25 de octubre de 2018

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GARCIA PEREZ ES UNA MALDICION PARA EL PERU

Por: Luis Arce Borja.

23 de septiembre de 2008

La noticia es increíble, y solo puede ocurrir en el Perú gobernado por Alan García y el inmundo Partido Aprista (APRA). Resulta que ahora el gobierno ha decidió que los textos escolares de quinto año de secundaria que corresponden a ciencias sociales lo revisen la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dircote). ¿Cómo es posible?. Esa policía infecta de individuos que solo han sido entrenados como perros de caza, listos para torturar y matar a sus victimas, resultan ahora los responsables de uno de los cursos más importantes de la escuela secundaria. La Dircote, para refrescar la memoria histórica del Perú, es un aparato represivo de la policía, que durante el conflicto armado (1980-2000), el gobierno le otorgo licencia para secuestrar, torturar y asesinar. En el cuartel principal de este cuerpo policial, se formó el sanguinario comando “Rodrigo Franco”, que operó durante el primer gobierno de Alan García, y que cometió brutales asesinatos, de abogados, dirigentes sindicales, políticos, estudiantes, y otros opositores al régimen aprista. La Dircote, en la época del Comando Rodrigo Franco, estaba dirigido por el general Fernando Reyes Roca y sus lugartenientes eran los oficiales, Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro. El jefe absoluto del Rodrigo Franco era Agustín Mantilla, brazo derecho de Alan García, y ministro del interior en ese tiempo.

Los textos de ciencias sociales “hacen apología terrorista”, ha dicho el gobierno. Este es el pretexto para que la Dircote intervenga en la educación de los jóvenes peruanos. Es el único caso del mundo civilizado donde la policía revisa textos educativos. Pero ahí no queda todo, en base a la intervención de la policía en la secundaria, los autores de los libros de ciencias sociales en cuestión, corren el riesgo de ir a prisión entre 4 y 10 años acusados de delito de apología terrorista. Para el gobierno aprista, la historian peruana, sobre todo a los hechos registrados durante 20 años de conflicto social en Perú, es un delito que se tipifica de “apología terrorista”. De esta manera, si alguien en Perú señala que Alan García Pérez, fue el responsable principal del exterminio de prisioneros de guerra en 1986, resulta un apologista de terrorismo, y en razón de ello debe ser juzgado como terrorista y acabar en prisión. Atreverse mencionar, que Agustín Mantilla, que ahora en el APRA lo califican de “honorable personalidad”, fue un mafioso que recibía dinero de Vladimiro Montesinos, y era el cabecilla del criminal “Rodrigo Franco”, puede ser acusado de terrorista. En el Perú del APRA y de Alan García, ha comenzado a reinar la santa inquision policial, donde recordar hechos pasados puede ser tan peligroso como poner una bomba en palacio de gobierno.

La intervención de la policía en la educación, no va sola, y esta rodeada de un conjunto de medidas que muestra la fibra mafiosa y policiaca del régimen actual del Perú. Todo conduce a seguir militarizando y lumpenizando el Perú. Por ejemplo, la Comisión de Defensa del Congreso, en coordinación con Alan García, acaba de decidir una propuesta para que el Estado otorgue defensa legal a los militares y policías acusados de violar los derechos humanos. Esto significa, que el Estado se convierte en socio litigante al lado de criminales de guerra, y de individuos acusados de abomínales asesinatos de miles de ciudadanos peruanos durante las dos ultimas década de conflicto interno. Edgar Núñez, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, señaló que el “presidente nos ha escuchado, hay mucha sensibilidad, mucha comprensión del Gobierno y es necesario hacer algunos gestos para demostrar que estamos con nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Eso lo vamos a hacer desde el Legislativo y en su momento será de conocimiento nacional en los próximos días”.

En realidad, con Alan García que muchos consideran un demente peligroso, el Perú desciende a los más bajos niveles de la política peruana. El mismo Alberto Fujmori, inescrupuloso, reaccionario, corrupto y criminal, comienza a ser un niño de pecho, frente al reeditado presidente García. Esta a la mitad de su mandato presidencial, y ya nadie puede dudar que este hijo genuino del APRA, es una peste para el pueblo peruano. En la actualidad individuos como Agustín Mantilla prontuariado por serios delitos penales, vuelve a la palestra política, y los apristas lo reconocen como “un honorable” personaje. Conocidos paramilitares de la época del “Rodrigo Franco”, ocupan altos puestos en las instituciones del Estado. Conocidos narcotraficantes internacionales de Colombia se instalan ahora en Perú como respetables hombres de negocio. Un ejemplo de ello, se refiere a Luis Ángel Restrepo, un colombiano ex socio de Pablo Escobar que acaba de instalarse en Lima con su empresa de nombre "Helicópteros Petroleros".Pero eso no es todo. Hace algunos días, Martha Moyano, actual parlamentaria fujimorista, quien en la década del 90 la llamaban la “perra” de Fujimori, acaba de ser nombrada nada menos como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Moyano, antes que aparezca como fanática de Fujimori era militante de Izquierda Unida, y durante el reinado de Alberto Fujimori mordía a quien se atreviera a criticar al gobierno. Vulgar hasta la vergüenza ajena, insultaba y agredía a quien se atreviera a levantar un dedo contra Fujimori.

De la alianza entre el APRA de García y el Fujimorismo, ha resultado una realidad que ninguna sociedad puede resistir. Si anteriormente se hablaba de lumpenizacion de la sociedad, ahora se puede decir con mucha razón que el Perú oficial (gobierno, elites políticas, etc.) se ha convertido en una letrina de olor insoportable. En este cuadro, grave para el pueblo, ya comienza a configurar la misma situación, social, política, económica y represiva, que rodearon el primer gobierno de Alan García (1985-1990), cuyos rasgos fueron, corrupción general en las instituciones del Estado, alianza con el narcotráfico internacional, alianza de salvación con las fuerzas armadas, y represión general contra el pueblo como única medida para controlar las explosiones sociales espontánea que ya están en desarrollo. En esta dirección hace algunos meses atrás, García salió en defensa de la policía, y acusó a quienes se habían atrevido a denunciar la violación de los derechos humanos por agentes policiales. En esa oportunidad, fuera de si, amenazo a “todos los que humillan a la Policía desde hace tiempo, que la han llevado ante comisiones de la verdad, ante enjuiciamientos exagerados”. García, que se jacta de no echar miedo por gusto (así lo hizo cuando ordenó la matanza de los penales), amenazó con el uso de la violencia para poner en su sitio a los antipatriotas y antidemocráticos: Quiero que sepan, dijo, que me resisto siempre a usar directamente las armas por el costo humano y social que puede tener pero eso no quiere decir que en algún momento no nos veamos forzados a usarlas”.

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