7 de octubre de 2023

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ESTADO POLICIAL Y JUEGOS OLÍMPICOS EN BRASIL

Por: João Antônio (Traducción Enrique Chiappa).

7 de agosto de 2016

A Nova Democracia.

La represión antipopular en Brasil es un siclo sin fin. Se aplica desde hace muchos años. Durante el gobierno de Lula, desde el 2003 hasta el 2011, la represión fue una respuesta permanente a la protesta de los pobres. Cientos de campesinos fueron asesinados por los sicarios de los terratenientes y del gobierno. Este tipo de gobierno represivo continúo con el régimen de Dilma Rousseff, que igual que su mentor Lula, se han presentado electoralmente como “representantes del pueblo” y de “izquierda. El mismo sistema represivo y hambreador se extiende al ahora presidente interino Michael Temer quien no ha hecho otra cosa que continuar con el mismo sistema de gobierno de su antecesores.

En el contexto de la realización de los megaeventos, el Estado policial, que hace años actúa violentamente en favelas (barriadas pobres) y regiones periféricas de la ciudad de Río de Janeiro, amplió significativamente sus métodos arbitrarios de actuación contra los movimientos populares combativos. Monitorear, capturar y clasificar datos y comunicaciones, sean en el dominio de las calles o de las redes digitales, se hicieron operaciones estructurantes de la represión del viejo Estado, cada vez más basado en procedimientos y tecnologías de vigilancia.

A lo largo de 2013 y 2014, movimientos populares y manifestantes eran filmados y fotografiados por las fuerzas de represión. Ya en las redes digitales, dispositivos diversos monitoreaban veladamente datos y comunicaciones de quienes osaban luchar contra el orden social vigente. Las policías militares estaduales organizaron, durante las Jornadas de Junio de 2013, una base de datos de manifestantes, incluyendo informaciones personales detalladas acerca de sus opiniones y actividades. La vigilancia alimentó en gran medida la represión y la violencia desencadenadas en actos populares por el país. En ciertos casos, policías militares, amparados en informaciones producidas por la vigilancia digital, realizaban detenciones preventivas de manifestantes combativos y miembros de organizaciones políticas clasistas, cercenando, así, la justa revuelta contra el actual estado de cosas sociopolítico.

La Copa de la Fifa y la Olimpíada crearon las condiciones necesarias para que la ampliación del sistema de monitorización ya existente fuese justificadas frente a la opinión pública. Tecnologías de vigilancia sofisticadas pasaron a auxiliar las operaciones de las fuerzas de la reacción. Bajo la justificación de garantizar la “seguridad” en el transcurrir de la Copa, óculos de reconocimiento facial, capaces de leer 400 rostros por segundo y cruzarlos con un vasto banco de imágenes, así como un dron israelí, munido de diez cámaras de alta resolución, fueron adquiridos por la entonces gerencia federal de Dilma Rousseff (PT). En Río de Janeiro, helicópteros de la Policía Civil, equipados con cámaras HD y sensores infrarrojos, también fueron utilizados en 2014.

Durante los Juegos del Río 2016, las operaciones de inteligencia y vigilancia quedarán concentradas en los centros integrados de Mando y Control (CICCs). En Río, el CICC fue inaugurado en mayo de 2013, apuntando, en la época, dos otros megaeventos, la Copa de las Confederaciones y la Jornada Mundial de la Juventud. Las instalaciones existentes en el barrio Cidade Nova, área céntrica de la ciudad, costaron cerca de R$ 104,5 millones. La previsión es que cuatro CICCs sectoriales, es decir, situados en locales próximos a las arenas olímpicas, sean aún inaugurados. Las capas de informaciones que alimentan el CICC fluminense son provenientes, sobre todo, de cámaras de vigilancia, sensores de tráfico y redes sociales.

Por medio de aproximadamente 3.200 dispositivos de vigilancia, las Policías Federal, Civil y Militar, además de las Fuerzas Armadas y otras agencias de “seguridad pública”, consiguen vigilar lo que pasa en diversas regiones de la ciudad. Las imágenes son exhibidas a los operadores en una pantalla de 85 metros cuadrados. La vigilancia sobre la población, en general, y sobre los manifestantes, en específico, parece ganar contornos distópicos de omnipresencia y omnipotencia. Además del CICC céntrico y de los sectoriales, la policía carioca cuenta aún con cerca de 27 CICC móviles — todos ellos guarnecidos con cámaras, escuchas de audio y otras tecnologías de vigilancia.

La parafernalia de vigilancia y represión no para por ahí. Cuatro globos serán utilizados por la Policía Militar y la Guardia Municipal para monitorear las siguientes “regiones olímpicas”: Barra da Tijuca, Deodoro, Copacabana y Maracaná. Ellos enviarán imágenes a distancia al CICC de la Cidade Nova. Además de eso, las Fuerzas Armadas recibieron la autorización por parte de la Anatel para un eventual bloqueo de señales de radiocomunicación durante los Juegos de Río, interfiriendo, así, en el funcionamiento de antenas, radios y televisores, además de drons y celulares. Una consecuencia inmediata sería que, en un contexto de protesta popular, los manifestantes podrían tener sus comunicaciones sumariamente cortadas. Las transmisiones en tiempo real de los actos, tan importantes durante las Jornadas de Junio, también estarían amenazadas.

Desde el punto de vista histórico, la actividad de vigilar individuos y poblaciones implica tres procedimientos distinguidos y entrelazados: observación, conocimiento e intervención. La observación sistemática asegura la producción de conocimiento — identificación de rutinas, hábitos, patrones de comportamiento y uso, preferencias, red de relaciones y afectos etc. — que, por su parte, irá subsidiar la intervención sobre las conductas y subjetividades de los vigilados. El acto de intervenir, pautado en el conocimiento generado por la observación, es imprescindible para la caracterización de la vigilancia.

La vigilancia, hoy, se hace sensible, directa o indirectamente, en la política de control de personas, datos e informaciones, pero también en las estrategias de marketing y consumo, en la cultura mediática, en los dominios permeados por el entretenimiento y por la sociabilidad etc. Y no son sólo los individuos y/o poblaciones los focos de la vigilancia. Informaciones, datos, transacciones, cambios comunicativos, preferencias también lo son. En ese sentido, en el ámbito de las revueltas populares ocurridas en 2013 y 2014, quedó patente la existencia de un aparato de vigilancia y monitorización volcada no sólo para los militantes y activistas políticos que participaron de las manifestaciones, como también para los rastros digitales dejados por ellos en las redes y tecnologías comunicacionales. Un aparato aún mayor y complejo está siendo preparado para las Olimpíadas de 2016.

La juventud combatiente y los movimientos populares cubrieron sus rostros y desarrollaron formas de resistencia para responder a las persecuciones y vigilancia y ataques del Estado policial. “El rostro cubierto es la cara de los manifestantes”, ya afirmaban los estudiantes combativos en luchas de ocupación de rectorías en las universidades, en respuesta a los ataques de la reacción que los tachaban de criminales, todo por proteger sus identidades contra persecuciones y represalias. Las campañas de criminalización, demonización de los manifestantes, persecuciones, prisiones y procesos contra los activistas comprueban lo cuan justas y necesarias son estas medidas.

Hay aún los colectivos e individuos que predican la táctica de “imágenes de contra-vigilancia” o “vídeos como defensa”, hechos con el objetivo de denunciar y dar visibilidad a la truculencia física de la PM y de agentes del viejo Estado, contestar el discurso hegemónico acerca de los hechos producido por el monopolio de prensa y profundizar el grado de movilización y combatividad de los actos públicos. En ciertas ocasiones, esas imágenes alcanzaron ese fin, en otros sirvieron también al arsenal de la reacción, incautados por los agentes de represión o aún diseminados en internet, fueron utilizados como “pruebas” contra manifestantes. Durante las protestas, por su parte, los manifestantes adoptaron actitud más eficaz, expulsando los agentes infiltrados de los monopolios que intentaban identificarlos y filmarlos para después criminalizarlos, hacer los cordones de brazos dados para impedir la infiltración de agentes policías en las manifestaciones, además de desarrollar su justa autodefensa contra el aparato bélico brutal de las fuerzas policiales.