EL NEOLIBERALISMO, EL ESTADO Y "LO SOCIAL"

El descrédito de la globalización neoliberal es enorme y con tendencia a crecer. Y no es para menos, porque sus efectos han sido más pobreza y miseria, incluso entre los pueblos de Estados Unidos y de las otras potencias, mayor concentración de la riqueza en unos cuantos individuos y países y tanta corrupción que predominan las cleptocracias. Y en concordancia con los retrocesos económicos y sociales, el neoliberalismo también genera antidemocracia política: bastan para ilustrarlo las órdenes del Fondo Monetario Internacional, las andanzas de Álvaro Uribe, las agresiones colonialistas contra Iraq y Afganistán y que la Casa Blanca haya reestablecido la legalidad de la tortura como método de investigación judicial.

Es tal la resistencia al neoliberalismo que nadie quiere que lo marquen con ese rótulo. Pero la pregunta no es si el término está desacreditado, sino si sus partidarios y sus políticas pertenecen al pasado. Y debe precisarse el papel del Estado al respecto, porque aumentan los que alegan que no pertenecen a esa secta en razón de que defienden la intervención del Estado y el gasto público para financiar «lo social».

La primera prueba de que en Colombia el neoliberalismo sigue vivo acaba de darla César Gaviria, su padre en el país, quien, con la cautela de un político tradicional en oposición al gobierno pero no al régimen, se ratificó en la conveniencia de las reformas de su administración y se puso del lado del TLC en los siguientes términos: «Lo que no podemos hacer con el TLC fue lo que hicimos con las reformas de los 90: sobrevenderlo como una gran panacea. EL TLC con México ha sido benéfico (...) el TLC trae una buena cantidad de ganadores, posiblemente la mayoría, pero también trae muchos perdedores». Pero, a la par, intentó zafarse de la etiqueta que lo marca agregando que «es muy difícil sostener que mi gobierno fue neoliberal», teniendo en cuenta «el gasto público, que creció de manera muy significativa» (Semana, 8 de octubre de 2006).

La práctica neoliberal permanece en Colombia, ¡y de qué manera!, con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Como ya se mencionó, eso representa la decisión de suscribir el TLC, porque «libre comercio» es sinónimo de neoliberalismo. Todas sus privatizaciones, y en especial las de Telecom y Ecopetrol, son neoliberalismo puro, y ahí se enmarca el mantenimiento de las leyes 100 y 142 de salud y pensiones y servicios públicos y la privatización de la educación. Es de rancia estirpe neoliberal aumentarles los impuestos a las capas medias y a los pobres, incluidos los indigentes, en tanto se les disminuyen a los monopolios y las trasnacionales. De qué otra manera catalogar los golpes a los pagos por horas extras y por trabajo dominical y a las pensiones. Y el recorte de las transferencias a las regiones es neoliberal porque empuja más privatización en salud y educación y porque el Fondo Monetario Internacional lo definió como «el más importante de los esfuerzos para controlar el gasto público en el mediano plazo».

En lo político, el uribismo es neoliberal porque mediante el TLC se legaliza la anexión de la economía colombiana a la de Estados Unidos y, por tanto, en los hechos, se le arrebata la soberanía al país y se recoloniza a Colombia y porque, en últimas, el neoliberalismo es lo que se le antoje a la Casa Blanca, pues, como bien lo advirtió Henry Kissinger, «lo que se denomina globalización es en realidad otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos». También son acordes con la antidemocrática concentración de la riqueza propia de las concepciones neoliberales el autoritarismo de Uribe y su represión a las movilizaciones con las que el pueblo defiende sus intereses y derechos.

Pero, ¿cómo explicar que César Gaviria diga que no es neoliberal porque en su gobierno se fortaleció el Estado y aumentó el gasto público? ¿Qué decir de que en la misma entrevista se negara a colgarle ese rótulo ignominioso a Uribe Vélez, pues «tampoco veo que él tenga una visión minimalista del Estado»? Además, ¿cómo calificar el aumento del gasto público uribista en «lo social», gasto que «benefició» a 8.407.553 familias entre 2003 y 2006, a través de los subsidios al Sisben, los desempleados, los adultos mayores, las familias en acción y las guardabosques, la vivienda y la comida que les regalan a unos niños? ¿No es «social» el programa Agro Ingreso Seguro para las víctimas del TLC? ¿No gastan los alcaldes uribistas sumas enormes en «lo social»? Y por último, ¿estos gastos, que son importantes y crecientes, se contradicen con el neoliberalismo y la banca internacional?

Una de las equivocaciones o de las mentiras más frecuentes sobre las ideas neoliberales consiste en confundir el cambio de algunos roles del Estado con su desaparición o debilitamiento, porque si algo ratifica la globalización es el papel fundamental del Estado en el capitalismo, tanto para garantizarles las utilidades a los monopolios como para impedir que las crisis nacionales e internacionales terminen en el caos. ¿O es que los negocios privados de la salud, las pensiones, la educación y los servicios públicos podrían existir sin las normas oficiales? ¿No provienen, por excelencia, las ganancias de los banqueros de las decisiones del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda? ¿Está ausente el gobierno de las utilidades de las concesiones de vías, puertos y aeropuertos? ¿No es el TLC un pacto mediante el cual los Estados de Colombia y Estados Unidos organizan un determinado tipo de relaciones internacionales, de acuerdo con los intereses de las trasnacionales estadounidenses? ¿No mandan en el FMI y en el Banco Mundial los gobiernos imperiales y no están ambos al servicio de las oligarquías financieras de esos países?

También yerran o engañan quienes afirman que como el neoliberalismo está a favor de la privatización, entonces se opone a que el Estado gaste en «lo social» y que ese es el pensamiento del Banco Mundial. Porque ya en 1991, en su estudio «Estrategias asistenciales para la reducción de la pobreza», el Banco señaló la necesidad de tener disponible «una red de protección social». En «La pobreza en Colombia» (1996) dijo que el país, «que carece todavía de una red de protección social eficaz para los grupos más pobres y vulnerables, debería otorgar a la creación de tal red un carácter prioritario». ¿Verdadera preocupación por los pobres? Por supuesto que no, como lo aclaró en 1999, cuando precisó que la preocupación por «lo social» debe estar al servicio del neoliberalismo: «La estrategia de lucha contra la pobreza debe garantizar la compatibilidad entre las políticas macroeconómicas, estructurales y sociales del país». Es más: sin un «gasto social» tan grande como sea necesario no podrían aplicarse las políticas neoliberales, pues es este el que paga el asistencialismo dirigido a impedir que se rebelen los empobrecidos por dichas medidas, convirtiéndolos, además, en clientelas de los mismos dirigentes políticos que les arrebatan el empleo y el pan. Así, el «gasto social» neoliberal juega el mismo papel del queso que se le pone a la trampa encargada de romperle el espinazo al ratón. ¿O será que el Sisben y las Familias en Acción, por ejemplo, son contra el neoliberalismo? ¿O que Agro Ingreso Seguro busca que no haya TLC?

El «gasto social» del neoliberalismo posee otro secreto que hace parte del propio modelo económico: que cada vez más los impuestos no los pagan ni monopolios ni trasnacionales, sino los sectores populares, de manera que son todos los pobres los que costean los subsidios que les llegan solo a algunos de ellos, impuestos que además les cobran sin que se den cuenta, mientras que «lo social» se distribuye en medio de la mayor alharaca y cuenta con politiqueros que pasan la cuenta de cobro hasta en el último rincón del país. ¿No es un aspecto clave del atractivo de culebrero de Álvaro Uribe, que no desaproveche ocasión para hacer demagogia con el «gasto social» de su gobierno?

Que estas verdades contribuyan a impedir que los neoliberales engañen a las fuerzas democráticas que luchan por un verdadero y profundo cambio en la vida de las gentes.

(Tribuna Roja Nº 104, Bogotá, noviembre 20 de 2006).