PINOCHET: REFLEXIONES SOBRE LA VERDADERA JUSTICIA

El ex dictador de Chile con 91 años a cuesta, ha muerto placidamente, sin ningún remordimiento, y sin que nadie perturbe su dulce sueño eterno. “Augusto Pinochet murió tranquilo, sin dolor ni sufrimiento. Se fue sin pagar la cuenta, tirando “perro muerto”, como han dicho algunos. Según el diario El Mercurio, en su ultimo suspiro estuvo su esposa Lucía Hiriart “recostada a su lado y sosteniéndole una de sus manos. En la habitación del Hospital Militar cuatro de sus cinco hijos compartían el último momento”.

Los 3,200 asesinatos del golpe militar de 1973, las 28 mil personas torturadas y mutiladas, los 1,200 desaparecidos, y todas las victimas del golpe pinochetista quedan ahí regados en el camino de la injusticia chilena. El 10 de diciembre por imposición del gobierno las banderas flamearon a media asta, y en los cuarteles militares se rindió homenaje póstumo al “salvador de Chile”, como se dice en la jerga militar. La burguesía chilena lloro la muerte del “salvador”. Hasta el representante de la iglesia católica, elevo una plegaria por el ex dictador, y agradeció a dios: “las cualidades que le dio y todo el bien que hizo a nuestra patria y a su propia institución”, cuando en horas difíciles, “sintió el deber de asumir el mando supremo de la nación”.

Pinochet no es el único caso en la que un criminal acaba sus días tiernamente, en el suspiro de los ángeles, sin ningún remordimiento de por medio. En Perú, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, y otros países hay cientos y miles de abominables asesinos que viven en la tranquilidad que les otorga el Estado corrupto, las leyes fraudulentas, el poder judicial, y todo ese aparato que sirve para proteger el crimen , la tortura, la persecución y el genocidio contra el pueblo. América Latina es un santuario de asesinos y genocidas, la lista es larga, y como ejemplo basta mencionar los casos mas conocidos. En Argentina en 1975, el gobierno de Maria Estela Martines de Perón otorga pleno poderes a las fuerzas armadas para que liquide la guerrilla del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP). Ello seria el inicio a las atrocidades y crímenes cometidas por los militares. En marzo de 1976, el general Jorge Rafael Videla, quien había declarado: “mataremos a tanta gente que sea necesario para que vuelva la paz en Argentina” (1), se apodera del poder del Estado y con ello se iniciarían los secuestros, torturas y desapariciones de miles de ciudadanos argentino. Los militares establecen la “justicia revolucionaria”, cuyos resultados fueron mas de 20 mil desaparecidos y asesinados durante el periodo de la sanguinaria dictadura militar. De acuerdo al escritor, Rodolfo Walsh, solo en el primer año de dictadura los militares asesinaron a 4 mil ciudadanos argentinos, la mayoría de ellos ejecutados en secreto. En 1973 en Uruguay se instala una dictadura civil militar y se elimina el parlamento, se suprime el Poder judicial, se dictan leyes de excepción antiterrorista, y se establece la ley marcial. El ejército reprime brutalmente al Movimiento Nacional de Liberación (MNL) Tupamaros y a todo sospechoso de subversión, y al final de 1985 se contabilizaron más de 300 muertos a manos de los militares.

En Guatemala, en la guerra interna que vivió este país entre 1960 y 1996, las fuerzas armadas, liquidaron, a través de asesinatos masivos o selectivos, más de 200 mil personas. La mayoría de estas masacres se realizaron en el periodo que va desde 1983 hasta 1986. El general José Efraín Ríos Montt, uno de los principales responsables de estos crímenes, vive tranquilo y protegido por el Estado y las leyes de este país. En El Salvador, entre 1980 hasta 1992 cuando se firmó el denominado “acuerdo de paz”, los militares liquidaron 85 mil personas, el 80 de estas victimas eran civiles quienes fueron acusados de terroristas. Si se tiene en cuanta que este país en 1980 tenia apenas 4,5 millones de habitantes, resulta que las fuerzas armadas asesinaron al 2% de los habitantes de este país. En Nicaragua, desde 1933 que la dinastía Somoza se apoderó del poder del Estado, este país vivió una larga noche de terror, secuestros y asesinatos masivos de luchadores sociales hasta que en 1979, el Frente Sandinista de Liberación liquidó la tiranía somocista. El brutal régimen somocista, para imponer su poder, asesino más de 50 mil ciudadanos de este país.

Los casos mas recientes de brutales crímenes contra el pueblo cometido contra el pueblo son Perú y Colombia. En Perú, los militares para detener y liquidar la lucha guerrillera que se inicio en mayo de 1980, utilizaron el crimen masivo, el secuestro, la tortura y las ejecuciones clandestinas, que en dos décadas de conflicto armado dejó cerca de 70 mil victimas mortales. Ningunos de los responsables de estos crímenes masivos de la población han sido sancionados, y al contrario, muchos de ellos han sido premiados y recompensados. Por ejemplo Alan García Pérez, uno de los cabecillas de estos genocidios, en recompensa a su sanguinario gobierno de 1985 y 1990, ha vuelto este año a la presidencia de la Republica. Solo en los últimos 20 años, la guerra interna en Colombia, ha dejado más de 70 mil muertos, la parte de estas victimas fueron asesinatos cometidos por las fuerzas armadas, los grupos paramilitares que el Estado utiliza para enfrentar la guerrilla de este país. Solo en el periodo que va desde agosto del 2002 hasta junio del 2004, los militares en aplicación de la llamada política de “Seguridad Democrática en Colombia”, diseñada por el presidente Uribe Veles (al inicio de su primera presidencia), mataron a 10.586 personas. (Informe de la diputada Isaura Navaro, “Balance de dos años de política de “Seguridad Democrática” en Colombia, 22/10/04). Según Marta Lucia Ramírez, ex ministra de defensa, en el primer año del primer gobierno de Uribe (2002), fueron detenidas y encarceladas 125.778 personas.

Si la historia política latinoamericana no tuviera una lógica pervertida y falsa, dirigíamos que el caso Pinochet es un caso aislado y que transgrede y viola las leyes y la justicia en esta parte del continente americano. Pero no es así, y la impunidad de la que ha gozado Pinochet hasta su último respiro de vida muestra que en América Latina existe en la perversidad del sistema político-social dos tipos de justicia. Una es para el pueblo, cuyos alcances imperturbables están referidos al crimen masivo del pueblo, a la represión indiscriminada, al hambre, la miseria y todo tipo de injusticia social, política y penal. La otra forma de justicia, es aquella dictada para proteger el Estado y mantener un sistema corrupto y genocida. En esta llamada justicia, refrendada por constituciones miserables, por leyes ineptas e ilegales, por un poder judicial corrupto y vendido, y por un parlamento fantoche, se encubren criminales, genocidas ladrones y todo tipo de individuos o instituciones de latrocinios como las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. Es por ello que en América Latina, salvo contadas excepciones, jamás se ha sancionado el crimen de carácter político. Si hay algún ajusticiado por estos actos contra los derechos humanos, han sido chivos expiatorios que han servido para encubrir a los responsables principales.

“Solo el pueblo juzga y sanciona a los criminales”.

En todo esto, ya sea en Chile, o en otra parte del mundo, resulta paradójico que aun se siga confundiendo el verdadero sentido de la justicia popular, con la justicia burguesa y corrompida que se administra desde el Estado proimperialista. Esta justicia seudo legal ha sido construida por la burguesía y los terratenientes para proteger sus intereses, y salvar de cualquier sanción penal a sus fuerzas represivas y a sus representantes políticos. Es un error confundir justos sentimientos de justicia y la búsqueda de sanciones contra lo asesinos del pueblo, con la creencia que el Estado y las leyes actuales pueden servir para sancionar a aquellos que en nombre de la “democracia” y la “paz” matan y cometen genocidios. Pinochet, así como Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, y otros criminales, actuaron protegidos por el sistema y las leyes imperantes. De antemano sabían que nadie, ni a nivel local, ni a nivel internacional, podría mortificarlos por los miles de asesinatos y genocidios cometidos en “defensa de la patria”. Además las fuerzas armadas, así como todos los gobiernos de turno, no actúan por su propia cuenta, y su accionar es apenas el movimiento de los sátrapas que actúan por mandato de los grupos de poder y el imperialismo. Pedir que el estado haga justicia, sancionando severamente a sus militares y a sus políticos, es una insensata manipulación del criterio de justicia, y perder de vista que tanto el Estado como las leyes tienen carácter de clase, y su objetivo no es defender al pueblo sino más bien reprimirlo hasta la muerte. La falsa idea de justicia ha corroído los movimientos progresistas, los partidos políticos de la izquierda legal, y aquellos grupos defensores de los derechos humanos, cuyas acciones plañideras y ajustadas a la “ley”, no han servido a nada. Han sido cero a la izquierda, y su utilidad, no ha sido a favor del pueblo, sino más bien para crear una cortina de humo y desviar la atención del pueblo hacia una justicia revolucionaria que sancione drásticamente a esos brutales asesinos.

El concepto de la justicia para el pueblo no pasa por las leyes burguesas y por ello resulta una ficción política pedir a los gobernantes de turno (que fueron puestos por los mismos militares o civiles criminales) que sancionen a los acusados de crímenes contra los derechos humanos. Cuando se dice “solo el pueblo juzga y sanciona a los criminales”, no es una slogan vació, sin contenido político, que se dice fuera de la realidad objetiva que atraviesan actualmente los pueblos latinoamericanos. En esta dirección se debe mirar la historia de la lucha social como ejemplo a seguir para no seguir siendo las pobres victimas de los desalmados militares, civiles, grupos de poder y el imperialismo. Hay que recordar con añoranza que entre 1789 y 1793 los revolucionarios franceses pasaron por la guillotina entre 35 y 40 mil nobles, eclesiásticos y militares partidarios del sistema imperial. Así murieron, como decía el Tribunal revolucionario, los partidarios de la tiranía y enemigos de libertad”. Cuando en el mandato popular, la guillotina cortó el cuello de Luis XVI y de Maria Antonieta, reyes de Francia, se liquidó de un tajo varios siglos de abusos, crímenes y explotación contra el pueblo, principalmente contra el campesino siervo. En esa época, Robespierre, el mas grande revolucionario de esta gesta histórica, dijo hablando de la justicia popular que el “terror no es otra cosa que la justicia expeditiva, severa, inflexible”, contra los enemigos del pueblo. (Robespierre, discurso del 5 de febrero 1794).

En julio de 1918, a un año de la toma del poder por los bolcheviques, el presidium del Soviet regional de diputados obreros, campesinos y los guardias rojos de los Urales, ordenó la ejecución de Nicolás Romanov, emperador de Rusia. En el texto oficial donde se ordena el fin de Nicolás, el zar “sanguinario” como se le conocía, se indica que dicha ejecución era una voluntad del pueblo, y que Nicolás, el sanguinario, era “culpable de innumerables crímenes sangrientos” contra el pueblo, y que esta razón, el zar seria fusilado junto a toda su familia. Y en efecto, junto con el Zar fueron eliminados la emperatriz (zarina), sus cuatro hijas y su hijo menor. Con la ejecución de la familia imperial rusa se puso fin a un sistema de terror, de hambre y de servidumbre en el que padecía por siglos los pobres de la Rusia de los absolutos zares.

Y que los ejemplos históricos iluminen nuestro futuro, y que la justicia deje de ser un instrumento de opresión de una elite criminal y corrupta en cuyo haber hay millones de asesinatos, y victimas de secuestros, torturas y otras maldades represivas con el pueblo, principalmente contra aquellos que luchan por un mundo mejor. Estos grupos de poder y sus representantes políticos, al igual que los reyes de Francia en 1789 o de los zares de Rusia en 1918, deben ser conducidos directo a la guillotina o al pelotón de fusilamiento. Así la justicia será, como decía Robespierre, una virtud de los pueblos en rebelión.

Notas:

1. Discurso en la XI Congreso de las fuerzas armadas americanas realizada en Montevideo en enero 1976.