20 de noviembre de 2017

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PARLAMENTARISMO CORROMPIDO EN PERU

Por: Luis Arce Borja.

17 de diciembre de 2009

Si no son los militares los que roban y hacen añicos los bienes del Estado, son los civiles. La derecha y la izquierda compiten en hechos de corrupción. Si no es el APRA, es la izquierda y todos los partidos políticos se involucran en hechos que se ubican fuera de la ley. Por ejemplo, hace algunos días, Alan García el presidente del Perú, ha cobrado ilegalmente 950,167.536 dólares (2’750,735.00 soles), por concepto de sueldos atrasados, chofer, guardaespaldas, secretaria y otras gollerías que no pudo cobrar mientras estaba prófugo y enjuiciado por robos, corrupción y crímenes de guerra. Si el presidente se lleva ilegalmente casi un millón de dólares, una lista de 315 ex parlamentarios (de izquierda y derecha), en los cuales hay muchos que han estado en prisión o desaforados del parlamento, cobran casi clandestinamente miles de dólares cada mes como sueldo y “bonificación adicional”. En esta lista de ex parlamentarios, aparecen prontuariados como Agustín Mantilla, Rómulo León Alegría, y una retahíla de personajes de “izquierda”, como Gustavo Espinoza Montesinos, Carlos Tapia, Edmundo Murrugarra, Enrique Bernales, Emeterio Tacuri, Cesar Barrera Bazán, Gloria Helfer, y otras reliquias del “socialismo” peruano.

La corrupción y degradación moral del Perú envuelve todo el tejido político del país. Hace mucho tiempo que los peruanos, junto con el hambre y la miseria, tienen que soportar los escándalos provocados por las clases políticas. Fujimori en el banquillo no significa nada, mientras el actual gobierno dirigido por el aprista Alan García, es tan corrompido como el anterior. La ruina del Perú, no solo es económica y social, es sobre todo moral y ética. Sus políticos, tanto de la derecha así como la izquierda, actúan como vándalos y su solo objetivo es meterle diente a la torta del Estado. Esta degradación política es ininterrumpida y en forma creciente. Se presenta en forma de espiral, y cada gobierno recoge lo peor del anterior, cuyo resultado es la profundización de la crisis y la decadencia del sistema.

Los regimenes civiles o militares impusieron sus formas de gobierno en base a la corrupción, la represión, la estafa y el chantaje. Esta practica política, ha transfigurado el carácter nacional del país, haciendo del Perú, una nación caricaturesca con presidentes delincuentes, parlamentarios de los bajos fondos, jueces corrompidos, y políticos que son una verdadera lacra para la sociedad. Lo más grave de este fenómeno de descomposición política, es su impacto en toda la actividad humana del Perú, cuyo resultado es la decadencia moral ética y política en todas las instancias del poder.

El parlamento peruano, es una de las instituciones más desprestigiadas del Perú. Sus integrantes de izquierda o de derecha son personajes que se subsisten en las sombras del poder, y medran en leyes nefastas y en constituciones redactas para legalizar el robo, el crimen y la conducta mafiosa de políticos, jueces, curas y militares. Recientemente una revista peruana (Perú 21.PE 2 noviembre 2009) publicó un articulo titulado “La Radiografía de un Congreso”, y anotó que de los 120 miembros que componen el congreso, 60 han estado involucrados en algún hecho delincuencial y escandaloso. Estos “padres de la patria”, como les gusta autocalificarse, han estado incursos en hechos de corrupción, mal usos de recursos del estado, apropiación (robo) de terrenos, trafico de sueldos a sus trabajadores, y la contratación de “empleados” fantasmas. Muchos de ellos han sido acusados de violación sexual, chantaje familiar, hijos no recocidos, y vinculación a bandas del narcotráfico internacional. Señala esta revista que en la actualidad solo el 12% de la población aprueba la actividad del Congreso, y que ningún partido político, llámese, APRA, Partido Nacionalista (Ollanta Humala), Acción Popular, y otros que infectan el congreso escapan al desprestigio y a la corrupción de sus representantes.

Congresistas y sueldos de la vergüenza

El escándalos mas reciente de este Congreso se refiere a una lista de 315 ex congresistas que ilegalmente se “jubilaron” casi clandestinamente como parlamentarios con sueldos que sobrepasan los 7,000 soles mensuales que en dólares resultan 2,417.96 americanos. Para tener una idea de la magnitud de este delito, es bueno saber que los trabajadores jubilados del Perú con 20 o 30 años de servicio reciben sueldos miserables, que van desde 27 hasta 200 soles al mes. La fechoría de estos parlamentarios, no solo resulta una infamia contra los jubilados que viven abandonados por el Estado, y que mucha veces no se les paga, sino contra toda la población peruana que se ve estafada una vez mas al tener que financiar la vejez de individuos que desde el hemiciclo parlamentario han servido como mercenarios, sátrapas y cómplices de los regimenes mas corruptos del Perú. Qué dirán los trabajadores del Perú que tienen que sobrevivir con un salario mínimo de 550 soles que significan 192 dólares mientras que los envejecidos “padres de la patria”, se llevan entre 2000 y 3000 dólares mensuales clandestinamente

La lista de estos ex parlamentarios es extensa, y hay individuos de la derecha y de la izquierda legal. Este pago fue instituido casi en secreto el año 2001, y sus inventores fueron Carlos Ferrero Costa y Henry Pease. El primero de los nombrados es un abogado que hizo parte de la mafia que dirigió Alberto Fujimori desde 1990 hasta el 2000. Durante todo el fujimorismo Ferrero fue miembro de “Cambio 90”, el partido de Fujimori. En el año 2000 cuando el régimen Fujimorista se vino abajo, Ferrero cambio de bando y se afilió al partido de Alejandro Toledo (Perú Posible). Toledo ganó las elecciones presidenciales (2001-2006), y Ferrero aprovecho la esencia corrupta del toledismo para seguir medrando del poder.

Henry Pease, el segundo de los nombrados, ha sido uno de los líderes y candidato presidencial de la Izquierda Unida (IU). Pease, después que se liquido IU, se convirtió en militante de Unión por el Perú, el partido de Javier Pérez de Cuellar, y posteriormente se subió al carro electoral Alejandro Toledo. Pease es también el fundador de DESCO, una importante ONG peruana que vive del financiamiento que le otorgan instituciones cristianas de los países ricos. Así fue, que con el apoyo de Alejandro Toledo, del fujimorismo y de la izquierda legal quedó instituido el ilegal pago para los 315 parlamentarios, muchos de ellos solo habían ejercito 5 años de congresistas, pero sin embargo se “jubilaron” como si hubieran pasado 20 o 30 años como parlamentarios.

Algunos de los afortunados de la “jubilación parlamentaria”

Uno de los beneficiarios de estos pagos ilegales es el aprista Agustín Mantilla, el mismo que en 1986 dirigió la matanza de prisioneros de guerra en la isla El Frontón, y el mismo que dirigía el grupo paramilitar “Rodrigo Franco”, responsable de una centena de secuestros, torturas y asesinatos clandestinos. Mantilla fue ministro del interior durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990), y durante el fujimorismo se descubrió que recibía miles de dólares del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Otro de los premiados es Gustavo Espinoza Montesinos, un personaje que desde el 1966 fue dirigente del Partido Comunista del Perú pro soviético. Espinoza, fue también secretario general de la Confederación General del Perú (CGTP), y durante los años 1968 y 1975 se volvió un incondicional de la dictadura militar de Velasco Alvarado. Espinoza, fue uno de los activistas de la “izquierda” peruana que en 1985 hizo un llamado para que la población votara a favor de la candidatura presidencial de Alan García Pérez. Lo mismo hizo en 1990, cuando la “izquierda”, sostuvo la campaña electoral de Alberto Fujimori. Apoyó también al gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), y actualmente desde su jugosa “jubilación parlamentaria” se ha declarado partidario de Ollanta Humala, un militar de la época de Fujimori acusado de crímenes y torturas durante la guerra interna en Perú. Gustavo Espinoza, que actualmente publica en Internet la revista “Nuestra bandera” recibía cada mes nada menos que 7,448.77 soles (2,595.39 dólares) que comparados con los salarios miserables de los trabajadores peruanos (192 dólares al mes) resulta una fortuna.

La lista es extensa, y en ella esta también Renán Raffo Muñoz, actual dirigente de lo que queda del Partido Comunista del Perú (pro soviético). Este “marxista-leninista” recibe 7,449.14 soles, suma que es robada de los obreros y demás trabajadores jubilados. En la lista no podían faltar algunos de los militantes de “Patria Roja” como por ejemplo, Cesar Barrera Bazán antiguo dirigente del Sutep (Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú) quien aparece con un sueldo mensual de 7,032 soles, suma fabulosa en comparación a los sueldos de los profesores del Perú que apenas llegan a los 1,300 soles. Otro de los “parlamentarios jubilados” es Carlos Tapia, ex militante de la izquierda legal, y actual vocero oficial del partido de Ollanta Humala. Esta también Gloria Helfer, militante cristiana de la Izquierda legal y ex ministra de educación de Fujimori. Otros de los personajes que se anotan en esta lista de la vergüenza son Genaro Ledesma y Edmundo Murrugarra, dos “defensores de los trabajadores”, ambos de las filas de la izquierda legal.

Si toma en cuanta la trayectoria histórica del parlamentarismo peruano, su resultado es cero, y sumamente costoso para un país como el Perú donde mas del 50% de la población vive sin salario fijo y en la pobreza extrema. Cada parlamentario, cuesta anualmente a la nación cerca de un millón de dólares (949,477.39 USD o 2’ 725,000.00 soles). Esta institución es producto de un sistema electoral corrompido y es la que acumula el más grande desprestigio de la nación. Sus representantes, son simples mercenarios del poder central, cuya labor sirve solamente para encubrir el crimen y el robo del gobierno de turno. El Perú, tiene el sistema electoral más corrupto de America Latina. Cualquier delincuente, narcotraficante, criminal, y estafador, tiene el campo libre para pretender sentarse en el sillón presidencial o en un puesto parlamentario.

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