DESPLAZADOS Y MENTIRAS DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD

Como consecuencia de la guerra interna que vivió el Perú en las décadas de los ochenta y noventa que enfrentó al Partido Comunista del Perú, más conocido por los medios como Sendero Luminoso, y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) con el Estado peruano miles de personas se vieron obligadas a migrar. Algunas de ellas, como millones de peruanos en las últimas décadas, pudieron emigrar al extranjero. La mayoría de ellos eran perseguidos por el Estado y, dada sus escasas condiciones económicas, emigraron a Bolivia, Chile y Argentina.

La mayoría, sin embargo, migró internamente, optando por ir del campo a las ciudades o simplemente cambiando de ubicación en zonas rurales. Los sujetos de migraciones internas han sido, sin embargo, actores mismos de los procesos políticos y militares que los han obligado a migrar. Muchos de ellos no estaban dispuestos a tomar parte militarmente en el conflicto por uno u otro bando. El Estado peruano, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), organizaciones no-gubernamentales (ONGs) de Derechos Humanos (DDHH), los medios de comunicación y la academia se han encargado de presentar a los sujetos de migraciones internas como víctimas de Sendero Luminoso. Lo cierto es que estos sujetos no fueron pasivos observadores y si que hubiera que buscar responsables habría que analizar el conflicto en su dimensión local, nacional y global y en cada caso en concreto.

Un significativo número de desplazados fueron víctimas de tácticas militares de las fuerzas en conflicto. Dentro de esta última categoría se pueden identificar los que fueron desplazados para ser protegidas de las fuerzas enemigas y los que lo fueron como parte de una táctica militar. Tanto Sendero como las Fuerzas Armadas movilizaron contingentes de población para resguardarlos de la violencia del bando enemigo. Fueron las Fuerzas Armadas, sin embargo, las que utilizaron el desplazamiento como una táctica militar.

Las Fuerzas Armadas utilizaron, en zonas que acusaban una alta intensidad de conflicto la táctica de agrupar a poblados, mayormente comunidades campesinas, en llamados “asentamientos poblaciones”. En su gran mayoría servían como táctica de guerra frente a Sendero Luminoso. Los “asentamientos poblaciones”eran compuestos por comunidades que conformaban el grueso de las rondas campesinas. Su organización económica, social y política giraba en torno a la táctica militar de la guerra contrasubversiva. Producían para el consumo propio y el abastecimiento del ejército, todas las decisiones concernientes a las esferas económica, social y política eran tomadas por las FFAA. Desde la mayoría de estos “asentamientos poblacionales” se organizaban acciones armadas contra columnas de Sendero Luminoso. Parte de la población luchaba del lado de las FFAA, pero una parte considerable, a decir de muchos analistas una mayoría, era obligada por las FFAA a enrolarse o apoyar a las rondas campesinas. En el mismo informe de la CVR da cuenta que muchos de los que apoyaron a las FFAA, policiales y paramilitares -léase rondas campesinas- lo hacían desde la lógica del interés propio. Es decir, se alineaban con la parte que percibían más fuerte en el conflicto. La masiva represión de las fuerzas del Estado y paramilitares actuaron como el elemento disuasivo más efectivo.

No hay datos oficiales ni ciertos respecto al desplazamiento o migración forzosa. Según la CVR se estima la cantidad desplazados por el conflicto interno en medio millón de personas. Las migraciones forzadas han representado una violación de DDHH y de una serie de leyes nacionales e internacionales. Pero también han tenido consecuencias de orden económico, social y político. Las migraciones forzadas llevaron al drástico descenso de la productividad agrícola en vastas regiones y al abatimiento de mercados regionales internos y al consecuente empobrecimiento de las regiones afectadas como de los desplazados mismos. Los desplazamientos forzosos trajeron como consecuencia la descomposición de estructuras familiares y comunales así como experiencias de desarraigo cultural – no en todos aunque en muchos.

Para ver mayores datos y detalles basta con echar un vistazo a los reportes producidos en los últimos años sobre los desplazamientos forzosos en el Perú. El informe de la CVR representa uno de los intentos más ambiociosos en términos de acopiar datos y pretender explicar el fenómeno. Este no es el lugar de repetir lo que ya se ha dicho copiosamente. Por el contrario, resulta interesante analizar como se instrumentaliza el fenómeno del desplazamiento o las migraciones forzosas para legitimar el proyecto del Estado peruano moderno y desligitimar movimientos subversivos.

En el análisis de los desplazamientos forzosos la CVR siguió la misma pauta de recopilación de datos, presentación y análisis de los mismos que se encuentra a todo lo largo del informe. Uno de los objetivos de la CVR es hacer aparacer a las organizaciones alzadas en armas como los mayores responsables por las violaciones de DDHH perpretadas durante el conflicto. Esto resulta evidente cuando se observa el análisis que hace la CVR de las migraciones forzosas. Desplazamientos forzosos son presentados como obra casi exclusiva de Sendero. La mayoría de migraciones forzadas se presentan como consecuencia del accionar militar de Sendero a comienzos de los ochenta en Ayacucho. Se presentan copiosamente seis ejemplos de migraciones forzadas producidas por Sendero y una de la producida por las FFAA. Con respecto a ello se presentan dos cuestiones fundamentales. La primera. La proporción de violaciones de DDHH entre Sendero y las FFAA, policiales y paramilitares de las rondas campesinas no ha sido de 6 a 1. Según la propia CVR Sendero fue responsable aproximadamente del 50% de las violaciones de DDHH y el Estado del 40%. Esto significaría que se tendrían que presentar 5 casos de Sendero Luminoso por cuatro del Estado.

La segunda cuestión. Los datos presentados por la CVR respecto a las responsabilidades de uno y otro bando son bastante cuestionables. Dado el alinemiento de los intelectuales peruanos con el proyecto del Estado, incluso de aquellos autoproclamados progresistas, no ha habido una crítica sustancial a este respecto. No cuento con los datos necesarios pero resulta más que sospechoso que la CVR contradiga todos los informes que organizaciones de DDHH habían presentado durante casi veinte años. En todos estos informes aparecían las fuerzas militares, policiales y paramilitares como los principales perpretadores de DDHH. De la noche a la mañana y por arte de magia se invierte la balanza. Las explicaciones de la CVR a este respecto no han sido nada satisfactorias.

La CVR ha pretendido mantener viva una pretendida memoria histórica en torno a la guerra entre el Estado peruano y los movimientos guerrilleros. Pero lo que ha logrado la CVR ha sido hacer de los alzados en armas los principales responsables de la violaciones de DDHH y como consecuencia justificar la represión estatal. Al presentar desproporcionadamente responsabilidades en conflicto armado, aumentando las de las guerrillas, la CVR ha servido para normalizar e incluso justificar la violencia estatal.