20 de noviembre de 2017

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PERU: ALAN GARCIA Y NUEVA “LEY ANTITERRORISTA”

LA BANDA QUE DIRIGE EL PERU ES INEPTA Y CORROMPIDA

3 de diciembre de 2009

La banda aprista que dirige el Perú, sigue dando muestras de su imbecilidad política. A los casos de corrupción y robos en los que se encuentran comprometidos los miembros del gobierno, incluido parlamentarios, jueces, policías y militares, ahora se adjuntan leyes inmundas que nada tiene que ver ni con un estado de derecho, ni la legalidad ni siquiera con la realidad peruana. El inmundo parlamento del Perú, ese hemiciclo que alberga en su seno narcotraficantes de alto vuelo, ladrones, proxenetas, y otra gama de delincuentes comunes, acaba de aprobar una ley “antiterrorista” que sanciona a los ciudadanos que en el Perú y en extranjero “financien actividades terroristas”. Bajo el entupido criterio de los parlamentarios peruanos, los alcances represivos de esta ley, incluye a los peruanos que residen en el extranjero.

Una ley “antiterrorista” en Perú, está fuera del contexto político, en tanto lo que se conoce como “subversión”, es apenas pequeños grupúsculos que actúan en algunas hectáreas de la inmensa selva peruana, y que de vez en cuando realizan dudosas “acciones armadas”. Estos grupos armados, no tienen ningún objetivo ni estrategia de poder político. De otro lado, Abimael Guzmán, y su grupo del Partido Comunista del Perú (PCP), que ahora actúa en la legalidad que le otorga el régimen aprista, ha renunciado a la lucha armada y sus planes inmediatos son incrustarse en los mecanismos tramposos de los procesos electorales. Además Guzmán y sus “senderistas” siguen gritando y solicitando, una salida política y negociada a los problemas de la guerra, que en otras palabras sigue siendo los mismos términos que utilizaron para capitular frente a Fujimori.

Este tipo de ley, propia de un país bananero como el Perú, ha tenido sus antecedentes durante la época de Alberto Fujimori (1990-2000). El régimen fujimorista, que fue el hazmerreír de los comentaristas políticos de Europa, Estados Unidos y otros países, pretendió extender sus leyes fuera del territorio nacional para sancionar a los peruanos que desde el extranjero sostenían la lucha armada en Perú. Los resultados, para el gobierno peruano, fueron cero (ningún peruano “senderista” fue extraditado), y el desprestigio y la burla contra los que dirigían en esos momentos el Perú, fue enorme. Hubo un diario europeo, que editorializó este problema, y junto con dudar de la capacidad moral y política de los gobernantes peruanos, se preguntó si Fujimori y los que lo asesoraban estaban en su sano juicio y si estos personajes no hacían peligrar la estabilidad del Perú.

Ahora es el turno de Alan García, y su ley con alcance extraterritorial, solo prueba que este gobernante inepto y corrupto, sigue hundiendo al Perú en una represión general, y en un descrédito internacional. Cualquier “ley” u otra medida, que salga de las alcantarillas políticas de este gobierno, ya sea el parlamento, el poder judicial o el ejecutivo, sirven solamente para hacer reír a la opinión publica del extranjero, y someter a los peruanos a una presión policial como en los tiempos de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Los comentarios sobre esta ley, que aquí repropusimos, la hemos tomado del diario La Republica del primero de diciembre (2009).

COMISIÓN PARLAMENTARIA APRUEBA AUMENTAR PENA A QUIENES FINANCIEN TERRORISMO

Los que financien las actividades terroristas o recolecten fondos y recursos financieros dirigidos a favor de esas actividades podrían recibir penas de hasta 35 años de prisión, según el proyecto de ley aprobado el martes 1 en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La propuesta aprobada propone modificar la Ley 27765 contra el lavado de activos, con la finalidad de criminalizar y sancionar los actos de recolección de fondos y provisión de recursos financieros dirigidos al financiamiento del delito de terrorismo.

El dictamen comprende como modalidades agravadas el ofrecimiento de estímulos económicos para la realización de actos terroristas con el propósito de causar muerte o lesiones corporales, así como cuando el agente tenga la condición de funcionario o servidor público.

Así, el que por cualquier medio, directa o indirectamente, al interior o fuera del territorio nacional recolecte fondos para los fines señalados, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 30 años.

El que, a sabiendas, provea fondos, recursos económicos o financieros a los que cometan o pretendan cometer un acto de terrorismo, será sancionado con la misma pena no menor de 20 ni mayor de 35 años.

La pena será no menor de 25 años cuando se ofrezca recompensa o se recompense la comisión de cualquier acto terrorista o su autor sea funcionario o servidor público.

Las conductas descritas constituirán delito aun cuando los actos terroristas no hayan sido realizados o la asistencia a los terroristas no haya sido brindada por razones ajenas a los agentes.

El dictamen fue aprobado por mayoría de votos, con la oposición de los congresistas Alfredo Otárola y Víctor Mayorga (GPN), quien opinó que se estaba aprobando leyes “demasiados represivas”, sin tener en cuenta otras posibilidades para combatir el terrorismo.

Está demostrado, dijo, que aumentando las penas no se elimina ni reduce la comisión del delito, como en el caso de las sanciones con que se busca evitar la conducción de vehículos en estado de ebriedad, pues esto sigue ocurriendo.

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