20 de noviembre de 2017

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PERÚ: NEOLIBERALISMO CORRUPTO A SANGRE Y FUEGO

Por: Carlos Angulo Rivas.

28 de febrero de 2008

En cualquier país medianamente civilizado llamarían la atención las insólitas declaraciones realizadas por Alan García Pérez. Llamarían la atención enormemente porque el sujeto en mención no es un energúmeno cualquiera sino el presidente nominal de la república peruana. Pero en el país no pasa nada y la labor de la prensa y la televisión, parecería excusar la barbaridad de estos inauditos exabruptos presidenciales de querer justificar los asesinatos a mansalva y felicitar a los criminales por su eficiencia.

No otra lectura puede darse a las palabras de García Pérez: “La Policía ha actuado con gran convicción y decisión y yo felicito a la Policía, está muy bien que defienda al Perú, y ahora queremos ver cómo se traduce esto en el enjuiciamiento de los culpables.’ ¿Convicción y decisión de matar a humildes campesinos? ¿Defender al Perú asesinando a mansalva a los peruanos? ¿Dónde está la lógica de este presidente nominal? Durante el Paro Agrario convocado por los gremios de los trabajadores del campo y de la Junta de Usuarios de Riego, se cometieron seis asesinatos y uno de ellos en pleno entierro de las víctimas en Ayacucho, donde ni siquiera se respetó el duelo regional decretado. Ese es el escenario y en vez de pedir disculpas por la brutal agresión policial que, además, dejó cientos de heridos, algunos de gravedad y de prometer una exhaustiva investigación de los hechos, Alan García Pérez premia a quienes dispararon a matar de acuerdo a los informes médicos, pues los cadáveres presentaron tiros de bala en la cabeza. Y no contento con tamaño desatino y estupidez, tiene la osadía de afirmar que los responsables de las muertes son los dirigentes convocadores del Paro Agrario, a quienes, muy suelto de lengua según su costumbre, calificó de “seudo-dirigentes” y “agitadores extremistas.”

Pero, hay algo más que debemos analizar en esta semana de agitación social, donde Alan García Pérez y sus ministros continuaron la acometida verbal buscando eludir sus responsabilidades a través de acusaciones insostenibles. El Paro Agrario fue anunciado con meses de anticipación y el gobierno se burló de los reclamos (rebaja del precio de los fertilizantes, no remate de las tierras producto de la deuda agraria, atención a los ganaderos, medidas de apoyo para contrarrestar los efectos de la desleal e ilegal competencia de los productos agrícolas subvencionados procedentes del TLC firmado con Estados Unidos que, a raíz de la “fiebre privatizadora” de García Pérez, incluirá luego TLCs con Chile, Canadá la Unión Europea y China.) ¿Cuál fue la respuesta del gobierno en los meses de espera de los agrarios? Ninguna, excepto, el reto prepotente a los dirigentes y campesinos para que hicieran su paro porque sería un fracaso más. Y es que en el Perú las autoridades juegan al extremismo dictatorial, a la arbitrariedad despótica, instando a la subversión social, pues cualquier movilización pacífica, huelga o paro, sin cierre de carreteras, llantas quemadas, marchas populares, etc. es tachada oficialmente, inclusive, antes de que ocurra de fracaso, con el consiguiente eco de la prensa empresarial que domina el noventa por ciento de los medios de difusión. Se ha establecido de esta manera la política de los oídos sordos y del absoluto desprecio a las demandas populares. Sin embargo, cuando hay jaleo del grande recién vienen las preocupaciones, las bombas lacrimógenas y las balas, para enseguida echar la culpa de los “excesos” a los dirigentes y a los pobladores.

Esta política recurrente la hemos palpando, también, en el paro regional de 48 horas del Cusco motivado por el rechazo a la ley de privatización del patrimonio nacional cultural. Paro que interrumpió toda actividad productiva y de servicios en la ciudad imperial y cerró el aeropuerto internacional Velasco Astete, dejando varados a cientos de turistas. Entonces, Alan García, en la misma dinámica de la insolencia y desprecio, primero le resta importancia a la paralización diciendo: “la población del Cusco no acata ningún paro ni se deja atarantar por una minoría ridícula de huelguistas y extremistas” para luego, ante la ciudad detenida por completo y el bloqueo de todas las carreteras de ingreso y salida, resucitar a Sendero Luminoso echándole la culpa de la protesta contra la “fiebre privatizadora” que él y nadie más que él impulsa. ’Eso es casi senderismo’, dijo furioso, en esta ocasión, el presidente nominal de la república. Evidentemente, juzgando los hechos, la lógica del gobierno de Alan García Pérez, es única y manipuladora. La culpa del desorden y el caos, de las protestas populares, de las huelgas y los paros, la tendrá siempre la población y sus dirigentes gremiales, a quienes en su conjunto se les quiere arrebatar todo derecho ciudadano.

Lo grave del asunto es que la lógica, a la que nos referimos, significa consolidar a sangre y fuego el neoliberalismo corrupto iniciado por Fujimori, seguido por Toledo, y ahora ciegamente practicado por García Pérez a contracorriente de los quince años de espera de un “chorreo” que jamás llegó ni llegará por el camino emprendido de la venta del país al mejor postor; mediante contratos vergonzosos y prohibitivos, comisiones de por medio. De esta suerte, la estafa nacional llevada a cabo por el actual gobierno es la causa fundamental de la inestabilidad política y el caos. Como todos sabemos, estafa nacional iniciada con las promesas puntuales de un “cambio responsable,” deshonrado por sus autores al cien por ciento; y lo más grave del asunto reemplazado, con creces, por el programa de la ultraderecha postulado por Lourdes Flores Nano, contra el cual votó el 75% de los electores. García Pérez y sus colaboradores sabían que este traumático reemplazo no podía ser fácilmente manejable y llevadero; y para ello se prepararon de antemano llamando a un “frente social” donde sólo se incorporaron empresarios ricos, generales y policías. En pocas palabras, el gobierno de Alan García se preparó con premeditación y alevosía para arremeter contra el grueso de la población descontenta de haber sido vilmente trampeada y defraudada. En los primeros meses de estar en palacio de gobierno se preocupó de cambiar las reglas del juego democrático para establecer medidas represivas ilegales y arbitrarias, como aquella de penalizar a los huelguistas, a los dirigentes sindicales, políticos y hasta llegar al colmo de enjuiciar y destituir a los presidentes regionales y alcaldes, quienes constitucionalmente se deben, única y exclusivamente, a sus electores.

De esta política alevosa y premeditada, nace también el autorizar, avalar y premiar matanzas indiscriminadas como parte indispensable del cambio ya no “responsable” sino autoritario y despótico, debido a que el neoliberalismo corrupto debe continuar pese a quien le pese. Asimismo, de ahí el afán de Alan García por aprobar la pena de muerte (ley de intimidación) y luego sacar de la manga la leonina “Ley del uso de la fuerza, decreto legislativo 982” aprobando el empleo de las armas de fuego contra las movilizaciones sociales de trabajadores, campesinos, estudiantes y amas de casa, sin responsabilidad penal alguna para los miembros de la Fuerza Armada y Policial. Y precisamente, azuzados por el presidente nominal y protegidos por ese mandato, los policías han cometidos los “crímenes legales” con un saldo de seis humildes campesinos muertos, resultado de la irresponsabilidad tiránica del gobierno de no atender las justas reivindicaciones del llamado hecho al Paro Agrario. Por supuesto, en la lógica totalitaria del gobierno se obtuvieron los resultados de un ensayo necesario para medir la consistencia de su política represiva; en esta dirección las acusaciones, amenazas, enjuiciamientos y responsabilidad de las muertes, de parte de Alan García y Jorge Del Castillo hacia los dirigentes gremiales y políticos de oposición, no son una casualidad, menos cuando se felicita, elocuentemente, a los ejecutores de los crímenes.

No cabe duda, el gobierno de García Pérez con estas lamentables víctimas del Paro Agrario traza nuevamente la política del terrorismo de Estado, siguiendo el despropósito de la intimidación, los oídos sordos, la no conciliación y la imposición feroz; pautas indispensables para imponer, a sangre y fuego, el neoliberalismo corrupto. Subrayamos neoliberalismo corrupto porque esta fórmula en el Perú o en cualquier país del tercer mundo nada tiene que ver con el neoliberalismo de los países industrializados, donde a pesar de las duras condiciones del libre mercado capitalista para con los trabajadores, se respetan las leyes laborales y sociales y las reglas de la democracia representativa burguesa. Aquí no, aquí se impone el salvajismo y la barbarie; y los gobernantes y los más poderosos empresarios bien compensados por las empresas transnacionales (suculentas coimas) pasan a ser una especie de señores feudales frente a sus siervos; esa es la lógica de Alan García Pérez que venimos comentando.

Nada de derechos sociales ni humanos, nada de conciliación anunció García Pérez porque todos deben esperar hasta el 2050 para ver los resultados de su “fiebre privatizadora.” Y para que quede claro que él, Alan García Pérez, seguirá matando a quien se ponga por delante y rechace sus planes neoliberales corruptos, advierte y amenaza con la insolencia característica de sus años de terrorista de Estado, violador de los derechos humanos y criminal de vieja data con más veinte mil víctimas en sus haber durante su primer período presidencial (informe CVR). Así fue su actuación durante el motín de las cárceles en junio de 1986, advirtió, amenazó y asesinó a sangre fría a 300 detenidos acusados de terrorismo, no sentenciados; y para que no duden de su palabra de criminal consumado lo recuerda en la siguiente frase de hoy en día: “Que sirva de lección (el asesinato de seis campesinos) para que cuando alguien promueve públicamente y agitadamente un paro, sepa a dónde está conduciendo a estas personas, que sepa a qué está abriendo las puertas. De ahora en adelante, si no es ahora mismo como dicen los fiscales, todo aquel que convoque a este tipo de movilizaciones tiene que ser directamente responsable de cualquier cosa que ocurra, de la destrucción y de la muerte de cualquier persona.’

Para Alan García Pérez en la lógica feudal concebida por su gobierno, los muertos de hambre no son reales sino imaginarios; los niños sin escuela vagos irremediables; las madres abandonadas a su suerte, irresponsables por traer al mundo hijos sin sustento; la desnutrición infantil un problema de los chicos desganados para comer; los jóvenes sin trabajo ociosos proclives al delito; los enfermos sin seguro social una lacra de aturdidos por no inscribirse a tiempo; los ancianos sin jubilación o irrisorias pensiones un ejército ciudadanos no precavidos de planificar el futuro; la enorme cantidad de tuberculosos un asunto de inmigrantes del interior del país llegados a las capitales de la Costa sin medios económicos para subsistir. Esa es la concepción del gobierno actual y sus seguidores, definida muy claramente en una frase de García Pérez llamando “parásitos” a los pobladores de los asentamientos humanos sin servicios de salud, agua y electricidad; concepción feudal que viola los principios fundamentales y la legislación internacional relacionada con la salud, la niñez, la alimentación, los derechos laborales y los derechos humanos. Olvida el presidente nominal peruano que los señores feudales fueron y serán siempre una minoría sin cabida en la imperfecta democracia moderna.

La feudalidad del actuar y pensar no puede ni debe pasar; así sólo cabe el derrocamiento de un elemento incompetente e incapaz de reflexionar. Alan García Pérez tiene sus días contados en el tiránico camino asumido, pero como Lima no es ni La Paz, ni Quito, ni Buenos Aires, serán las regiones del país las llamadas a crear el cerco de su derrota. Mejor más temprano que tarde.

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