargo, el programa de Trump podría llegar a tener un impacto significativo en la forma en que se aplican las leyes de inmigración en todo Estados Unidos, a pesar de que en los últimos años fue denostado en medio de quejas de que promueve la discriminación racial.

Más de 60 departamentos locales de policía tuvieron esa autoridad especial hasta 2009, mientras el debate sobre la inmigración en Estados Unidos se estaba intensificando.

Desde entonces, la cifra se redujo a la mitad y los intentos en esa dirección se redujeron a medida que los agentes federales aumentaban otros programas para aplicar las leyes y en medio de quejas de que en lugar de enfocarse en capturar delincuentes violentos, arrestaban a inmigrantes por infracciones menores.

Joe Arpaio, sheriff del condado de Maricopa, en Arizona, usó el programa de manera más intensa en la zona metropolitana de Phoenix y se volvió el agente antinmigración más conocido de la nación a nivel local, en gran parte debido a la autoridad especial. Debido a un giro extraño, sobre todo debido a la creciente frustración por asuntos legales y los costos derivados de las patrullas, Arpaio fue retirado del cargo en la misma elección que llevó a Trump a la presidencia.

Al firmar días atrás su decreto presidencial, Trump dijo que quiere autorizar a los departamentos locales de policía para que actúen como agentes de inmigración y ayuden con la “investigación, arresto o detención” de inmigrantes que residen ilegalmente en Estados Unidos.

Trump dio sus pasos en momentos en que el país está fuertemente dividido sobre cómo tratar a los inmigrantes. Ciudades como Chicago y San Francisco se han opuesto a que sus policías apliquen las leyes de inmigración, mientras que algunos condados en Massachusetts y Texas están tratando ahora de sumarse a la iniciativa.

Los defensores del plan dicen que los departamentos de policía pueden ayudar a reforzar la aplicación de la ley de inmigración y prevenir que los delincuentes regresen a sus vecindarios. Los críticos argumentan que la delegación de esa tarea a los policías locales conducirá a una discriminación racial y erosionará la confianza de la comunidad hacia la policía.

Cecillia Wang, una abogada de la American Civil Liberties Union (Unión Estadunidense por los Derechos Individuales, ACLU por sus siglas en inglés), dijo que los jefes de policía que quieren sumarse a la aplicación de las leyes de inmigración deben recordar lo que pasó cuando 100 de los agentes de Arpaio recibieron poder federal para hacer arrestos.

El sheriff utilizó la nueva autoridad para realizar las patrullas de tránsito dirigidas contra los inmigrantes. Las patrullas fueron desacreditadas posteriormente en un juicio en el que un juez federal concluyó que los agentes de Arpaio discriminaron racialmente a los latinos. La demanda le ha costado hasta ahora a los contribuyentes del condado 50 millones de dólares.

“Hay gente como Joe Arpaio que tiene una cierta agenda política y que quiere subirse al carro de Trump”, dijo Wang, antes de agregar que el sheriff de Arizona fue “el más delincuente despreocupado y descarado” en el programa.

En fronteras de EU: Casa Blanca

Manifestantes repudiaron ayer por la noche las medidas migratorias de Donald Trump, en el aeropuerto de Dallas. Foto Afp

Washington. La Casa Blanca defendió este domingo la aplicación del decreto de Donald Trump sobre la inmigración que motivó la retención de 109 personas en las fronteras e impidió a otras 200 tomar un vuelo en dirección a Estados Unidos.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, informó de que, de los 325.000 extranjeros llegados a Estados Unidos el sábado, “109 personas” pasaron por procedimientos de control reforzados para “garantizar que las personas a las que dejamos entran en nuestro país vengan con intenciones pacíficas”, declaró este domingo a la cadena ABC.

“No queremos dejar que se infiltre alguien que quiere perjudicarnos. Eso es todo. Sé que en algunos casos eso va a provocar inconvenientes”, añadió.

Una “veintena de personas” seguían retenidas este domingo por la mañana por los servicios de inmigración para “controles más estrictos”, en virtud del decreto, indicó el secretario general de la Casa Blanca, Reince Priebus.

“Creo que estas personas serán liberadas si no presentan peligro y quizás algunas continúan retenidas si son consideradas peligrosas para el país”, dijo este domingo en la cadena CBS. A otras 200 personas se les impidió embarcar hacia Estados Unidos, dijo la consejera de Donald Trump Kellyanne Conway a la emisión Fox News Sunday.

Spicer justificó la ausencia de anuncio previo, que condujo a una situación de caos en los aeropuertos, sobre todo en Nueva York, por la necesidad de “garantizar que la gente no llegue en masa antes de que (el decreto) entre en vigor”.

Según el diario The New York Times, el sábado por la noche 81 personas obtuvieron la autorización de entrar en territorio estadunidense tras esas “verificaciones extremas” reclamadas por Trump para los nacionales de siete países de mayoría musulmana: Irán, Irak, Siria, Libia, Sudán, Somalia y Yemen.

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