4 de septiembre de 2014
edicion 440
Información y análisis de América Latina y del mundo

CASO CURGOS: NI OLVIDO NI PERDON PARA LOS CRIMINALES

¿Dónde está la justicia peruana?.

Miércoles 10 de octubre de 2007

El 21 de julio del 2007 se cumplieron 24 años de la desaparición del comerciante Lester Joaquín Vereau Luján y otras 5 personas, el mismo que en julio de 1983 fuera detenido en Curgos-Huamachuco por efectivos policiales. En marzo del 2004 sus restos se encontraron en una fosa común clandestina en el cementerio San Agustín de Huamachuco.

El caso de Curgos fue denunciado pro al Fiscalía Mixta en Julio del 2005 por el delito de de lesa humanidad en la modalidad de Desaparición Forzada. El 22 de agosto del 2005 se inició un proceso penal contra los efectivos que participaron en la operación policial. En el curso del proceso se lograron suficientes elementos y medios probatorios que han ayudado a demostrar la comisión del delito y la responsabilidad penal de los investigados, de manera especial están los testimonios de tres personas que presenciaron el momento de la detención de las víctimas en la casa de don Carmen M. Sandoval Layza en Curgos, Calle San Pablo 619, los mismos que durante las investigaciones identificaron a los policías que efectuaron la detención, paso inicial de la desaparición. Otros testigos dieron cuenta de la presencia de la policía para el entierro clandestino.

El 23 de abril del 2007, luego de haber transcurrido alrededor de 2 años, el Juez Liquidador provisional de Sánchez Carrión y su Secretario Especialista recibieron a JUAN ANTONIO RIOS CAMPOS, policía participante de la matanza de Curgos en calidad de detenido con prisión preventiva, y con argumentos de la defensa dejaron en libertad a este presunto criminal y se comportaron tan igual que el anterior Juez provisional que dejo en libertad a PERCY ARAUJO GARCIA , a quien la Policía de INTERPOL lo condujo desde Canadá a Huamachuco para ser juzgado. La Sala Mixta Descentralizada de Sánchez Carrión falló ratificando la libertad con orden de comparecencia de los liberados; olvidando la comisión del delito de lesa humanidad – Desaparición Forzada, y que la condena no puede ser menor a 16 años de prisión del Capitán SEGUNDO AURELIANO ALVARADO GUERRERO (residente en LOS ANGELES 11911 HART ST. APT 6 NORTH HOLLYWOOD CA 91605-EEUU) y otros, incluido el Juez y Fiscal de la época que permitieron la falsedad del enfrentamiento entre policías y subversivos, y no se llevaron acabo las necropsias.

De acuerdo a nuestro ordenamiento procesal vigente y cumpliendo con las normas del debido proceso, los Familiares de LESTER JOAQUIN VEREAU LUJAN hemos solicitado la inhibición del Juez Provisional y el pase del expediente Instrucción 154-2005 a la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema para que continúe el Juicio Oral y sean sentenciados los 18 implicados Ex GC, ex PIP, Juez y Fiscal de Huamachuco 1983 responsables del crimen de Curgos. Consideramos que la Corte Suprema tiene la responsabilidad de marcar un precedente para los casos de violaciones a los derechos humanos y en especial para aquellos en los que se juzga crímenes de desaparición forzada. Además no debe olvidar que el Estado tiene el papel de garante por lo que estos hechos deben ser sancionados.

Por otro lado, el sistema de Justicia tiene una deuda contraída durante los años que duro el conflicto armado (1980-2000) ya que no cumplió con administrar justicia correctamente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación en ese sentido señalo que: “El sistema judicial no cumplió con su misión adecuadamente en ninguno de los siguientes casos: en la condena eficiente —dentro del marco de la ley— de las acciones de los grupos subversivos; en la cautela de los derechos de las personas detenidas; ni en poner coto a la impunidad con que actuaban los agentes del Estado que cometían graves violaciones de los derechos humanos. En el primero, el Poder Judicial se ganó la imagen de «coladera» que liberaba a culpables y condenaba a inocentes; en el segundo caso, sus agentes incumplieron la función de garantes de los derechos de los detenidos, lo que contribuyó a la comisión de graves violaciones de los derechos a la vida y la integridad física de los detenidos; por último, se abstuvieron de llevar ante la justicia a miembros de las Fuerzas Armadas acusados de graves delitos, y fallaron sistemáticamente cada contienda de competencia a favor del fuero militar, donde las violaciones quedaban en la impunidad,* este es el tiempo de saldar la cuenta con las victimas, con los familiares y con la sociedad en su conjunto.

Los Familiares del Caso Curgos, denunciaron las irregularidades en la administración de justicia por parte del Juez Provisional y su Secretario del Juzgado Liquidador, y a los Vocales de la Sala Mixta Descentralizada de Sánchez Carrión; después de que la ODICMA de la Corte Superior de La Libertad exigiera requisitos legales admitió la apelación ante la OCMA-Lima para la sanción correspondientes a estos servidores del Estado por inconducta funcional. (Gladys Moreno Gonzales )

Agradecemos su difusión

LA SANGRE DERRAMADA JAMAS SERA OLVIDADA

NI OLVIDO NI PERDON SANCIONA ALOS CRIMINALES

Coordinadora –COMITE DE FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DESAPARECIDAS DE CURGOS –HUAMACHUCO-PERU-21 DE JULIO DE 1983