EL ESPEJISMO DEL PERÚ

El Perú es un pequeño país, cuya modernidad puede ser apreciada en sólo cinco distritos de la antigua “Capital de los Reyes”. Lima, bien puede ser definida como un símbolo del espejismo económico, cuyos rayos fulgurantes trasmiten los capitales beneficiarios del modelo autocrático y liberal de principios de los noventa, después del desastre aprista.

El heredero de este fenómeno es Alan García. Su antecesor Alberto Fujimori, ahora es juzgado por un tribunal vigilado por la prensa renovada y por más de la mitad de la población nacional que vive indignada por la “fata morgana” como suelen decir los italianos a una ilusión engañosa.

En Lima, con 10 millones de habitantes, representa el tercio de la población nacional. Cuenta con 45 distritos, poblados esencialmente por gente que abandonó el ande y la selva para ubicarse en la costa, como si fuera la tierra prometida.

Actualmente, el Perú exporta estabilidad macroeconómica que se traduce en el retorno de los créditos hipotecarios, en la construcción hoteles y restaurantes de lujo, supermercados de alimentos y cadenas de bancos extranjeros ubicados en un corredor exclusivo formado por los municipios de San Isidro, Miraflores, La Molina, Surco y San Borja, con su exclusivo eje recreacional del balneario de Asia.

No es difícil explicar esta imagen. El llamado Sur Chico, presentado al mundo como un excelente logro de la libre agroexportación y donde faltaba la mano de obra barata para las cosechas, con el terremoto del 15 de Agosto, ha puesto en evidencia sus limitaciones para asegurar un desarrollo sostenido. La construcción de las plantas de procesamiento y exportación del gas que proviene del Cusco, es un paliativo para el creciente desempleo.

Los campesinos han vuelto a sus faenas, en tanto sus viviendas y colegios siguen en escombros. Duermen en carpas y en cubículos de cartón o de plástico. Los alimentos provienen de los programas sociales. Consumen agua salobre y turbia. La salud está quebrantada. Los pocos agricultores, cuyas parcelas son de su propiedad, son víctimas de la usura de los bancos y financieras. Los latifundios reviven.

Este misma recomposición de las antiguas haciendas, ahora en manos de consorcios extranjeros, se reproduce en las regiones del Norte, como La Libertad y Lambayeque, y serán los pocos beneficiarios del Tratado de Libre Comercio Perú – EEUU. El economista americano Joseph Stiglitz, uno de los principales defensores del liberalismo, al visitar Lima ha remarcado que si el Estado peruano no apoya, como lo hace Norteamérica y Europa, a sus agricultores de la sierra y la selva, el acuerdo comercial agudizará la crisis en el campo y naturalmente en toda la economía local.

Los altos precios internacionales de los minerales sigue atrayendo más inversionistas. No obstante el tenso clima social adverso a la actividad minera, que inclusive incidió en la merma de la producción de oro, fuentes oficiales indican que hay todo un récord en el número de petitorios por nuevas concesiones. La minería en el Perú goza de un trato preferencial en materia tributaria y es poco exigente en el aspecto laboral. La extracción de minerales, por efecto de la tecnología, es generadora de muy poco empleo, contamina el ambiente y restringe la economía de las comunidades donde se encuentran las canteras.

Precisamente, debido a la presión de las organizaciones ambientalistas y condiciones que establece el TLC, el gobierno anuncia la creación de un Ministerio especializado, que, en principio, aglutine a una decena de instituciones que no cumplen la función fiscalizadora. Siendo importante el proyecto, el nuevo Ministerio como el resto de la administración pública, no ofrece ninguna confianza ante la ciudadanía. En el último año han aumentado las protestas contra proyectos que amenazan la destrucción ambiental, empezando por la contaminación de ríos, lagunas y los tierras comunales.

El presidente de la República ante la falta de planes y programas estructurados, viene esbozando a través de artículos periodísticos de que los peruanos son como los perros del hortelano, es decir que “no comen ni dejan comer”, pretendiendo culpar a las organizaciones no gubernamentales y otras instituciones de prestigio como enemigos de la inversión y de esa manera postergar el retorno a la Constitución de 1979 que reconoce un Estado democrático con una economía social de mercado. La Constitución actual engendrada en 1993 por el fujimorismo, abrió el camino para el remate de las empresas públicas y la intangibilidad de los contratos. Fujimori, en una entrevista a Cambio16, optimista porque sacaba al país del desgobierno aprista, declaraba que el Perú, vía las ilimitadas facilidades que ofrecía al capital extranjero, se convertía en el país, inclusive más seguro que los EEUU, para la inversión extranjera. Paralelamente, montaba una red de corrupción, cuya secuela persiste y se consolida, en la medida que el aprismo hasta hoy no

Ha demostrado interés por llevar adelante una lucha frontal contra el narcotráfico, el contrabando y la evasión de impuestos.

La Reforma Judicial sigue siendo una promesa incumplida. No hay día que los jueces sean protagonistas de fallos que favorecen a conocidos delincuentes. Cada pueblo del Perú tiene un caso emblemático de corrupción y la justicia se muestra inmutable con el aval del Ejecutivo.

La organización Transparencia Internacional y otras han revelado más de una vez que el Estado necesita de una profunda reforma, que en efecto lleve adelante la descentralización, la regionalización, y que esto se hace difícil por la existencia de redes de corrupción, formadas por conocidos estudios de abogados, que facilitan a los inversionistas, a través de lobby con cada uno de los parlamentarios, logrando leyes con nombre propio. En el caso de los organismos reguladores, estos tienen una normatividad capciosa, que facilita la libre interpretación. La alianza entre la burocracia y las empresas es tan fuerte y dinámica que la fusión de los grupos económicos dependen de un pequeño de estudios de abogados con sede en el exterior.

Mientras el gobierno, para complacer las demandas de los fuerzas armadas, actualizan periódicamente la controversia fronteriza con el sur, el capital ingresa al Perú a través de corporaciones chilenas. A la fecha operan en el Perú cerca de 200 empresas, especialmente en el rubro del comercio de ropa, artefactos eléctricos y alimentos y en los últimos meses han logrado la autorización para el funcionamiento de tres nuevos bancos. El ministro de Defensa, Allan Wagner, un diplomático de carrera, que había empezado a promover una nueva Ley de la Carrera Militar, ha sido cambiado para asumir la defensa en la Corte Internacional de La Haya frente a los límites marítimos que son desconocidos por el gobierno mapocho.

Respecto a Fujimori, la oposición ensaya la tesis de que al final del juicio, el actual gobierno dará un indulto, al responsable de varios delitos contra los Derechos Humanos. Este pronóstico encuentra su sustento en la sólida alianza que en el Parlamento mantiene el APRA, partido de gobierno con el fujimorismo y otros representantes de la derecha aglutinados en Unidad Nacional. García se estaría curando en salud, porque el no ha sido juzgado aún por las masacres de 1986 en los en los penales de Lima y el Callao cuando ejercía su primer mandato.

La crítica al gobierno encuentra amplia justificación porque la anunciada teoría del chorreo y después del goteo se ha agotado. Las encuestas nacionales dan cuenta de una acelerada caída en la popularidad del Ejecutivo, que en algunas regiones del sur y del oriente peruano superan el 85% de rechazo. Los salarios se mantienen estancados y en el último semestre se han dado alzas en los precios de los alimentos, empezando por el pan, la gasolina. Es verdad que ahora la macroeconomía es estable en relación al período 85-90, pero los tiempos han cambiado que parece improbable que el gobierno renuncie a su compromiso de cogobernar con el gran capital.

En este nuevo año, el gobierno anuncia que pondrá énfasis en los programas sociales. Pero el presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo, con pasmosa sinceridad, ha declarado que los beneficiarios de esta nueva política social serán fundamentalmente aquellos que votaron a favor del APRA, en las elecciones de julio pasado. Nos vamos acercando al segundo año de gobierno, y van apareciendo partidos regionales de oposición. No tardará el gobierno actual de acusar de subversivos o senderistas a quienes hacen oposición. Un indicio en esta sentido es el anuncio de publicar la lista de los liberados por la justicia en el régimen del presidente Toledo al no haber encontrado indicios de participación en la violencia de los años ochenta y noventa.