16 de marzo de 2018

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PERU: MIISTRO DE EDUCACION Y LA CORRUPCION

7 de agosto de 2007

El expediente que ha llegado a la Fiscalía de la Nación es el que se remitió a la Comisión de Fiscalización del Congreso, encabezada por Édgar Raymundo.

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República re­mitió a la Fiscalía de la Nación una denuncia contra el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, por supuestos actos de corrupción durante su gestión en la Universidad de San Martín de Porres y la alteración de un título de la Universidad de Hartford (Connecticut, EE.UU).

La denuncia procede del se­cretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (SUTE) del Callao, Jimmy Calla Colana, quien además reveló la extraña “pérdida” de otro expediente de 480 folios remitido al despacho de la presidenta del Legislativo, Mercedes Cabanillas.

Calla hizo gravísimas denuncias contra el titular de Edu­cación, desde supuestos delitos de corrupción hasta su vinculación con Vladimiro Monte­sinos, cuando Chang se desempeñaba como catedrático y rector reelecto de la Universidad de San Martín de Porres. También lo acusó de hipotecar inmuebles de ese centro superior de estudios.

Cuestionó la licencia que le otorgó la universidad, según Resolución Rectoral Nº 446-94-SMP, del 11 de julio al 12 de agosto de 1994, para culminar sus estudios de capacitación co­mo parte del proyecto integral en la Facultad de Ingeniería de Cómputo y Sistemas.

Al respecto, dijo que el 1 de marzo del presente año presentó la denuncia contra el ministro Chang Escobedo por trámite documentario, dirigida a la presidenta del Legislativo, Mer­cedes Cabanillas. Luego le ex­plicaron que el voluminoso do­cumento se había “extraviado”.

Sostuvo que Chang ocupó de manera irregular el cargo de decano, luego el de rector en dos oportunidades. “Fue reelecto, violando la Ley Universi­taria”, manifestó.

Calla afirmó, además, que Chang Escobedo estuvo ligado a la red de corrupción de Vladi­miro Montesinos, al participar en la transferencia ilegal de in­muebles, ubicados en las avenidas Nueva Tomás Marsano, Surquillo, y Guardia Civil, a través de Víctor Venero Garrido.

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