PERU: LA CORRUPCION NO TIENE FIN

(La Republica). Veintiún legisladores peruanos, uno de ellos miembro del Parlamento Andino, son acusados de diversos delitos y podrían ser desaforados, lo que significaría una sacudida en el Congreso (2006-2011).

Nueve de ellos son acusados por el Poder Judicial de haber actuado en forma violenta en pleno hemiciclo, aunque lo hicieron cuando aun eran electos; tres por haber contratado irregularmente personal ’fantasma’ y otros ocho por actos ilícitos, más que legales, de carácter moral.

Los legisladores de la que fue la coalición Partido Nacionalista del Perú-Unión por el Perú (PNP-UPP) Nancy Obregón, Juana Huancahuari, Martha Acosta, Alvaro Gutiérrez, Miro Ruiz, Werner Cabrera, Hilaria Supa y Gloria Ramos, ingresaron con violencia a la sede del Congreso el 27 de julio pasado e interrumpieron la sesión.

A esta acción se sumó la parlamentaria andina Elsa Malpartida (PNP). Los legisladores irrumpieron en medio de gritos y golpes con la seguridad interna, cuando se debatía la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) que Perú suscribió con Estados Unidos.

Todos ellos habían sido electos en los comicios generales de abril de 2006, y estaban a horas de tomar posesión de sus escaños, el 28 de julio, para el periodo 2006-2011, y según sus declaraciones se oponían a dicho TLC.

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso declaró procedente la solicitud del Poder Judicial para levantarles la inmunidad, lo que tendrá que ser visto por el pleno parlamentario y podría suponer, de ser aprobado, el desafuero y ser reemplazados por otros integrantes de sus filas partidarias.

Las otras doce acusaciones son por contrataciones dudosas del personal del Congreso, y afectan a legisladores del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP) y las opositoras Unidad Nacional (UN), de UPP, PNP y Alianza por el Futuro (AF).

La Mesa Directiva del Congreso ha denunciado a tres de ellos: Elsa Canchaya (UN), Ricardo Pando (AF) y Tula Benites (PAP), por los delitos de nombramiento y aceptación ilegal para el cargo público, incluyendo delitos contra el patrimonio en la modalidad de estafa, de personal para sus oficinas que nunca fueron a laborar y que cobraron todos sus emolumentos, incluyendo bonificaciones.

Otros tres legisladores, Walter Menchola (UN), Aldo Estrada (UPP) y Susana Vilca (PNP), aun son investigados por el Congreso al detectarse indicios de nepotismo y de contratar personal irregular en sus despachos.

Seis parlamentarios, Michael Urtecho, Juan Eguren, Franco Carpio, José Mallqui y Rafael Yamashiro (UN) y Alejandro Rebaza (PAP), fueron investigados por presuntas irregularidades administrativas al interior del Congreso.

La Comisión de Etica ha determinado que no existen evidencias o indicios razonables para continuar las investigaciones, salvo que se presenten nuevas pruebas.

El Congreso peruano, a raíz de las denuncias que remecen los escaños de los 21 parlamentarios (de un total de 120), así como de otros casos en anteriores gestiones parlamentarias, gozaba de un respaldo de 20 por ciento de los ciudadanos, a tenor de las encuestas de opinión pública.