SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES COLOMBIANOS

La aplicación de políticas neo­liberales en los últimos 16 años ha causado graves estragos a la economía y menoscabado los derechos de los trabajadores. El periodo se caracteriza por el arrasamiento de las más elementales garantías laborales, al punto que se imponen relaciones similares a las de hace cien años. Las cifras ilustran el grave atropello: de 9.4 millones de asalariados en 1994, se pasó a 7.4 en 2003 y de estos solo 3.93 millones son permanentes. Y más grave: apenas 103.803 se beneficiaron de la contratación colectiva en 2004 y 138.458 en 2005, incluidos los cobijados por pactos colectivos y laudos arbítrales, mecanismos que no respetan el derecho de negociación.

El número de personas ocupadas es de unos 16.600.000, lo que significa que más de nueve millones son trabajadores independientes -profesionales, campesinos, comerciantes, artesanos, informales, cooperados-, que no cuentan con un ingreso estable ni garantía alguna en materia de prestaciones.

Los índices de sindicaliza­ción son preocupantes. Las tres centrales obreras y los sindicatos no confederados reportan 831 mil afiliados, contra aproximadamente millón cien mil al iniciarse la apertura económica en 1990. En compañías petroleras como BP, Petrobras, Hocol, Gas Natural de España, Shell y Terpel, está proscrito el sindicato. En los almacenes de cadena como Carrefour, Éxito, Carulla, Makro, hay empleados cuyo ingreso se basa en las propinas. Los bancos españoles, gringos y nacionales aniquilaron los sindicatos para sobreexplotar a los trabajadores. En las plantaciones de flores el nivel de sindicalización es ínfimo. Avianca y Bavaria fueron vendidas a multinacionales, después de acabar con los sindicatos y las convenciones, e igual situación padecen los trabajadores del Estado en Ecope­trol, Telecom, las universidades públicas, la salud, los aeropuertos, en fin, la lista es interminable.

Para consumar el atropello, los gobiernos recurren a distintas estrategias para abaratar la mano de obra, crear inestabilidad en el empleo y destruir los sindicatos, en resumen, negar los derechos de asociación y contratación colectiva. La nefasta política está condensada en varias generaciones de contrarre­formas pensionales, laborales, tributarias, de salud, reestructuraciones del Estado, fallos de las Cortes, entre otras, con base en artículos de la Constitución de 1991 que dieron base jurídica al neoliberalismo y abrieron camino a la recolonización, todo arropado con garantías inaplicables. A esto se suma el proceso de privatización y liquidación de entidades estatales, la apertura del mercado interno, la pérdida de soberanía sobre los recursos naturales y la desna­cionalización o quiebra de empresas, resultantes lógicas de la aplicación obsecuente del rece­tario del FMI.

En el panorama predominan formas perversas de contratación como las cooperativas de trabajo asociado, los contratos sindicales, la temporalidad, el out sourcing, las órdenes de prestación de servicios, que han puesto en minoría a los sindicatos y acaban con las conven­ciones colectivas. A las tropelías de los empresarios privados se adiciona la aberrante postura del gobierno en las entidades estatales, que mantienen a 210 mil trabajadores en la provi­sionalidad y se niegan a reconocer el derecho de negociación a más de medio millón de empleados públicos, contra la Constitución, los convenios de la OIT y la Ley 411.

La actual agenda legislativa ahonda la pauperización. La reforma tributaria proyecta extender y aumentar el cobro de impuestos indirectos; el acto legislativo de recorte a las transferencias profundizará la privatización de la educación y la salud; la venta de acciones de Ecopetrol consolidará el despojo de los hidrocarburos por las multinacionales; la revisión de pensiones conducirá a nuevos recortes. Se anuncian nuevas leyes contra el SENA, la liquidación del ISS y la venta de las electrificadoras de los Santanderes, Cundinamarca, Boyacá y Corelca, mientras el Banco Mundial, en consonancia con el gobierno, recomienda acabar con la fijación del salario mínimo legal y que los empresarios paguen lo que a bien tengan.

El TLC agudizará el recorte de los derechos democráticos. De un lado, incrementará la presencia de multinacionales que trasladan sus producciones a territorio nacional, desplazando las industrias locales, aumentará la afluencia de saqueadores colonialistas de nuestros recursos naturales y, del otro, los empresarios que pretenden sacar provecho del Tratado como los flori­cultores, los azucareros, los palmicultores, los bananeros y las confecciones, lo harán sobre la base de tributar bajos impuestos y pagar salarios miserables.

Centrales deben liderar defensa de los derechos laborales

El movimiento sindical está urgido de adelantar la más amplia campaña de denuncia sobre tan graves hechos, con el fin de ganar el respaldo suficiente en la movilización que debe adelantarse para recobrar los derechos conculcados. Así lo comprenden los miles de trabajadores que de manera valiente se levantan contra las oprobiosas condiciones de contratación en las plantaciones de caña de azúcar y palma aceitera, las fábricas de confecciones, los puertos marítimos, las explotaciones mineras y de hidrocarburos, entre otros.

Son alentadoras las conclusiones del V Congreso de la CUT de centralizar los sindicatos por rama económica, rechazar las formas de desregulación laboral y, explícitamente, las cooperativas de trabajo asociado y los contratos sindicales, oponerse al TLC y a la agenda legislativa del gobierno, como parte de las acciones conducentes a reconquistar los derechos de contratación, organización y huelga.

Concretar estas directrices tiene como condición imperativa que la cúpula sindical deseche las falsas expectativas en la concertación y la búsqueda infructuosa de acuerdos con el gobierno y, por el contrario, se apreste a acometer las tareas descritas. Este gobierno muestra hasta la saciedad su compromiso con las políticas imperialistas, se caracteriza por aplicar medidas profundamente antiobreras y antipopulares y burla todos los compromisos relacionados con los derechos de los trabajadores y el reconocimiento de sus organizaciones. ¿Qué otra lectura se le puede dar a la complacencia gubernamental con las masacres laborales consumadas en la banca, Bavaria, Cocacola, Postobon, Avianca y Dole? Y por si quedan dudas, las cometidas por el mismo ejecutivo en Telecom, Ecopetrol, el ISS, Adpostal, las electrificadoras y la Red Pública Hospitalaria.

Las distintas corrientes sindicales deben ponerse a tono con la gravedad de la situación y lograr la unidad en torno a un programa mínimo que permita impulsar una resistencia efectiva. Los elementos básicos de tal convergencia están contenidos en el Ideario de Unidad del Polo Democrático Alternativo y en el programa de gobierno que Carlos Gaviria agitó en la campaña por la Presidencia.

Se debe persistir en el propósito de elevar los niveles de movilización, motivar a los millones de trabajadores tercerizados a recurrir a la organización y a la lucha, y ganar el apoyo de los sectores democráticos para que acompañen tan justas reivindicaciones.

(*). Comité Ejecutivo de la CUT, Tribuna Roja Nº 104, Bogotá.