BOLIVIA: MOVILIZACION POPULAR CONTRA GOBIERNO

(Bolpres). Damas del Comité Cívico, universitarios, dirigentes de fraternidades carnavaleras y empresarios tomaron en forma pacífica varias instituciones y oficinas públicas en la ciudad de Santa Cruz, dando inicio a las movilizaciones convocadas por el Consejo Democrático integrado por cinco Prefectos contra el recorte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Fueron ocupadas simbólicamente las oficinas regionales de Impuestos Nacionales, del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y de la Aduana. La gente movilizada explicó que la protesta callejera continuará hasta que sean bloqueadas todas las oficinas gubernamentales.

Un grupo de mujeres apostadas en las puertas de Impuestos Nacionales advirtió que al prefecto Rubén Costas "nadie lo va a tocar", anunció que no se permitirá el pago de impuestos y exigió que los recursos económicos generados en Santa Cruz se queden en la región. Acompañaban a estas mujeres jóvenes con palos.

El cívico Luis Nuñez denunció que el gobierno no hizo nada para evitar el recorte de los ingresos del IDH, perjudicando a las regiones, y aseguró que todas las medidas serán pacíficas para que el gobierno no tenga el pretexto de decir que se busca la desestabilización.

La toma pacífica es una de las medidas de presión aprobadas por el Consejo Democrático conformado por prefectos y cívicos de la denominada "media luna", que llamó a la desobediencia civil y propuso construir regímenes autonómicos al margen de la Asamblea Constituyente. Los prefectos dieron un ultimátum hasta el 15 de diciembre para que se apruebe el régimen autonómico en la Constituyente.

El portavoz presidencial Alex Contreras calificó la resolución 2 del Conalde como un documento que impulsa "una asonada de acciones para llevar adelante el enfrentamiento y la violencia". El punto 1 de la resolución ordena a la población, en los cinco departamentos de la llamada "media luna ampliada" (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba) a iniciar una serie de medidas de presión. El segundo punto establece la aprobación de la carta constitucional. Según Contreras, en este acápite se entiende que dichos prefectos quieren redactar un nuevo documento constitucional al margen de la Asamblea Constituyente.

La Policía está acuartelada. Los más de 1.500 policías están en emergencia y preparados ante cualquier eventualidad. "Estamos en emergencia, es decir presto para cualquier alteración del orden público", dijo el Comandante de Tránsito.

La convocatoria que hicieran a resistencia civil los prefectos opositores al gobierno no tiene futuro, anticipó el ex parlamentario Jerjes Justiniano. Según la analista Gisela López la determinación no sólo es irresponsable sino que no debe ser asumida por la población. Y las juntas vecinales corroboran esta posición y anuncian el desacato a la mencionada convocatoria.