9 de diciembre de 2018

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PERU: ESTADO AGOTADO, CLASES DOMINANTES INCAPACES

Por: Yomar Meléndez Rosas.

7 de noviembre de 2008

Cusco, Cajamarca, San Martín, Tacna, Moquegua han sido remecidos los últimos días por importantes protestas sociales que generaron preocupación en las altas esferas gubernamentales y también en los grupos de poder económico que se reunían en la Conferencia Anual de Empresarios (CADE 2008).

Esfuerzos por explicarse el fenómeno no faltaron. Algunos dijeron que se trataba de una confabulación extremista alentada por sectores radicales para “sabotear la democracia” y otros, que estábamos frente una conspiración internacional con financiamiento boliviano (pobre Evo, hasta de eso lo culpan).

Ninguno, sin embargo, se refirió a las causas que estaban en la base de los conflictos, se dedicaron sólo a enumerar los efectos.

El hilo conductor que ayudaría a tener un diagnóstico claro del problema es, indudablemente, el agotamiento del Estado peruano, su absoluta ausencia en innumerables lugares, su falta de eficiencia y capacidad para responder oportunamente a las demandas populares.

La caducidad estatal expresa, además, el fracaso de las clases y sectores sociales que, como decía Mariátegui, hace casi un siglo, a duras penas pueden asumir su condición de “dominantes”, pero no cumplir el rol de “dirigentes”.

En Sicuani, por ejemplo, el denominado (y silenciado) “levantamiento de los pueblos” tenía reivindicaciones evidentemente políticas (renuncia de García y convocatoria inmediata a Asamblea Constituyente), junto a exigencias sociales como el rechazo a la construcción de la hidroeléctrica de Sallca Pucará que en opinión de los lugareños reduciría sus provisiones de agua en beneficio de la explotación minera. La pregunta es ¿no tiene el Estado acaso instituciones y funcionarios que cumplan una actuación proactiva y persuasiva cuando se trate de obras de esta magnitud? Sí los tiene, los organismos y las personas existen, sus nombres aparecen en planillas, lo que sucede es que actúan a espaldas de la población y al servicios de intereses foráneos.

En el caso de Tacna y Moquegua el escenario es parecido. Luego del “moqueguazo” el gobierno tuvo varios meses para solucionar el impasse. No lo hizo. Prefirió soplarle la pluma al Legislativo impulsando un proyecto de ley que intentaba mejorar la distribución del canon. El propio Congreso evitó escuchar a todos los perjudicados y encontrar una salida de consenso; por el contrario, aceleró la aprobación de la iniciativa aguijoneando el descontento tacneño. Aquí también fracasa el Estado y sus respectivos “poderes” habiendo tenido el tiempo y el margen suficientes para esquivar el descontento.

No negaremos que en Cajamarca y San Martín, aunque por razones distintas, los interpelados fueron los gobiernos regionales; sin embargo, esforzarse por separarlos de la crisis general del Estado, sería un formidable error conceptual.

Esa es la situación entonces en el Perú: un aparato estatal colapsado incapaz de atender los reclamos de la gente, sobre todo si se trata de los más pobres; un Estado cuya bancarrota acompaña a quienes históricamente lo han administrado.

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