COLOMBIA: SIGUE MATANZA DE CAMPESINOS

(@DIN). El domingo 13 de mayo, en la vereda La Chigüira del municipio de Arauquita (Arauca), tropas del Batallón “Héroes de Pisba” de la Brigada 18a. del Ejército Nacional, con puesto de mando en Fortul, detuvieron al campesino Jhon Hernán Miranda Moreno.

La detención tuvo lugar hacia el mediodía en la vivienda de Jhon Hernán, quien es agricultor y afiliado a la Asociación Campesina de Arauca, informó hoy la agencia Prensa Campesina. Desde ese momento se desconoce su paradero. También se ignora la causal de la detención, pues se trata de un campesino y poblador civil de la región.

Asimismo se ha conocido que los efectivos militares han estado ocupando las viviendas de los campesinos y han maltratado en varias ocasiones a la población de las veredas de la zona rural de Arauquita, en el centro del departamento.

Las detenciones arbitrarias y crímenes contra campesinos no son novedad en esta región de Colombia. Pese a las declaraciones gubernamentales y el escándalo público desatado por la reciente revelación de horrendos crímenes, las fuerzas militares en pugna siguen atacando impunemente a pobladores de la región que solamente quieren trabajar y vivir en paz.
El pasado viernes 27 de abril, en la vereda Santander, zona rural del municipio de Arauquita (Arauca), tropas de la Brigada Móvil No. 5, que opera en la zona, detuvieron injustificadamente a cuatro campesinos, entre ellos un menor de edad.

Según la Asociación Campesina de Arauca (ACA), los hechos se presentaron cuando los militares arribaron hacia las siete de la noche y retuvieron a José Abelardo Sánchez y a Helena Gómez. Así mismo, fueron detenidos Francisco Antonio Gómez y Éiner Andrés Sánchez Gómez, de aproximadamente 12 años, quienes fueron trasladados en helicóptero hacia un destino desconocido.
Asimismo, la ACA informó sobre el asesinato a manos de sicarios de tres de sus afiliados en el municipio de Fortul. El 18 de abril, en la vereda Caño Rojo, fue asesinado Juan Carlos Abiche, el día 22 en la vereda Agua Viva fue ultimado Dubián Barajas Carrillo, y el pasado jueves 26, en el casco urbano del municipio, fue muerto Víctor Julio Benavides.

“Estas tres personas eran pobladores civiles e integrantes de la asociación campesina, y fueron asesinados en medio de operativos del ejército y la militarización de zonas rurales y urbanas del departamento, por lo que responsabilizamos a las autoridades de estas muertes”, declararon voceros de la ACA.
Estos hechos se presentan luego de que se denunciaran los bombardeos y ametrallamientos que vienen realizando las Fuerzas Militares en varias veredas desde inicios del mes de abril.

Bombardeos indiscriminados

Continuando con los antecedentes inmediatos de esta verdadera escalada de violencia sobre la población civil, la agencia periodística Prensa Campesina se hace eco de acciones brutales tanto de los militares como de la guerrilla izquierdista.
Según información procedente de la Asociación Campesina de Arauca, desde mediodía del pasado lunes 18 de diciembre el Batallón Héroes de Saraguro del Ejército Nacional viene realizando bombardeos e impactos indiscriminados sobre zonas rurales del municipio de Arauquita.
Los bombardeos, que se han venido ejecutando desde las instalaciones militares del complejo petrolero de Caño Limón, ubicado al oriente del casco urbano de Arauquita, han afectado a la comunidad campesina de las veredas Fundación y Santa Ana.

En la noche del lunes 18, dos bombas impactaron sobre estas veredas, lo que ha causado temor en la población. Afortunadamente no ha habido víctimas entre los campesinos.
La comunidad de las veredas Fundación y Santa Ana, y la Asociación Campesina de Arauca hacen un llamado a los militares para que suspendan estas maniobras que ponen en alto riesgo a la población civil. Así mismo, solicitan a la Defensoría Regional del Pueblo a que interceda ante las autoridades para que se respete la integridad del campesinado y se verifiquen los hechos denunciados.
Por otra parte se denuncia que la guerrilla izquierdista ELN, secuestró y asesinó a cuatro campesinos en Arauca, mientras otro líder comunitario sigue en poder de la organización guerrillera.

Los campesinos Franky Bueno Méndez, Edwin Arnulfo Chaparro, Luis Carlos Vasco y José Esaú Tarazona, quienes habían sido retenidos por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en la vereda Caranal de Fortul (Arauca), aparecieron asesinados el 9 de octubre en las veredas Palmarito, Nuevo Horizonte y La Veinte. Por su parte, José Cornelio Nechí, presidente de la junta de acción comunal de Alto Bello, quien fue retenido por el ELN el 8 de octubre, continúa desaparecido, según informó la Asociación Campesina de Arauca. Estos hechos constituyen violaciones del derecho internacional humanitario que la organización guerrillera asegura obedecer y que protege a quienes no participan directamente de las hostilidades.

La organización campesina denunció también que las tropas del ejército oficial presentes en la vereda Puerto Nidia han amenazado a miembros de la comunidad. Señalaron además que en la vereda Bruselas los militares han robado algunos bienes de la población civil. Sobre este particular, los campesinos recordaron que el estado debe investigar, sancionar a los culpables y reparar a la población afectada.

Asesinato de tres jóvenes del Sumapaz

Los jóvenes Javier Cubillos, de 23 años, Wilder Cubillos, de 21 años, y Eriberto Delgado, de 23 años, campesinos del Sumapaz (localidad 20 del Distrito Capital), fueron asesinados el 23 de marzo de 2005, cuando cuidaban sus ganados en la cuenca del río Nevado. Este crimen fue cometido por el Batallón Antiguerrilla Cacique Timanco perteneciente a la 13ª. Brigada del Ejército Nacional; los cuerpos torturados de estos jóvenes fueron dejados en la morgue de Fusagasugá y presentados como "miembros de la guerrilla dados de baja en combate".
El informe de Amnistía Internacional llamó la atención el hecho de que: “las fuerzas de seguridad siguieron matando, torturando y haciendo desaparecer a civiles de forma indirecta con los paramilitares”.
Al cumplirse dos años de impunidad, se efectuó una conmemoración que se llevó a cabo el pasado 15 de marzo. Esta se inició con una marcha, en la que todos portaron camisetas blancas, que partió desde la vereda de Santa Ana hasta el corregimiento de San Juan. También se efectuaron conferencias sobre la violación a los derechos humanos, presididas por miembros de la Corporación Reiniciar, que trató el acuerdo humanitario y los procesos que se cursan frente al asesinato de estos jóvenes y el genocidio de la UP. El evento se clausuró con una eucaristía.
El pasado domingo 25 de marzo, en la vereda Ojos Claros, en zona rural del municipio de Remedios (Antioquia), tropas del Batallón Calibío adscritas a la 14ª. Brigada del Ejército Nacional, al mando del teniente Castellanos y del sargento Palomino, capturaron arbitrariamente a dos jóvenes campesinos de esta vereda, uno de los cuales escapó y el otro, Carlos Mario García, de 21 años, quedó en poder de los militares.
Ante los hechos, la comunidad se movilizó con el fin de exigirle al Ejército la liberación de Carlos Mario. La presión sobre las tropas produjo la entrega del cuerpo sin vida del joven campesino, quien había sido asesinado por los soldados hacia las 3:00 pm. y presentado como “guerrillero dado de baja en combate”.
Al momento de su captura, ambos jóvenes trabajaban bajando madera por el río Tamar. Carlos Mario García estaba afiliado a la junta de acción comunal de la vereda Ojos Claros, y era miembro del grupo juvenil y cultural de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC).

La desinformación oficial

En declaraciones dadas al diario regional Vanguardia Liberal del día 27 de marzo, el coronel Jorge Alberto Segura Manonegra, comandante de la 14ª. Brigada, anunció que el supuesto enfrentamiento armado donde fue asesinado Carlos Mario, ocurrió en la vereda Ojos Claros durante el desarrollo de la operación “Atenea 1”, y que tropas del Batallón de Ingenieros Nro. 14 “Batalla de Calibío”, incautaron un fusil AK-47, con un proveedor y municiones.
La fotografía del cadáver del campesino Carlos Mario envuelto en un plástico negro fue publicada por el diario Vanguardia Liberal, al lado de un fusil y de dos soldados del Batallón Calibío. El artículo desinformativo lleva como título: “Operaciones militares en el Sur de Bolívar, hallan sastrería al parecer de las Farc, un muerto en combate”.

La verdad es que la vereda Ojos Claros, donde tuvieron lugar los hechos, se encuentra en el nordeste antioqueño, en jurisdicción del municipio de Remedios, y no en Cantagallo, sur de Bolívar, como se anunció en el periódico. Carlos Mario no era ni sastre, ni integrante de las FARC, era transportador de madera y líder comunitario. Además no hubo ningún combate. Se trató de un asesinato a manos del Ejército.
De otro lado, en la emisora de Remedios se ha estado anunciado estos días que el desplazamiento presentado en la región ha sido causado por la guerrilla, lo cual es equivocado. La comunidad se ha visto obligada a dejar sus viviendas y parcelas para buscar refugio por los hostigamientos y amenazas del Ejército y por el temor que ha causado el asesinato de campesinos en la región. Se trata de un desplazamiento forzado, ante lo cual la comunidad y las organizaciones sociales de la zona han respondido con el establecimiento de un refugio temporal interno.

Los campesinos: ¿condenados a muerte?

Con Carlos Mario son ya doce los campesinos asesinados y desaparecidos por la Fuerza Pública en el último año, todos miembros reconocidos de la comunidad y de las organizaciones sociales de la región.
El registro de víctimas en el valle del río Cimitarra y el sur de Bolívar de los últimos doce meses es el siguiente:

Personas asesinadas:

• Carlos Trujillo, asesinado el 25 de julio de 2006 en la vereda Altos de Manila, municipio de Remedios, Antioquia.

• Pablo Emilio Agudelo Sánchez, asesinado el 4 de septiembre de 2006 en la vereda Dosquebradas, municipio de Remedios, Antioquia.

• José Manuel Girón, asesinado el 5 de septiembre de 2006 en la vereda Caño Dorada, municipio de Cantagallo, Bolívar.

• Alejandro Uribe, asesinado el 19 de septiembre de 2006 en la vereda Mina Gallo, municipio de Morales, Bolívar.

• Guillermo León Benítez, asesinado el 25 de noviembre de 2006 en la vereda Cruz Bajitales, municipio de Remedios, Antioquia.

• Heriberto Correa, asesinado el 6 de enero de 2007 en la vereda Cruz Bajitales, municipio de Remedios, Antioquia.

• William Hernán Sánchez Montelier, asesinado el 6 de febrero de 2007 en la vereda Alto Tamar, municipio de Remedios, Antioquia.

• Edgar Lozano Castelblanco, asesinado el 13 de marzo de 2007 en la vereda El Campo, municipio de Yondó, Antioquia.

Desaparecidos:

• Mercedes Rojas Naranjo, desaparecida el 26 de mayo de 2006 en La Corona, municipio de El Bagre, Antioquia.

• Gustavo Castañeda, desaparecido el 15 de junio de 2006 en la vereda Puerto Nuevo Ité, municipio de Remedios, Antioquia.

• Javier Francisco Castro, desaparecido el 23 de junio de 2006 en la vereda Puerto Matilde, municipio de Yondó, Antioquia.

• Ovidio Betancur, desaparecido el 21 de noviembre en la vereda Alto Cañabraval, municipio de San Pablo, Bolívar.

Esta larga lista de víctimas civiles evidencia la sistemática práctica de exterminio de la comunidad campesina, con una clara y visible responsabilidad del Ejército colombiano, y en particular de la Fuerza de Tarea Conjunta integrada por tropas de las brigadas 5ª. y 14ª., al mando del coronel Castellanos, que desarrollan operativos en la Serranía de San Lucas.

Refugio temporal interno

Ante la problemática humanitaria regional, la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra y la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) han organizado un campamento humanitario de refugio temporal interno, que se conformó el primero de abril en el caserío de la vereda Puerto Nuevo Ité (La Cooperativa), en zona rural de Remedios, Antioquia.
Al refugio han arribado en cuatro días aproximadamente cien familias desplazadas, provenientes de las veredas Camelias, Dosquebradas, Ojos Claros y Puerto Nuevo Ité, que suman 350 personas. En este momento, familias de otras veredas vecinas se empiezan a movilizar hacia el refugio temporal interno para resguardarse de las agresiones de la Fuerza Pública.
Asimismo, la ACVC y Cahucopana han convocado a una comisión de verificación de los hechos, a realizarse del 12 al 15 de abril próximos en la vereda Puerto Nuevo Ité.
Los interesados en participar y apoyar la comisión de verificación deberán ponerse en contacto con la oficina de la ACVC: calle 49 No 6B-93, oficina 502; telefax: +7 6223016; Barrancabermeja, Santander; correo electrónico: asociacion.campesina@gmail.com

361 campesinos desplazados de sus tierras

Florencia Mujica, del periódico Rebelión, informa hoy que desde el 1 de abril 120 familias permanecen en un campamento humanitario producto de los asesinatos selectivos que viene cometiendo el Batallón Calibío de la XIV Brigada del Ejército. Las comunidades campesinas denuncian que su desplazamiento ha sido provocado por los intereses que tiene la multinacional minera AngloGold Ashanti en la región. Eran horas de la mañana del 25 de marzo del 2007, en el municipio Remedios, del departamento de Antioquia. Por las aguas del río Tamar, en su balsa cargada de maderas, viajaban Peter (13) y Carlos Mario García (21) en un día más de trabajo. Pero ese no sería un día más. En las orillas del río se presentó un grupo de soldados pertenecientes al Batallón Calibío, de la 14 brigada del Ejército, quienes pidieron ayuda a los dos muchachos para cruzar el río.
Más temprano en la mañana, Zaida, la madre de familia donde Carlos Mario trabajaba y vivía, le había dicho que no saliera a bajar las maderas porque el Ejército andaba por allí. Carlos Mario le contestó: “no te preocupes, el Ejército ya me conoce y sabe que soy un muchacho de la comunidad que trabaja para sobrevivir y mantener a mis papás, entonces no me va a hacer daño”.

Los militares aguardaban y los muchachos, aunque desconfiados, no podían negarse ante el llamado del Ejército Nacional de Colombia. Luego de pasar, los oficiales cortaron las ataduras de la balsa para que se desarmara. A fuerza de fusil obligaron a Peter y a Carlos Mario a caminar por el monte. Luego de andar un largo tiempo, los muchachos fueron separados y dos soldados llevaron al menor junto al río. Peter tenía la certeza de que iban a fusilarlo, cuando escuchó que uno de los soldados le decía al otro: “espera un momento”. En ese instante se dejó caer por un barranco y logró escapar. Carlos Mario no corrió la misma suerte. El muchacho de 21 años fue asesinado. La radio del Ejército anunciaba ese día la caída de un guerrillero en combate. Al escuchar las noticias, los familiares y amigos supieron que se trataba, una vez mas, de la perversa estrategia que los militares vienen desarrollando contra los campesinos: vestirlos de guerrilleros, en fusilarlos y asesinarlos, simulando un escenario de combate. Con la muerte de Carlos Mario ya suman 12 las muertes de campesinos, desde septiembre del año pasado, perpetradas a manos del Ejército nacional de Colombia en el Nordeste Antioqueño. Los asesinatos selectivos en la zona se han vuelto moneda corriente. Según denuncian las comunidades campesinas, el Ejército porta una lista de 27 personas -en la que se encontraba Carlos Mario- que deben ser dadas de baja por ser, según ellos, colaboradores de la guerrilla. Luego del asesinato de Carlos Mario, el 30 de marzo de 2007, el Ejército se dirigió a la casa de Alveiro Guerra. Alveiro no estaba, pero se encontraba su mujer, Francia Duque y sus cinco hijos. El Ejército preguntó por Alveiro, y Francia les respondió que no se encontraba. “Volveremos más tarde”, dijeron “si no lo encontramos, usted y sus hijos responderán por él”. Esta fue la gota que rebalsó el vaso. Las comunidades alertadas tomaron la decisión de desplazarse.

Campamento Humanitario: no se permite el ingreso de actores armados

El Campamento Humanitario se instaló el 1 de abril del 2007, en Puerto Nuevo ITE, en el sector “Cooperativa”, como una medida de seguridad extrema para evitar que sigan los asesinatos selectivos. Al campamento llegaron 361 personas provenientes de las veredas Ojos Claros, Dos Quebradas, Camelias, Caño Tigre y Puerto Nuevo. El objetivo urgente del campamento es salvaguardar la vida de las comunidades campesinas y hacer presión para que el Gobierno Nacional les garantice seguridad a los campesinos para retornar a sus tierras. La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz en el Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA) son las organizaciones que se han encargado de organizar toda la logística y dar apoyo a las comunidades campesinas para poder instalar el campamento. Por la violencia del ejército, los campesinos tuvieron que dejar todo, sus cultivos, sus animales y para el próximo año aseguran que tendrán una crisis alimenticia ya que el desplazamiento no les permitirá sembrar para la próxima cosecha. Actualmente para poder alimentarse deben volver periódicamente a sus tierras a buscar la yuca, y otros cultivos, a riesgo de que el Ejército los intercepte. La situación en el campamento es de una grave crisis Humanitaria debido al hacinamiento, a la falta de alimentos y de servicios básicos.
Intereses en la Región El día 9 de abril la Alcaldesa de Remedios y un asesor de la gobernación arribaron al Campamento Humanitario. Recogieron varios testimonios donde los campesinos explicaron las razones del desplazamiento y se retiraron comprometiéndose a resolver la situación. Por la noche el asesor de la gobernación declaró, en Caracol Radio, que el desplazamiento era producto de las amenazas de la guerrilla, y por la ausencia de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero eso no es lo que los campesinos manifiestan.

Según las comunidades del Nordeste Antioqueño y algunos grupos mineros, la causa del desplazamiento responde a los intereses que la AngloGold Ashanti, multinacional canadiense, tiene en la región. Según las informaciones que ellos manejan, el Gobierno Nacional ha entregado en concesión más de 1.000.000 de hectáreas a la filial de la AngloGold Ashanti, denominada Quedada en Colombia, para la explotación de oro en esa zona. En este sentido, según los campesinos, la multinacional habría solicitado al gobierno que le entregue las tierras “sin guerrillas ni campesinos”. Además de haber oro en esa zona también se encuentran grandes reservas de agua, de platino y de uranio, lo que la hace realmente deseable a los grandes intereses internacionales.

La Resistencia Sigue

Las comunidades ya tienen mes y medio en el campamento y aún el Gobierno no ha generado una solución para el conflicto. La última presentación de un ente oficial en el campamento fue el 27 de abril cuando arribaron en un helicóptero un juez militar y un procurador, acompañados por el Ejército. Los funcionarios solicitaron tomar declaraciones de los padres de Carlos Mario y del testigo Peter. Pero la comunidad se negó a que la justicia iniciara las investigaciones ya que exigen que este asesinato, como los anteriores, sean tratados por la justicia ordinaria, ya que se trataba de la muerte de un civil. Hasta el momento la justicia ordinaria no se ha presentado. Por otra parte, según denuncian los campesinos, el procurador afirmó, en esa ocasión, que la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y CAHUCOPANA eran quienes estaban obligando a las comunidades a desplazarse. El lunes 7 de mayo se realizó en el campamento una Asamblea Agraria donde los campesinos y campesinas debatieron sobre cómo seguir adelante. En esa asamblea decidieron seguir resistiendo y realizar en el próximo mes una gran movilización en la ciudad de Barrancabermeja para visibilizar la grave crisis humanitaria en la región.

Últimas Informaciones: Denuncia pública realizada por CAHUCOPANA y la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra en Agencia de Prensa Rural: “Informamos a la opinión publica nacional e internacional que el día de hoy, 9 de mayo de 2007, en la vereda Puerto Nuevo Ité, municipio de Remedios, Antioquia, en el lugar conocido como La Troja, dos hombres armados vestidos de negro, quienes se identificaron como miembros del grupo paramilitar “águilas negras”, llegaron a la casa de Henry Hoyos, presidente de la junta de acción comunal de esta vereda, amenazándolo para que desalojara el lugar en cinco minutos”. A raíz de esta amenaza esta familia debió desplazarse al Campamento Humanitario en busca de seguridad.

Información relacionada
La situación de los campesinos de San Andrés Isla

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está ubicado a 775 Km (480 millas) al noroeste de la costa de Colombia y tiene enormes diferencias con respecto al territorio continental. Allí conviven alrededor de 80 mil personas, de las cuales unos 25 mil son raizales, descendientes de los esclavos africanos traídos por holandeses e ingleses en el siglo 17. Hoy en día, sólo 400 de ellos son campesinos.

Desde la llegada de los primeros pobladores, la actividad agropecuaria ha sido permanente en la isla, primero bajo el modelo de plantación con mano de obra esclava y, posteriormente, con la coexistencia del cultivo de pancoger con los de exportación en pequeña escala.

La mayoría de las familias eran propietarias de menos de una hectárea. La propiedad de la tierra estaba relacionada con el sentimiento de pertenencia a la isla y connotaba la libertad para los raizales. El trabajo se realizaba colectivamente y los vecinos intercambiaban trabajo y alimentos, sin mercado ni dinero. La agricultura y la pesca proporcionaban abundantes alimentos.

El puerto libre fue declarado en 1953. Las ventajas comerciales atrajeron a emigrantes del Medio Oriente y colombianos, con lo cual la población aumentó de 5.675 habitantes en 1952 a 42.315 en 1988. La isla se urbanizó rápidamente y la tierra adquirió un valor comercial. El español, el catolicismo y el derecho colombiano fueron impuestos a los raizales.

El desarrollo del turismo y el comercio desplazó de la economía a los raizales, aumentó los niveles de pobreza e incrementó sus desigualdades. Para los años 80 se contaron 1.600 “empresas agropecuarias”, entre las cuales el 98% tenía menos de dos hectáreas. Los principales bienes de consumo empezaron a importarse, lo que generó altísimos costos en los precios de los alimentos.

La apertura de los años 90 generó una crisis económica muy fuerte en la isla, el comercio se debilitó y descendió el turismo. Aumentó la población desempleada y el poder adquisitivo de los pobladores disminuyó.

La colombianización también ha llevado a San Andrés a una situación ambiental preocupante. La isla tiene unos 1.700 habitantes por Km2, que ejercen una fuerte presión sobre los recursos naturales, que se suma al agotamiento de los pozos de agua, el saqueo de la pesca por grandes buques y el daño ecológico en las áreas marinas.

La producción agropecuaria en San Andrés, que es muy reducida y genera empleo tan solo para el 1% de la población, se desarrolla en pequeñas parcelas del sector rural, que constituye el 67% del área de la isla, y se caracteriza por el trabajo familiar y el autoconsumo. El 95% de los alimentos que se consumen son importados de los Estados Unidos, Nicaragua y Colombia continental.

A pesar de los cambios, el intercambio es parte de la tradición del pueblo raizal y aún es frecuente entre los productores agropecuarios y entre éstos y otras familias.

Los campesinos conocen profundamente los recursos y ciclos naturales, a los cuales se han adaptado. Han generado un sistema de producción agrícola ambientalmente favorable a las condiciones de la isla, pues se basa en el policultivo, pero es altamente vulnerable, debido a razones ambientales, como la baja fertilidad del suelo; técnicas, como los precarios sistemas de riego; económicas, como los altos costos de los insumos agropecuarios y de la mano de obra; y sociales, ya que la mayoría de los productores es mayor de 50 años de edad y los jóvenes tienen un gran escepticismo frente a la agricultura.

Los campesinos raizales siembran diferentes productos en huertas caseras. Predominan la caña, yuca, árbol de pan, guanábana, tamarindo, mango, aguacate, melón, patilla y ahuyama. No existen sistemas de riego que puedan asegurar agua en los cultivos durante todo el año y, por lo tanto, la producción no es constante.

La mayoría de los campesinos no trabajan en terrenos propios. Lo más común es que los terrenos les sean prestados por familiares o amigos, sin que los ocupantes tengan que pagar. Es común que los productores dejen los árboles frutales, algunos cultivos y mejoras como agradecimiento por el favor prestado.

La poca propiedad sobre los terrenos sobre los que se trabaja conlleva a que en la mayoría de los casos no hagan grandes inversiones y tengan dificultades para pedir préstamos o créditos. Pero también hace de la tierra un bien con un alto valor social.

La conformación de organizaciones ha sido una de las principales estrategias a través de las cuales los productores intermedian con el gobierno local, en la búsqueda de mejores condiciones productivas.

Hay cinco organizaciones conformadas por agricultores y porcicultores registradas en la Cámara de Comercio, principalmente por raizales, aunque hay algunos continentales: Hillfarmcoop Ltda (Cooperativa de Agricultores de la Loma Limitada), ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), Coasan (Cooperativa de Agricultores de San Luis), Infaunas (Independent Farmers United Association) y San Andrés Pig Producers (Fundación de productores pecuarios).

La conformación de estas organizaciones ha sido impulsada por instituciones de la isla o ha respondido a intereses políticos. La única organización que ha tenido un proceso de formación autónomo es Infaunas, que fue apoyada por la organización del movimiento raizal AMEN-SD (Archipelago Movement for Ethnic Natives - Self Determination).

Las organizaciones del movimiento raizal han incluido el tema de la protección y el fortalecimiento de la agricultura en sus discursos, pero estas demandas han sido poco consideradas por los gobiernos local y nacional.

Información tomada de “Relaciones y lógica de productores campesinos de San Andrés Isla”, de Laura Milena Guerrero Cardozo.